Extracto: La Corte Constitucional desestima la demanda de inconstitucionalidad presentada en contra del artículo 1672 (Peaje por utilización de la vía del acceso centro norte del Distrito Metropolitano de Quito – Túnel Guayasamín y su área de influencia vial) del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito. Esto en razón de que la Corte verificó que este tributo sí se trata de una tasa, al comprobar que: i) constituye una prestación que se satisface como consecuencia de una determinación normativa; y, ii) ya se ha determinado que los GAD ostentan la competencia constitucional y legal para establecer tasas, tal como lo hizo el GAD Metropolitano de Quito.

Extracto: La Corte indica que la remisión al Alcalde del Municipio para que, por medio de una resolución administrativa establezca la tarifa del peaje y no a través de una ordenanza es incompatible al principio de legalidad en materia tributaria dispuesto en el artículo 301 de la CRE, ya que, al ser un elemento esencial del tributo, la tarifa o su forma de establecimiento, debe encontrarse dispuesta dentro de una ordenanza y la misma, debe ser aprobada por el órgano legislativo competente, que, en el caso de los GAD, es el Concejo Metropolitano.

Extracto: La Corte refiere que los efectos de la sentencia 58-11-IN/22 y acumulados (que determinó la inconstitucionalidad de la Ley de Fomento Ambiental por la forma al contravenir el principio de unidad de materia) si bien se encuentran diferidos hasta el final del año fiscal 2023, sería materialmente imposible para el Ejecutivo y Legislativo promover las diferentes reformas legales dentro del tiempo restante en el año fiscal en curso. Dicha situación obliga a la Corte a garantizar la eficacia de la declaratoria de inconstitucionalidad realizada y evitar que el vacío normativo se concrete, poniendo en riesgo la seguridad jurídica. En tal virtud, la Corte Constitucional amplía el plazo de diferimiento otorgado inicialmente hasta el final del ejercicio fiscal 2024, esto es hasta el 31 de diciembre de 2024, respecto de aquellas normas cuya vigencia depende actualmente de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado (sustitución del 2% al 5% respecto al ISD, deducibilidad de gastos, formas de imposición para bienes y servicios gravados con ICE, entre otras).

Extracto: La Corte seleccionó el caso en virtud de la relevancia constitucional e inobservancia de precedentes jurisprudenciales que se identificaron de la revisión de antecedentes. El caso adquiere relevancia para la Corte por cuanto una mujer embarazada diagnosticada con VIH fue despedida de su trabajo, ante lo cual presentó una acción de protección que fue aceptada en primera instancia y revocada en apelación por considerar que existe otra vía adecuada para ejercer sus derechos (acción de despido ineficaz). Por lo tanto, la Corte identifica que en el presente caso se está negando el precedente jurisprudencial 080-13-SEP-CC en el que la Corte catalogó a las personas portadoras del VIH como grupo vulnerable y de atención prioritaria, por lo que gozan de estabilidad laboral reforzada.

Extracto: La Corte inadmite a trámite una Acción Extraordinaria de Protección en contra de la orden de remate y de adjudicación en un proceso ejecutivo por cuanto estos no son autos definitivos ni ponen fin al proceso. Asimismo, señala que dichos autos no impiden la tramitación del juicio ni causa daños irreparables en los derechos a los demandados, pudiendo además invocar otros mecanismos procesales para la defensa de sus intereses.