Educación e Inclusión Financiera
Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los microcréditos constituyen la parte vital de los sistemas financieros de América Latina y el Caribe. En los últimos años hubo una expansión de la entrega de microcrédito, lo que demuestra la capacidad que tiene este segmento para “contribuir significativamente” al desarrollo.
En Ecuador, el microcrédito fue uno de los tipos de crédito en la banca privada con mayor crecimiento en los últimos años.
A diciembre de 2022, la banca privada entregó una cifra récord en nuevos créditos, al otorgar USD 29.924 millones, lo que significa un incremento anual del 17%. Esto representa un crecimiento de USD 4.373 millones más que 2021.
De ese total, el microcrédito tuvo un incremento anual del 15%, al llegar a los USD 2.436 millones.
Según la Junta de Política y Regulación Financiera, este es el crédito destinado a los emprendimientos y microempresas que registran ventas inferiores a USD 100.000 por año. Es un segmento clave para la economía, pues generó el 25,47% del empleo en 2021, según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Por ese aporte, el Banco Mundial señala que los emprendedores y las pequeñas empresas impulsan el crecimiento económico de los países y crean empleos, pues tienen el potencial de transformar las comunidades; mientras que las PYMES desempeñan un rol importante al abordar los desarrollo, especialmente los atados a la sostenibilidad y la prestación de servicios.
Tan importantes son los emprendedores y microempresarios que la mayoría de las empresas que se crean en el país son, precisamente, microempresas. De acuerdo con el INEC, en 2021 en Ecuador existían 849.831 empresas, de las cuales, el 94% eran microempresas, 4% empresas pequeñas y el 1% empresas medianas. En otras palabras, el 99% de las empresas del país son micro, pequeñas y medianas.
Un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2022) señala que para impulsar el microcrédito se requiere de políticas, una pieza clave para posicionar a este segmento.
Por eso, resulta imprescindible para los bancos privados reconocer y apoyar el rol fundamental de este segmento en la reactivación económica. Y, una forma de hacerlo es a través de la canalización de más financiamiento para las microempresas.
El microcrédito no es la única opción para reducir la pobreza, pero es, probablemente, uno de los mecanismos más utilizados para superar las limitaciones económicas.
Microcrédito: Cifras positivas pero pudieron ser mejores
Los nuevos créditos entregados a los microempresarios presentan cifras récord, pero irónicamente pudieron tener un valor mucho más alto.
Eso significa que, aunque existe un crecimiento en el volumen de nuevos microcréditos, hay una desaceleración en el crecimiento del número de operaciones de microcrédito. En 2022, el número de nuevas operaciones de microcrédito otorgadas por la banca privada fue de 775.998, un crecimiento de 27% (164.492 operaciones más) respecto al mismo periodo de 2021, cuando las nuevas operaciones crecieron un 75% en comparación con 2020.
Esto ocurrió debido a los techos a las tasas de interés en Ecuador, cuyo impacto ahora está empeorando por el contexto internacional.
Desde el 2007, el Gobierno Nacional impuso techos a las tasas de interés máximas que los bancos privados pueden cobrar por prestar dinero a los clientes del sistema financiero. Eso ha provocado un impacto en la entrega de microcréditos.
El impacto negativo ocurre porque los techos que tienen las tasas activas máximas en Ecuador además de no reflejar las condiciones actuales de la economía, tampoco permiten una asignación adecuada en función del riesgo, afectando con exclusión financiera a todos los segmentos, especialmente en el microcrédito.
Y ahora, el contexto internacional está poniendo más presión en esta restricción del crédito. Las políticas que se pusieron en marcha para promover la recuperación de la economía tras el impacto de la pandemia del coronavirus y el impacto de la guerra entre Ucrania y Rusia ocasionó el incremento de la inflación.
Como contraparte, los bancos centrales de las economías desarrolladas han incrementado -de manera periódica- la tasa de interés de política monetaria de sus países, con la intención de frenar la demanda (consumo) y, por ende, enfriar la subida de precios (inflación).
