Extracto: De iniciativa del asambleísta José Vallejo Ayala, busca garantizar la seguridad de las personas naturales y jurídicas en el ciberespacio, proteger la seguridad crítica y estratégica nacional, establecer el Sistema Nacional de Ciberseguridad, promover la coordinación y articulación institucional e internacional, prevenir, gestionar, investigar y enfrentar las amenazas en el ciberespacio, y fomentar una cultura de ciberseguridad.

Extracto: Pretende regular el proceso de designación, cumplimiento de requisitos, funcionamiento, organización, causales de terminación y organización, del defensor del cliente. Así como también las responsabilidades de estos y de las entidades financieras en la actividad. Serán designados por el Consejo de Participación y Control Social, a través de un concurso público; estarán en funciones por un periodo de 4 años, podrán ser reelectos por una sola ocasión.

Extracto: Se propone que las obligaciones contraídas por personas naturales por créditos otorgados por entidades del sistema financiero nacional que sean declaradas en plazo vencido, deberán ser reestructuradas a petición de parte, si su situación económica ha cambiado por razones tales como fuerza mayor o caso fortuito, pérdida de ingresos fijos, enfermedades catastróficas. Entre otras reformas.

Extracto: Será sancionado el representante legal de las instituciones financieras, Casas Comerciales o empresas de Tarjetas de Crédito, en los casos que se compruebe la existencia del anatocismo, a través de pagaré a la orden, letra de cambio o cualquier otro, en los que se obligue a los clientes a pagar interés sobre interés del capital vencido. Las penas y acciones que se impondrán: de uno a cinco años de pena privativa de libertad; y, la devolución de la suma correspondiente a los intereses devengados en exceso, más los perjuicios ocasionados.

Extracto: Algunos asambleístas han presentado esta propuesta, trabajada en conjunto con el Frente Unitario de Trabajadores (FUT). Se propone excluir del cumplimento de este Código (Art. 1), a quienes realicen funciones directivas y de representación legal en el sector privado y en general a funcionarios de libre nombramiento y remoción de empresas e instituciones públicas, quienes estarán regulados por leyes especiales.