Extracto: La Corte Constitucional concluyó que la Sala Provincial vulneró el derecho a la seguridad jurídica al desconocer el precedente vinculante establecido en la sentencia 2555-21-EP/24, al aceptar una acción de protección que analizó la corrección técnica y legal de un acta de determinación tributaria. La Corte reconstruyó y aplicó la regla según la cual, si una sentencia de acción de protección examina la correcta aplicación de criterios legales y técnicos para emitir un acta de determinación tributaria y resuelve una pretensión cuya especificidad corresponde a la vía contencioso-tributaria, entonces vulnera la seguridad jurídica por aceptar una acción manifiestamente improcedente. Al verificar que la Sala Provincial revisó la aplicación del artículo 28 de la Ley de Régimen Tributario Interno y dejó sin efecto el acta de determinación sobre esa base. La Corte precisó que se vulnera la seguridad jurídica cuando se superpone una sentencia constitucional a una decisión previa de la jurisdicción ordinaria sobre los mismos hechos, cargos y pretensiones, pues ello desconoce la existencia de una vía adecuada y eficaz ya agotada. En consecuencia, determinó que la aceptación de la acción de protección implicó una doble infracción: (i) admitir una garantía manifiestamente improcedente y (ii) desconocer la cosa juzgada en sede contencioso-tributaria. Por ello, dejó sin efecto la sentencia impugnada, declaró la improcedencia de la acción de protección y ordenó su archivo.

Extracto: La Corte Constitucional determinó que no corresponde utilizar la acción de hábeas data para solicitar la rectificación de una deuda registrada en bases de datos de una entidad financiera cuando existe controversia sobre el pago o extinción del crédito. La Corte concluyó que, en estos casos, la veracidad de la información depende de la resolución de una disputa contractual que debe tramitarse en la jurisdicción ordinaria y no mediante una garantía constitucional. En consecuencia, declaró la invalidez del proceso de hábeas data, dispuso el archivo de la causa y estableció que los jueces de apelación que aceptaron la acción incurrieron en error inexcusable, mientras que el abogado accionante incurrió en abuso del derecho al desnaturalizar el objeto de la garantía constitucional.

Extracto: La Corte Constitucional estableció, que un acta de mediación no constituye objeto de acción de protección, al tratarse de un instrumento que surge del acuerdo voluntario de las partes dentro de un mecanismo autocompositivo de solución de conflictos, y no de un acto u omisión atribuible a una autoridad pública o privada en los términos del artículo 88 de la Constitución. En consecuencia, aunque el acta tenga efectos de sentencia ejecutoriada, no posee naturaleza jurisdiccional ni encuadra en los supuestos que habilitan la acción de protección, por lo que su eventual impugnación debe canalizarse a través de las vías ordinarias correspondientes. Asimismo, la Corte precisó que la inobservancia normativa por parte de los jueces, al calificar erróneamente el acta de mediación como acto jurisdiccional, no genera automáticamente una vulneración a la seguridad jurídica, si dicha infracción carece de relevancia constitucional y no afecta el resultado del proceso, como ocurrió en el caso, donde la inadmisión de la acción se mantuvo por falta de objeto. Finalmente, reiteró que la garantía de motivación se satisface cuando la decisión contiene fundamentación normativa y fáctica suficiente, sin que los jueces estén obligados a pronunciarse sobre el fondo del asunto si previamente determinan la inadmisibilidad de la acción, descartando así la vulneración del debido proceso.

Extracto: La Corte Constitucional concluyó que el párrafo 169 de la sentencia 3-19-JP/20 y acumulados no constituye un precedente en sentido estricto, por cuanto no deriva de la resolución de un caso concreto mediante la subsunción de hechos específicos en una regla jurídica con una consecuencia claramente definida. En su análisis, la Corte precisó que, si bien dicho párrafo contiene un criterio jurisprudencial general sobre la protección especial de mujeres embarazadas y en período de lactancia, este no cumple con los elementos estructurales del precedente vinculante, razón por la cual no puede ser analizada como una violación al Derecho de Seguridad Jurídica.

Extracto: La Corte Constitucional concluyó que no procede ejercer control de constitucionalidad contra el artículo innumerado primero de la sección segunda, agregada a continuación del artículo 32 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos , por el artículo 1 de la Ley Orgánica Derogatoria a la Ley de Burós de Información Crediticia y Reformatoria a la Ley del Sistema Nacional del Registro de Datos Públicos, a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario y a la Ley de Compañías. Al constatar que esta fue expresamente derogada y que no se configura ni unidad normativa ni efectos ultractivos que justifiquen un pronunciamiento de fondo. En su análisis, la Corte verificó que el contenido del artículo cuestionado, relativo a límites temporales y montos para el reporte de información crediticio, no ha sido reproducido en la normativa vigente ni contiene efectos jurídicos posteriores a su derogatoria, y que el régimen actual de información crediticia se encuentra regulado de manera autónoma en el Código Orgánico Monetario y Financiero. En consecuencia, al no subsistir la norma en el ordenamiento jurídico ni generar efectos contrarios a la Constitución.