Las ventas del sector privado apalancan la recuperación

Las ventas del sector privado apalancan la recuperación

Autores: Adriana Santillán y Juan Sebastián Vela. Departamento Económico Asobanca  

La pandemia global del COVID-19 provocó una crisis de salud pública sin precedentes que paralizó a la economía mundial. Sus efectos fueron devastadores no solo en términos de salud, reducciones en el ingreso o desempleo, sino que a nivel empresarial, se generaron disrupciones en la producción de bienes y servicios que afectaron directamente las operaciones y por ende, el nivel de ventas. Estos efectos se percibieron en todos los sectores de la economía ya que es complicado mantener la salud de un solo sector, si el resto de las actividades se encuentran afectadas.

De acuerdo con datos del Servicio de Rentas Internas (SRI), en 2019 el total de ventas y exportaciones del sector privado fue de USD 130.392 millones, mientras que para el año 2020 esta cifra descendió a USD 113.645 millones, lo que significa una disminución anual del -12,8%. Dado que el shock fue generalizado, la mayoría de las actividades económicas sufrieron una disminución en sus ventas en 2020. Tal es el caso de la construcción, sector que tuvo un nivel de ventas 31,5% inferior al de 2019.  Lo mismo ocurre con el comercio, la agricultura, las actividades financieras y de seguros y la enseñanza, las mismas que al 2020, poseen una tasa de variación anual en ventas del -12,4, -5,3%, -5,7% y -17,2%, respectivamente (Gráfico 1).

La caída de las ventas provoca consecuencias negativas en la rentabilidad de las empresas. Al no poder vender se reducen los ingresos y se afecta todo el negocio. La rentabilidad constituye un termómetro de la salud de las empresas. Así, una mayor rentabilidad significa que estas han sabido aprovechar sus recursos de una manera eficiente para generar ganancias, lo que a su vez se traduce en mayor inversión para entregar bienes y servicios y más fuentes de empleo. De tal modo, además de medir el beneficio derivado de la inversión de una empresa, la rentabilidad tiene que ver con la utilidad generada para la sociedad en general, no únicamente en términos económicos, sino que también en bienestar, calidad de vida, entre otros (Rogobete, A. 2021).

Al tomar el indicador de rendimiento sobre el patrimonio (ROE), se compara la rentabilidad entre diferentes empresas o sectores económicos (Medina y Mauricci, 2014). Es decir, mientras mayor sea este indicador, mayor será la capacidad que una empresa posee para generar utilidades con relación a sus recursos.

En el Gráfico 2 se observa la rentabilidad de las principales actividades económicas para el año 2019 y 2020[1]. Las actividades que presentan mayor afectación en el ROE 2020 en comparación con el de 2019 son: actividades profesionales con 25,3 puntos porcentuales (p.p.) de reducción; transporte y almacenamiento con una caída de 14,2 p.p; y banca privada con una reducción de 9,1 p.p.  

En el caso del sistema bancario ecuatoriano, en 2019 alcanzó un ROE de 13,9%, por debajo del promedio de América Latina según los datos de la Federación Latinoamericana de Bancos. Sin embargo, para el año 2020, este indicador fue de 4,8% lo cual evidencia la fuerte afectación tras la crisis sanitaria. Lo mismo sucede en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito y las mutualistas, las cuales presenciaron en 2019 un ROE de 8,1% y 5,9%, respectivamente, pero para el 2020 estas cifras fueron de 3,6% y 1,4%. En conjunto, el sector financiero tuvo una afectación importante por la necesidad de hacer mayores provisiones dada la posibilidad de incurrir en mayor cartera vencida por falta de pagos, brindar atención ininterrumpida y asegurar que los canales de transaccionalidad se mantengan operativos y seguros.

En la época previa a la pandemia, las industrias en Ecuador con los mayores niveles de rentabilidad fueron: transporte y almacenamiento (ROE del 36,2%); actividades profesionales (ROE del 31,6%); y explotación de minas y canteras (ROE del 17,3%), según los datos reportados por las empresas a la Superintendencia de Compañías. Mientras que para el cierre del 2020, estas actividades fueron: transporte y almacenamiento; enseñanza; y explotación de minas y canteras, con un ROE de 22,0%, 12,8%, y 11,5%, respectivamente. Esto significa, por ejemplo, en 2019, por cada dólar de capital o patrimonio que una empresa de transporte o almacenamiento invirtió, ganó 0,36 centavos de utilidad.

