Extracto: Crea el servicio de “Certificado de Votación Digital” en la plataforma del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, sin costo, que permitirá a los ciudadanos acceder al certificado de votación, duplicado, exención o pago de multa a través del aplicativo informático “Gob.ec”. El Certificado tendrá la misma validez jurídica que el certificado de votación físico y deberá ser aceptado por las instituciones públicas y privadas que requieran la presentación del certificado de votación en forma física. Además, dispone los requisitos para que los ciudadanos puedan optar por este servicio, los cuales incluyen contar con un dispositivo móvil inteligente y con la aplicación Gob.ec. La Resolución entró en vigencia desde su publicación en el Registro Oficial.

Extracto: Regula el acceso a la plataforma virtual de capacitación que contiene el curso de formación de UAFE para obtener la calificación como Oficial de Cumplimiento de todos los Sujetos Obligados y determina que antes, durante y después del curso, previo a la calificación, la UAFE podrá solicitar información a cualquier ente de control para verificar la información que considere necesaria. Establece que la postulación al curso se realizará únicamente mediante un formulario electrónico, y la estructura de capacitación se dividirá en 3 módulos, cada uno con actividades consecutivas, vídeos, material de lectura y evaluaciones al finalizar cada actividad. La aprobación del curso requiere una calificación mínima del 70% de la calificación total, y en caso de no aprobar se podrá retomar el curso luego de 6 meses. La Resolución entró en vigencia desde su suscripción.

Extracto: Regula el procedimiento a seguir para obtener la autorización judicial en los casos de operaciones encubiertas de los organismos de inteligencia en los que requieran retener, abrir, interceptar o examinar documentos o comunicaciones (Art. 20 Ley de Seguridad Pública y del Estado), así como el proceso de destrucción de la información en caso de que no hubiera lugar a la acción penal (Art. 21 Ley de Seguridad Pública y del Estado), y determina los requisitos que deberán contener la solicitud, el proceso de sustanciación y los recursos que le asisten al solicitante. Adicionalmente, establece que si no hubiere razones para iniciar la acción penal se deberá notificar de manera personal o por correo electrónico a la persona que fue objeto de la actividad de inteligencia. La resolución entró en vigencia desde su suscripción.

Extracto: En atención a la suspensión de la jornada laboral en la provincia de Tungurahua durante el 03 de julio de 2024 dispuesta mediante Decreto Ejecutivo Nro. 321, la Superintendencia dispone a sus entidades controladas garantizar la prestación continua de los servicios bancarios, utilizando los canales establecidos, incluyendo cajeros automáticos y medios electrónicos, de manera ininterrumpida; establecer horarios de atención y contar con el personal requerido para garantizar la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía en la provincia de Tungurahua. Además, insta a las entidades controladas a comunicar de manera oportuna y clara a sus clientes y usuarios los horarios de atención, utilizando para ello los canales de comunicación colectiva disponibles, tales como portales electrónicos, redes sociales institucionales, así como la Superintendencia de Bancos. Siempre que se garantice la continuidad en la prestación de servicios financieros, las entidades bancarias podrán modificar los horarios de atención de manera excepcional, atendiendo a las condiciones particulares de cada agencia.

Extracto: Informa que la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, invitó al órgano de control a comparecer dentro del tratamiento del Informe de Segundo Debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Discapacidades, mismo que se refiere a créditos preferentes y crédito para vivienda. Al respecto, solicita se informe y remita el detalle de los “Créditos preferentes” y “Créditos para vivienda” que mantienen las entidades financieras en cumplimiento de la Ley Orgánica de Discapacidades, así como, el número de beneficiarios y monto de los productos crediticios referidos con corte al 30 de junio de 2024.