Extracto: La Corte Constitucional desestima la acción extraordinaria de protección presentada en contra de una sentencia de la Corte Nacional de Justicia, emitida en un proceso contencioso administrativo que declaró la nulidad de actos administrativos, y dispuso que la Superintendencia de Bancos ordene a una entidad financiera la devolución completa del dinero reclamado por el accionante en la suma de USD 233.018,65. La Corte concluye que no se vulneró el derecho al debido proceso en la garantía de cumplimiento de normas y derechos de las partes, puesto que no se identificó́ que el tribunal de casación haya valorado prueba o analizado hechos, en contravención de alguna regla de trámite para la sustanciación de un recurso extraordinario de casación.

Extracto: La Corte menciona que la falta de la acreditación de los requisitos legales para el otorgamiento de una procuración judicial como habilitante para comparecer en diligencias evidencia una falla en la defensa técnica legal que no puede ser remediada mediante una acción extraordinaria de protección. El voto salvado de la jueza Teresa Nuques, establece que bajo la observancia de la debida diligencia, se debería permitir la intervención del abogado y otorgarle un término para ratificar su actuación.

Extracto: La Corte refiere que la figura del abandono ha sido concebida desde dos aspectos: a) la opción que tienen las partes de no continuar con la causa, en el evento de que no deseen hacerlo; y, b) castigar la negligencia de la parte procesal o su defensa técnica, debido a su naturaleza jurídica sancionatoria. Al respecto, la autoridad judicial al dictar el auto de abandono de la causa, debe considerar la intención manifiesta de la parte actora de continuar con la causa, aún cuando el abogado por motivos de fuerza mayor no llegue a la hora de audiencia señalada.

Extracto: La Corte Constitucional establece que por mandato constitucional y legal, los precedentes emanados de las sentencias y dictámenes de la Corte Constitucional del Ecuador son vinculantes tanto para el propio Organismo como para todas las autoridades jurisdiccionales. Por lo que, corresponde a toda autoridad jurisdiccional dilucidar, primero, si una decisión previa de tal naturaleza contiene un precedente constitucional en sentido estricto, y segundo, si este debe ser aplicado para la resolución de la causa en cuestión.

Extracto: La Corte considera que si bien el estándar de suficiencia motivacional en garantías jurisdiccionales requiere que exista una fundamentación normativa y fáctica suficiente, así como que se cuente con un análisis respecto a la presunta violación de derechos en la sentencia, en el presente caso se verifica que en primera instancia ya se declaró la vulneración de derechos y que al haberse fundamentado el recurso de apelación exclusivamente sobre la reparación integral, no es necesario que la Sala se pronuncie respecto a una presunta vulneración de derechos, sino únicamente sobre lo solicitado, esto es las medidas de reparación integral.