La caída en las ventas y por tanto, el golpe ocasionado en la rentabilidad de los distintos sectores económicos, limitan la capacidad de generación de aportes al Estado mediante impuestos. Según el SRI, en 2020 la recaudación tributaria efectiva fue de USD 11.748 millones, mientras que en el año 2019, esta cifra fue de USD 13.480 millones, lo que representa una disminución del 12,9%, corroborando la desaceleración económica.

En el Gráfico 3 se observa la participación de las diferentes actividades económicas en la recaudación tributaria total. La actividad que más contribuye a la recaudación de impuestos es el comercio al por mayor y menor (30%), seguida de las actividades financieras y de seguros (18%) y la explotación de minas y canteras (5%).

Al realizar un análisis más minucioso de las actividades financieras y de seguros (mismas que representan el 18% de la recaudación total a diciembre de 2020), se observa que, de estas, el sistema bancario, cooperativo y de mutualistas, representan el 87% de la recaudación total a diciembre de 2020 (Gráfico 4).

Asimismo, la recaudación del impuesto a la renta presenció una caída. En 2019, esta cifra sumó USD 4.769 millones, mientras que en 2020 descendió a USD 4.406 millones, con un decrecimiento del 7,6%. En el Gráfico 5, se plasma lo recaudado en impuesto a la renta en relación con la utilidad neta obtenida de las principales actividades económicas.

Las actividades que más contribuyeron en la recaudación del impuesto a la renta con respecto a su utilidad neta en 2019 fueron mutualistas; cooperativas; comercio y construcción. Mientras que, para el año 2020, estas actividades fueron mutualistas; enseñanza; cooperativas y bancos privados.

La magnitud desproporcionada de la pandemia afectó a todas las actividades económicas del Ecuador, dejando secuelas en sus operaciones, niveles de ventas y, por ende, la rentabilidad y su posibilidad de aportar con mayores impuestos. La recuperación económica depende en gran medida de la capacidad de las empresas de volver a generar ventas y una adecuada rentabilidad, lo cual no solo es bueno para la salud de los negocios, sino para toda la economía en su conjunto ya que esto se traduce en más empleos, mayor consumo, más aportes mediante impuestos y finalmente, dinamización económica que encaminará al país a la recuperación sostenida. Resulta imprescindible entonces, reconocer la importancia de todas las actividades que conforman la economía ecuatoriana, pues así, los resultados positivos de cada una de estas generarán bienestar a la sociedad en general. 

Referencias:

Servicio de Rentas Internas (2021). Consulta en Saikua 7 de octubre de 2021

Federación Latinoamericana de Bancos (2020)

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (2021), Consulta de balances de compañías 5 de octubre de 2021

 Superintendencia de Bancos (2021)

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (2021)

Medina, C., & Mauricci, G. (2014). Factores que influyen en la rentabilidad por línea de negocio en la clínica Sanchez Ferrer en el periodo 2009-2013. Universidad Privada Antenor Orrego. Retrieved from http://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/upaorep/325/1/MEDINA_CARLOS_FACTORES_RENTABILIDAD_NEGOCIO.pdf

Rogobete, A. (2021). Ethical business is good for society and for profit. Recuperado de: https://theceme.org/andrei-rogobete-ethical-business-is-good-for-society-and-for-profit/


[1] El ROE se calcula como la utilidad neta sobre el patrimonio para las empresas reportadas a SUPERCIAS así como para las entidades financieras. Cálculo: autores.

Inclusión financiera: ¿Cuál es el rol de las tasas de interés?

Inclusión financiera: ¿Cuál es el rol de las tasas de interés?

Los techos a las tasas de interés han generado exclusión financiera, sobre todo para personas de escasos recursos y PYMES

Por Andrea Villarreal, directora del Departamento Económico en la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ASOBANCA)

En medio de la pandemia, una respuesta fácil, popular, pero poco efectiva para fortalecer el crédito y la inclusión financiera, ha sido imponer restricciones a las tasas de interés. Esto ha traído resultados inversos que generan exclusión financiera, limitan el otorgamiento de créditos y tienen un efecto nocivo en la activación de la economía.

