Extracto: La Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria reformó la Norma para la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación de Otros Delitos, como parte del proceso de actualización normativa derivado del Reglamento General a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de Otros Delitos, emitido a finales de enero de 2026. La reforma actualiza el enfoque de administración del riesgo, incorporando la detección, prevención, mitigación y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, bajo el Programa PARLAFT. La Resolución ajusta definiciones, funciones de las líneas de defensa, factores de riesgo, elementos mínimos del programa, políticas internas, responsabilidades de los órganos de gobierno y de las áreas del sujeto obligado, así como reglas sobre beneficiario final, inclusión o exclusión de sujetos obligados financieros, Banco Central del Ecuador como Unidad Complementaria y control de billetes de alta denominación (BAD). En el proceso de revisión normativa, ASOBANCA y sus bancos miembros remitieron observaciones técnicas orientadas a una implementación adecuada de la reforma, entre ellas el ajuste relativo al órgano encargado de aprobar el Código de Ética, que corresponderá al Directorio, Consejo de Administración u órgano administrativo estatutario que haga sus veces. Los organismos de supervisión deberán actualizar su normativa en materia de prevención de lavado de activos hasta el 27 de julio de 2026. La Resolución entró en vigencia desde su expedición el 27 de mayo de 2026.

Extracto: La Superintendencia de Bancos reformó el Reglamento que regula los procesos de cobro coactivo iniciados bajo la vigencia del Código Orgánico Administrativo, es decir, aquellos procedimientos mediante los cuales la entidad puede cobrar obligaciones pendientes a su favor o de terceros. La Resolución precisa las etapas del proceso: primero, se debe requerir al deudor el pago voluntario dentro del término de diez días; si no paga, se emite una orden de pago inmediato para que cancele la obligación o dimita bienes dentro del término de tres días; y, de persistir el incumplimiento, se podrán aplicar medidas cautelares como embargo y remate de bienes. También regula la posibilidad de solicitar facilidades de pago hasta por veinticuatro meses, así como las reglas para dación en pago, suspensión del proceso, excepciones judiciales, archivo de causas y tratamiento de obligaciones incobrables. Los procesos iniciados antes de la vigencia del Código Orgánico Administrativo continuarán con la normativa anterior, mientras que los nuevos procedimientos se regirán por este Reglamento. La Resolución derogó las Resoluciones Nro. SB-IGGI-2024-00987 y SB-IGGI-2024-00988 y entró en vigencia desde su suscripción, el 13 de mayo de 2026.

Extracto: El Ministerio de Defensa Nacional aprobó la Estrategia de Ciberdefensa 2026, instrumento que define directrices para fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas frente a ciberataques. La Estrategia reconoce al ciberespacio como un dominio de acción militar y prevé mecanismos de coordinación con entidades públicas, privadas, academia e instituciones nacionales e internacionales para la gestión de incidentes, intercambio de ciberinteligencia y fortalecimiento de capacidades técnicas. El instrumento identifica a la banca entre los sectores expuestos a ataques ciber-físicos, por lo que podría abrir espacios de coordinación público-privada en continuidad operativa y protección de servicios esenciales. La Resolución entró en vigencia desde su suscripción.

Extracto: El Comité Interinstitucional de Estabilidad Financiera (CIEF) expidió su Reglamento Interno de Funcionamiento, con el objeto de regular su organización, sesiones, toma de decisiones, conformación de grupos de trabajo y manejo de información. La Resolución desarrolla la finalidad prevista en el Decreto Ejecutivo Nro. 343, orientada a coordinar y articular acciones para identificar riesgos potenciales, mitigar vulnerabilidades del sistema financiero, promover políticas y regulaciones, y sistematizar el intercambio de información entre organismos de regulación, entidades de control y otras instituciones públicas. El Comité podrá emitir alertas y recomendaciones de política, requerir información sobre su implementación, evaluar vulnerabilidades desde una perspectiva macroprudencial y conocer informes de monitoreo de entidades financieras sistémicas. Las recomendaciones no sustituyen ni limitan las competencias de sus miembros, pero deberán ser consideradas por las entidades receptoras, que informarán sobre las acciones adoptadas o las razones para no aplicarlas. La Resolución entró en vigencia desde el 06 de mayo de 2026.

Extracto: La Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación aprobó el Catálogo Sectorizado de Información aplicable a los servicios de interoperabilidad institucional, mediante el cual se establecen los campos de datos autorizados, cantidades y restricciones para los sectores de comercio, educación, financiero, salud, seguros, servicios, tecnología y telecomunicaciones. En este contexto, la Resolución dispone la implementación técnica del catálogo, a fin de que las entidades consumidoras accedan únicamente a los campos habilitados para su respectivo sector, bajo criterios de pertinencia, minimización y proporcionalidad en el tratamiento de datos personales. Para el sector financiero, se autoriza el acceso a diez campos: condición de cedulado, número de cédula, apellidos y nombres, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, nombre del cónyuge, instrucción, foto y firma. La Resolución entró en vigencia desde su suscripción, el 20 de febrero de 2026.