Extracto: La Corte refiere que los efectos de la sentencia 58-11-IN/22 y acumulados (que determinó la inconstitucionalidad de la Ley de Fomento Ambiental por la forma al contravenir el principio de unidad de materia) si bien se encuentran diferidos hasta el final del año fiscal 2023, sería materialmente imposible para el Ejecutivo y Legislativo promover las diferentes reformas legales dentro del tiempo restante en el año fiscal en curso. Dicha situación obliga a la Corte a garantizar la eficacia de la declaratoria de inconstitucionalidad realizada y evitar que el vacío normativo se concrete, poniendo en riesgo la seguridad jurídica. En tal virtud, la Corte Constitucional amplía el plazo de diferimiento otorgado inicialmente hasta el final del ejercicio fiscal 2024, esto es hasta el 31 de diciembre de 2024, respecto de aquellas normas cuya vigencia depende actualmente de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado (sustitución del 2% al 5% respecto al ISD, deducibilidad de gastos, formas de imposición para bienes y servicios gravados con ICE, entre otras).

Extracto: La Corte seleccionó el caso en virtud de la relevancia constitucional e inobservancia de precedentes jurisprudenciales que se identificaron de la revisión de antecedentes. El caso adquiere relevancia para la Corte por cuanto una mujer embarazada diagnosticada con VIH fue despedida de su trabajo, ante lo cual presentó una acción de protección que fue aceptada en primera instancia y revocada en apelación por considerar que existe otra vía adecuada para ejercer sus derechos (acción de despido ineficaz). Por lo tanto, la Corte identifica que en el presente caso se está negando el precedente jurisprudencial 080-13-SEP-CC en el que la Corte catalogó a las personas portadoras del VIH como grupo vulnerable y de atención prioritaria, por lo que gozan de estabilidad laboral reforzada.

Extracto: La Corte inadmite a trámite una Acción Extraordinaria de Protección en contra de la orden de remate y de adjudicación en un proceso ejecutivo por cuanto estos no son autos definitivos ni ponen fin al proceso. Asimismo, señala que dichos autos no impiden la tramitación del juicio ni causa daños irreparables en los derechos a los demandados, pudiendo además invocar otros mecanismos procesales para la defensa de sus intereses.

Extracto: La Corte admite a trámite una Acción Extraordinaria de Protección presentada en contra de un auto interlocutorio que declara el abandono de la causa por falta de comparecencia del actor, sin embargo, ordena continuar el proceso de ejecución con los terceros coadyuvantes. La Corte considera que podría haber una grave vulneración al debido proceso y la seguridad jurídica al continuar la tramitación de la ejecución de un acta de mediación sin actor.

Extracto: La Corte admite a trámite una Acción Extraordinaria de Protección presentada en contra de la sentencia de Corte Provincial en la que negó la Acción de Habeas Data presentada por una persona a raíz de la divulgación de información personal de sus dos hijas a través de WhatsApp. La Corte Provincial, en su análisis, señala que la prueba presentada pudo ser manipulada, sin embargo, no solicita una pericia sobre ella. Al respecto la Corte Constitucional estima necesario pronunciarse sobre el tratamiento de los datos de personas en condición de doble vulnerabilidad y la práctica de prueba de oficio en procesos de garantías jurisdiccionales.