El Banco Mundial (2020) en su estudio Tasa de interés: Represión alrededor del mundo analiza la existencia de controles a las tasas interés basado en una encuesta realizada a 108 países. Los hallazgos muestran que el 58% de países tienen restricciones a las tasas de interés. Estas medidas se vuelven más populares en un contexto de crisis. Por ejemplo, desde la crisis financiera global de 2008, al menos 30 economías emergentes han impuesto límites a las tasas de interés o han endurecido las existentes (Ferrari et al. 2018). El estudio señala que la crisis de 2008 y la pandemia han desencadenado decisiones gubernamentales y debates relacionados a  mayores límites a las tasas de interés  y advierte que el riesgo es que, una vez que se implementan, es probable que se vuelvan permanentes.

En el caso de la pandemia, un mes después de su inicio, países como Argentina, China, Sri Lanka y Vietman impusieron restricciones en materia de tasas de interés. A este listado se suma Perú, el cual a finales de 2020, por primera vez, aprobó un mecanismo de restricción a las tasas de interés activas al colocar techos. La implementación de esta política fue parte de un amplio debate donde, pese a las advertencias de sus efectos nocivos, decantó en su aprobación por parte del Congreso peruano.

No resulta extraño que el Banco Central de Reserva de   Perú (2021) en su primer comunicado relacionado a las topes de las tasas de interés, haya alertado sobre los efectos dañinos en la inclusión financiera: “se estima que podrían quedar excluidos alrededor de la cuarta parte de créditos (21,5% en créditos de consumo y 3,2% en créditos MYPE como porcentaje del total de cartera consumo y MYPE), en su mayoría otorgados por las entidades financieras especializadas en créditos de consumo y microfinanzas…”

La justificación de quienes promueven estas medidas es que los límites a las tasas de interés ayudan a dinamizar el crédito, regulan el mercado y mejoran la inclusión financiera. Nada más alejado de la realidad. La evidencia internacional muestra que la imposición de límites a las tasas de interés ha generado efectos adversos para la inclusión financiera al restringir el acceso al crédito, sobre todo para las personas de escasos recursos y para las pequeñas y medianas empresas. Además, ahondan brechas de acceso y cobertura y desincentivan la transparencia. Este es el caso de Chile, que al tercer año de aplicación de esta medida la Superintendencia de Bancos (BCN, 2020) estimó que entre 151 000 y 227 000 clientes habrían dejado de tener acceso al crédito formal. En esta línea, Madeira (2019) encontró que la reducción en la tasa de interés máxima legal en Chile restringió el número de deudores con nuevos créditos en 9,7% a fines de 2015, lo cual equivale a unos 197 000 potenciales clientes. Para el caso de Japón, Maimbo y Henríquez (2014) citado en BCR (2021), encontraron que los controles a las tasas de interés restringen el acceso al crédito formal e incrementa los créditos informales.

Aunado a esto, el uso de límites a las tasas de interés como instrumento de política pública puede generar desigualdad y asimetrías, en la medida que excluye del sistema financiero principalmente a los clientes de las entidades financieras de menor tamaño, las cuales usualmente concentran sus esfuerzos en el microcrédito.

Tasas de interés en Ecuador

Desde 2007 Ecuador cuenta con techos a las tasas de interés activas. Estos se consideran restrictivos ya que no responden a una metodología técnica definida, son estáticos y no fluctúan conforme el ciclo económico. El Banco Central del Ecuador tiene hasta finales de agosto para presentar una metodología para la política de techos a las tasas de interés. El hecho de contar con la posibilidad de tener una metodología clara es, sin duda, un gran avance en materia de transparencia. En esta línea, es importante destacar que el Banco Mundial (2020) recomienda a los países considerar en la gestión de tasas de interés dos principios fundamentales. En primer lugar, la transparencia, para asegurar que los techos sean conocidos y comprendidos por los participantes del mercado y, por otro lado, también la flexibilidad, para asegurar que los cambios en los aspectos económicos y estructurales se transmitan a cambios en las tasas de interés.