Por ejemplo, el Banco Central de Estados Unidos, más conocida como la Reserva Federal (FED), incrementó la tasa de interés, al pasar de 0,25% en marzo de 2022 a un rango de entre 4,50% y 4,75% a inicios de febrero de 2023, un nivel registrado por última vez en 2007.
El incremento de las tasas de interés por parte de los bancos centrales provoca que el acceso a financiamiento internacional sea más costoso para las instituciones financieras y empresas de Ecuador, superando, en varios casos, los dos dígitos.
Que el financiamiento internacional sea más caro para el país provoca que se deteriore el flujo normal de recursos nuevos que arriben al país para colocarlos en nuevos créditos.
El financiamiento externo es uno de los aliados importantes para el crecimiento del crédito, entre ellos el microcrédito. Entre 2020 y 2022, el sistema financiero privado trajo más de USD 1.400 millones de recursos frescos del exterior, los cuales fueron colocados en nuevos créditos para empresas y familias.
El encarecimiento del financiamiento no solo viene del lado internacional, el costo del fondeo local también se ha incrementado. La tasa de interés pasiva referencial, es decir lo que pagan los bancos a sus clientes para dejar su dinero en las instituciones financieras, alcanzó el 6,65% a enero de 2023, más de un punto porcentual por encima del año anterior.
Tanto el encarecimiento del fondeo tanto local como internacional dependen de las decisiones de política monetaria internacional y de la coyuntura global. Para Ecuador, las consecuencias resultan incompatibles debido al sistema y la estructura de techos en las tasas máximas de interés activas vigentes.
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Educación e Inclusión Financiera
Lamentablemente, en el país hay gente que está necesitando financiamiento, pero que no está accediendo al crédito en el sistema financiero formal. Esta dura realidad fue reflejada en el informe Global Findex del Banco Mundial, en la que se establece que, a 2021, solo dos de cada 10 personas accedían a financiamiento formal en el sistema financiero ecuatoriano.
Mientras que las ocho personas restantes, posiblemente, están cayendo en el chulco para financiarse, pagando tasas de interés de 1.200% anual en promedio, según un estudio de Equifax (2021).
Algunas veces escuchamos a políticos o dirigentes que aseguran que lo que hay que hacer es aprobar una ley para obligar a los bancos a bajar las tasas de interés, y que, con esta medida, la gente podrá acceder a créditos más baratos y de esa forma cumplir sus proyectos.
Este tipo de propuestas de reducir por ley las tasas para que más personas accedan a financiamiento, en realidad lo reduce. Aunque el espíritu y la intención detrás de fijar límites, e incluso de reducir las tasas de interés, es ayudar a dinamizar el crédito, lo que sucede en la práctica es todo lo contrario.
Si se obliga a los bancos a bajar las tasas de interés por ley, los bancos podrían prestar dinero únicamente a las personas o empresas cuyo riesgo permite cubrir los costos que impliquen las operaciones crediticias. Por otro lado, los sujetos de crédito, que por su riesgo están sobre el techo de la tasa de interés, quedarían expuestos al financiamiento informal.
Mientras que, a las personas que no tienen historial crediticio o que tienen problemas para cumplir sus obligaciones, el acceso a financiamiento será restringido.
Pero ¿cómo funciona una tasa de interés? La tasa de interés es un precio y los precios no deben ser controlados por ley. Para explicar el impacto negativo que tendría el reducir las tasas de interés para aumentar la oferta de crédito, es necesario poner dos ejemplos sencillos:
Imagínese si un Gobierno plantea reducir el hambre a través de la reducción -por ley- del precio del pan, a 1 centavo de dólar; o que, por ley, se decide reducir el precio de la camioneta 4×4 a USD 5.000, cuando en el mercado, probablemente el valor promedia los USD 20.000.
¿Qué pasaría si estas dos opciones irrisorias llegarían a cumplirse? Esto causaría escasez de panes y de camionetas 4×4.
