Lamentablemente, en el país hay gente que está necesitando financiamiento, pero que no está accediendo al crédito en el sistema financiero formal. Esta dura realidad fue reflejada en el informe Global Findex del Banco Mundial, en la que se establece que, a 2021, solo dos de cada 10 personas accedían a financiamiento formal en el sistema financiero ecuatoriano.

Mientras que las ocho personas restantes, posiblemente, están cayendo en el chulco para financiarse, pagando tasas de interés de 1.200% anual en promedio, según un estudio de Equifax (2021).

Algunas veces escuchamos a políticos o dirigentes que aseguran que lo que hay que hacer es aprobar una ley para obligar a los bancos a bajar las tasas de interés, y que, con esta medida, la gente podrá acceder a créditos más baratos y de esa forma cumplir sus proyectos.

Este tipo de propuestas de reducir por ley las tasas para que más personas accedan a financiamiento, en realidad lo reduce. Aunque el espíritu y la intención detrás de fijar límites, e incluso de reducir las tasas de interés, es ayudar a dinamizar el crédito, lo que sucede en la práctica es todo lo contrario.

Si se obliga a los bancos a bajar las tasas de interés por ley, los bancos podrían prestar dinero únicamente a las personas o empresas cuyo riesgo permite cubrir los costos que impliquen las operaciones crediticias. Por otro lado, los sujetos de crédito, que por su riesgo están sobre el techo de la tasa de interés, quedarían expuestos al financiamiento informal.

Mientras que, a las personas que no tienen historial crediticio o que tienen problemas para cumplir sus obligaciones, el acceso a financiamiento será restringido.

 

Pero ¿cómo funciona una tasa de interés? La tasa de interés es un precio y los precios no deben ser controlados por ley. Para explicar el impacto negativo que tendría el reducir las tasas de interés para aumentar la oferta de crédito, es necesario poner dos ejemplos sencillos:

Imagínese si un Gobierno plantea reducir el hambre a través de la reducción -por ley- del precio del pan, a 1 centavo de dólar; o que, por ley, se decide reducir el precio de la camioneta 4×4 a USD 5.000, cuando en el mercado, probablemente el valor promedia los USD 20.000.

¿Qué pasaría si estas dos opciones irrisorias llegarían a cumplirse? Esto causaría escasez de panes y de camionetas 4×4.

En el caso del pan, el 1 centavo de dólar no le alcanzaría al panadero a cubrir los costos de producción de ese alimento, como el costo de la harina, de la mantequilla, del aceite, de los huevos, de la leche; el pago del arriendo del local, de los servicios básicos; así como el pago a los trabajadores, entre otros. Es decir, el panadero perdería cada vez que venda una unidad de pan.

En el caso de la camioneta 4×4 sucedería algo parecido. Al vendedor no le alcanzarían los 5.000 dólares para importar la camioneta 4×4 de la empresa automotriz del extranjero, en donde cuesta más de USD 20.000. Los USD 5.000 tampoco le alcanzarían para que el dueño de la concesionaria en Ecuador pague a sus trabajadores y el mantenimiento del lugar. Eso significaría que el vendedor de las camionetas 4×4 tampoco podría cubrir sus costos.

Exactamente lo mismo sucedería con la tasa de interés que cobra un banco por prestar dinero -de los depositantes- a través de un crédito.

Entonces, al igual que en otros productos, no es conveniente para la economía bajar -por ley- las tasas de interés, porque provocaría escasez de crédito, restringiendo su acceso, sobre todo, a quienes más lo necesitan.

 

Exclusión financiera

De hecho esto ya pasó en el país. El estudio especial de Análisis Semanal denominado “El mecanismo más buscado” (diciembre, 2021) reveló que los techos a las tasas de interés causaron exclusión financiera, teniendo un efecto contrario al esperado con la fijación y reducción de tasas. Es así como, desde 2007, el número de operaciones de crédito de la banca privada se redujo a pesar de que el monto promedio subió. Eso significa que esta política pública fomentó mayores montos de crédito en menos manos.

De forma específica, en el periodo 2007 a 2019, la reducción en el número de operaciones es consistente en todos los segmentos. Por ejemplo, en microcrédito las operaciones cayeron 0,1% en promedio anual, mientras que el monto promedio de las operaciones subió 7,2%.

La restricción en el acceso al crédito provocaría que las personas con un mayor riesgo, es decir, que tienen más dificultades para pagar sus obligaciones, o que no tienen historial crediticio, no puedan acceder a financiamiento. Por ejemplo, los emprendedores, que buscan -por primera vez- financiamiento para emprender en un negocio, no podrían acceder a crédito debido a una escasez de recursos. Y, la única opción que tendrían -para buscar recursos- sería por medio del chulco.

 

Mientras tanto, los que sí accederían a financiamiento formal en las instituciones financieras serían las personas que gozan de un buen historial crediticio y que tienen una mejor capacidad de pago.

Pero las personas que no acceden a un crédito en las instituciones financieras no piensan dos veces para tomar un crédito con el chulco, asumiendo riesgos de seguridad y físicos muy elevados.

Entonces, el problema en Ecuador no es la tasa de interés, sino el acceso al crédito. Por eso, cualquier cambio legal debe apuntar a facilitar el acceso a financiamiento formal a las personas que actualmente no gozan de un crédito y la idea de reducir por ley la tasa de interés, no es el adecuado.