En medio de la peor crisis que ha enfrentado la economía ecuatoriana, es normal querer que las tasas de interés bajen. La pregunta es cómo lograrlo para no causar efectos distorsionadores en los niveles de crédito, inclusión financiera o aumento de riesgos.

Esto permitirá mejorar el entorno económico, fortalecer la competitividad, atraer inversión extranjera directa, tener reglas del juego claras y caminar a estándares normativos internacionales en materia financiera. Hoy en día ya se evidencia una mejora en las expectativas económicas ligadas a un acelarado plan de vacunación, disminución del riesgo país y políticas amigables con la promoción de la competitividad y atracción de inversiones. Esto, sumado a la reactivación económica paulatina y reapertura de actividades, ha permitido que los niveles de crédito y depósitos se fortalezcan, los servicios financieros se profundicen, la demanda de crédito mejore y las tasas de interés se reduzcan por las condiciones del mercado según los últimos datos del BCE.

La discusión de las tasas de interés en Ecuador debería abordar el problema principal: la exclusión del 49% de la población mayor a 15 años de un sistema financiero formal, seguro y con reglas claras (Global Findex, 2017). Este porcentaje de la población asciende a 5,8 millones de ciudadanos que, en Ecuador, no tienen acceso al sistema financiero y, por ende, están expuestos al mercado informal, sujetos a tasas de interés que superan el 1000% anual. Además, estar excluído implica no poder utilizar productos y servicios financieros, no generar un historial crediticio para acceder al ahorro y crédito, así como no realizar transacciones mediante el uso de canales digitales. Finalmente, la población excluida utiliza dinero en efectivo, lo cual es más riesgoso y enfrenta costos de transacción elevados relacionados con tiempo, movilización, entre otros.

Las políticas que se planteen en esta materia deben ser integrales: por un lado, promover el acceso a crédito, incluir a aquellos que por sus niveles de riesgo no pueden acceder a un sistema de tasas que impone techos y, finalmente, obedecer a parámetros técnicos que no distorsionen el mercado crediticio.

Debido a los efectos de los techos de tasas de interés, es necesario fomentar un entorno que permita que las tasas de interés se reduzcan por medio de medidas que generen más competencia en el mercado de crédito. En tal sentido, además de fortalecer el entorno económico, la estabilidad y caminar hacia estándares normativos internacionales, algunas medidas que podrían apoyar esto se pueden ver en tabla 2 en versión descargable.

En definitiva, una política integral orientada a mejorar la técnica con la que se construyen las tasas de interés debe considerar la evidencia empírica y también la experiencia que ya hemos tenido en el país con la aplicación de los límites existentes. Además de pensar en los usuarios del sistema financiero, proteger sus ahorros de potenciales riesgos y fomentar una cultura inclusiva y responsable con la población hasta hoy excluida de nuestro sistema financiero.

Referencias:

Big Money, otro caso de analfabetismo financiero

Big Money, otro caso de analfabetismo financiero

Por Marco Rodríguez, vicepresidente Ejecutivo de Asobanca

Nunca olvidé las imágenes de militares y policías que, lejos de restablecer el orden en Machala, trepaban árboles y saltaban por ventanas de un edificio con fajos de dinero para ser detenidos poco después por turbas desesperadas que trataban de recuperar para sí ese mismo dinero. Era agosto de 2005. El país entero miraba con asombro el llamado “caso del notario Cabrera”. El esquema conocido como Ponzi, que este funcionario judicial de la provincia antes mencionada usó para estafar a las personas, era antiguo, pero le resultó efectivo.

El esquema Ponzi consiste en la captación de recursos de “inversionistas” bajo la promesa de pagar altos rendimientos. Estos rendimientos inexistentes son pagados con la captación de otras inversiones. Es decir, el esquema funciona mientras más gente entregue sus recursos y ese flujo de recursos no se detenga. A la muerte del notario, el flujo de efectivo se detuvo y el esquema cayó. Se afirma que el notario llegó a captar 800 millones de dólares y tuvo aproximadamente 35.000 clientes en todo el país.

Muchos años y juicios después otro caso aparece, el de Big Money en Quevedo. Mismo sistema, misma estafa. Pero a diferencia del caso Cabrera, en que parecía tratarse de un hecho aislado, al menos la prensa no reportó otros similares. En días recientes han aparecido otros casos en Ambato y Pastaza.

