Extracto: La Corte consideró que el diseño territorial adoptado por el Consejo de la Judicatura al crear Unidades judiciales especializadas en materia constitucional únicamente en determinadas ciudades podría imponer cargas excesivas a las personas usuarias, especialmente a quienes habitan en zonas lejanas a las cabeceras donde se pretendían instalar las salas, lo que podría configurar una medida regresiva y contraria al principio de territorialidad. No concedió la medida cautelar solicitada, al no haberse justificado de forma concreta la necesidad de suspensión inmediata. La Corte Constitucional examinó si la resolución impugnada vulneraba el derecho al acceso a la justicia (art. 75 CRE) y las garantías del debido proceso en el marco de las particularidades y naturaleza de la jurisdicción constitucional. Aunque el Consejo de la Judicatura tiene competencias para organizar la administración de justicia, dicha facultad debe ejercerse respetando los estándares de la jurisdicción constitucional, especialmente aquellos que garantizan el acceso efectivo, oportuno y no restrictivo a la justicia constitucional.

Extracto: La Corte declaró la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo 1053 y del Acuerdo Ministerial MDT-2020-117, por cuanto determinó que tanto el Decreto Ejecutivo 1053 como el Acuerdo MDT-2020-117 regulaban directamente derechos laborales, como la reducción de la jornada a 30 horas y la conclusión de una reducción de la remuneración de los servidores públicos, materias que, conforme al artículo 132.2 de la Constitución, solo pueden ser reguladas por ley expedida por la Asamblea Nacional. Al haber introducido tales modificaciones mediante norma reglamentaria, sin habilitación expresa, se vulneró el principio de reserva de ley. Además, se afectó la seguridad jurídica, al alterar el contenido esencial del derecho al trabajo sin respaldo legislativo.

Extracto: La Unidad de Análisis Financiero y Económico incluyó como sujetos obligados a los operadores de pronósticos deportivos que desarrollen esta actividad en el país a través de plataformas digitales autorizadas, conforme a los requisitos del Ministerio del Deporte. La norma dispone que estos actores deberán implementar un sistema de prevención de riesgos de lavado de activos, contar con un manual de prevención, designar un Oficial de Cumplimiento y obtener su código de registro en el plazo de 3 meses. La Resolución entrará en vigencia con su publicación en el Registro Oficial, hecho que no se ha dado hasta el cierre del presente boletín

Extracto: La Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados derogó la metodología de preselección de firmas auditoras aplicable a los fideicomisos administrados por la entidad. La Resolución entró en vigencia desde su expedición, el 02 de abril de 2026, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

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