En el caso del pan, el 1 centavo de dólar no le alcanzaría al panadero a cubrir los costos de producción de ese alimento, como el costo de la harina, de la mantequilla, del aceite, de los huevos, de la leche; el pago del arriendo del local, de los servicios básicos; así como el pago a los trabajadores, entre otros. Es decir, el panadero perdería cada vez que venda una unidad de pan.
En el caso de la camioneta 4×4 sucedería algo parecido. Al vendedor no le alcanzarían los 5.000 dólares para importar la camioneta 4×4 de la empresa automotriz del extranjero, en donde cuesta más de USD 20.000. Los USD 5.000 tampoco le alcanzarían para que el dueño de la concesionaria en Ecuador pague a sus trabajadores y el mantenimiento del lugar. Eso significaría que el vendedor de las camionetas 4×4 tampoco podría cubrir sus costos.
Exactamente lo mismo sucedería con la tasa de interés que cobra un banco por prestar dinero -de los depositantes- a través de un crédito.
Entonces, al igual que en otros productos, no es conveniente para la economía bajar -por ley- las tasas de interés, porque provocaría escasez de crédito, restringiendo su acceso, sobre todo, a quienes más lo necesitan.
Exclusión financiera
De hecho esto ya pasó en el país. El estudio especial de Análisis Semanal denominado “El mecanismo más buscado” (diciembre, 2021) reveló que los techos a las tasas de interés causaron exclusión financiera, teniendo un efecto contrario al esperado con la fijación y reducción de tasas. Es así como, desde 2007, el número de operaciones de crédito de la banca privada se redujo a pesar de que el monto promedio subió. Eso significa que esta política pública fomentó mayores montos de crédito en menos manos.
De forma específica, en el periodo 2007 a 2019, la reducción en el número de operaciones es consistente en todos los segmentos. Por ejemplo, en microcrédito las operaciones cayeron 0,1% en promedio anual, mientras que el monto promedio de las operaciones subió 7,2%.
La restricción en el acceso al crédito provocaría que las personas con un mayor riesgo, es decir, que tienen más dificultades para pagar sus obligaciones, o que no tienen historial crediticio, no puedan acceder a financiamiento. Por ejemplo, los emprendedores, que buscan -por primera vez- financiamiento para emprender en un negocio, no podrían acceder a crédito debido a una escasez de recursos. Y, la única opción que tendrían -para buscar recursos- sería por medio del chulco.
Mientras tanto, los que sí accederían a financiamiento formal en las instituciones financieras serían las personas que gozan de un buen historial crediticio y que tienen una mejor capacidad de pago.
Pero las personas que no acceden a un crédito en las instituciones financieras no piensan dos veces para tomar un crédito con el chulco, asumiendo riesgos de seguridad y físicos muy elevados.
Entonces, el problema en Ecuador no es la tasa de interés, sino el acceso al crédito. Por eso, cualquier cambio legal debe apuntar a facilitar el acceso a financiamiento formal a las personas que actualmente no gozan de un crédito y la idea de reducir por ley la tasa de interés, no es el adecuado.
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Educación e Inclusión Financiera
La pandemia de la COVID-19 provocó, entre otras cosas, un retroceso de 10 años en los niveles de participación laboral de las mujeres en América Latina, de 12 años en la pobreza y de 20 años en la pobreza extrema (CEPAL, 2022), sin embargo, no todo fue negativo.
En otro ámbito, la pandemia se convirtió en el catalizador de una mayor inclusión financiera porque impulsó las transacciones digitales y la expansión de los servicios financieros formales a nivel global. Y, Ecuador no fue la excepción.
La inclusión financiera hace referencia al acceso a servicios financieros formales, como el crédito, el ahorro, los seguros y los servicios de pago y transferencias formales, y su uso por parte de hogares y empresas, bajo el marco de estabilidad financiera para el sistema y los usuarios, señala el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, por sus siglas en inglés) señala que la inclusión financiera está atada, además, a la calidad de los productos y servicios. Para la OECD, el proceso de promoción de un acceso asequible, oportuno y adecuado a una amplia gama de servicios y productos financieros regulados y la ampliación de su uso hacia todos los segmentos de la sociedad mediante la aplicación de enfoques innovadores hechos a la medida, incluyendo actividades de sensibilización y educación financiera con el objetivo de promover tanto el bienestar financiero como la inclusión económica y social.
