Extracto: La Corte desestimó la EP presentada en contra de la sentencia de una CPJ del país que aceptó la acción de nulidad contra un laudo arbitral y los autos que negaron la aclaración y ampliación de dicha sentencia, en la que habría fundamentado su decisión en las apreciaciones sobre el arbitraje en equidad, identificando una posible extralimitación de funciones por parte de la CPJ.

Extracto: En sentencia de revisión, la Corte declaró la desnaturalización de una AP presentada por una persona jurídica en contra de la providencia judicial que ordenó la incautación de bienes dentro de una investigación por el delito de lavado de activos. La Corte identificó que el uso de la garantía jurisdiccional tenía por objeto interferir indebidamente en el desarrollo de la investigación penal, en perjuicio de la independencia judicial.

Extracto: La Corte Constitucional, en ejercicio de su facultad de revisión, examinó una acción de habeas data empleada por una persona dentro de una controversia laboral, en donde buscada mediante dicha acción la rectificación de la fecha en la cual inició su relación laboral pues la parte empleadora sostenía que era otra fecha, y esto perjudicaba su derecho al acceso a su jubilación.

Extracto: La Corte declaró la vulneración del derecho al debido proceso en la garantía del cumplimiento de las normas y derechos de las partes de una persona trabajadora portadora de VIH, por cuanto la Sala Única de la CPJ de Santa Elena no habría observado el principio de inversión de la carga de la prueba en garantías jurisdiccionales en el caso del despido de dicha persona.

Extracto: La Corte desestimó la IN propuesta respecto del artículo 46 del COMF y el artículo 170 del COFPF, referentes a la inembargabilidad de los depósitos de las entidades públicas, los recursos de la COSEDE, Fondo de Liquidez, Fondo de Seguros Privados en el BCE, y recursos públicos, que según los accionantes son incompatible con el derecho a la tutela judicial efectiva. Al respecto, la Corte concluyó que las normas no resultan contrarias al ordenamiento jurídico por cuanto las limitaciones que prevé la normativa para el embargo de recursos públicos no pueden ser utilizadas como justificaciones para que el Estado pueda incumplir sentencias que lo hayan condenado al pago de indemnizaciones, por el contrario, su finalidad es la de garantizar los principios constitucionales de planificación, liquidez y estabilidad de las finanzas públicas. Ampliando el criterio, la Corte destacó que las normas impugnadas constituyen herramientas técnicas para ordenar el gasto público y limitar su gasto excesivo, además de mencionar que el artículo 170 del COPFP ya contempla condiciones para que el Estado pueda cumplir con sus obligaciones derivadas de sentencias ejecutoriadas.