Extracto: La Corte se pronunció sobre las obligaciones de los jueces y juezas constitucionales frente a un desistimiento expreso de la acción presentada por el accionante y/o afectado, en el marco de una garantía jurisdiccional, y emite criterios respecto del desistimiento de recursos. De la misma manera, expone sobre el desistimiento del recurso que una entidad pública o un particular accionado podrían presentar, así como cuál sería el rol del juez o jueza constitucional en ese supuesto.

Extracto: La Corte desestimó la IS presentada para solicitar el cumplimiento de una sentencia de apelación y un auto de pago dictados dentro de un proceso laboral. Al respecto la Corte, señaló que la acción de incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales constituye uno de los mecanismos que dispone la Corte para verificar la ejecución integral de las decisiones constitucionales y la materialización de las medidas dispuestas en estas, por lo tanto, una decisión de la justicia ordinaria no puede ser objeto de verificación a través de la IS, y que el pronunciamiento sobre este tipo de causas deviene en la desnaturalización de la garantía constitucional.

Extracto: La Corte desestimó la IS presentada directamente ante esta por cuanto no ha cumplido con los requisitos establecidos por la LOFJCC. En este sentido, la Corte señaló que la persona afectada debe solicitar al juez ejecutor que remita el expediente a la Corte, junto con un informe del incumplimiento alegado, este requerimiento debe ser realizado una vez que haya transcurrido un plazo razonable para que el juez de instancia pueda ejecutar la decisión; el plazo razonable debe entenderse como el tiempo prudente y necesario para que el juez pueda hacer cumplir su propia decisión. La Corte estableció los siguientes requisitos para plantear una IS directamente ante esta: (i)Requerimiento: solicitar a la autoridad judicial encargada de la ejecución que remita el expediente y su informe respecto del incumplimiento alegado a la Corte Constitucional; (ii) Plazo razonable: El requerimiento debe haber ocurrido después del transcurso de un plazo razonable para que la autoridad judicial pueda ejecutar la decisión; (iii) Negativa expresa o tácita del juez ejecutor: La autoridad judicial ejecutora debe haber negado el requerimiento o incumplido el término de cinco (5) días previsto en el artículo 164 de la LOGJCC para remitir el expediente y el informe a la Corte Constitucional.

Extracto: La Corte desestimó la IS por cuanto se encontraba pendiente de resolución un recurso de apelación, en tal sentido, no puede ser considerada como objeto de acción de incumplimiento, al respecto señala que las sentencias constitucionales que no estén ejecutoriadas no pueden ser objeto de acción de incumplimiento, sin perjuicio de la obligación que tienen los jueces y juezas de primera instancia de usar todos los medios disponibles para el cumplimiento integral de sus decisiones, aun cuando sobre estas se hayan interpuesto recursos horizontales o verticales. En su análisis, la Corte destacó que la IS tiene carácter subsidiario, lo cual implica que esta solo puede ser presentada si el mecanismo de ejecución ordinario de las sentencias constitucionales ante el juzgador constitucional de instancia no ha sido eficaz; por lo tanto, la Corte solo asumirá la competencia cuando los jueces de instancia no hayan logrado ejecutar la decisión o se hayan agotado todos los medios adecuados y pertinentes para su cumplimiento y no se haya producido.

Extracto: La Corte desestimó la IS con fundamento en la falta de legitimación activa del TDCA por no ser la autoridad judicial encargada de la ejecución de las decisiones emitidas en garantías jurisdiccionales. En virtud de ello, invocó la sentencia 8-22-IS/22 en la que estableció que solamente las autoridades judiciales de primera instancia son las encargadas de la ejecución de las sentencias que provienen de garantías jurisdiccionales, y que los TDCA son competentes únicamente para cuantificar el monto de la medida de reparación económica y remitir dicha actuación a la autoridad judicial ejecutora para que esta verifique su cumplimiento integral.