De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2015), la inclusión financiera hace referencia al acceso a servicios financieros (crédito, ahorro, seguros y servicios de pago y transferencias) formales y de calidad, y su uso por parte de hogares y empresas, bajo un marco de estabilidad financiera para el sistema y los usuarios.

Al mismo tiempo, la inclusión financiera es considerada un derecho de la población en general, para acceder y relacionarse con las instituciones que conforman los sistemas financieros de los países (Carvajal, 2018). En tal sentido, según Carvajal la inclusión financiera además del acceso y uso de servicios financieros debe incluir:

 

• Una regulación apropiada que fomente la inclusión financiera
• La protección al consumidor
• Educación financiera

Según los últimos datos disponibles al 2017 del Global Findex del Banco Mundial (BM) en Ecuador solamente el 13 % de la población mayor a 15 años tuvo acceso a ahorro productivo. Y con respecto a crédito, el nivel de cobertura llega únicamente al 17 % de esta población. Lo cual nos ubica por debajo del indicador global de América Latina y el Caribe, que según la misma fuente señala que apenas el 14% de población accede a ahorro y 21% a crédito.

Frente a esta realidad, desde el año 2020 diversas instituciones financieras privadas del país forman parte de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, esta iniciativa es liderada por el Banco Central del Ecuador (BCE) y el BM (RFD, 2020), e incluye objetivos y metas planteadas hasta el 2023. Estas están relacionadas con: acceso e infraestructura de pagos, oferta de productos y servicios financieros digitales y financiamiento a PYMES e infraestructura de crédito.

Dentro de los componentes de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, el BCE publicó el boletín de estadística de inclusión financiera; el cual reporta datos trimestrales y su cobertura de información incluye a bancos, cooperativas, mutualistas y la banca pública. (BCE, 2021)[1].

Así mismo, el cálculo de las variables de inclusión financiera incluye el número de clientes con relación a la población adulta, alcance nacional, provincial, cantonal y parroquial, e información por sexo y edad.

Las variables que presenta el boletín se desagregan en personas naturales o jurídicas, muestra el número de personas con algún producto financiero (cuentas de ahorro, cuentas corrientes, depósitos a plazo, cuenta básica, crédito, tarjetas de débito y tarjetas de crédito). Así mismo, el número de personas que solicitaron algún tipo de crédito.

Según información al tercer trimestre de 2020 presentada por el BCE, las cuentas de ahorro presentaron un crecimiento anual de 26% (4.967 cuentas adicionales) con relación al mismo periodo del 2019, lo que implica que en este periodo existieron 24.123 cuentas por cada 10.000 habitantes.

Considerando que el 2020 fue el año con mayor contracción en la economía, debido a la emergencia sanitaria, el aumento no solo de las cuentas de ahorro, sino al mismo tiempo y en mayor proporción el incremento de las cuentas activas evidencia que los usuarios del sistema financiero confían y utilizan los servicios de las instituciones financieras.

Las cuentas de ahorro activas incrementaron anualmente al tercer trimestre del 2020 en un 27% (3.284 cuentas adicionales), lo cual muestra que el trabajo técnico y comprometido de las instituciones financieras en conjunto con la creación de un marco regulatorio que promueva la inclusión financiera permitirá que esta tendencia de ahorro se mantenga. Lo cual genera beneficios en la población como: mejor administración de la volatilidad de los flujos de efectivo y mejorar la resistencia a los shocks en salud (BID,2015).

Por otro lado, según las cifras del BCE el porcentaje de acceso a crédito en el sistema financiero nacional con relación a la población adulta, desde el segundo trimestre del 2019 al tercer trimestre del 2020 ha crecido en promedio en 0,3 p.p.

Lo cual refleja el compromiso de las instituciones financieras por potenciar y dar soporte al sistema productivo del país. Además, al tercer trimestre del 2020, a pesar de que aún existía restricciones a la movilidad, a la producción y al consumo, el porcentaje de población adulta con acceso a crédito fue del 28%, recuperando niveles similares a los de finales de 2019.

Esta recuperación del crédito representa un potencial para incrementar el ingreso y consumo de las poblaciones más vulnerables, ya que desde el sistema bancario nacional en los últimos años más del 60% de la cartera bruta ha sido destinada a crédito para la producción, lo cual permite que los hogares y las empresas incrementen sus inversiones en activos y diversifiquen sus fuentes de ingresos (BID, 2015).

A pesar de estos importantes avances de inclusión financiera, con relación a los indicadores de acceso a cuentas de ahorro y crédito, aún existen retos importantes para generar un entorno social en el que la inclusión financiera se convierta un derecho al que se puedan acceder todos los ciudadanos. Entre los puntos importantes de inclusión financiera en los que se debe seguir trabajando, está el empoderamiento de las mujeres dentro del acceso al crédito.

Según las cifras del BCE, al tercer trimestre del 2020 el porcentaje de acceso de mujeres con relación a la población adulta aumentó en 0,5 p.p. con relación al mismo periodo de 2019. Lo cual es un incremento menor a la variación nacional, que en el mismo periodo fue de 0,9 p.p.

Si bien existen avances importantes en temas de inclusión financiera, fortalecer el acceso de servicios financieros para mujeres es uno de los principales temas de trabajo que permitirá a los hogares invertir en activos para empezar un negocio o hacerlo crecer, así como mejorar la administración del consumo en el tiempo y la gestión de riesgos (BID, 2015).

Por otra parte, según el BID (2015) otros servicios financieros como los cajeros automáticos (ATMs) y los corresponsales no bancarios (CNBs) también están ligados al desarrollo de sistemas de pago que generan otros beneficios dentro de la inclusión financiera, como por ejemplo menores costos físicos de transporte y movilización, además que son canales que acercan los servicios al usuario.

En estos servicios financieros, la banca privada ha estado totalmente activa, apoyando al sistema productivo del país. Tal es el caso que, al cierre del 2020, los ATMs incrementaron en 2% con relación al 2019 y los CNBs en 23% en el mismo periodo. Esta tendencia se mantiene, y a abril de 2021 tanto los ATMs como los CNBs tienen una variación anual positiva del 3% y 27%, respectivamente.

En conclusión, los servicios financieros son una herramienta generada por el sistema financiero que promueven la inclusión financiera en el país. Estos servicios del sistema financiero, permite que la población mantenga medios de subsistencia, adquiera activos, gestione riesgos relacionados con la salud, la pérdida de empleo, la muerte u otros shocks que desestabilizan el consumo de los hogares.

 

Referencias

 

• BCE. (2021). Acerca de: estadísticas de inclusión financiera. Obtenido de Boletín N° 13.
• BID. (2015). Inclusión financiera en América Latina y el Caribe: Coyuntura actual y desafíos para los próximos años.
• Carvajal, E. (2018). La inclusión financiera en el Ecuador: según el Global Findex y más allá del Global Findex.
• PNUD. (2019). Removiendo las barreras de la inclusión financiera de las mujeres y otros grupos poblacionales en América Latina y el Caribe.
• RFD. (2020). Avances inclusión financiera 2020.

Artículo elaborado el 11 de junio del 2021.