Los bancos privados del país trabajan desde hace varios años en estrategias y acciones para que exista una mayor inclusión financiera en Ecuador. Se han aliado con organismos multilaterales, entidades del sector público y la academia, han invertido en la expansión acelerada de los corresponsales no bancarios -CNB-, en sólidas y seguras plataformas y aplicaciones digitales, y además en desplegar importantes campañas y acciones de educación financiera.
Todos estos esfuerzos sobre inclusión financiera en el país se han visto reflejados en el último reporte del Global Findex 2021. Este informe, elaborado por Banco Mundial (BM), recoge información de 123 economías mundiales, entre ellas la ecuatoriana, sobre el acceso, el uso y la calidad de los servicios financieros de las personas mayores de 15 años.
Según el reporte del Banco Mundial con corte al 2021, el 64,2% de la población mayor a 15 años en Ecuador tiene una cuenta en las instituciones del sistema financiero formal: banco, cooperativa o mutualista. Este resultado representa un crecimiento de 13,3 puntos porcentuales desde la última medición en 2017, lo que convierte a Ecuador en el séptimo país con mayor porcentaje de población con una cuenta bancaria en América Latina y el Caribe. Aunque todavía está por debajo del promedio de América Latina, el incremento también obedece a los esfuerzos de los bancos privados en la ampliación, digitalización y creación de nuevos productos y servicios financieros que sean adecuados a la realidad de distintos segmentos de clientes.
Mientras que el 36% de la población del país todavía está excluida de una cuenta bancaria. Este indicador demuestra la necesidad de construir una estrategia nacional de inclusión y de educación financiera.
Los mayores beneficiados
Pero ¿quiénes son los que más se benefician de la inclusión financiera? según Global Findex 2021, son los segmentos poblacionales más vulnerables de Ecuador. Para ese año, el 59% de las personas mayores a 15 años que pertenecen al 40% más pobre de la población reportaron poseer una cuenta formal. En 2017, ese indicador alcanzaba el 33,4%.
“Una cuenta bancaria formal contribuye al acceso de servicios financieros complementarios que mitigan la pobreza y la desigualdad”, señala el libro Inclusión Financiera y Estabilidad: Cuestiones de política actuales (Alfred Hannig y Stefan Jansen, 2010).
Mientras que el boletín del Banco Mundial denominado “La COVID-19 impulsó la adopción de los servicios financieros digitales” señala que el incremento en el acceso a una cuenta bancaria crea nuevas oportunidades económicas, reduce la brecha de género y “genera resiliencia de los hogares para gestionar mejor las crisis financieras”.
Pese a estos avances, el informe de Global Findex 2021 alerta sobre retos de inclusión financiera: solamente el 15% de las mujeres en Ecuador tiene acceso a un crédito en el sistema financiero formal, esto representa un crecimiento de apenas 4 puntos porcentuales comparado con 2017 (11%). Mientras la participación de los hombres creció en 9 puntos porcentuales entre 2017 (23%) y 2021 (32%).
Más crédito
Tener una cuenta bancaria permite acceder a crédito formal. Precisamente, es uno de los requisitos que solicitan los bancos antes de entregar financiamiento. El país ha registrado un constante crecimiento en la entrega de créditos.
A septiembre de 2022, la cartera de crédito de la banca privada cerró en USD 37.639 millones, un 17,3% más (USD 5.545 millones más) que el mismo mes de 2021, según datos de la Superintendencia de Bancos.
Aunque existe un crecimiento sostenido en este indicador, hasta 2021, solo dos de cada 10 personas mayores de 15 años accedieron a un crédito formal en una institución financiera, según el Global Findex.
