Extracto: Reforma las disposiciones relativas a la terminación de la relación laboral de los trabajadores con VIH, a fin de dar cumplimiento a la Sentencia de la Corte Constitucional No. 2846-18-EP/24, que dispuso al Ministerio De Trabajo emitir o actualizar la normativa correspondiente con el objetivo de garantizar el derecho a la intimidad y confidencialidad del estado de salud de las personas trabajadoras que viven con VIH. Bajo este contexto, incorpora que en todos los aspectos de la relación laboral, se prohíbe exigir al trabajador notificar que vive con VIH-SIDA y, vulnerar la confidencialidad e intimidad del trabajador, mediante la divulgación de datos sensibles como estado de salud.

Extracto: Declara como precedente jurisprudencial obligatorio en materia laboral, que si del contexto de la demanda laboral se verifican pretensiones dirigidas a cuestionar el contenido del acta de finiquito, tales como la existencia de errores de cálculo de los valores liquidados, valores omitidos, o una posible renuncia de derechos, las juezas y jueces laborales tienen la obligación de revisar este documento, sin que sea necesario que la parte accionante lo impugne de forma expresa en la demanda.

Extracto: Deroga la Resolución No. SEPS-IGS­ IGT-IGJ-INSEPS-INSESF-INGINT-2024-002 de 30 de agosto de 2024, mediante la cual se expidió la Norma de Control para la Gestión de Reclamos en las Entidades del Sector Financiero Popular y Solidario.

Extracto: Deroga integralmente la Resolución No. SEPS-IGT-IGS­ IGJ-INFMR-INSESF-INGINT-2024-0188 de 30 agosto de 2024, mediante la cual se reformó la Norma de Control de Buen Gobierno, Ética y Comportamiento para las Cooperativas de Ahorro y Crédito, Cajas Centrales y Asociaciones mutualistas de Ahorro y Crédito para la vivienda. Mediante la Resolución derogada, entre otras disposiciones, se incorporó que el buen gobierno deberá considerar la paridad y equidad de género en la formación de los órganos de gobierno.

Extracto: Incorpora que la SCE también podrá realizar inspecciones con la finalidad de examinar documentos, información y bienes relacionados con las conductas objeto de estudio (anteriormente únicamente conductas objeto de investigación). Dichas inspecciones permiten el acceso a los establecimientos, locales o inmuebles de los operadores económicos bajo su consentimiento.