Dos jugadores clave para la inclusión financiera

Dos jugadores clave para la inclusión financiera

Por Evelyn Tapia

Especialista en Gestión de Contenidos en la Asociación de Bancos Privados del Ecuador

Casi dos años han transcurrido desde que en Ecuador se declaró la emergencia sanitaria por COVID-19, cuando todos nos encerramos. Hoy nos resultan lejanos esos días en que las noticias de cadáveres en las calles y las morgues copadas nos destrozaban y erizaban la piel. Sí, parecen lejanos, pero difíciles de olvidar. En ese escenario vivimos durante semanas, meses, y el virus aún no nos deja en paz.

Con la pandemia algunos nos dimos cuenta de que éramos privilegiados: podíamos trabajar desde casa, podíamos comprar comida usando el celular, incluso pagar cuentas solo con un par de clics desde la banca virtual. Si por alguna razón necesitábamos efectivo, podíamos caminar solo un poco hasta la tienda del barrio y hacer un retiro de un corresponsal no bancario (CNB).

Tanto los terminales POS —Point of Sale por sus siglas en inglés— (puntos digitales o físicos para cobros con tarjetas) como los CNB fueron dos jugadores fundamentales en el complejo contexto que nos planteó el virus. Estos mecanismos que ya nos facilitaban la vida antes de la pandemia fueron sumamente valiosos para los ecuatorianos en medio del confinamiento, pues contribuyeron a reducir la exposición al virus y riesgo de contagio. Ahora, cuando nuevas variantes siguen causando incertidumbre, estos mecanismos siguen siendo indispensables.

La pandemia también nos recordó, de la manera más clara y cruda, por qué es clave que exista más inclusión financiera en el país. ¿Es un privilegio la inclusión financiera en pleno 2020? Sí, porque lastimosamente hubo una parte de la población que tuvo —y todavía tiene— que exponerse más al virus, seguir pagando todo con efectivo, saliendo a buscar una agencia bancaria usando transporte público o seguir trasladándose largas distancias para cobrar en efectivo su sueldo.

Según el índice Global Findex, en el país cinco de cada diez ecuatorianos todavía no están dentro del sistema financiero formal; es decir que aquello que a unos nos resulta tan normal como tener una cuenta de ahorros y usarla desde el celular, para otros ecuatorianos es toda una novedad.

La falta de acceso a los servicios financieros del sector formal refuerza las condiciones de vulnerabilidad de la población de menores ingresos, señala el informe de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) presentado en 2020 por el Banco Central del Ecuador (BCE). Al menos tres grandes problemas se alimentan en torno a la exclusión financiera.

Uno es la falta de ahorro. Quienes están fuera del sector financiero formal son menos propensos al ahorro y, por ende, son más vulnerables ante crisis económicas y ante shocks y eventos inesperados. La poca cultura de ahorro es una traba para la recuperación y el crecimiento económico de las familias en Ecuador y América Latina. En 2020, el Banco de Desarrollo de América Latina CAF realizó una encuesta a ciudadanos de Colombia, Brasil, Perú y Ecuador y al consultarles sobre el ahorro, seis de cada diez encuestados dijeron que no ahorran y quienes lo hacen ahorran principalmente de manera informal guardando efectivo en su casa, debajo del colchón o en alcancías (61 % en promedio), con la excepción de Brasil, país en el que el 72 % de la población que ahorra lo hace a través de cuentas de ahorro.

Un segundo problema que genera la exclusión financiera es la usura. Las personas que no tienen acceso a préstamos en el sistema formal no pueden crear un historial en los burós de crédito y suelen verse obligados a pedir dinero a usureros. En el caso de Ecuador las víctimas pueden terminar pagando tasas de interés de 1230 % anual en promedio (Estudio Equifax, 2021).

Un tercer problema es que quienes no están en el sistema financiero formal están lejos de acceder a instrumentos financieros de inversión que les permitan multiplicar sus ingresos; muchas veces, por la falta de educación financiera, esta población cae en estafas de falsos inversionistas como sucedió con los casos Big Money y notario Cabrera.

La Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) identifica a las mujeres, los migrantes, los trabajadores y negocios informales como los grupos que requieren más esfuerzos para lograr su inclusión financiera, así como las empresas y emprendimientos del sector de las micro, pequeñas y medianas empresas.

La ENIF también establece metas para lograr el gran objetivo de una mayor inclusión financiera. Dos de estas metas apuntan a los jugadores clave que tanto ayudaron a los ecuatorianos durante la pandemia: los CNB y los pagos digitales.

Para el 2024, una de las metas de la ENIF es que no existan parroquias en el país sin corresponsales no bancarios y, en cuanto a los pagos digitales, otra meta es que la proporción de adultos que hicieron pagos digitales, que hoy corresponde a un 22 %, se incremente en 2024 y alcance al 60 % de la población.

Para alcanzar estas y el resto de metas de la ENIF es necesario el compromiso de los sectores público y privado, un marco regulatorio favorable para expandir la inclusión financiera y la infraestructura del sistema financiero y conectividad, señala el documento.

