Extracto: El Banco Central del Ecuador interpuso una Acción Extraordinaria de Protección en contra de dos autos emitidos en la fase de ejecución de una sentencia de Acción de Protección presentada por ex trabajadores de la institución por haber suprimido sus partidas presupuestarias. Los mencionados autos ampliaron el efecto de la sentencia de AP beneficiando, a través del efecto inter comunis, a otros trabajadores que no comparecieron al proceso; sin embargo, el BCE jamás fue notificado con los escritos de este grupo de trabajadores para ejercer su derecho a la defensa y pronunciarse sobre la aplicación del efecto.

Extracto: La Corte establece que el requisito para realizar un análisis de la real vulneración de derechos constitucionales en los casos de garantías jurisdiccionales no es aplicable para los casos que, de forma paralela o secuencial a una acción constitucional, también se haya presentado una demanda en la vía ordinaria, siempre y cuando ambas demandas refieran los mismos hechos, cargos y pretensiones.

Extracto: La Corte declara la vulneración del debido proceso en la garantía de cumplimiento de normas y derechos de las partes por no haber atendido la medida cautelar en la providencia de admisibilidad de la acción como dispone el artículo 32 de la LOGJCC, y establece como regla que las medidas cautelares planteadas en conjunto de una acción de protección deben ser resueltas en primera providencia o en la calificación de la demanda.

Extracto: La Corte determina la inconstitucionalidad de los artículos 1 (objeto y hecho generador del impuesto) y 4 (sujeto pasivo del impuesto) de la Ordenanza Sustitutiva del GADM del cantón Atacames que regula el procedimiento, control y cobro del impuesto anual de patentes municipales en el cantón Atacames por cuanto los mencionados artículos de la Ordenanza Sustitutiva gravaban el ejercicio no permanente de actividades económicas en el cantón.

Extracto: La Corte analiza la constitucionalidad de los artículos 243 (falta de afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por parte de una persona jurídica) y 244 del COIP (falta de afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social), debido a que los accionantes alegan que dichas normas establecen sanciones penales para un mismo sujeto activo y sobre un mismo hecho.