Extracto: La Presidencia de la República del Ecuador dispuso la transferencia de la base de datos de personas con sentencia condenatoria por delitos relacionados con sustancias catalogadas sujetas a fiscalización desde la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) al Consejo de la Judicatura, incluyendo la información administrada previamente por la extinta Secretaría Técnica de Drogas. El Decreto establece que ambas entidades deberán coordinar la transferencia mediante acciones administrativas y tecnológicas, suscribir actas de entrega-recepción y garantizar la integridad, seguridad y continuidad del servicio, asumiendo el Consejo de la Judicatura la competencia exclusiva para su administración, custodia y certificación. El Decreto entrará en vigencia desde su publicación en el Registro Oficial, hecho que no ha ocurrido al cierre de este boletín.

Extracto: El Servicio de Rentas Internas (SRI) amplió el plazo para la presentación de declaraciones de impuestos cuyo vencimiento correspondía al 20 de abril de 2026, debido a intermitencias en sus sistemas que impidieron el cumplimiento oportuno de estas obligaciones. La medida aplica para contribuyentes cuyo noveno dígito del RUC sea 5 o 6, quienes podrán presentar sus declaraciones hasta el 23 de abril de 2026, sin la generación de multas, recargos ni intereses. La Resolución entró en vigencia desde su suscripción, el 20 de abril de 2026.

Extracto: La Corte Nacional de Justicia estableció como criterio vinculante que, cuando la Administración Tributaria identifique valores en cuentas bancarias del contribuyente que considere no declarados, le corresponde acreditar en sede judicial, de manera expresa, dos elementos: (i) que dichos valores constituyen ingresos o incrementos patrimoniales conforme a los numerales 1 y 10 del artículo 8 de la Ley de Régimen Tributario Interno; y (ii) que tales valores son gravables con impuesto a la renta. Este criterio refuerza la carga probatoria de la Administración en procesos tributarios, evitando presunciones automáticas de gravabilidad y garantizando que la determinación tributaria se sustente en prueba suficiente sobre la naturaleza y tratamiento fiscal de los valores observados.

Extracto: La Corte Constitucional declaró la constitucionalidad parcial del Decreto Ejecutivo 174, que declaró estado de excepción por grave conmoción interna. Consideró que solo en Pichincha, Cotopaxi y Chimborazo se acreditó la real ocurrencia de hechos violentos que superaban el régimen ordinario (retención de policías, cierres violentos y afectaciones graves al orden público), configurándose la causal constitucional. En cambio, declaró la inconstitucionalidad de la medida respecto de Tungurahua, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza, por falta de justificación material suficiente. Asimismo, validó la suspensión del derecho de reunión y el empleo de Fuerzas Armadas bajo criterios estrictos de necesidad, proporcionalidad e individualización de actos violentos, enfatizando que la protesta pacífica no puede ser reprimida ni criminalizada bajo el régimen de excepción.

Extracto: La Corte Constitucional concluyó que el Decreto de Estado de Excepción supera parcialmente el control formal y material, al verificarse la existencia de una situación de grave conmoción interna debidamente motivada únicamente las provincias de Guayas, El Oro, Los Ríos, Manabí y Santa Elena durante un lapso de 60 días; sin embargo, reiteró que este mecanismo extraordinario debe observar estrictamente los principios de necesidad, proporcionalidad, temporalidad y territorialidad, descartando cualquier uso preventivo o generalizado. En su análisis, la Corte precisó que las medidas adoptadas deben guardar relación directa con los hechos que justifican la declaratoria, que la limitación de derechos solo procede cuando resulte indispensable para restablecer el orden público y que el despliegue de Fuerzas Armadas debe enmarcarse en funciones constitucionalmente delimitadas. En consecuencia, condicionó la constitucionalidad del decreto al cumplimiento estricto de estos parámetros y mantuvo su facultad de seguimiento durante su vigencia.