Extracto: La Corte Constitucional analizó una Acción Extraordinaria de Protección presentada por la Superintendencia de Bancos, el Banco Central del Ecuador y la PGE contra la sentencia que aceptó una Acción de Protección dentro del proceso 12282-2021-00720. El caso se origina en el contexto de la crisis bancaria de los años noventa, en la que se implementaron mecanismos de “vinculación para prohibir la enajenación hasta el cumplimiento del pago, o en su defecto, el embargo y remate de los bienes, por parte de los deudores de la banca cerrada”. En este marco, la Superintendencia de Bancos determinó que la compañía OCEANPAC mantenía créditos vinculados con bancos extintos, calificándola como “vinculada por propiedad”, lo que dio lugar a la exigencia de pago y su posterior liquidación. El accionante alegó que, pese a haber presentado la documentación requerida para su desvinculación, la compañía continuó registrada como “vinculada por créditos” en las bases del Banco Central, lo que motivó la interposición de la acción de protección. No obstante, la Corte determinó que la acción de protección fue tramitada por jueces sin competencia territorial pues la compañía tuvo su domicilio en Guayaquil y la causa se tramitó en función del domicilio de uno de los accionistas en la provincia de Los Rios. Además, evidenció que los jueces introdujeron criterios subjetivos y arbitrarios, como la autodenominada “competencia flexible”, y omitieron aplicar correctamente las reglas constitucionales y legales sobre competencia. En consecuencia, concluyó que la vulneración al derecho al juez competente invalida todo el proceso, dejó sin efecto las sentencias de primera y segunda instancia, ordenó el archivo de la acción de protección.

Extracto: La Corte Constitucional aceptó la acción extraordinaria de protección presentada por la Contraloría General del Estado y concluyó que la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Napo vulneró el derecho a la seguridad jurídica al admitir una acción de protección manifiestamente improcedente. La controversia giraba en torno a la nulidad de una resolución administrativa de Controlaría de responsabilidad civil culposa, bajo el argumento de caducidad de la facultad sancionadora, lo cual constituye un asunto de mera legalidad que debía ser conocido en la vía contencioso-administrativa y no en sede constitucional. La Corte determinó que los jueces constitucionales no pueden realizar control de legalidad de actos administrativos mediante acción de protección, salvo que exista una afectación directa y relevante de derechos constitucionales, lo cual no se verificó en el caso. En consecuencia, dejó sin efecto la sentencia impugnada, declaró la improcedencia de la acción de protección y ordenó el archivo del proceso, reafirmando que la seguridad jurídica se vulnera cuando se desnaturaliza la competencia de las garantías jurisdiccionales

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Extracto: La Corte Constitucional estableció, que se vulnera el derecho al debido proceso en la garantía de defensa cuando el juez no verifica adecuadamente quién es el legítimo contradictor en un proceso de prescripción adquisitiva de dominio, omitiendo identificar al verdadero titular del bien o a quienes tienen un interés jurídico directo. En el caso, la autoridad judicial no analizó integralmente el certificado del Registro de la Propiedad, lo que le impidió advertir la existencia de una cesión de derechos a favor de un tercero y la correcta identidad de la titular del dominio.

Extracto: La Corte Constitucional estableció, que no existe incumplimiento de una sentencia de acceso a la información pública cuando la entidad requerida no entrega determinados documentos, toda vez que la generación de ciertos trámites emitidos por la PNE se encuentra regulado por una normativa institucional y legal que lo delimita. En este sentido, la Corte precisó que la obligación de entrega deviene en imposible cuando se pretende exigir a la entidad la generación de documentos sin sustento normativo o procedimental. Asimismo, la Corte determinó que la no entrega de cierta información se encuentra justificada cuando existen impedimentos físicos y jurídicos derivados de la protección de datos personales, en tanto la documentación contiene información de carácter personalísimo protegida por la Constitución y la ley. En consecuencia, al tratarse de una restricción basada en un fin constitucionalmente válido, la negativa de entrega no configura incumplimiento.