Extracto: El Servicio de Rentas Internas eliminó al Principado del Valle de Andorra del listado de paraísos fiscales, contenido en la Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000052, de 3 de febrero de 2015, y sus posteriores reformas, en la cual se expidieron las normas que establecen los paraísos fiscales, los regímenes fiscales preferentes y los regímenes o jurisdicciones de menor imposición. La presente exclusión se fundamentó en el análisis realizado por el SRI respecto a las modificaciones en el sistema fiscal del Principado del Valle de Andorra, con las cuales se busca la adecuación de su sistema fiscal a los estándares internacionales establecidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Unión Europea, con el objetivo de evitar su calificación como paraíso fiscal. La Resolución entró en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Extracto: La Corte Nacional de Justicia declaró como precedente jurisprudencial obligatorio en materia administrativa que el control jurisdiccional de legalidad sobre los actos administrativos, asignado a los tribunales distritales de lo Contencioso Administrativo, no se limita únicamente a los puntos de derecho invocados por las partes, sino que se extiende a todos los aspectos vinculados con la controversia judicial y aquellos que guarden una conexión directa con ella, incluyendo el análisis de los antecedentes y fundamentos jurídicos del caso. El presente precedente se emite en atención a que la Corte concluyó que la jurisdicción Contencioso Administrativa, al resolver sobre los antecedentes de una actuación administrativa o disponer los efectos lógicos de la nulidad de un acto administrativo, no estaría concediendo algo distinto o adicional a lo requerido por los actores. La Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial, hecho que no ha ocurrido hasta el cierre de este boletín.

Extracto: La Junta de Política y Regulación Financiera expidió la Norma de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de Otros Delitos. Al respecto, la norma regula y establece los procesos, mecanismos, metodologías y sistemas en materia de prevención de lavado de activos que los sujetos obligados financieros deben tener. Se establece la necesidad de contar con un Sistema de Prevención y Administración del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación de Delitos (SPARLAFD), el cual deberá contener ciertos elementos mínimos, como: código de ética, estructura organizacional, manual de prevención, metodologías, y un Sistema de Información y Reportería (SIRLAFD). Asimismo, se dispone la obligación de tener programas de prevención del riesgo de lavado de activos a nivel de Grupo Financiero, para lo cual, se permite que con fines de prevención, los miembros del Grupo puedan compartir información entre ellos. Dispone a la Superintendencia de Bancos reformar sus normas de control relacionadas con la administración del riesgo de lavado de activos, con base en lo detallado en la presente norma. La norma será aplicable desde el 29 de julio de 2025.

Extracto: La Corte Nacional de Justicia declaró como precedente jurisprudencial obligatorio en materia administrativa que los tribunales distritales de lo Contencioso Administrativo, en ejercicio de su potestad de control jurisdiccional de la legalidad, tienen competencia para hacer la revisión y análisis de los documentos que integran el expediente administrativo, para el efectivo ejercicio de su potestad de control de legalidad de la actividad administrativa. El presente Precedente se emite en atención a que la Corte concluyó que, conforme al principio de unidad documental, no puede entenderse a los elementos del expediente administrativo como autónomos e independientes

Extracto: La Ley crea y norma el funcionamiento del Sistema Nacional de Inteligencia, cuyo ente rector es el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), de manera que éste pueda llevar a cabo las actividades y operaciones de inteligencia y contrainteligencia para alertar y asesorar en la toma de decisiones, buscando anticipar, evitar y/o neutralizar amenazas y riesgos que afecten la seguridad integral del Estado. Dispone además que las entidades públicas y privadas están obligadas a entregar información requerida por el CIES, o los subsistemas de inteligencia militar y policial cuando esta información sea de interés para la seguridad del Estado; crea siete subsistemas de inteligencia, uno de ellos de inteligencia de análisis financiero y económico, liderado por la UAFE. La Ley modifica el mecanismo de designación del Director General de la UAFE, otorgándole al Presidente de la República la facultad de designarlo. La referida Ley entró en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.