El sistema bancario cada vez más sostenible

El sistema bancario cada vez más sostenible

El rol de intermediación financiera de la banca es clave para la canalización de liquidez a empresas y personas.

Es a través de ese rol que se convierte en un actor fundamental para promover el desarrollo sostenible de los sectores productivos y de consumo del país. Con una visión estratégica y bien orientada, los bancos privados caminan con pasos firmes para incidir en las diferentes industrias del país promoviendo a través del otorgamiento de créditos que sus clientes implementen aspectos ambientales, sociales y de gobernanza en sus proyectos (ASG, por sus siglas en inglés).

Con estos parámetros, la banca apoya a través de productos crediticios a proyectos de construcción sostenible; a los emprendimientos de las mujeres; al reciclaje y gestión de residuos; a impulsar la producción más limpia; al desarrollo de proyectos de agricultura, acuacultura y manufactura sostenible; a la adquisición de vehículos híbridos y eléctricos, a la compra de equipos de alta eficiencia energética y de generación alternativa de electricidad, entre otros.

El trabajo de los bancos -por mejorar el bienestar financiero de sus clientes y de la sociedad, y a su vez de construir un ecosistema de sostenibilidad en el país- tiene muchos años, tiempo en el que han desarrollado e implementado iniciativas y estándares internacionales de sostenibilidad, generando estrategias y acciones que impacten de forma positiva en la sociedad.

Uno de los hitos más importantes ocurrió en 2016, cuando los bancos firmaron el Protocolo de Finanzas Sostenibles de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca), que concretó una estrategia de finanzas sostenibles para el sector.

El protocolo es una iniciativa estratégica que ha promovido que los bancos privados gestionen una agenda coordinada y estratégica de avances y profundización en la temática. Entre las acciones adoptadas, está la implementación, desde 2017, del Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS) que permite identificar y mitigar el impacto ambiental y social cuando se otorgan créditos productivos en sectores específicos.

El recorrido del sector bancario por las finanzas sostenibles no queda allí. En diciembre de 2019, nueve bancos ecuatorianos -y por primera vez todos juntos en bloque- se adhirieron a los Principios de Banca Responsable, impulsado por la Iniciativa Financiera del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI, por sus siglas en inglés).

Con esta singular adhesión, Ecuador fue el país con la mayor cantidad de bancos privados adheridos a este acuerdo en ese momento. La idea de los Principios de Banca Responsable es que además de que los bancos alineen sus negocios al Acuerdo de París, a los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) y a otros marcos internacionales, también gestionen diversos ámbitos con una visión de sostenibilidad integral.

Estos son los seis principios de Banca Responsable:

  • Alineamiento: satisfacer las necesidades de los clientes y la sociedad.
  • Impacto y fijación de objetivos: los bancos deben identificar, evaluar y reducir el impacto que sus actividades tienen sobre las personas y el medio ambiente para crear economías más verdes.
  • Clientes y usuarios: trabajar con los clientes para fomentar prácticas sostenibles y acompañarlos hacia modelos más responsables con el clima y el medio ambiente.
  • Partes interesadas: cuando los bancos se asocian con sus pares, inversionistas, clientes, colaboradores, proveedores, reguladores y otros grupos de interés externos pueden incrementar el cambio a una escala superior.
  • Gobernanza y cultura: es importante el apoyo de la entidad bancaria para que el colaborador integre la sostenibilidad en su trabajo y decisiones.
  • Transparencia y responsabilidad: los bancos deben revisar periódicamente los principios con transparencia y responsabilidad.

María Eugenia Sosa, coordinadora regional UNEP FI, señala que el primer paso para cumplir con los Principios de Banca Responsable es que las entidades financieras analicen sus portafolios para identificar a los sectores que están financiando y sus impactos en su objetivo de alcanzar una economía con cero emisiones de carbono. Esta es una tarea que la banca de Ecuador ya inició. 

En esa misma perspectiva de impulsar una banca sostenible, durante 2021 y 2022, dos bancos ecuatorianos se sumaron a la Alianza Bancaria para Emisiones Netas Cero (NZBA, por sus siglas en inglés), que tiene como meta que las emisiones de carbono derivadas de los portafolios de crédito e inversiones de las instituciones financieras alcancen las emisiones netas cero para 2050, es decir en 28 años.

Analizar el portafolio de inversiones para impulsar créditos es uno de los primeros retos que tienen los bancos que se sumaron a la NZBA, alianza auspiciada por la UNEP FI, que a octubre de 2022 está conformada por más de 491 instituciones financieras mundiales, entre ellas bancos ecuatorianos.

Para lograr este objetivo los bancos deben facilitar financiamiento a sus clientes para que desarrollen proyectos de energía renovable, de eficiencia energética e inversiones agrícolas climáticamente inteligentes, entre otras, para lograr que los negocios transiten a modelos de bajo carbono.

