Extracto: Declara estado de excepción por 60 días en las provincias de El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena, en el marco de la persistencia del conflicto armado interno, suspendiendo únicamente el derecho a la inviolabilidad del domicilio en las provincias mencionadas, que incluye la realización de inspecciones, allanamientos, y las requisas por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional; así como la toma física de los instrumentos para el cometimiento de delitos.

Extracto: Entre otras disposiciones, elimina las disposiciones que establecían que el Defensor del Cliente podrá iniciar investigaciones de oficio e incorpora que podrá iniciar un proceso de investigación a petición de la Superintendencia de Bancos. Incorpora que la admisión a trámite de un reclamo, queja o consulta ante la entidad financiera, no impide o restringe el derecho del usuario financiero a presentar su trámite ante el Defensor del Cliente; si el motivo del reclamo, queja o consulta, está siendo sustanciado por la Superintendencia de Bancos, la entidad financiera y/o el Defensor del Cliente se abstendrán de conocer y procesar el mismo.

Extracto: Entre otras disposiciones, establece que el distintivo empresarial a la aplicación de plazos justos es el reconocimiento concedido en virtud del pago cumplido en plazos justos y tendrá la vigencia de 1 año con posibilidad de renovación, así como determina que en el plazo de 1 mes desde la publicación del presente Reglamento en el Registro Oficial, la Junta Financiera establecerá los beneficios crediticios a los que las compañías portadoras del distintivo empresarial a la aplicación de plazos justos serán sujetos a través de instituciones financieras públicas y privadas.

Extracto: Entre otras disposiciones, elimina la posibilidad de presentar solicitudes para devolución de crédito tributario por periodos acumulados de un mismo ejercicio impositivo, estableciendo que únicamente se presentarán dichas solicitudes por períodos mensuales en orden cronológico y consecutivo.

Extracto: Deroga la “Norma de Control de Protección a los Derechos de los Consumidores Financieros con Enfoque de Género”, con el objetivo de mejorar la coherencia del ordenamiento jurídico vigente, por existir un doble requerimiento al exigir a las entidades financieras reducir las brechas de acceso a servicios y productos financieros a través del fortalecimiento de las iniciativas y/o programas de educación financiera con criterios como el enfoque de género, los cuales ya son exigidos en cumplimiento de la Norma de Educación Financiera de la Codificación de Normas de la Superintendencia de Bancos.