Extracto: El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano estableció las delegaciones para la sustanciación y resolución de recursos administrativos de apelación y extraordinarios de revisión, así como nulidades y revocatorias, en materias de desarrollo humano y de pueblos y nacionalidades. La norma separa las funciones de sustanciación y resolución, asignándolas a distintas autoridades según la materia, y dispone que el órgano que emitió el acto impugnado no podrá resolver el recurso. Además, regula la remisión de expedientes, el control de términos y plazos, los impedimentos y conflictos de interés, y la continuidad de los recursos que se encontraban en trámite antes de su vigencia. El Acuerdo prevalecerá sobre delegaciones anteriores incompatibles dentro de estos ámbitos y entró en vigencia a partir de su suscripción, el 20 de agosto de 2026.

Extracto: La Dirección Nacional de Registros Públicos (DINARP) expidió el Reglamento del Comité de Tecnologías de la Información, Cambios Tecnológicos y Comunicaciones, encargado de coordinar las estrategias, inversiones y proyectos tecnológicos y comunicacionales de la institución, así como de autorizar cambios, actualizaciones y transformaciones tecnológicas. Entre sus principales funciones, el Comité deberá aprobar los proyectos tecnológicos institucionales, promover la interoperabilidad de los sistemas de información y conocer y aprobar los cambios y mejoras en las plataformas que integran el Sistema Nacional de Registros Públicos. Además, previo al tratamiento de cada proyecto, deberá contarse con un informe de asesoramiento en materia de protección de datos personales y con un informe del Oficial de Seguridad de la Información que incluya la respectiva matriz de riesgos. La Resolución derogó el anterior instructivo del Comité Asesor de Cambios de Emergencia de Tecnología y Desarrollo y entró en vigencia a partir de su suscripción, el 09 de junio de 2026.

Extracto: El Consejo de la Judicatura suprimió la Unidad Judicial, el Tribunal de Garantías Penales y la Sala Especializada creados específicamente para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado, y transfirió sus competencias a dependencias penales existentes con sede en las parroquias Iñaquito y La Mariscal, así como a la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. En primera instancia, las causas serán conocidas por la Unidad Judicial de Garantías Penales de Iñaquito; las flagrancias, por la Unidad Judicial de Garantías Penales de La Mariscal; la etapa de juicio, por el Tribunal de Garantías Penales de Iñaquito; y, la segunda instancia y los casos de fuero, por la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Pichincha. Para el sector financiero, resulta relevante que estas judicaturas mantendrán competencia nacional para conocer, entre otros, delitos financieros vinculados con la medida cautelar administrativa excepcional de inmovilización de fondos prevista en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de Otros Delitos, así como causas por lavado de activos, financiación del terrorismo y delincuencia organizada. La Resolución entró en vigencia a partir de su aprobación, el 07 de septiembre de 2026.

Extracto: La Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados (COSEDE) derogó las metodologías vigentes para determinar el saldo mínimo que activa los préstamos entre los fideicomisos del Fondo de Liquidez del Sector Financiero Privado y del Sector Financiero Popular y Solidario. En adelante, corresponderá a la Administración de la COSEDE, bajo la conducción de la Gerencia General y con sustento técnico de las unidades competentes, establecer dicho saldo mínimo y revisarlo trimestralmente, conforme a la normativa aplicable. Como consecuencia, se eliminaron de la Codificación de Resoluciones del Directorio de la COSEDE las secciones que contenían las metodologías anteriores. La Resolución entró en vigencia a partir de su expedición, el 30 de julio de 2026.

Extracto: El Municipio de Guayaquil expidió una nueva Ordenanza para la determinación y recaudación del impuesto del 1,5 por mil sobre los activos totales, que derogó y sustituyó la normativa vigente desde 2011 y sus reformas. Entre los principales cambios, precisó que son sujetos pasivos quienes estén domiciliados o cuenten con establecimientos en dicho cantón y definió como establecimientos a las sucursales, agencias o establecimientos permanentes registrados en el Registro Único de Contribuyentes (RUC). Además, determinó que el hecho generador corresponde al ejercicio permanente de actividades económicas por sujetos obligados a llevar contabilidad; modificó la base imponible, eliminando la referencia expresa a activos contingentes y precisando que las obligaciones de hasta un año corresponden a pasivos corrientes; y, sustituyó el régimen específico de multas, por un recargo del 20% cuando la Administración Tributaria Municipal deba efectuar la determinación por incumplimiento del sujeto pasivo. La Ordenanza también actualizó las exenciones, mantuvo la declaración por medios electrónicos con la suscripción previa de un acuerdo de responsabilidad y precisó que la declaración se efectuará con base en el balance general correspondiente a la declaración del Impuesto a la Renta del ejercicio inmediato anterior. La Ordenanza entró en vigencia con su publicación en el Registro Oficial, el 09 de septiembre de 2026.