Extracto: En este caso la Corte analizó si la sentencia de apelación dictada dentro de una acción de protección contra la incautación de acciones de una compañía vulneró el derecho al debido proceso en la garantía de motivación (art. 76.7.l CRE), al declarar la improcedencia de la acción sin analizar las vulneraciones de derechos constitucionales alegadas por el accionante. La Corte determinó que la garantía de motivación exige fundamentación normativa y fáctica suficientes. En garantías jurisdiccionales, el estándar es elevado: la sentencia debe dar cuenta de la real existencia o no de vulneraciones a derechos fundamentales. Sin embargo, la Corte ha reconocido que el análisis de procedencia es previo y autónomo respecto al análisis de vulneraciones. La Corte encontró que el tribunal de apelación sí cumplió con el estándar mínimo de motivación para la improcedencia. El voto salvado consideró que la Sala sí vulneró la motivación al limitarse a la improcedencia sin analizar los cargos constitucionales, y que además debió avanzarse al mérito, concluyendo que la UGEDEP confiscó arbitrariamente las acciones del accionante, pues la incautación careció de motivación y se sustentó en una vinculación con el Banco de Préstamos que ninguna entidad estatal logró demostrar.

Extracto: La Corte Constitucional concluyó que las normas del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) y su Reglamento que establecen que en caso de siniestro, sustracción, hurto o robo de mercancías importadas en territorio nacional no extingue la obligación aduanera, son constitucionales, pues el hecho generador del tributo se configura con el ingreso de la mercancía al territorio aduanero y no con eventos posteriores. En consecuencia, el riesgo ulterior corre por cuenta del importador o depositarios, sin que ello implique gravar el delito ni configurar una medida confiscatoria, ya que no existe apropiación arbitraria de bienes ni anulación ilegítima del derecho de propiedad. La Corte determinó que la regulación no es irrazonable ni desproporcional y desestimó la acción de inconstitucionalidad.

Extracto: La Corte Constitucional concluyó que la acción de incumplimiento es improcedente, por cuanto el accionante no pretende la ejecución del decisum de la sentencia 239-17-EP/22, esto es, las órdenes concretas contenidas en su parte resolutiva, sino la aplicación, en un proceso distinto de régimen de visitas, de criterios jurisprudenciales desarrollados en la motivación de aquella sentencia. La Corte precisó que la acción de incumplimiento tiene por objeto exclusivo verificar el cumplimiento de las decisiones imperativas adoptadas en sentencias constitucionales y no exigir la aplicación de consideraciones doctrinales o parámetros interpretativos contenidos en su motivación, pues ello implicaría reabrir el debate judicial y desnaturalizar esta garantía, afectando la institución de la cosa juzgada.

Extracto: La Corte Constitucional concluyó que la acción por incumplimiento es improcedente al concluir que el inciso cuarto del artículo 312 del Código Orgánico Monetario y Financiero contiene una obligación de hacer, es decir, realizar la transferencia de activos, pasivos y patrimonio de una entidad en liquidación a un fideicomiso, dicha obligación no es clara en los términos exigidos por la jurisprudencia constitucional, al requerir interpretaciones normativas adicionales y remisiones a otras disposiciones para determinar su alcance y mecanismos de ejecución, lo que excede la naturaleza sumaria de esta garantía. Asimismo, declaró que no se configuró el requisito de reclamo previo respecto de los artículos 5 y 12 de la Resolución 493-2018-F, por falta de identificación expresa y correlación entre el requerimiento previo y la demanda, razón por la cual desestimó la acción.

Extracto: La Corte Constitucional concluyó que la sentencia de la Corte Provincial vulneró el derecho a la seguridad jurídica al tramitar y resolver una acción de protección manifiestamente improcedente, pues la pretensión del actor no buscaba el amparo directo de derechos constitucionales sino la declaración de un derecho patrimonial, consistente en obtener el pago de una póliza de seguro y dejar sin efecto resoluciones administrativas que lo negaban. La Corte determinó que la judicatura de apelación desnaturalizó el objeto de la acción de protección al utilizarla para resolver cuestiones de mera legalidad y controversias contractuales entre particulares, contraviniendo el artículo 42 numeral 5 de la LOGJCC y el artículo 88 de la Constitución, razón por la cual dejó sin efecto la sentencia impugnada y declaró manifiestamente improcedente la acción de protección de origen.