Que más personas accedan a un crédito formal es uno de los desafíos para combatir el financiamiento informal (chulco), el cual cobra una tasa de interés de 1.200% promedio anual, como lo muestra un estudio de Equifax (agosto, 2021). Por eso, un mayor acceso impulsa la economía del país a partir de los encadenamientos productivos que genera el financiamiento formal.
La inclusión financiera también es importante porque las personas que tienen una cuenta bancaria pueden acceder a otros servicios financieros, como el ahorro y los pagos.
Según la Superintendencia de Bancos, a septiembre de 2022, los depósitos de ahorros de la banca privada aumentaron un 6% respecto al mismo mes de 2021, al pasar de USD 10.446 millones a USD 11.072 millones. Eso refleja que los clientes han encontrado en los bancos un refugio seguro para sus ahorros, debido a su solidez, confianza y seguridad que les brinda.
Acceso a una tarjeta, otra forma de inclusión
El acceso a una tarjeta de crédito y débito es otra forma de inclusión financiera. Los datos del Global Findex señalan que la población ecuatoriana que reportó tener una tarjeta de crédito pasó de un 28% a 38% entre 2017 y 2021, mientras que, en ese mismo periodo, el acceso a una tarjeta de débito pasó del 9% al 15%.
Pero, por los bajos niveles de educación financiera, solo cuatro de cada 10 ecuatorianos con tarjeta de crédito realizan el pago mínimo de su estado de cuenta mensual, lo que podría ocasionar la acumulación de la deuda con el consiguiente riesgo de estabilidad en la situación económica familiar.
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Transformación digital, un aspecto clave de la inclusión financiera
Uno de los mecanismos que tienen los bancos ecuatorianos para ampliar la inclusión financiera es trabajar en una mayor digitalización de los servicios bancarios.
En el país hay mayor acceso a Internet y a dispositivos móviles inteligentes. Según el reporte “2022 Global Overview” de We are Social y Hootsuite, el número de personas con Internet en Ecuador se incrementó 65% entre 2012 y 2022, al pasar de 4,8 a 13,6 millones. Además, al 2022 existen 15,9 millones de celulares en el país.
Este crecimiento vertiginoso ha permitido que más personas accedan a servicios digitales en la banca, que han sido reforzados con importantes inversiones en innovaciones tecnológicas con el objetivo de ampliar las soluciones digitales.
Adicionalmente, los bancos realizan un gran trabajo en ampliar su cobertura a través Corresponsales no Bancarios (CNBs) a nivel nacional. De esta forma los usuarios pueden usar servicios financieros en las tiendas, farmacias, micro mercados o pequeños comercios en ubicaciones remotas en donde no existen agencias bancarias.
El trabajo en mejores servicios financieros fue reflejado en el estudio “El avance de la banca digital en Ecuador” (Asobanca, julio 2022), que determinó que la mayor cantidad de transacciones bancarias en 2021 ocurrió por medios digitales.
Del total de los 695 millones de transacciones en 2021, el 41,1%, o 285 millones, fueron por canales digitales (móvil e internet), seguido por el 37,1% por físicos (ventanilla y corresponsales no bancarios – CNB) y el 21,8% por canales remotos (cajeros), según el estudio.
Es así como, uno de los desafíos es fomentar, a nivel de todo el sistema financiero nacional, la implementación de tecnologías seguras, ágiles y eficientes que permitan responder de forma inmediata a los cambios del mercado, tal y como lo hicieron los bancos. Esto permitirá ampliar la inclusión, el acceso, uso y la calidad de los productos financieros.
Pese a los avances señalados anteriormente, todavía existen desafíos para seguir incrementando la inclusión financiera. Al respecto, se requiere el involucramiento articulado y sostenido de varios actores, como gobierno, sistema financiero público y privado, organizaciones de la sociedad civil, entre otros, con la finalidad de construir una estrategia nacional de educación financiera.
Una estrategia de educación financiera permitiría a la población aprender a manejar de mejor manera sus recursos y tomar decisiones financieras que les ayuden a alcanzar una mejor calidad de vida.