Luego de cinco años de la firma de este Protocolo, los bancos miembros de la Asobanca suscribieron un acta para renovar su compromiso con las finanzas sostenibles, en noviembre de 2021.

Financiamiento internacional

Producto del trabajo en términos de sostenibilidad bajo estándares internacionales y por su manejo técnico que ha derivado en estabilidad, solvencia, solidez y confianza de entidades internacionales, los bancos privados han recibido USD 1.150 millones en financiamiento de los organismos multilaterales entre 2020 y octubre de 2022. Los recursos son destinados, por ejemplo, a iniciativas de finanzas sostenibles, enfocadas al financiamiento social, es decir, para género, micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres; y también para el financiamiento verde.

Los recursos provienen principalmente del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), BID Invest, la Corporación Financiera Internacional (IFC), Bancos Holandés de Desarrollo (FMO), FIN DEV de Canadá y Grupo Aliado S.A.

Además, estos esfuerzos para impulsar las finanzas sostenibles han impulsado que varios bancos ecuatorianos emitan cinco bonos temáticos por USD 360 millones para financiamientos verdes y financiamiento social:

  • 2019: Primera emisión de bono verde por USD 150 millones.
  • 2020: Primera emisión de bono social por USD 20 millones
  • 2022: Emisión de tres nuevos bonos; un bono sostenible por USD 50 millones, un bono de género por USD 100 millones y la primera emisión privada en la región de un bono azul por USD 40 millones.

La emisión de bonos temáticos es suscrita o comprada por inversionistas nacionales o internacionales. En el caso de los emitidos en el país, han sido suscritos por instituciones financieras de desarrollo (DFI por sus siglas en inglés).  Posteriormente, el dinero obtenido por la venta de estos bonos ha sido y será utilizado por los bancos ecuatorianos para otorgar créditos verdes y sociales, en función del que haya sido su compromiso al emitirlos. 

Tanto el financiamiento de los organismos multilaterales, además de los recursos obtenidos por la emisión de bonos temáticos, así como las estrategias de los bancos privados por la creación de nuevos productos ha permitido que la cartera de financiamiento sostenible (social + verde) alcance los USD 1.902 millones en 2021, lo que representa un crecimiento de 66,3% (USD 758 millones) con respecto a 2020. El financiamiento sostenible se compone de 83,6% de financiamiento social y 16,4% de financiamiento verde.

La cartera de productos crediticios verdes, es decir, dirigidos a financiar proyectos que abordan el cuidado ambiental y el cambio climático, es quizás el enfoque más visible de las finanzas sostenibles en el Ecuador.

Asobanca levantó un registro de los montos colocados bajo esta etiqueta conocida como “créditos verdes”.

De acuerdo con los últimos datos recopilados por Asobanca, en 2019 los bancos privados colocaron en créditos verdes un total de USD 202 millones, luego en 2020 la cifra ascendió a USD 200 millones y en 2021 el monto de créditos verdes llegó a USD 312 millones y se destinó, sobre todo, al segmento productivo. En 2021, de los USD 312 millones de cartera de crédito verde, USD 239 millones (77%) fueron al segmento productivo; USD 31 millones (10%) al consumo y USD 42 millones (13%) al segmento vivienda.

El financiamiento verde no es nuevo. Desde 2012 ya se comenzaron a registrar productos crediticios dirigidos a proyectos con enfoque ambiental en la banca privada, es importante mencionar que incluso antes de ese año las entidades ya financiaban iniciativas amigables con el medio ambiente, pero, por lo novedoso del mercado en aquella época, esos recursos no se registraban bajo la etiqueta de “crédito verde” aunque en esencia, lo eran.

Y, respecto al financiamiento social, en 2019 los bancos privados colocaron USD 309 millones, luego en el año 2020 la cifra creció hasta USD 944 millones y en el año 2021, alcanzó USD 1.590 millones. Los proyectos que se financian en esta categoría son principalmente aquellos enfocados en microcrédito con enfoque en género, madres cabezas de hogar, emprendedoras que mantienen a su familia, entre otros proyectos.

La mayoría del financiamiento social se destina al microcrédito. Según la Asobanca, de los USD 1.590 millones de cartera de crédito social en 2021, USD 839 millones (53%) se destinaron al microcrédito, USD 464 millones (29%) al sector productivo y USD 287 millones (18%) al consumo.

