Extracto: La Superintendencia de Competencia Económica sustituyó el artículo 11 de la Resolución Nro. SCE-DS-2023-18 de 16 de noviembre de 2023, relativo a la determinación del importe de multas por el cometimiento de infracciones a la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. La reforma modifica la metodología de cálculo de las multas coercitivas, pasando de un esquema asociado al número de días de retraso, con un límite total de 200 remuneraciones básicas unificadas sin tomar el cuanto el número de días de incumplimiento, a un importe diario cuyo límite máximo será de hasta 200 remuneraciones básicas unificadas por cada día de incumplimiento. La nueva fórmula considera el volumen de ventas anuales del operador económico, la relevancia de la obligación incumplida y la categoría empresarial del obligado, según corresponda a micro, pequeña, mediana o gran empresa. Adicionalmentr, incorpora en la metodología las multas coercitivas previstas en la Ley Orgánica de Regulación contra la Competencia Desleal y establece distintos niveles de relevancia según el tipo de incumplimiento, incluyendo deberes de colaboración, cumplimiento de resoluciones, requerimientos, acuerdos, compromisos, condiciones, cese de conductas prohibidas o sancionadas, y medidas preventivas o correctivas. Los procedimientos administrativos sancionadores iniciados antes de la suscripción de la Resolución deberán observar el principio de favorabilidad, mientras que los iniciados con posterioridad aplicarán la reforma en referencia. La Resolución entró en vigencia a partir de su suscripción, el 15 de junio de 2026.

Extracto: La Superintendencia de Bancos sustituyó integralmente el Capítulo I, Título III, Libro I de la Codificación de Normas de la Superintendencia de Bancos, correspondiente a la Norma de Control de los Canales de Atención al Consumidor Financiero de las Entidades Controladas por la Superintendencia de Bancos. La reforma actualiza el régimen aplicable a oficinas, canales electrónicos, dispositivos y corresponsales no bancarios, incorporando nuevas definiciones sobre banca electrónica, banca móvil, plataforma móvil, red de cajeros automáticos, red de kioscos, puntos de venta, banca telefónica, videoconferencia, chatbot y sistemas operativos. Además, reorganiza los requisitos para la apertura, sustitución, traslado y cierre de oficinas, así como para la apertura y cierre de canales electrónicos, estableciendo requisitos documentales diferenciados, informes de viabilidad técnica, jurídica, financiera y de riesgos, y plazos de notificación de 60 días hábiles para sustitución y cierre de oficinas, 30 días hábiles para traslado y 20 días hábiles para apertura de canales electrónicos. La norma también dispone el registro previo de dispositivos de cajeros automáticos y corresponsales no bancarios, actualiza las operaciones permitidas a estos últimos, incorpora obligaciones de monitoreo permanente de canales electrónicos y mantiene la exigencia de contar con políticas y manuales de seguridad aprobados por el directorio u órgano que haga sus veces. La Resolución entró en vigencia a partir de su expedición el 27 de mayo de 2026.

Extracto: La Superintendencia de Bancos expidió la Norma de control para la creación y funcionamiento de la cuenta sueldo para el pago de remuneraciones y beneficios sociales de trabajadores de vigilancia y seguridad privada en el sector financiero privado, en cumplimiento de la Resolución Nro. JPRFM-2026-002-F de 30 de enero de 2026. La norma establece que esta cuenta deberá ser aperturada por los prestadores del servicio de vigilancia y seguridad privada y utilizada exclusivamente para el pago de remuneraciones y beneficios sociales de sus trabajadores, mediante transferencias electrónicas hacia sus cuentas individuales. Para su funcionamiento, la cuenta será independiente de otros productos financieros, contará con un número único y distinto, y estará sujeta a controles de debida diligencia, prevención de lavado de activos, protección de datos personales y monitoreo por parte de las entidades financieras. La Resolución también dispone que las entidades reportarán las cuentas sueldo abiertas y cerradas mediante estructuras de datos, en el formato y periodicidad que defina la Superintendencia; y, crear este producto en el término de treinta días contados desde su expedición. La Resolución entró en vigencia a partir de su expedición el 27 de mayo de 2026.

Extracto: La Superintendencia de Bancos reformó los plazos de implementación de la Norma de Administración del Riesgo de Liquidez y de la Norma de Control para la Evaluación de la Adecuación del Capital Interno (ICAAP), en atención a la necesidad de viabilizar su aplicación conforme al grado de madurez del sistema de administración integral de riesgos de las entidades controladas. Esta reforma recoge las gestiones realizadas por ASOBANCA ante el organismo de control, orientadas a contar con plazos adecuados para una implementación técnica, operativa y metodológica ordenada. En materia de liquidez, la Resolución amplía de 5 a 12 meses el plazo previsto para la implementación de la norma, contado desde la expedición de la Resolución Nro. SB-2026-0437 de 06 de febrero de 2026, por lo que el nuevo vencimiento será el 06 de febrero de 2027. Respecto a ICAAP, se establece que la aprobación de estrategias, políticas, procesos, procedimientos, manuales y metodologías deberá cumplirse hasta el 31 de mayo de 2027; mientras que la presentación del Informe de Autoevaluación de Capital (IAC), con corte al 31 de diciembre de 2027, deberá realizarse hasta el 26 de febrero de 2028. La Resolución entró en vigencia desde su expedición el 27 de mayo de 2026.

Extracto: La Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria reformó la Codificación de Resoluciones de Política Monetaria y Operaciones del Banco Central del Ecuador (BCE), incorporando reglas para el cierre de cuentas corrientes en dicha institución. La norma permite que las entidades que no pertenezcan al sector público soliciten el cierre de sus cuentas en el BCE, a través de su representante legal o apoderado, debiendo indicar la cuenta de destino cuando existan saldos por transferir. También faculta al Banco Central a cerrar de oficio las cuentas de entidades privadas cuyo titular mantenga el RUC pasivo o suspendido y no registre saldo, así como aquellas que permanezcan inactivas conforme al régimen de pasivos inmovilizados. Respecto del sector público, dispone que las cuentas inmovilizadas por más de 180 días sean notificadas al Ministerio de Economía y Finanzas, para que instruya su cierre o permanencia. El BCE deberá actualizar su normativa interna en el término máximo de 90 días, contado desde la vigencia de la Resolución, plazo que se cumpliría el 01 de octubre de 2026. La Resolución entró en vigencia a partir de su expedición el 27 de mayo de 2026.