Extracto: El Ministerio del Trabajo reformó integralmente la normativa que regula la certificación de sustitutos de personas con discapacidad. La reforma redefine el enfoque hacia discapacidades calificadas como graves, muy graves o completas por el MSP; establece nuevos requisitos para mayores de 18 años no afiliados bajo relación de dependencia; aclara que la afiliación voluntaria al IESS no implica pérdida del estatus de sustituto; y fija que, para fines de inclusión laboral, se deberá presentar el contrato o certificado laboral. Además, otorga 30 días a los empleadores para registrar la información en el sistema del MDT, bajo sanción de USD 200 por cada incumplimiento, y ratifica que solo el MSP puede valorar el porcentaje de discapacidad. La norma entró en vigencia desde su suscripción, esto es, desde el 22 de agosto de 2025.

Extracto: La Junta de Política y Regulación Financiera reformó la norma del Fondo de Liquidez aplicable a entidades del sistema financiero privado y popular y solidario, con el objetivo de fortalecer su marco operativo y de gobernanza. Se clarifica la naturaleza de los derechos fiduciarios, se definen las funciones del Directorio y Administración de COSEDE, así como del BCE como administrador fiduciario, y se establece un cronograma escalonado de aportes hasta 2037. Se reformulan los tipos de créditos de liquidez (ordinarios, corrientes y extraordinarios) con nuevas condiciones de acceso, plazos, límites y garantías. Se incorporan requisitos específicos para fideicomisos de garantía y una política detallada de inversión del fondo. Además, se establece como causal de liquidación forzosa el no reintegro en un día de fondos usados para cubrir obligaciones con el BCE. La Resolución entrará en vigencia el 06 de octubre de 2025.

Extracto: La Superintendencia de Bancos reformó integralmente la norma de evaluación y gestión de riesgos ambientales y sociales (SARAS), con el fin de incorporar de forma sistemática estos criterios en el análisis crediticio, monitoreo de cartera y toma de decisiones. La norma se aplicará a operaciones de crédito productivo y microcrédito, y excluye ahora la regulación sobre consumo sostenible. Se fortalece la estructura de gobernanza, se definen responsabilidades para Directorio, Gerencia y CAIR, y se introduce el rol de un Oficial de Riesgo Ambiental y Social. Además, se exige un Manual de Prácticas SARAS, el envío de reportes anuales hasta el 31 de marzo, y la publicación permanente de la política SARAS y lista de exclusión. Las entidades tienen hasta el 29 de agosto de 2026 para su implementación. La Resolución entró en vigencia desde su suscripción, esto es, desde el 29 de agosto de 2025.

Extracto: El pleno del Consejo de la Judicatura aprobó la Metodología para el uso de la aplicación “EFJ DIGITAL” para la obtención del carné digital profesional argumentando que la implementación del carné profesional digital con código QR representa un avance significativo en el proceso de modernización institucional, al permitir su emisión inmediata, verificación remota, acceso permanente y contar con igual validez jurídica que el carné físico, optimizando la eficiencia operativa, la trazabilidad y la seguridad jurídica en beneficio de las y los usuarios del sistema de justicia. La resolución entró en vigencia desde su publicación en el Registro Oficial No. 112 de 28 de agosto de 2025.

Extracto: La Ley Orgánica de Regulación contra la Competencia Desleal entró en vigencia desde su publicación en el Registro Oficial. La Ley tiene por objeto proteger la competencia leal y los intereses legítimos de competidores y consumidores en el mercado. Entre las conductas tipificadas se incluyen actos de confusión, engaño, imitación, denigración, abuso de dependencia económica y prácticas de venta piramidal. La Superintendencia de Competencia Económica será la autoridad competente para investigar y sancionar estos actos, pudiendo imponer medidas correctivas y preventivas. Las multas por conductas de competencia desleal pueden alcanzar hasta el 12% de los ingresos brutos del infractor, y se contemplan sanciones adicionales por incumplimiento de requerimientos o medidas disuasorias, así como la posibilidad de presentar acciones judiciales para declarar, cesar o resarcir actos de competencia desleal. La Ley entró en vigencia desde su publicación en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 113 de 29 de agosto de 2025.