Por Wilmer Torres Peña
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Análisis Económico y Legal, Destacadas
Por: Evelyn Tapia y Andrea Villarreal
“Las tasas de interés deben bajar”. “Las tasas de interés son altísimas, hay que reducirlas para reactivar la economía”. “Si bajamos las tasas de interés por ley habrá más crédito”.
Estos y otros enunciados similares plagaron los discursos de varios actores políticos en Ecuador durante este 2021, año en el que está previsto que el país tenga un nuevo sistema para fijar las tasas de interés y así acatar lo dispuesto en la Ley de Defensa de la Dolarización, presentada en febrero de 2021 por el Gobierno del expresidente Lenín Moreno y aprobada en abril de este año, a pocos días de finalizar su mandato.
El discurso político orientado a obligar a una baja de tasas de interés para los créditos resulta popular y ha sido reiterativo desde hace años, y no solo en Ecuador. Sin embargo, en el año 2021, el tema se volvió más importante en el contexto de la entrada en vigencia de la Ley de Defensa de la Dolarización. Esta norma estableció que la hasta entonces llamada Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera se dividiera en dos organismos: una Junta de Política y Regulación Monetaria y otra Junta Política y Regulación Financiera.
A esta última entidad, la Ley le dio la responsabilidad de “establecer el sistema de tasas de interés para las operaciones activas y pasivas del sistema financiero nacional y las demás tasas de interés requeridas por la ley”. Por supuesto, para que esto se cumpla primero debía conformarse la nueva Junta y esto tomó varios meses —apenas en octubre pasado la Asamblea Nacional posesionó a la nueva Junta Financiera.
No obstante, mientras los tiempos corrían para la conformación de la Junta, el Banco Central del Ecuador (BCE) adelantaba el diseño de dicha metodología, para que la Junta, una vez conformada, lo pudiera implementar. Se espera que, hasta la segunda semana de diciembre, la Junta Financiera dé a conocer la nueva forma en la que se fijará el precio del dinero. Porque, en efecto, la tasa de interés es un precio: el precio que cobran las entidades financieras por el servicio de intermediación financiera, de otorgar créditos y asegurar que el dinero de los depositantes se mantenga seguro y generando réditos.
El BCE ha adelantado que el nuevo sistema consistiría en crear bandas de tasas de interés para incorporar a aquellas personas que actualmente no están en el sistema financiero. Para la fijación de la tasa de interés se usarían cuatro componentes: 1) riesgo crediticio, 2) costo de fondeo, 3) costo operacional y 4) costo de capital. Esto significa que, si bien habrá cambios en la forma en la que se fijan las tasas, estas seguirán teniendo techos o controles fijados por parte del Gobierno.
Estudios técnicos de organismos internacionales y nacionales han demostrado que los controles que buscan reducir las tasas de interés de manera artificial, es decir, por decisión gubernamental o mediante normas que dictan reducciones “a dedo”, derivan en exclusión financiera; hay menos acceso a crédito debido a que, al obligar a reducir las tasas de interés, las entidades financieras no logran cubrir el verdadero costo que representa dar un crédito a algunos segmentos de la población que son más propensos a caer en mora, entre otras distorsiones. En esta línea, el 7 de diciembre pasado, Grupo Spurrier señaló en su Boletín de Análisis Semanal que los techos a las tasas de interés no son el mecanismo idóneo ni técnico para su reducción, pero destacó que el cambio propuesto por el BCE es un avance porque permitirá que las tasas se ajusten de mejor manera al perfil de cada cliente.
En Ecuador, las tasas de interés están controladas desde 2008 por techos o topes máximos fijados por el Gobierno. Este modelo ha propiciado exclusión financiera de miles de personas que, por los controles a las tasas, no han podido acceder a un crédito formal y han tenido que buscar préstamos de usureros, poniendo en riesgo su seguridad y pagando tasas de 1238% anual en promedio, de acuerdo con un estudio de Equifax (2021).
