Extracto: Designa al señor Jorge Luis Céspedes Duque, como delegado del Presidente de la República para presidir el Directorio de la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados (COSEDE). Jorge Luis es máster en dirección de empresas especializado en ingeniería comercial, finanzas y contabilidad, con una experiencia de más de 20 años en el sector privado, también se ha desempeñado en cargos gerenciales y directivos en empresas dedicadas a los sectores de: alimentos, consultoría y asesorías, venta de electrodomésticos, productos veterinarios y a una ONG de conservación ambiental.

Extracto: Incorpora sanciones por la no presentación o entrega de información incompleta, inexacta o con errores del Informe Integral de Precios de Transferencia de acuerdo al tipo de contribuyente (grandes contribuyentes, contribuyentes especiales u otros tipos de contribuyentes sujetos al régimen de precios de transferencia); así como, establece que el Anexo de Operaciones con Partes Relacionadas y del Informe Integral de Precios de Transferencia correspondientes al periodo fiscal 2023, podrán ser presentados hasta el mes de septiembre de 2024, en las mismas fechas de vencimiento previstas para las declaraciones mensuales de impuestos de cada sujeto obligado.

Extracto: Sustituye únicamente las hojas correspondientes a las cuentas 1401 "Cartera de créditos productivo por vencer - Cartera de Crédito" y 1404 "Cartera de microcrédito por vencer - Cartera de Crédito" en el descriptivo del activo del "Catálogo Único de Cuentas para uso de las entidades de los sectores financieros público y privado”, con el objetivo de adecuar los umbrales de ventas para los segmentos productivo y microcrédito en atención a la reforma realizada mediante Resolución No. JPRF-F-2023-086 de 15 de noviembre de 2023.

Extracto: La Corte desestimó la IN propuesta respecto del artículo 46 del COMF y el artículo 170 del COFPF, referentes a la inembargabilidad de los depósitos de las entidades públicas, los recursos de la COSEDE, Fondo de Liquidez, Fondo de Seguros Privados en el BCE, y recursos públicos, que según los accionantes son incompatible con el derecho a la tutela judicial efectiva. Al respecto, la Corte concluyó que las normas no resultan contrarias al ordenamiento jurídico por cuanto las limitaciones que prevé la normativa para el embargo de recursos públicos no pueden ser utilizadas como justificaciones para que el Estado pueda incumplir sentencias que lo hayan condenado al pago de indemnizaciones, por el contrario, su finalidad es la de garantizar los principios constitucionales de planificación, liquidez y estabilidad de las finanzas públicas. Ampliando el criterio, la Corte destacó que las normas impugnadas constituyen herramientas técnicas para ordenar el gasto público y limitar su gasto excesivo, además de mencionar que el artículo 170 del COPFP ya contempla condiciones para que el Estado pueda cumplir con sus obligaciones derivadas de sentencias ejecutoriadas.

Extracto: La Corte declaró la vulneración del derecho al debido proceso en la garantía de motivación y a la seguridad jurídica del SENADI en el marco de una EP en contra de la sentencia de primera y segunda instancia de una AP y el auto que otorgó medidas cautelares. En el análisis del caso, la Corte determinó que las medidas cautelares otorgadas a una compañía fueron concedidas sin cumplir efectivamente los requisitos determinados en la LOGJCC, por lo tanto, el juez de primera instancia vulneró el derecho al debido proceso en la garantía de motivación. Respecto de la AP, la Corte concluyó que los jueces vulneraron el derecho a la seguridad jurídica al desnaturalizar las garantías jurisdiccionales propuestas por cuanto resolvieron el caso atendiendo a elementos técnicos relativos a derechos de propiedad intelectual, mismas que debieron ser atendidas en sede administrativa.