Extracto:

Extracto: La Corte seleccionó el presente caso relacionado a las restricciones y falta de facilidades en el espacio de trabajo a una trabajadora diagnosticada con una enfermedad catastrófica, con la finalidad de desarrollar jurisprudencia que analice los estándares para que las condiciones de trabajo de las personas con enfermedades catastróficas sean dignas para desempeñar sus funciones, en especial lo que tiene que ver con permisos, licencias, etc y adicionalmente los criterios para la prohibición, prevención y sanción del acoso laboral, en particular a personas enfermedades catastróficas.

Extracto: La Corte admite a trámite la EP presentada en contra de la sentencia de casación que aceptó la demanda dentro de un proceso laboral de impugnación de visto bueno. En el proceso ante la Sala de la CNJ, no se garantizó la inversión de la carga de la prueba al tratarse de un proceso ordinario de acoso laboral, por lo tanto, la Corte advierte que el caso le permitiría resolver una presunta vulneración al derecho a la seguridad jurídica.

Extracto: La Corte inadmite a trámite la demanda presentada por la Cámara Nacional de Acuacultura en contra del artículo 17 de la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, referente al mandato dirigido a los grandes contribuyentes de realizar una autorretención del impuesto a la renta de forma mensual sobre el total de los ingresos gravados obtenidos en dicho mes. El tribunal de admisión de la Corte Constitucional señaló que el accionante “formula argumentos generales” y no establece con claridad cómo las normas impugnadas serían incompatibles con la seguridad jurídica o con el principio de equidad tributaria.

Extracto: La acción presentada argumenta que se estaría produciendo una vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa por cuanto el SENADI supedita la impugnación de sus actos administrativos al pago de una tasa, pues sin dicho pago no se puede recurrir las decisiones de dicho órgano, lo cual contraria también el sentido de gratuidad de acceso a la justicia. La Corte consideró que el accionante cumplió con los requisitos establecidos en la LOGJCC pues designa claramente la autoridad ante quien propone la acción, determina el órgano emisor de la norma impugnada y señala claramente las normas constitucionales presuntamente infringidas.