Extracto: La Corte refiere que la figura del abandono ha sido concebida desde dos aspectos: a) la opción que tienen las partes de no continuar con la causa, en el evento de que no deseen hacerlo; y, b) castigar la negligencia de la parte procesal o su defensa técnica, debido a su naturaleza jurídica sancionatoria. Al respecto, la autoridad judicial al dictar el auto de abandono de la causa, debe considerar la intención manifiesta de la parte actora de continuar con la causa, aún cuando el abogado por motivos de fuerza mayor no llegue a la hora de audiencia señalada.

Extracto: La Corte Constitucional establece que por mandato constitucional y legal, los precedentes emanados de las sentencias y dictámenes de la Corte Constitucional del Ecuador son vinculantes tanto para el propio Organismo como para todas las autoridades jurisdiccionales. Por lo que, corresponde a toda autoridad jurisdiccional dilucidar, primero, si una decisión previa de tal naturaleza contiene un precedente constitucional en sentido estricto, y segundo, si este debe ser aplicado para la resolución de la causa en cuestión.

Extracto: La Corte considera que si bien el estándar de suficiencia motivacional en garantías jurisdiccionales requiere que exista una fundamentación normativa y fáctica suficiente, así como que se cuente con un análisis respecto a la presunta violación de derechos en la sentencia, en el presente caso se verifica que en primera instancia ya se declaró la vulneración de derechos y que al haberse fundamentado el recurso de apelación exclusivamente sobre la reparación integral, no es necesario que la Sala se pronuncie respecto a una presunta vulneración de derechos, sino únicamente sobre lo solicitado, esto es las medidas de reparación integral.

Extracto: La Corte acepta parcialmente la acción de inconstitucionalidad propuesta en contra de la Resolución de la Superintendencia de Bancos No. SB-2017-088, derogada por la Resolución No. SB-2019-1010, la cual establecía el cálculo de la tarifa por la entrega de información a los burós de información crediticia mientras presten sus servicios.

Extracto: La Corte desestima la acción de inconstitucionalidad en contra del art. 1 del Decreto Ejecutivo 1021, que agregó el art. 92.1 del Reglamento para la aplicación de la LRTI, a través del cual se dispuso la retención mensual del 1.75% sobre el total de los ingresos gravados, obtenidos en dicho mes, a las instituciones financieras sometidas a la Superintendencia de Bancos y a las empresas privadas que prestan servicios de telefonía móvil.