Los proyectos más recientes

La agenda de trabajo a favor de las finanzas sostenibles continúa en este año 2022: el proyecto más reciente de los bancos ecuatorianos ha sido financiado por FMO y BID Invest y contempla tres componentes:

  • El desarrollo de 22 guías sectoriales, herramientas que establecen lineamientos para otorgar financiamiento, identificando y mitigando riesgos ambientales y sociales en los sectores productivos de Ecuador.
  • La creación de un portal web para medir el desempeño de los bancos en finanzas sostenibles, con el objetivo de tener un benchmark nacional e internacional que genere información y nuevas oportunidades para el sector.
  • La realización de un estudio de mercado que analice el desarrollo de las finanzas sostenibles en Ecuador y que se convierta en una referencia para profundizar las actividades en este ámbito a largo plazo.

Las 22 guías sectoriales que incorpora este nuevo proyecto se suman a 12 guías que se habían ya desarrollado en 2021. Con estas 34 guías, el Ecuador sería el país con el mayor número de guías sectoriales de la región, lo que permitirá a los bancos seguir aportando en la concesión de créditos con un enfoque ambiental y social.

Estas guías sectoriales son instrumentos que complementan el SARAS, en la identificación y mitigación de riesgos enfocados en un sector productivo específico.

¿Por qué es importante el financiamiento sostenible?

La Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) alerta que el financiamiento de proyectos con malas prácticas ambientales y sociales es una amenaza para el sector financiero porque los bancos podrían verse expuestos a riesgos de crédito, jurídicos, de reputación e imagen.

Para evitar estos riesgos, la publicación “SARAS: Una oportunidad para instituciones financieras”, la AFD y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) recomiendan la implementación del SARAS porque permitirá a las entidades bancarias diseñar un sistema de gestión de riesgos adaptado a sus procesos.

Según la AFD, este sistema permite a la institución financiera mejorar la calidad general de la cartera de préstamos y fomentar procedimientos eficaces para cumplir con la normativa local y los estándares internacionales. Además, de acceder a nuevas fuentes de financiamiento.

En definitiva, el financiamiento sostenible ha ido ganando terreno porque es clave para cambiar el modelo de desarrollo de la sociedad y los bancos privados tienen el compromiso de seguir trabajando en una agenda de finanzas sostenibles.

Por Wilmer Torres Peña

(más…)
El sistema bancario apuesta por la inclusión financiera en Ecuador

El sistema bancario apuesta por la inclusión financiera en Ecuador

Por: Adriana Santillán y Nicolás Estrella
Departamento Económico Asobanca

Los servicios financieros constituyen ejes fundamentales para el desarrollo económico y social de los países ya que contribuyen con la calidad de vida de las personas y a su vez, con el crecimiento de las economías (Banco Mundial, 2022). En esta línea, la inclusión financiera se entiende como el acceso a servicios de pago, ahorro, financiamiento y seguros para empresas y personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y fuera del sistema financiero formal (Banco Mundial, 2022).

Su relevancia en el campo económico y social yace en su capacidad de reducir la pobreza y mejorar la distribución de ingresos entre la población (Burgess & Rohini, 2005); aspecto que transforma a la inclusión en un concepto multidimensional. Dentro de este contexto, los sistemas bancarios juegan un rol central pues sus instituciones ofrecen productos y servicios que buscan adecuarse a las necesidades de las personas con el fin de aumentar su bienestar financiero. De tal forma, los bancos juegan un papel crucial al realizar esfuerzos para diseñar productos financieros de calidad que sean provistos de forma responsable y sostenible (García et al, 2013). Por ejemplo, la transformación digital de la banca, que se aceleró con la pandemia, ha conseguido promover el micro financiamiento, los pagos digitales y la inserción financiera de mujeres, jóvenes y personas en situación de pobreza (IDB & WEF, 2022).

“La transformación digital de la banca ha conseguido promover el micro financiamiento, los pagos digitales y la inserción financiera de mujeres, jóvenes y personas en situación de pobreza”.

A nivel mundial, existen distintos estudios que analizan la evolución de la inclusión financiera. Uno de los trabajos más destacados es el Global Findex Database del Banco Mundial (GFD, 2017), el cual recoge los datos más relevantes relacionados al acceso, uso y profundización de los servicios financieros.

Entre sus principales resultados, se destaca la comparación entre regiones respecto a la proporción de personas mayores a 15 años que poseen una cuenta en una institución financiera formal.

Uso de la metodología “componentes principales no lineales” a una muestra de 7 países de América Latina (Perú, Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador y México) con 1.200 encuestas a hogares por cada país.

Una puntuación de 100 significa que existe mayor inclusión financiera. Para el caso de América Latina dicha proporción alcanza apenas el 54% en 2017, resultado que se encuentra 40 puntos porcentuales (p.p.) por debajo de América del Norte (94%) y 27 p.p. con relación a Europa y Asia Central (81%). Para Ecuador, este porcentaje es menor al promedio latinoamericano, pues alcanza el 51% (Gráfico 1). Por otra parte, también se presenta un indicador de la proporción de personas pertenecientes al 40% más pobre de la población que posee una cuenta financiera; este indicador representó el 42% para América Latina y el 33% para Ecuador. De este modo, se evidencia un retraso en la inclusión financiera de la región al reconocer que aún existe una alta proporción de personas que no accede al sistema financiero formal.