Análisis Semanal señala que, en Ecuador, entre 2007 y 2019, el número de operaciones de crédito en todos los segmentos se redujo en 0,6%, en promedio anual, mientras el monto promedio en dólares se elevó en 10,1%. Esto significa que las entidades financieras otorgaron más montos de crédito, pero ese dinero llegó a menos manos. El segmento más afectado es el de los clientes del microcrédito, pues es un crédito con elevados costos operativos para las entidades, ya que sus ejecutivos deben visitar a los clientes frecuentemente y recorrer grandes distancias; pero, además, implican un mayor nivel de riesgo, pues son personas más vulnerables a contingencias como una enfermedad o accidente, lo que podría incidir en que caigan en mora.
¿Hay una forma de que reduzcan las tasas sin hacerlo a la fuerza?
Que algún producto o servicio baje de precio es una buena noticia para los clientes, pero esa reducción es saludable para la economía de un país siempre y cuando no se dé de manera artificial, generando las distorsiones ya mencionadas. Entonces ¿cómo lograr que las tasas de interés bajen sin afectar la inclusión financiera ni la economía?
Las tasas de interés pueden reducirse sin necesidad de hacerlo mediante órdenes gubernamentales a través de cinco caminos:
Normativa que siga los estándares internacionales
Luego de la crisis financiera mundial del 2008, se reforzó uno de los estándares internacionales más reconocidos por la banca, el marco de Basilea III, establecido por el Comité de Supervisión Bancaria del Banco de Pagos Internacionales. En este marco, se identificaron puntos vitales de reforma a marcos de regulación previos a la crisis y se buscó fortalecer las bases para un sistema bancario resiliente que ayude a evitar la acumulación de vulnerabilidades sistémicas. Actualmente, Ecuador es uno de los países más atrasados en la implementación de los estándares propuestos por este esquema regulatorio, lo cual, a ojos de otros mercados internacionales, es una clara oportunidad de mejora para equipararnos a economías que tienen una penetración importante de banca extranjera.
En el caso ecuatoriano, existen además una serie de normativas que difieren de las mejores prácticas internacionales y ahuyentan la posibilidad de contar con mayor inversión en el sector. Estas medidas incluyen la existencia de controles absolutos a las tasas de interés, sin que respondan a ningún criterio técnico y que generan exclusión. Además, el control de las tarifas que se cobran por servicios prestados es otro ejemplo. La necesidad de contar con aprobación para repartir dividendos, así como requerir autorización para establecer salarios de altos directivos, son otros caminos de excesivo control. También está la prohibición de participar en distintas actividades económicas, entre otras.
Entorno estable, competitivo y amigable para la inversión
Normalmente, en cualquier sector económico, si hay más actores compitiendo, los precios bajan. En el caso del sistema financiero esto también es aplicable. Que el país reciba más inversiones y lleguen nuevos competidores extranjeros al sector financiero beneficia a todos. El ingreso de nuevos bancos al país ayudaría a tener un desarrollo más dinámico del comercio exterior, atracción de más inversión extranjera y una mejor capacidad de gestión y de atracción de nuevas tecnologías para atender a los clientes que exigen cada vez servicios más personalizados, ágiles y seguros.
Actualmente en Ecuador no existe norma alguna que prohíba el ingreso de banca extranjera al país. Sin embargo, como se menciona en el punto anterior, el entorno regulatorio desincentiva el ingreso de bancos internacionales. Cabe indicar que los bancos ecuatorianos tienen presencia en otros países, es decir, están prestos a competir.
Pero además de lo normativo, en términos económicos, los inversionistas necesitan tener confianza en el país, la cual viene dada por las condiciones de mercado y ambiente de seguridad jurídica que promuevan la estabilidad macroeconómica.
El entorno político también juega un rol muy importante debido a que las decisiones políticas pueden fortalecer la economía o pueden generar incertidumbre dentro y fuera de ella.
El país tiene debilidades estructurales que tienen que ver también con la estabilidad social y política, lo cual ahuyenta las nuevas inversiones.
