Extracto: Emite el Reglamento a la Ley de Prevención a la Orgánica de Prevención, Detección y Combate al Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de otros delitos, el mismo, entre otros, dispone la estructuración del CONCLAFT y la ratificación de la rectoría de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria en materia de lavado de activos en el ámbito financiero. Refuerza las obligaciones de los sujetos obligados en materia de prevención, debida diligencia y confidencialidad de los reportes; y, establece que, previo a la creación, modificación o implementación de nuevos reportes de los Sujetos Obligados, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), promoverá la participación de los mismos en la fase de diseño para garantizar la eficacia de los reportes. Asimismo, desarrolla la medida cautelar administrativa de inmovilización de fondos de la UAFE; excepciona al sistema financiero de la prohibición de transaccionar en efectivo por encima de los 10.000 dólares; y, dispone a la UAFE el mantener disponible para consulta masiva información de PEPS, personas privadas de la libertad, sancionados por el Consejo de Seguridad de la NNUU y OFAC; para el caso de listas PEPS, se establece el término de 90 días (15 junio de 2026) para su emisión. De igual manera, establece varias disposiciones transitorias con plazos establecidos para que la UAFE y otras autoridades públicas actualicen la normativa secundaria, realicen implementaciones tecnológicas y operativas de conformidad con la Ley y el Reglamento. El Decreto entró en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Extracto: Obliga al Sistema Financiero Nacional a implementar medidas mínimas de seguridad física, operativa y tecnológica, acordes al perfil de riesgo de cada entidad. Exige la aprobación de manuales y políticas de Seguridad y Protección por el Directorio y desarrolla medidas específicas sobre bóvedas, alarmas, videovigilancia, transporte de valores, cajeros automáticos, personal de seguridad y seguridad de la información; además, dispone la coordinación entre las Superintendencias y el Ministerio del Interior para generar los mecanismos de emisión, vigencia y renovación del certificado de seguridad. Fija un plazo de cuatro meses para la actualización de la normativa de control aplicable. La Resolución entró en vigencia desde su suscripción, esto es, 30 de enero de 2026.

Extracto: La Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria publicó las tasas de interés activas efectivas máximas aplicables para el mes febrero de 2026. Se fijan nuevas tasas para los subsegmentos de crédito productivo corporativo, productivo empresarial y productivo PYMES; y, segmento inmobiliario. Para los demás segmentos se mantienen iguales al mes anterior.

Extracto: Emite el listado de subpartidas arancelarias beneficiarias de la tarifa diferenciada del Impuesto a la Salida de Divisas (0% para el sector farmacéutico y 2,5% para los sectores productivos), mismas que podrán ser actualizadas conforme a los criterios, condiciones y parámetros para aplicación de las tarifas diferenciadas. El Acuerdo entró en vigencia desde su suscripción, esto es el 29 de enero de 2026.

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