Extracto: La Corte determina la inconstitucionalidad de los artículos 2 (sujeto activo y de los sujetos pasivos) y 6 (forma de declarar y pago del impuesto 1.5 por mil) de la Ordenanza 932 del GADM del cantón Eloy Alfaro por infringir el principio de reserva de ley al modificar mediante ordenanza los elementos de la relación tributaria del impuesto al 1.5 por mil sobre los activos totales, cuando dichos elementos pueden ser modificados únicamente mediante Ley.

Extracto:

Extracto: Los accionantes presentaron una acción pública de inconstitucionalidad por la forma y el fondo de los artículos 1, 3 numeral 7 y de las disposiciones reformatorias primera y segunda del Decreto Ejecutivo 707 de 1 de abril del 2023, que autoriza el porte de armas de uso civil para defensa personal a nivel nacional. A criterio de los accionantes, las disposiciones impugnadas desconocen que la seguridad pública es competencia exclusiva del Estado, toda vez que permite el porte de armas de uso civil para defensa personal a nivel nacional.

Extracto: La Corte Constitucional admite una acción pública de inconstitucionalidad por el fondo en contra de los arts. 24 y 25 de la Ley Orgánica para Impulsar la Economía Violeta. El art. 24 permite determinar, de común acuerdo con el padre, la forma en la que será gozada la licencia con remuneración de 12 semanas por maternidad, y por su parte el art. 25 estipula que durante los 12 meses posteriores al parto, la jornada laboral de la madre lactante durará 6 horas. No obstante, la madre podrá, de común acuerdo con el padre, determinar la forma en que será gozada la licencia con remuneración.

Extracto: La Corte establece la configuración material de la conmoción social bajo dos criterios: a) cuando los actos violentos tienen lugar en un contexto de una naturaleza particular, como es el período electoral y, además, atentan sobre la integridad física de la vida de quienes participan directamente en ese proceso electoral; y, b) por el efecto en los derechos de participación política como elegir y ser elegido, se afecta al sistema democrático, ya que los ciudadanos pueden sentirse inseguros para elegir en libertad a sus representantes. Además, la Corte hace énfasis que toda acción de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas deberá ser idónea, necesaria y proporcional, siempre y cuando garantice el normal desarrollo del proceso electoral.