Fomentar la llegada de capitales
En una economía dolarizada, el flujo de dólares se vuelve fundamental para su funcionamiento. Al Ecuador no arriban capitales del exterior, pese a que contamos con la fortaleza del dólar. El problema es que el país tiene importantes desincentivos para captar recursos o depósitos del exterior, uno de ellos es el impuesto a la salida de divisas (ISD) creado en 2007. Debido a este tributo, la captación de recursos, tanto de ecuatorianos como de extranjeros, se ve limitada.
Eliminar o reducir impuestos que distorsionan el mercado crearía mejores condiciones para tener una mayor profundización financiera e interconexión con los flujos de capitales del mundo. Esto traería grandes beneficios a los emprendedores, empresarios y el sector productivo, generando más actividad económica y beneficios para el país.
Además, los bancos también pueden obtener dinero de otras fuentes internacionales o de sus propios accionistas. En otros países de América Latina, el nivel de recursos que fluye hacia el sistema financiero es muy alto porque sus economías atraen capitales extranjeros y son amigables con la inversión local e internacional. Así, por ejemplo, Panamá, país dolarizado, tiene niveles de flujos de capital que superan más de cuatro veces a los de Ecuador, y se reflejan en un nivel de depósitos frente al PIB superior al 130%, mientras que en nuestro país es del 35%.
Requerimientos de liquidez adecuados
La actividad bancaria, en su principio más básico, es la de mover el dinero de sus depositantes para generar un beneficio económico (tasa pasiva) y colocarlo en personas y empresas que lo necesitan para generar más recursos a través de créditos que permitan potenciar las actividades económicas o satisfacer necesidades. Sin embargo, esta actividad está limitada por la cantidad de dinero que los bancos pueden utilizar para colocar créditos. A nivel internacional, los requerimientos de liquidez son uno de los indicadores que permiten a los bancos mover el dinero de sus depositantes, al mismo tiempo que pueden responder a las peticiones de retiro de dinero de éstos a través de créditos.
En Ecuador, los requerimientos exigidos para el sector bancario por la normativa vigente son excesivos en comparación a los que existen en otros países, lo que pone trabas al otorgamiento de créditos. Los requerimientos de liquidez alcanzan el 16% de los depósitos para los bancos más grandes (incluye un encaje de 5%, fondo de liquidez 5%, títulos del BCE 3%, valores de renta fija sector financiero 2% y renta fija otros emisores 1%). En otros países, el requerimiento principal –y generalmente único– es el encaje bancario y no existe la necesidad de realizar inversiones obligatorias. Los requerimientos existentes en el país significan que, de cada USD 100 recibidos en depósitos, solo se puede prestar USD 84, lo cual limita la intermediación financiera e incrementa su costo.
Competitividad tributaria y menores costos incrementa la oferta crediticia
La carga tributaria del sector bancario es una de las más altas de las actividades productivas. En Ecuador existen aportes específicos del sector bancario, así como tributos y contribuciones elevadas. Por ejemplo, en el año 2020, por cada dólar de utilidad percibido por la banca, el sector pagó USD 2,3 por concepto de impuestos y contribuciones al Estado. En 2019, antes de la pandemia, el aporte ascendió a USD 1,30 por cada dólar de utilidad generado desde la banca privada.
Para bajar las tasas de interés es importante entender la raíz del problema. Las tasas son una consecuencia del entorno económico, normativa bancaria y costos de prestar el dinero. Es importante atraer banca y capitales extranjeros, pero estos solo vendrán si se toman en cuenta estos factores. El hecho de regular tasas por decreto no deriva en más colocación de crédito, al contrario, derivan en la exclusión financiera de las personas de segmentos más vulnerables que podrían producir más para la economía y más para las familias ecuatorianas.
Referencias:
Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (2011). “Basilea III: Marco regulador global para reforzar los bancos y sistemas bancarios. Bank for International Settlements.
Equifax (2021). Impacto del mercado de financiamiento informal en Ecuador.
Acosta A., Spurrier W. (2021). Análisis Semanal: El efecto de reducir tasas “a dedo”.
