Extracto: Establece los requisitos y procedimientos para la calificación de las entidades de servicios financieros tecnológicos, en especial la concesión digital de créditos requiriendo, entre otras cosas, contar con estudio de factibilidad económico financiero, tecnología crediticia para los segmentos en los que operan, políticas, procesos y procedimientos para el otorgamiento de créditos, monitoreo de la cartera, identificación y autenticación del cliente. De igual forma, se contemplan disposiciones para obtener la licencia como SEDPES, y la calificación para las Administradoras de Sistemas Auxiliares de Pago.

Extracto: Expide el Reglamento para el procedimiento administrativo sancionador de la UAFE. Al respecto, establece los requisitos básicos del acto administrativo de inicio; contestación y descargo de prueba; falta de contestación y razón; modificación de hechos, calificación, sanción o responsabilidad; resolución; dictamen, multas, reincidencias, impugnación; y, archivo. Sobre las multas, establece que serán aplicadas de forma proporcional, entre otras, de acuerdo al patrimonio técnico, facturación mensual, variable por activos, o reincidencias del sujeto obligado.

Extracto: Establece los métodos de valoración de saldos iniciales y finales para la identificación del incremento patrimonial no justificado para la determinación presuntiva del impuesto a la renta (IR). Dichos métodos, serán aplicables exclusivamente a personas naturales residentes en el Ecuador cuando se identifique un incremento patrimonial no justificado mayor a 10 fracciones básicas desgravadas de impuesto a la renta del año en que se produzca dicho incremento.

Extracto: Cesa las funciones de los Defensores del Cliente de las entidades financieras bajo el control de la Superintendencia de Bancos, disponiendo que cumplirán sus funciones hasta el 15 de noviembre de 2023, y entregarán su cargo de manera formal a los nuevos Defensores designados, con el detalle de la totalidad de los casos cerrados.

Extracto: Reforma los umbrales de ventas para los subsegmentos del crédito productivo y microcrédito, así como establece que las entidades del sistema financiero nacional aplicarán los nuevos parámetros a partir del 01 de marzo de 2024.