Los datos más recientes para analizar el caso ecuatoriano se obtienen del Índice de Inclusión Financiera de Credicorp, elaborado mediante una encuesta a países de la región por Ipsos (2021). El análisis relaciona las dimensiones de acceso, uso y calidad. La primera hace referencia a la posibilidad de acceder a productos o servicios financieros formales; el uso describe la profundidad o frecuencia en la que se utilizan estos y la calidad representa en qué medida estos productos o servicios satisfacen las necesidades de las personas (Credicorp, 2021).

Para este indicador, Ecuador obtuvo una puntuación de 46,9 en 20212. En la dimensión de acceso (infraestructura financiera, conocimiento y tenencia de productos), el puntaje fue de 43,3. Para la dimensión de uso (transacciones básicas, ingresos y ahorros), la puntuación llegó a 30,2. Por último, en la dimensión de calidad, Ecuador recibió un puntaje de 67,2 (calidad percibida y la confianza en el sistema financiero).

En todas estas dimensiones, el país tiene puntuaciones superiores a las del resto de países, por lo que la puntuación se encuentra por encima del promedio regional que fue de 38,3 (Credicorp, 2021). Esto significa que el país muestra un avance en materia de inclusión debido al trabajo del sector financiero en incrementar la calidad de los productos y servicios que ofrece.

En esta línea, la banca privada ecuatoriana con el fin de contribuir con la ampliación del acceso y uso de sus productos financieros cuenta con 40.225 puntos de atención (oficinas, ATM, corresponsales no bancarios y agentes auxiliares) en todo el territorio nacional, tanto en zonas urbanas como en rurales. En el Gráfico 3, se observa el número de puntos de atención de los bancos y de las cooperativas, las mismas que, para el mismo período, alcanzaron un total de 44.897 puntos.
Debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, la banca incrementó sus esfuerzos para continuar ofreciendo sus servicios a las personas. Uno de los instrumentos para lograrlo fue el incremento significativo de los corresponsales no bancarios (CNB), lugares en donde los usuarios pueden realizar transacciones, pagos de servicios básicos, entre otros servicios, en pequeños y medianos comercios como en las tiendas o farmacias más cercanas.

De esta manera, Ecuador es el tercer país con la mayor cantidad de CNB por cada 100.000 habitantes en América Latina, sólo por debajo de Perú y Brasil (Gráfico 4). A septiembre 2021, el país contó con 164 CNB por cada 100.000 ecuatorianos, es decir, 29.279 de estos puntos de atención.

De acuerdo con el Banco Mundial (2022), los países más avanzados en materia de inclusión financiera son aquellos que han conseguido crear un contexto regulatorio y normativo propicio, que permita la competencia de las instituciones bancarias, además de una innovación y ampliación de los productos y servicios financieros para toda la población.

Esto debería estar acompañado de regulaciones y medidas de protección al cliente, con el fin de garantizar una oferta responsable de servicios (Banco Mundial, 2022). Asimismo, el auge de la digitalización, ha facilitado el acceso y uso de servicios financieros para las empresas más pequeñas y poblaciones vulnerables. No obstante, este aspecto sigue siendo un reto para las economías a nivel mundial, especialmente, para la región (Banco Mundial, 2022).

La banca ecuatoriana sigue el camino de una mayor inclusión financiera que fomente el acceso al financiamiento formal de grupos tradicionalmente excluidos. Sin embargo, el contexto normativo presenta una serie de desafíos para lograr una inclusión financiera más justa ya que hoy que se ve limitada por la elevada represión en las tasas de interés mediante controles excesivos que resultan nocivos para el desarrollo del sistema (Banco Mundial, 2020).

Una tasa de interés que refleje las condiciones del mercado propiciaría un sistema financiero mucho más inclusivo que combata el financiamiento informal que afecta a familias y empresas ecuatorianas con tasas de interés anuales superiores al 1.200%.

Equifax, 2021.

De esta manera, la inclusión financiera no solamente facilita la vida cotidiana y ayuda a las familias y empresas a tomar decisiones que eleven su bienestar, sino que también contribuye al desarrollo socio económico de la población en general. A pesar de los esfuerzos realizados y los avances en esta materia, América Latina y Ecuador todavía se encuentran rezagados, por lo que es primordial reconocer el papel de las instituciones financieras, su digitalización, y los avances en la normativa y regulación que aún son necesarios. Así como el rol de la educación financiera, a la hora de fomentar políticas y programas que tengan como objetivo la inclusión y, por tanto, el bienestar económico y financiero de toda la población.

(más…)