Extracto: La Corte admite a trámite una EP presentada en contra de una sentencia de AP propuesta en contra del IESS por temas relacionados con la prestación de viudez. La Corte considera que el presente caso le permitiría desarrollar su jurisprudencia debido a que la Corte Provincial ordenó que el pago de la pensión de viudez se compute desde la fecha de la sentencia de la AP y no desde el fallecimiento del cónyuge, por lo tanto, se podría dejar un precedente sobre la fecha de reconocimiento de la vulneración de derechos.

Extracto: La Corte Constitucional admite a trámite una acción extraordinaria de protección presentada contra el auto que declaró el desistimiento tácito de una AP con medidas cautelares propuesta por el accionante contra el Consejo de la Judicatura. La accionante alegó la vulneración de su derecho a la defensa, toda vez que, en primer lugar, no fue atendido su pedido de diferimiento; además, señaló que el auto impugnado vulneró el derecho a la motivación por resultar incoherente pues, a pesar de que en un primer momento habría declarado la audiencia fallida, luego declaró el desistimiento tácito sosteniendo un lapsus calami en la anterior decisión y sin explicar las razones por las que declaró el abandono de la audiencia. La CCE admitió dicho caso con el objetivo de establecer precedentes jurisprudenciales respecto a la posible afectación del derecho al debido proceso en la aplicación de las reglas de trámite en cuanto al desistimiento tácito.

Extracto: La Corte admite a trámite una IN presentada en contra del tercer inciso del artículo 8 del Reglamento para la aplicación de la LORCPM, en el que se establecen las conductas colusorias en contratación y subastas públicas, y la facultad de la SCE para determinar otros acuerdos y prácticas restrictivas adicionales a las prescritas en dicho artículo. La Corte identifica que la norma contiene un procedimiento administrativo sancionador discrecional y la posibilidad de transgredir el principio de tipicidad y legalidad.

Extracto: La Corte admite a trámite la IN presentada en contra de varios artículos de una ordenanza del GADM Arenillas que regula el cobro de la tasa sobre el uso y ocupación del suelo urbano y rural, en el que los accionantes señalan que las disposiciones son incompatibles con los principios de provocación y recuperación de costos, equivalencia, equidad, competencia, legalidad, coordinación, proporcionalidad, razonabilidad y no confiscatoriedad. En ese sentido, la Corte considera que el caso permite el desarrollo de jurisprudencia respecto de los principios presuntamente vulnerados.

Extracto: La Corte admite a trámite la consulta sobre la constitucionalidad del artículo 126 del Código Civil, el cual prohíbe disolver el vínculo matrimonial por divorcio cuando uno de los cónyuges se hubiere vuelto persona con discapacidad intelectual o persona sorda, que no puede darse a entender de manera verbal, por escrito o por lengua de señas. Los jueces consultantes identifican una potencial vulneración al principio de igualdad, el derecho a la no discriminación y la tutela judicial efectiva. Respecto de este último, señalan que la norma deja sin escenario procesal al accionante y accionada frente al impedimento que dicha norma establece al configurar una negativa anticipada de su derecho de acción, pues una persona con discapacidad intelectual no podría divorciarse de ninguna manera.