Extracto: La CCE señala que su rol de control sigue siendo jurisdiccional y su competencia es controlar la constitucionalidad, lo cual consiste en revisar, de manera previa y en abstracto, si las normas jurídicas del decreto ley de urgencia económica son compatibles con la CRE. Sobre la urgencia económica del Decreto-Ley señaló la CCE que una norma con carácter de urgencia económica debe responder a: en primer lugar, a circunstancias apremiantes que requieran de una respuesta inmediata; en segundo lugar, que exista una conexidad plausible entre las medidas dispuestas y las circunstancias apremiantes; y, finalmente, que las medidas dispuestas tienen un efecto económico inmediato que evidencie que su adopción no pueda esperar hasta la instalación de la nueva Asamblea Nacional.

Extracto: La Corte Constitucional determinó que según lo establecido en el fallo 011-16-SIS-CC, exclusivamente los jueces y juezas de primer nivel, que conocieron la garantía jurisdiccional son competentes para exigir su cumplimiento. Consecuentemente, los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo, no son competentes para ejecutar las sentencias constitucionales.

Extracto: La Corte considera que es una vulneración a la garantía de recurrir, contenida en el derecho al debido proceso, cuando una autoridad judicial busca calificar la calidad de la fundamentación de un recurso de apelación. A criterio de la Corte, el art. 257 del COGEP no exige que la fundamentación sea suficiente o debida para considerar como fundamentado el recurso, por ello, el escrito de fundamentación del recurso de apelación no requiere de requisitos legales, más que ser sujeto procesal, presentarlo en contra de sentencias o autos interlocutorios y haberlo interpuesto oportunamente. La Corte concluye que, las autoridades judiciales no pueden calificar la calidad de dicha fundamentación ya que ello genera una traba irrazonable.

Extracto: La CCE desestimó una acción extraordinaria de protección presentada en contra de una sentencia de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Sucumbíos en el marco de una acción de protección. La CCE señaló, entre otras cosas, que la delimitación territorial de la competencia sirve para que los jueces, en caso de verificar las vulneraciones alegadas, puedan ejecutar la sentencia y verificar su cumplimiento de forma eficiente e ininterrumpida.

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