
COMPENDIO

Auto de Selección No. 1720-23-JP
Extracto: La Sala de Selección de la Corte Constitucional escogió para desarrollo de su jurisprudencia el presente caso en el cual una persona con discapacidad, por intermedio de su padre, presentó una Acción de Protección (AP) contra la empresa que lo empleaba, ya que consideró que se vulneraron sus derechos al ser inducido a firmar su renuncia voluntaria, lo cual fue contradicho por la empresa accionada que indicó que el empleador fue quien presentó su renuncia. La Corte consideró que si bien ha desarrollado una amplia jurisprudencia sobre el derecho al trabajo y la protección laboral reforzada de las personas con discapacidad, estos pronunciamientos se han enfocado en relaciones laborales con el Estado, por ello el presente caso representa una oportunidad para ampliar la línea jurisprudencial en lo que respecta a las relaciones laborales entre privados y, en particular, de aquellas que finalizan por voluntad del trabajador con discapacidad intelectual. Además, se podrían establecer estándares de protección en situaciones donde las propias decisiones del trabajador podrían afectar el ejercicio de sus derechos.
Número:
Proponente:
Emisor: Corte Constitucional
Número de Registro Oficial:
Fecha de expedición del documento (dia/mes/año): 08/04/2025
Fecha de publicación en Registro Oficial (dia/mes/año):
PROCEDIMIENTO DE REVISIONES PREVIAS A LOS REQUERIMIENTOS DE CONSUMO EN EL SISTEMA NACIONAL DE REGISTROS PÚBLICOS
Extracto: previas a los requerimientos de consumo en el Sistema Nacional de Registros Públicos (SINARP), en cumplimiento de la Disposición Transitoria Tercera de la Resolución No. 003-NG-DINARP-2025. Dicha disposición estableció que, en el plazo de 30 días, la Dirección de Normativa debía elaborar la normativa correspondiente que regule este procedimiento. Al respecto, la norma tiene por objeto establecer el procedimiento aplicable a las revisiones previas de los requerimientos de consumo solicitados por las entidades incorporadas al SINARP. En cuanto a la solicitud de revisiones previas, estableció que las entidades que deseen acceder a los servicios de Interoperabilidad, Infodigital y/o Ficha de Registro Único del Ciudadano (FRUC) deberán remitir su solicitud al correo institucional designado por la DINARP, adjuntando la documentación habilitante prevista en la normativa vigente. Finalmente, dispuso que la Coordinación de Infraestructura y Seguridad Informática, la Coordinación de Gestión, Registro y Seguimiento, y la Coordinación de Normativa y Protección de la Información deberán acompañar y coordinar mesas de trabajo, en caso de que las entidades lo requieran, para facilitar la efectiva aplicación de la resolución. La Resolución entró en vigencia a partir de su suscripción.
Número: Resolución No. 007-NG-DINARP-2025
Proponente:
Emisor: Dirección Nacional de Registros Públicos
Número de Registro Oficial: Primer Suplemento Registro Oficial No. 70
Fecha de expedición del documento (dia/mes/año): 05/06/2025
Fecha de publicación en Registro Oficial (dia/mes/año): 30/06/2025
Auto de Admisión No. 12-25-IN
Extracto: La Corte Constitucional admitió a trámite una demanda de inconstitucionalidad contra la Resolución 006-2025 del Consejo de la Judicatura, que creó Unidades Judiciales y Salas Distritales Especializadas de lo Constitucional. Los accionantes alegan que dicha medida es regresiva y restringe el acceso a la justicia, al alejar territorialmente a las personas del juez natural para tramitar garantías jurisdiccionales, lo que contravendría el artículo 86 de la Constitución, la reforma aprobada vía referéndum en 2024, y estándares de inmediatez, igualdad y simplicidad procesal. Aunque la Corte consideró que los argumentos eran claros y específicos, negó la suspensión provisional de la resolución por falta de fundamentación individualizada.
Número:
Proponente:
Emisor: Corte Constitucional
Número de Registro Oficial:
Fecha de expedición del documento (dia/mes/año): 25/03/2025
Fecha de publicación en Registro Oficial (dia/mes/año):
Auto de Admisión No. 89-24-IN
Extracto: La Corte Constitucional admitió a trámite una acción pública de inconstitucionalidad presentada por la Presidencia de la República contra varios artículos de la Ley Orgánica para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres (LOGIRD) y su fe de erratas. El Ejecutivo alegó que la Asamblea Nacional publicó un texto distinto al aprobado en segundo debate y a lo objetado por el Presidente, e introdujo correcciones sustantivas mediante una fe de erratas, afectando normas como la definición de “amenaza” (art. 5), la responsabilidad administrativa de autoridades (arts. 80 y 81) y la integración del Comité de Reducción de Riesgos (art. 25.5). La demanda sostiene que se vulneraron normas esenciales del procedimiento legislativo, como la participación del Ejecutivo en el proceso de formación de la ley (arts. 132 a 140 CRE), al modificar sustancialmente el contenido mediante un mecanismo no previsto por la Constitución ni la Ley Orgánica de la Función Legislativa. También se invocó la violación de los principios de legalidad (art. 226 CRE) y seguridad jurídica (art. 82 CRE) al publicar un cuerpo normativo sin legitimidad formal ni respaldo en votación plenaria. La Corte consideró que los argumentos eran claros, pertinentes y específicos, por lo que ordenó correr traslado a la Asamblea y a la Procuraduría para que emitan pronunciamiento.
Número:
Proponente:
Emisor: Corte Constitucional
Número de Registro Oficial:
Fecha de expedición del documento (dia/mes/año): 10/04/2025
Fecha de publicación en Registro Oficial (dia/mes/año):
Resolución No. 02-2024
Extracto: La Corte Nacional de Justicia declaró como jurisprudencia obligatoria que la competencia para conocer reclamos por fondos de reserva varía según el régimen de pago elegido por el trabajador: si optó por recibirlos directamente y mensualmente del empleador, la vía judicial laboral es la procedente; si eligió que el IESS los administre, la vía es administrativa ante dicha entidad. La decisión se basa en una línea jurisprudencial reiterada en al menos cuatro fallos entre 2021 y 2024, donde se concluye que el derecho a los fondos de reserva —vigente tras el primer año de trabajo— puede ejercerse judicial o administrativamente, dependiendo de la modalidad elegida, con el fin de salvaguardar tanto el acceso efectivo al derecho como las competencias institucionales correspondientes.
Número:
Proponente:
Emisor: Corte Constitucional
Número de Registro Oficial:
Fecha de expedición del documento (dia/mes/año): 13/03/2024
Fecha de publicación en Registro Oficial (dia/mes/año):

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