Extracto: La Corte desestima la acción de inconstitucionalidad en contra del art. 1 del Decreto Ejecutivo 1021, que agregó el art. 92.1 del Reglamento para la aplicación de la LRTI, a través del cual se dispuso la retención mensual del 1.75% sobre el total de los ingresos gravados, obtenidos en dicho mes, a las instituciones financieras sometidas a la Superintendencia de Bancos y a las empresas privadas que prestan servicios de telefonía móvil.

Extracto: La Corte desestima la acción pública de inconstitucionalidad presentada en contra de la Resolución ARCOTEL-2017-1031 y la Disposición General Tercera de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, por una presunta vulneración del derecho a la propiedad y a la prohibición de confiscación.

Extracto: La Corte desestima la acción pública de inconstitucionalidad presentada en contra del art.1 num. 33 de la Resolución de la Superintendencia de Bancos No. SB-2015-742, que contiene el “Índice Temático de los documentos clasificados como reservados por la Superintendencia de Bancos y excluidos del derecho de acceso a la información pública”, al verificar como cuestión previa que la norma impugnada ya se encuentra derogada a causa de la Resolución No. SB-2018-286 de 22 de marzo de 2018, así como que la norma impugnada no surte efectos en el ordenamiento jurídico.

Extracto: La Corte señala que cualquier normativa de carácter general, está sometida a los principios de publicidad e irretroactividad, por lo que, las reglas generales que surgen del ejercicio de la potestad normativa de la Función Ejecutiva no están exentas de la obligación de ser conocidas para que opere su aplicación.

Extracto: La Corte Constitucional emitió Dictamen Parcialmente favorable No. 7-23-UE/23, considerando que dicho Decreto-Ley posee el carácter de urgente en materia económica, al constituir una circunstancia apremiante la inminente llegada del fenómeno del Niño. Sin embargo, la Corte identificó entre otras disposiciones reformatorias, que dentro de las que se incluía la prenda acuícola y el decomiso especial, son inconstitucionales debido a que las mismas resultarían contrarias al principio de legalidad en materia de reserva de ley, al pretender trasladar la configuración que debería ser realizada a través de la legislación, a una norma técnica o reglamento.