Extracto: La PGE concluye que, de conformidad con lo previsto en el artículo 312 del Libro I del COMYF, entre las funciones del Liquidador de una entidad financiera consta el rendir cuenta detallada de su administración y elaborar, según corresponda, el balance final de liquidación o suscribir el acta de carencia de patrimonio. La oportunidad de constituir fideicomisos mercantiles cuando exista inviabilidad económica es un aspecto técnico y operativo, que compete regular a la Junta de Política y Regulación Financiera, de acuerdo con el numeral 25 del Art. 14.1 del COMYF.

Extracto:

Extracto: De conformidad con el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado corresponde a este organismo autorizar transacciones, esto es acuerdos en los que existan concesiones recíprocas entre las partes. En tal virtud, los acuerdos que surjan en los procesos de mediación en materia tributaria que impliquen acuerdos sobre la forma de cumplir obligaciones o la verificación del cumplimiento de las condiciones establecidas en la normativa, sin que exista de por medio concesiones recíprocas, no constituyen transacción y por lo tanto no requieren la autorización previa del Procurador General del Estado, en los términos señalado en el artículo 25, numeral 4 del Reglamento a la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID 19

Extracto: En los procesos de mediación en materia tributaria se pueden alcanzar acuerdos que impliquen simplemente la verificación del cumplimiento de las condiciones establecidas en la normativa; este es el caso de los procesos de transacción iniciados en virtud de la aplicación de la Disposición Transitoria Séptima de la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia COVID 19; así como algunos de los casos que versan sobre medidas cautelares o facilidades de pago, en los que se evidencia una mera aplicación de lo dispuesto en el Código Tributario para el tratamiento de este tipo de peticiones.

Extracto: El propósito general es asegurar que todos los actores, Gobierno Nacional, organizaciones públicas y privadas, academia y sociedad civil del país, hagan un uso responsable y seguro del entorno digital, a través del fortalecimiento de la cultura y sus capacidades para identificar y gestionar los riesgos de ciberseguridad de las actividades derivadas del uso de la información digital.