Extracto: La Procuraduría General del Estado absolvió la consulta formulada por la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria respecto del alcance de su potestad normativa. Concluyó que la Junta puede emitir regulaciones de carácter general y abstracto para la aplicación del Código Orgánico Monetario y Financiero y para resolver vacíos normativos, siempre que dicha competencia no sea utilizada para resolver casos particulares o situaciones concretas, cuya atención corresponde a las autoridades administrativas competentes. En relación con el numeral 4 del artículo 315 del Código Orgánico Monetario y Financiero, referido al pago proporcional de los depósitos que exceden el valor cubierto por el seguro de depósitos dentro del orden de prelación aplicable en procesos de liquidación forzosa, la Procuraduría precisó que la Junta no puede modificar la jerarquía legal de créditos ni alterar la secuencia de pagos establecida por el legislador. En consecuencia, cualquier regulación que emita sobre esta materia debe limitarse a desarrollar técnicamente la aplicación de la proporcionalidad dentro del cuarto orden de prelación previsto en la ley.

Extracto: La Procuraduría General del Estado absolvió la consulta formulada por la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias respecto de si el liquidador de una organización del sector financiero popular y solidario en liquidación forzosa debe cumplir con la formalidad de efectuar la cesión de derechos hipotecarios previamente otorgados en garantía a favor de la CONAFIPS. Al respecto, concluyó que, durante la liquidación forzosa, el liquidador actúa como representante legal, judicial y extrajudicial de la entidad. La Procuraduría determinó que el liquidador es el único competente para realizar las actuaciones necesarias para la liquidación, incluida la perfección y formalización de la cesión de derechos hipotecarios previamente otorgados en garantía a favor de la CONAFIPS. Este criterio refuerza el rol central del liquidador en la administración y ejecución de los actos jurídicos necesarios para ordenar los activos, obligaciones y garantías dentro del proceso de liquidación forzosa.

Extracto: La Procuraduría General del Estado absolvió la consulta formulada por la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias respecto de la posibilidad de gestionar la ejecución coactiva de títulos valores recibidos mediante endoso en garantía por parte de una organización sometida a liquidación forzosa. Al respecto, determinó que la facultad de ejecución coactiva puede ejercerse cuando la entidad sea titular del crédito y respecto de obligaciones actualmente exigibles a su favor. En su pronunciamiento, la Procuraduría precisó que, cuando se trate de obligaciones garantizadas con títulos valores otorgados por una entidad en liquidación forzosa, su cobro debe gestionarse exclusivamente dentro del respectivo proceso de liquidación. En consecuencia, dicho cobro debe observar el orden de prelación previsto en el artículo 315 del Código Orgánico Monetario y Financiero y realizarse bajo responsabilidad del liquidador designado, lo que reafirma la prevalencia del régimen especial de liquidación forzosa frente a mecanismos individuales de cobro.

Extracto: La Procuraduría General del Estado absolvió la consulta formulada por el Banco Central del Ecuador respecto de la aplicación de la prohibición de ejercer cargos en instituciones del Sistema Financiero Nacional y de Valores y Seguros a los funcionarios de nivel jerárquico superior de dicha entidad. Al respecto, señaló que la prohibición prevista en el inciso cuarto del artículo 8 del cuerpo normativo aplicable resulta extensiva a estos funcionarios. La Procuraduría sustentó su criterio en que el Banco Central del Ecuador ejerce funciones de supervisión, control y sanción sobre los sistemas auxiliares de pago e infraestructuras de transferencia de recursos monetarios que forman parte del sistema financiero privado. El pronunciamiento reafirma que las restricciones aplicables a autoridades o funcionarios con competencias de supervisión, control o sanción también alcanzan a quienes, desde el Banco Central, ejercen funciones con incidencia directa sobre infraestructuras vinculadas al sistema financiero.

Extracto: La Procuraduría General del Estado absolvió la consulta formulada por la Superintendencia de Bancos respecto de la autoridad competente para emitir la regulación aplicable a los créditos preferentes previstos en el inciso segundo del artículo 61 de la Ley Orgánica de las Personas con Discapacidad. Determinó que la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria es el órgano competente para formular la política crediticia y expedir la regulación financiera de carácter general, lo que comprende el establecimiento del sistema de tasas de interés y la creación de productos financieros dirigidos a grupos de atención prioritaria, como las personas con discapacidad. La Procuraduría concluyó que corresponde a la Junta emitir la regulación sobre la entrega de los créditos preferentes previstos en la Ley Orgánica de las Personas con Discapacidad, sin perjuicio de que en la misma se haya establecido atribuciones regulatorias a la Superintendencia de Bancos. Este criterio delimita el alcance de las competencias regulatorias entre la Junta y el organismo de control, reafirmando que la regulación financiera general corresponde al órgano de política y regulación financiera.