Extracto: La Corte Constitucional emitió Dictamen Parcialmente favorable No. 7-23-UE/23, considerando que dicho Decreto-Ley posee el carácter de urgente en materia económica, al constituir una circunstancia apremiante la inminente llegada del fenómeno del Niño. Sin embargo, la Corte identificó entre otras disposiciones reformatorias, que dentro de las que se incluía la prenda acuícola y el decomiso especial, son inconstitucionales debido a que las mismas resultarían contrarias al principio de legalidad en materia de reserva de ley, al pretender trasladar la configuración que debería ser realizada a través de la legislación, a una norma técnica o reglamento.

Extracto: La Corte Constitucional emitió Dictamen No favorable No. 6-23-UE/23, considerando que dicho proyecto de Decreto-Ley no es de carácter económico urgente, debido a que las medidas propuestas no serían aplicables de forma inmediata, sino que permitirían tener una mejor planificación en cuanto a una posible materialización de riesgos fiscales que podrían generarse en el mediano y largo plazo. Adicional a ello, la Corte observó inconstitucionalidades manifiestas en el contenido del proyecto de Decreto-Ley en contra de derechos constitucionales, particularmente contra el derecho a la salud y no regresividad de derechos.

Extracto:

Extracto: La Sala de Admisión de la Corte admitió a trámite el presente caso considerando que el mismo le permitiría ampliar la línea de precedente jurisprudenciales respecto a la extralimitación de funciones de autoridades judiciales y su relación con el derecho al debido proceso. Se dispuso que la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas presente un informe de descargo ante la Corte Constitucional del Ecuador, en el término de diez días contados a partir de la notificación con el presente auto, respecto de las demandas que motivan la presente acción.

Extracto: Los accionantes alegan la inconstitucionalidad del artículo 282 numeral 3 del COFJ, que contempla la citación y notificación de los imputados o procesados en indagaciones previas e investigaciones procesales. A criterio de los accionantes, la norma impugnada desconoce la naturaleza pre procesal de la investigación previa, y anula el rol de la Fiscalía General. Además, promueve que el investigado se anticipe a cualquier diligencia que disponga Fiscalía.