Extracto: La Corte Constitucional establece que por mandato constitucional y legal, los precedentes emanados de las sentencias y dictámenes de la Corte Constitucional del Ecuador son vinculantes tanto para el propio Organismo como para todas las autoridades jurisdiccionales. Por lo que, corresponde a toda autoridad jurisdiccional dilucidar, primero, si una decisión previa de tal naturaleza contiene un precedente constitucional en sentido estricto, y segundo, si este debe ser aplicado para la resolución de la causa en cuestión.

Extracto: La Corte considera que si bien el estándar de suficiencia motivacional en garantías jurisdiccionales requiere que exista una fundamentación normativa y fáctica suficiente, así como que se cuente con un análisis respecto a la presunta violación de derechos en la sentencia, en el presente caso se verifica que en primera instancia ya se declaró la vulneración de derechos y que al haberse fundamentado el recurso de apelación exclusivamente sobre la reparación integral, no es necesario que la Sala se pronuncie respecto a una presunta vulneración de derechos, sino únicamente sobre lo solicitado, esto es las medidas de reparación integral.

Extracto: La Corte acepta parcialmente la acción de inconstitucionalidad propuesta en contra de la Resolución de la Superintendencia de Bancos No. SB-2017-088, derogada por la Resolución No. SB-2019-1010, la cual establecía el cálculo de la tarifa por la entrega de información a los burós de información crediticia mientras presten sus servicios.

Extracto: La Corte desestima la acción de inconstitucionalidad en contra del art. 1 del Decreto Ejecutivo 1021, que agregó el art. 92.1 del Reglamento para la aplicación de la LRTI, a través del cual se dispuso la retención mensual del 1.75% sobre el total de los ingresos gravados, obtenidos en dicho mes, a las instituciones financieras sometidas a la Superintendencia de Bancos y a las empresas privadas que prestan servicios de telefonía móvil.

Extracto: La Corte desestima la acción pública de inconstitucionalidad presentada en contra de la Resolución ARCOTEL-2017-1031 y la Disposición General Tercera de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, por una presunta vulneración del derecho a la propiedad y a la prohibición de confiscación.