Extracto: Como es de conocimiento, el Ejecutivo remitió nuevamente este Proyecto de Ley a la Asamblea Nacional, manteniéndose su texto al presentado semanas atrás. Se plantea la autonomía del BCE, se instauran sistemas de respaldo en el Balance del BCE, entre otras disposiciones. Se espera su calificación por parte del CAL para que sea tratado con el carácter de económico urgente.

Extracto: De iniciativa del asambleísta René Yandún, se propone que serán modalidades para la prestación de servicios de seguridad: seguridad física (en la que se incluye la seguridad en transporte de fondos y valores); seguridad tecnológica; investigaciones, consultorías y asesoría; y, seguridad conexa o afín. Se propone crear una Agencia de Regulación y Control, la cual tendrá como una de sus funciones aprobar los permisos de operación de estas compañías, de las de transporte de valores, certificados de seguridad bancaria y autorización de operación de vehículos blindados de transporte de valores.

Extracto: De iniciativa del asambleísta José Serrano, se propone reformar el Art. 164 del COA, incorporando a las disposiciones sobre la “Notificación” que, con independencia de que esta se realice en físico o por medios digitales, las entidades públicas enviarán un aviso a un dispositivo electrónico o a un correo electrónico del interesado, previamente proporcionados por el mismo, o a través de una llamada telefónica, informándole de dicha notificación. Quedando cualquiera de estos avisos de constancia en el expediente. Entre otras reformas.

Extracto: Se propone reformar el numeral 3 del Art. 26 de la referida Ley, incorporando que tendrán acceso a créditos en instituciones financieras públicas y privadas, las mismas que deberán establecer líneas de financiamiento preferenciales para proyectos turísticos calificados por el Ministerio del ramo, con la finalidad de impulsar y promocionar el desarrollo de la actividad turística del país.

Extracto: De iniciativa del asambleísta Fabricio Villamar, se propone derogar el Art. 307 del COIP, el cual hace referencia a “Pánico económico”, disponiendo que, la persona que publique, difunda o divulgue noticias falsas que causen daño a la economía nacional para alterar los precios de bienes o servicios con el fin de beneficiar a un sector, mercado o producto específico, será sancionada con prisión de 5 a 7 años.