
COMPENDIO

Ejecución coactiva de títulos valores otorgados en garantía por entidades en liquidación forzosa Pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado
Extracto: La Procuraduría General del Estado absolvió la consulta formulada por la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias respecto de la posibilidad de gestionar la ejecución coactiva de títulos valores recibidos mediante endoso en garantía por parte de una organización sometida a liquidación forzosa. Al respecto, determinó que la facultad de ejecución coactiva puede ejercerse cuando la entidad sea titular del crédito y respecto de obligaciones actualmente exigibles a su favor. En su pronunciamiento, la Procuraduría precisó que, cuando se trate de obligaciones garantizadas con títulos valores otorgados por una entidad en liquidación forzosa, su cobro debe gestionarse exclusivamente dentro del respectivo proceso de liquidación. En consecuencia, dicho cobro debe observar el orden de prelación previsto en el artículo 315 del Código Orgánico Monetario y Financiero y realizarse bajo responsabilidad del liquidador designado, lo que reafirma la prevalencia del régimen especial de liquidación forzosa frente a mecanismos individuales de cobro.
Número: Oficio Nro. 14269
Proponente: N/A
Emisor: Procuraduría General del Estado
Número de Registro Oficial:
Fecha de expedición del documento (dia/mes/año):
Fecha de publicación en Registro Oficial (dia/mes/año):
Prohibición de ejercer cargos en instituciones financieras para funcionarios de nivel jerárquico superior del Banco Central del Ecuador
Extracto: La Procuraduría General del Estado absolvió la consulta formulada por el Banco Central del Ecuador respecto de la aplicación de la prohibición de ejercer cargos en instituciones del Sistema Financiero Nacional y de Valores y Seguros a los funcionarios de nivel jerárquico superior de dicha entidad. Al respecto, señaló que la prohibición prevista en el inciso cuarto del artículo 8 del cuerpo normativo aplicable resulta extensiva a estos funcionarios. La Procuraduría sustentó su criterio en que el Banco Central del Ecuador ejerce funciones de supervisión, control y sanción sobre los sistemas auxiliares de pago e infraestructuras de transferencia de recursos monetarios que forman parte del sistema financiero privado. El pronunciamiento reafirma que las restricciones aplicables a autoridades o funcionarios con competencias de supervisión, control o sanción también alcanzan a quienes, desde el Banco Central, ejercen funciones con incidencia directa sobre infraestructuras vinculadas al sistema financiero.
Número: Oficio Nro. 14211
Proponente: N/A
Emisor: Procuraduría General del Estado
Número de Registro Oficial:
Fecha de expedición del documento (dia/mes/año):
Fecha de publicación en Registro Oficial (dia/mes/año):
Competencia de la Junta para regular créditos preferentes para personas con discapacidad
Extracto: La Procuraduría General del Estado absolvió la consulta formulada por la Superintendencia de Bancos respecto de la autoridad competente para emitir la regulación aplicable a los créditos preferentes previstos en el inciso segundo del artículo 61 de la Ley Orgánica de las Personas con Discapacidad. Determinó que la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria es el órgano competente para formular la política crediticia y expedir la regulación financiera de carácter general, lo que comprende el establecimiento del sistema de tasas de interés y la creación de productos financieros dirigidos a grupos de atención prioritaria, como las personas con discapacidad. La Procuraduría concluyó que corresponde a la Junta emitir la regulación sobre la entrega de los créditos preferentes previstos en la Ley Orgánica de las Personas con Discapacidad, sin perjuicio de que en la misma se haya establecido atribuciones regulatorias a la Superintendencia de Bancos. Este criterio delimita el alcance de las competencias regulatorias entre la Junta y el organismo de control, reafirmando que la regulación financiera general corresponde al órgano de política y regulación financiera.
Número: Oficio Nro. 14354
Proponente: N/A
Emisor: Procuraduría General del Estado
Número de Registro Oficial:
Fecha de expedición del documento (dia/mes/año):
Fecha de publicación en Registro Oficial (dia/mes/año):
Decreto Ejecutivo Nro. 387: Reforma al régimen de zonas francas para actividades de servicios tecnológicos
Extracto: La Presidencia de la República reformó el Reglamento General a la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, con el fin de desarrollar el régimen aplicable a las zonas francas industriales de servicios tecnológicos. El Decreto define estas zonas como espacios delimitados destinados a facilitar la instalación de prestadores de servicios vinculados con telecomunicaciones, tecnologías de la información, procesamiento y almacenamiento de datos, gestión de bases de datos, computación, investigación científica y tecnológica, entre otros. También incorpora una definición específica de actividades de servicios tecnológicos, dentro de las cuales se incluyen servicios financieros tecnológicos (Fintech), ciberseguridad, arquitectura de datos, blockchain, inteligencia artificial, software, plataformas tecnológicas, videojuegos, realidad virtual y desarrollo tecnológico. Adicionalmente, regula la modalidad de trabajo híbrido y remoto para estas zonas, sujeta a autorización del ente rector de inversiones y al cumplimiento de condiciones de trazabilidad digital, generación de empleo y operación principal dentro de la zona franca. El Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial, hecho que no ha sucedido hasta el cierre de este Boletín.
Número: Decreto Ejecutivo Nro. 387
Proponente: N/A
Emisor: Presidente de la República
Número de Registro Oficial: Quinto Suplemento R.O. Nro. 288
Fecha de expedición del documento (dia/mes/año): 18/05/2026
Fecha de publicación en Registro Oficial (dia/mes/año): 20/05/2026
Resolución Nro. SB-IGGI-2026-1545: Reforma al Reglamento para el ejercicio de la jurisdicción coactiva
Extracto: La Superintendencia de Bancos reformó el Reglamento que regula los procesos de cobro coactivo iniciados bajo la vigencia del Código Orgánico Administrativo, es decir, aquellos procedimientos mediante los cuales la entidad puede cobrar obligaciones pendientes a su favor o de terceros. La Resolución precisa las etapas del proceso: primero, se debe requerir al deudor el pago voluntario dentro del término de diez días; si no paga, se emite una orden de pago inmediato para que cancele la obligación o dimita bienes dentro del término de tres días; y, de persistir el incumplimiento, se podrán aplicar medidas cautelares como embargo y remate de bienes. También regula la posibilidad de solicitar facilidades de pago hasta por veinticuatro meses, así como las reglas para dación en pago, suspensión del proceso, excepciones judiciales, archivo de causas y tratamiento de obligaciones incobrables. Los procesos iniciados antes de la vigencia del Código Orgánico Administrativo continuarán con la normativa anterior, mientras que los nuevos procedimientos se regirán por este Reglamento. La Resolución derogó las Resoluciones Nro. SB-IGGI-2024-00987 y SB-IGGI-2024-00988 y entró en vigencia desde su suscripción, el 13 de mayo de 2026.
Número: Resolución Nro. SB-IGGI-2026-1545
Proponente: N/A
Emisor: Superintendencia de Bancos
Número de Registro Oficial:
Fecha de expedición del documento (dia/mes/año): 13/05/2026
Fecha de publicación en Registro Oficial (dia/mes/año):

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