Extracto: La Corte emitió dictamen no favorable al Decreto-Ley Orgánica para el equilibrio, organización y transparencia de las finanzas públicas (económico urgente). Dentro de su análisis, expone que el Decreto-Ley cumple con el contenido único sobre materia económica, sin embargo, el Ejecutivo no justificó su carácter urgente. De la misma manera, la Corte identifica la inconstitucionalidad de varios elementos del Decreto-Ley, entre las más destacadas comprenden: la de sujetar el incremento del presupuesto para la educación y salud al grado de diligencia administrativa financiera de las entidades sujetas al presupuesto general del Estado; la de permitir que el MEF disminuya las asignaciones presupuestarias para el financiamiento de la atención de enfermedades raras, huérfanas y catastróficas; y, la propuesta de remisión de intereses generados por las contribuciones que el Estado mantiene pendientes de pago con el IESS.

Extracto: La Corte señala que a pesar de que las normas (arts. 215 y 126 de la Ley de Compañías previo a la reforma del 15 de marzo de 2023) que impedían la impugnación o acción de nulidad de los acuerdos de las juntas generales por parte de accionistas que representen menos del 25% del capital social fueron reformadas, es pertinente pronunciarse sobre la constitucionalidad de dichas normas. Al respecto, la Corte concluye que los artículos 215 y 216 son inconstitucionales por limitar irrazonablemente el derecho a la tutela judicial en el acceso a la justicia, determinando que los accionistas de una compañía pueden acceder a la acción de impugnación y nulidad de los acuerdos de las juntas generales, independientemente del capital social que representen, así como destaca que el impedimento en el ejercicio de sus derechos limita la posibilidad de recurrir sobre actos societarios que podrían ser ilegítimos.

Extracto: La Corte determina que la Unidad Judicial encargada de ejecutar la sentencia de primera instancia modificó el plazo para la liquidación de una entidad financiera al resolver que la prórroga se contabilice desde la expedición de la sentencia y no desde el vencimiento del plazo ordinario (previo a la prórroga). Dicha sentencia no consideró que, al ejecutarse, los plazos exceden a los establecidos en el numeral 4 del artículo 307 del COMF de tres años y de la prórroga de hasta dos años, para la liquidación de una entidad financiera. De esta manera, la Corte establece que la autoridad ejecutora de una sentencia de garantías jurisdiccionales tiene la facultad de modular las medidas de reparación para facilitar su ejecución en caso de existir obstáculos para su cumplimiento, sin embargo, en el presente caso no se observó que existan impedimentos para ejecutar la sentencia, además de que la ejecución de dicha sentencia era contraria a norma expresa.

Extracto: La Corte declara que una sentencia de apelación de una acción de protección presentada por una trabajadora que fue despedida sin haber considerado que tiene un hijo con una discapacidad del 60%, vulneró el derecho al debido proceso en la garantía de la motivación al no pronunciarse sobre la presunta vulneración de sus derechos y señalar únicamente la vía adecuada para el ejercicio de sus derechos. La Corte recuerda que en sendos pronunciamientos ha establecido que los jueces deberán indicar las razones por las que no cabe pronunciarse sobre la vulneración de derechos, previo a justificar y determinar que vía judicial sería la adecuada para la solución del conflicto.

Extracto: La Presidencia de la República presentó una EP en contra de las sentencias de primera y segunda instancia que aceptaron una acción de hábeas data propuesta por una ex funcionaria de dicha institución en la que requería obtener información relacionada con su correo institucional. La Corte rechaza la EP por cuanto las sentencias impugnadas fueron anteriormente revocadas por el fallo 89-19-JD/21