Extracto: El Consejo de la Judicatura aprobó el Protocolo para la realización de audiencias telemáticas, que establece lineamientos para su agendamiento, convocatoria, publicidad y desarrollo. El Protocolo prevé el uso de Google Meet o Zoom según las características de la audiencia y dispone que las partes procesales mantengan activa la cámara durante la diligencia, salvo autorización judicial por razones de seguridad o conectividad. Además, regula la identificación de los intervinientes, la comparecencia telemática de testigos y peritos, la exhibición de documentos previamente digitalizados y la prohibición de grabar o retransmitir las audiencias por medios no oficiales. En caso de desconexiones que impidan continuar la diligencia, la audiencia podrá suspenderse y señalarse nueva fecha o modificarse a modalidad presencial, según criterio de la o el juzgador. La Resolución entró en vigencia a partir de su aprobación, el 31 de agosto de 2026.

Extracto: La Presidencia de la República designó al señor Daniel Patricio Correia Peñaherrera como Director General del Centro Nacional de Inteligencia. Además, derogó el Decreto Ejecutivo Nro. 477 de 20 de agosto de 2026, mediante el cual se había efectuado la designación del Director General Encargado. El Decreto Ejecutivo entró en vigencia a partir de su suscripción, el 03 de septiembre de 2026.

Extracto: La Presidencia de la República aceptó la renuncia del Dr. Enrique Herrería Bonnet al cargo de Secretario General Jurídico y designó al señor Aldrin Fernando Gómez Valdiviezo como nuevo Secretario General Jurídico de la Presidencia de la República. Según informó la Presidencia, la salida de Herrería se produjo una vez cumplido el compromiso de conformar un equipo de profesionales encargado de garantizar y coordinar la elaboración de normas orientadas al proceso de modernización del Estado, tras lo cual retomará sus actividades profesionales en el sector privado. Aldrin Gómez, quien formó parte de dicho equipo, asumirá las funciones de la Secretaría General Jurídica. El Decreto derogó el Decreto Ejecutivo Nro. 230 de 21 de noviembre de 2025 y entró en vigencia a partir de su suscripción, el 02 de septiembre de 2026.

Extracto: La Presidencia de la República declaró como prioridad nacional la continuidad y fortalecimiento de las acciones de prevención y preparación frente a los posibles efectos del fenómeno El Niño, en el marco de la alerta roja vigente en todo el territorio nacional. El Decreto dispuso la ejecución coordinada de acciones de prevención, preparación, respuesta y recuperación por parte de las entidades competentes, conforme a los lineamientos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y de los Comités de Operaciones de Emergencia. Adicionalmente, encargó al Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo adoptar las medidas presupuestarias necesarias para garantizar la asignación oportuna de recursos; instó a los gobiernos autónomos descentralizados a priorizar sus planes de acción; y, dispuso fortalecer el monitoreo permanente de las condiciones oceánicas, atmosféricas, meteorológicas e hidrológicas. Las acciones de las entidades de la Función Ejecutiva se articularán con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos mientras permanezca vigente la alerta roja. El Decreto Ejecutivo entró en vigencia a partir de su suscripción, el 31 de agosto de 2026.

Extracto: La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos declaró Alerta Roja en todo el territorio nacional por la presencia y evolución del fenómeno El Niño. La decisión se sustentó en el Informe Técnico Nro. SNGR-SGIAR-2026-008, que confirmó el cumplimiento de los criterios técnicos para declarar oficialmente el evento en Ecuador y advirtió que, aunque no implica el inicio inmediato de lluvias intensas generalizadas, se mantienen condiciones diferenciadas entre regiones, con lluvias y eventos puntuales en el Litoral, así como déficit de precipitaciones y temperaturas elevadas en la región Interandina. Además, el informe señaló que El Niño continuaría fortaleciéndose hasta finales de 2026 y estimó para el trimestre octubre-diciembre una probabilidad del 69% de alcanzar un evento de magnitud histórica. La Resolución dispuso e instó a los gobiernos autónomos descentralizados y demás instituciones competentes a activar los Comités de Operaciones de Emergencia, coordinar procedimientos, planes y protocolos, reforzar el monitoreo y ejecutar los planes de acción correspondientes. La Resolución entró en vigencia a partir de su suscripción, el 29 de agosto de 2026.