¿Han hecho los bancos privados su parte? Las cifras muestran que sí, aunque aún existen retos.

Los corresponsales son los que más crecen

En 2012, hace una década, la publicación Inclusión Financiera, aproximaciones teóricas y prácticas, elaborada por el BCE, mencionaba a los CNB como uno de los principales mecanismos nacientes en Latinoamérica con potencial para acercar a la población de menos recursos y de áreas rurales a los servicios financieros, abaratando los costos de despliegue que significan las agencias bancarias tradicionales.

En Ecuador, los CNB comenzaron a implementarse desde la banca privada en 2008 y actualmente el país es el cuarto de la región con más Corresponsales No Bancarios por cada 100 000 habitantes. De acuerdo con las estadísticas de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), Ecuador tiene 200 CNB por cada 100 000 habitantes.

El crecimiento de este mecanismo ha sido exponencial. Hoy los corresponsales son casi el 80 % de los puntos de atención de la banca privada. Incluso, algunos bancos ofrecen la opción de abrir cuentas de ahorro desde estos corresponsales, ubicados en tiendas, bazares, farmacias, ferreterías y otros pequeños comercios, dando origen a un camino más ágil hacia la inclusión de más personas al sector financiero.

En 2015, el país tenía 26 852 CNB y para 2021 se registraron 30 626. Actualmente, el número de CNB es casi 9 veces mayor al número de puntos de atención de la Economía Popular y Solidaria, que cuenta con 3634 puntos.

POS, un mecanismo con latente potencial

2020 fue un año de incremento histórico para las compras en línea y el uso de la banca virtual en el país. Una encuesta realizada por la Cámara de Comercio Electrónico señala que el 16 % de los encuestados realizaba compras en línea de manera habitual una vez al mes antes de la pandemia, pero luego de ella el número escaló al 40 %. En noviembre, la Cámara estimaba que al final de 2021 las compras online crecieran un 20 % frente a 2020. Y de acuerdo con los datos recopilados por la Asociación de Bancos Privados (Asobanca), las transacciones en canales virtuales de la banca crecieron 32 % en 2020.

Medicamentos, comida, ropa, tecnología y otros bienes, en medio de las restricciones de movilidad… Tener todo esto al alcance de un par de clics fue posible gracias a aquellos negocios que habían invertido tiempo y recursos en sus plataformas de compra en línea y a la tecnología desplegada por la banca, como los botones de POS (Point of Sale) virtuales para pagar con tarjetas de crédito y débito en la web. Pero además de los botones POS virtuales, también han sido clave aquellos negocios con terminales de POS físicos, es decir, aquellas máquinas que “leen” la tarjeta y procesan los pagos.

Debido a que en Ecuador todavía existe una brecha de acceso a tecnología y penetración de internet de casi un 30 % de la población, la posibilidad de pagar en los comercios de manera física, con tarjetas de débito y crédito, también resulta importante para ayudar a reducir la manipulación de billetes y monedas en el contexto de pandemia.

De acuerdo con datos de la Superintendencia de Bancos, cuando comenzó la emergencia sanitaria, en marzo de 2020, en el país se registraban 101 760 POS (incluyendo los digitales) y para diciembre de 2021 el número escaló a 115 116.

La tendencia de crecimiento en el uso de estos medios de pago en el país demuestra que los usuarios del sistema financiero reconocen que son mecanismos más rápidos y seguros para hacer sus transacciones. Esta tendencia de uso podría ser aún mayor en el país si no existiera normativa que desincentiva a los establecimientos comerciales a implementar esos sistemas de cobro. Por ejemplo, la Resolución NAC-DGERCGC15-00000284 del Servicio de Rentas Internas (SRI), que establece que las entidades financieras actúen como sujetos de retención del IVA en las compras que se realizan con tarjetas de crédito y débito. Esta medida provoca problemas de flujo de caja a los negocios, especialmente a los más pequeños, puesto que, cuando cobran con tarjeta, dejan de tener disponible en caja el dinero que se retiene por concepto del impuesto, desde el momento en que se realiza la compra hasta cuando el establecimiento debe realizar la declaración y liquidación del IVA.

Con la incertidumbre que continúa planteando el 2022 en torno a la pandemia, queda claro que estos dos seguirán siendo jugadores protagonistas en el proceso de generar más inclusión financiera.

Pero ningún juego se gana si no participa todo el equipo. Algunos de los desafíos todavía pendientes en este juego son, por ejemplo, eliminar las trabas que desincentivan a los microempresarios para la contratación de mecanismos como los POS y otras trabas de tramitología o excesiva regulación que hacen más complicado ofrecer servicios acorde a lo que pide el cliente; generar un entorno que permita crear más productos financieros digitales o análogos, creados a la medida de aquellos que aún están excluidos; lograr que la educación financiera alcance cada vez a más ecuatorianos, a través de un trabajo conjunto y técnico coordinado entre todos los actores del ecosistema; incrementar la cobertura de internet y acceso a telefonía celular, junto con educación en el tema digital y de ciberseguridad; y crear incentivos para reducir el uso del efectivo que está tan arraigado en los ecuatorianos.