Extracto: La Corte Constitucional desestimó la EP al considerar que en la Sentencia de la CNJ no se evidenció una valoración propia y expresa acerca de la aplicabilidad del inciso 3 del artículo 156 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, puesto que dicho cargo no fue admitido a trámite por parte de la Conjueza, y por ello, bajo el principio dispositivo, los límites dentro de los cuales se efectuó el control de legalidad fueron únicamente los expuestos por el recurrente en su recurso y admitidos por la Conjueza.

Extracto: La Corte Constitucional al constatar que la Corte Provincial de Esmeraldas consideró a la acción de protección como la vía adecuada para impugnar una resolución de visto bueno, declaró la vulneración del derecho a la seguridad jurídica del accionante, esto en atención a que dicho Organismo ha determinado que, por regla general, las impugnaciones de visto bueno corresponden a la jurisdicción laboral, siempre y cuando los hechos de origen no demuestren que las actuaciones de los empleadores han afectado otros derechos más allá de los derechos laborales de los accionantes – como por ejemplo, situaciones especialmente graves como discriminación, esclavitud, trabajo forzado o afectaciones al derecho a la integridad personal de los trabajadores –, o bien, si tales hechos no indican la urgencia o necesidad de atender una situación particular en grado tal que la vía judicial ordinaria deviene en ineficaz.

Extracto: La Corte Constitucional emitió dictamen de constitucionalidad del “Acuerdo de Asociación Comercial entre la República del Ecuador y la República de Costa Rica”, esto al verificar la subsanación de lo dispuesto en el Dictamen 2-23-TI/23 que declaró la inconstitucionalidad de los arts. 11.20, 15.20, 15.35 (controversias inversionistas-Estado por la vía arbitral). Al respecto, los Estados resolvieron que la solución que más se alineaba con sus intereses era retirar los artículos considerados como inconstitucionales.

Extracto: La Corte Constitucional desestima la demanda de inconstitucionalidad presentada en contra del artículo 1672 (Peaje por utilización de la vía del acceso centro norte del Distrito Metropolitano de Quito – Túnel Guayasamín y su área de influencia vial) del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito. Esto en razón de que la Corte verificó que este tributo sí se trata de una tasa, al comprobar que: i) constituye una prestación que se satisface como consecuencia de una determinación normativa; y, ii) ya se ha determinado que los GAD ostentan la competencia constitucional y legal para establecer tasas, tal como lo hizo el GAD Metropolitano de Quito.

Extracto: La Corte indica que la remisión al Alcalde del Municipio para que, por medio de una resolución administrativa establezca la tarifa del peaje y no a través de una ordenanza es incompatible al principio de legalidad en materia tributaria dispuesto en el artículo 301 de la CRE, ya que, al ser un elemento esencial del tributo, la tarifa o su forma de establecimiento, debe encontrarse dispuesta dentro de una ordenanza y la misma, debe ser aprobada por el órgano legislativo competente, que, en el caso de los GAD, es el Concejo Metropolitano.