Extracto: La Sala de Admisión de la Corte admitió a trámite el presente caso considerando que el mismo le permitiría ampliar la línea de precedente jurisprudenciales respecto a la extralimitación de funciones de autoridades judiciales y su relación con el derecho al debido proceso. Se dispuso que la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas presente un informe de descargo ante la Corte Constitucional del Ecuador, en el término de diez días contados a partir de la notificación con el presente auto, respecto de las demandas que motivan la presente acción.

Extracto: Los accionantes alegan la inconstitucionalidad del artículo 282 numeral 3 del COFJ, que contempla la citación y notificación de los imputados o procesados en indagaciones previas e investigaciones procesales. A criterio de los accionantes, la norma impugnada desconoce la naturaleza pre procesal de la investigación previa, y anula el rol de la Fiscalía General. Además, promueve que el investigado se anticipe a cualquier diligencia que disponga Fiscalía.

Extracto: La Corte señaló que el Decreto es incompatible con el artículo 148 de la CRE por no ser de urgencia económica. Además, la Corte identificó que el decreto ley es incompatible con los artículos 326, numeral 2 y 328 de la CRE, por contemplar la renuncia de los derechos de las y los trabajadores y establecer excepciones al privilegio del que gozan las acreencias laborales. La Corte señaló que la necesidad de tomar acciones para preparar al país ante la posibilidad de que se produzcan futuros desastres no puede servir como una excusa para que el Ejecutivo realice reformas normativas estructurales, en materia económica, sin que guarden una relación de conexidad plausible y limitada a las circunstancias apremiantes que se invocan.

Extracto: La Corte emitió Dictamen No Favorable sobre dicho Decreto Ley. Respecto a la calificación de económico, la CCE considera que el proyecto de Decreto Ley sí cumple dicho criterio pues sus objetivos se alinean con varios puntos de la política económica contempladas en el art. 284 de la Constitución. No obstante, sobre la calificación de urgencia, la CCE señaló que la problemática del Decreto data de varios años en los cuales el Ejecutivo no la consideró como urgente económico y no se han evidenciado cambios fácticos que tornara esta situación ya existente en apremiante.