Mucho se puede reflexionar sobre las razones que permiten el surgimiento de este tipo de estafas. Sin embargo, indudablemente una de ellas es la escasa educación financiera de las personas que sucumben ante estas ofertas de ganar dinero fácil. Si las personas pudieran discernir lo poco real que resulta el creer que una inversión legítima puede redituar el 90% en 8 días, quizá menos gente se involucraría en estos hechos ilícitos.

La educación financiera es uno de los componentes de un reto aún más grande: la inclusión financiera. En el Ecuador los desafíos sobre este componente son mucho mayores. De acuerdo con el Boletín Anual de estadísticas de inclusión financiera de agosto de 2018 del Banco Central del Ecuador, el 96% de los encuestados señalaron que no habían recibido charlas o material sobre educación financiera por parte de una entidad financiera o del gobierno.

La estadística antes mencionada resulta llamativa puesto que, desde el año 2013, el sistema financiero bajo control de la Superintendencia de Bancos está obligado a ejecutar programas de educación financiera, los cuales nacieron con el objetivo de “ayudar a sus clientes y público en general a conocer las características, comprender las ventajas y desventajas, así como los riesgos y el buen uso de los productos y servicios financieros, así como las cláusulas esenciales de los contratos que tenga por objeto tales productos y servicios”

Varios son los canales que actualmente usa el sistema financiero para difundir el contenido de estos programas, los cuales no están dirigidos solamente a sus clientes sino a la ciudadanía en general. Así, se usan canales digitales y físicos, talleres, capacitación en línea, plataformas y aulas virtuales, etc. No obstante, de ser acertada la estadística del Banco Central, los esfuerzos del sector privado resultan insuficientes frente a la urgente necesidad de que la población adquiera destrezas básicas que permitan que las personas puedan desarrollar capacidades financieras para analizar información y adoptar decisiones informadas, o simplemente superar el llamado analfabetismo financiero, parafraseando a Anna Lusardi.

A mi juicio, el problema no está en los mayores o menores esfuerzos del sector privado en llevar adelante el programa de educación financiera en el Ecuador: el problema es de concepto. ¿Debe ser el sector privado el único obligado a ejecutar una política pública, algunos incluso dirían una obligación estatal? Sostengo que no. El sector privado debe ser parte de la estrategia nacional, pero no el único sujeto obligado a ejecutarla.

En Estados Unidos de América la educación financiera está encabezada por la Comisión para el Alfabetismo y la Educación Financiera (FLEC, por sus siglas en inglés) y fue creada en virtud de la Ley Fair and Accurate Credit Transactions del 2003. Brasil creó el Comité Nacional de Educación Financiera (Conef), parte del gobierno y responsable de la dirección, supervisión y fomento de la estrategia de EEF de ese país. En Reino Unido, en el 2010, mediante la Ley de Servicios Financieros se creó la agencia de Educación Financiera. Colombia tiene una estrategia nacional de educación financiera liderada por el sector público, pero con participación y obligaciones específicas para el sector privado.

La evidencia y las mejores prácticas muestran que Ecuador está en el camino equivocado. Sin embargo, poco se ha hecho para corregirlo. Aún con los ingentes recursos que destina el sector privado a la temática, son pocos los avances que se tienen en la materia.

La OCDE en las Recomendaciones del Consejo sobre Alfabetización Financiera sostiene que la educación financiera debe ser impartida desde la edad más temprana posible, a través de mecanismos pedagógicos idóneos y en entornos de educación formal. Esto permite proporcionar las competencias y la formación cognitiva básicas requeridas para promover una cultura del ahorro y de la planeación, lo cual favorece la toma de decisiones económicas y financieras informadas en el futuro.

Al no ser la educación financiera una política de Estado sino una obligación de un muy específico sector de la economía, en Ecuador es muy complejo realizar un adecuado acompañamiento a los procesos de formación académica. Los Bancos son entidades de intermediación, no son centros educativos. Pueden y deben acompañar el proceso de formación, pero no cuentan con las capacidades para involucrarse en procesos eminentemente pedagógicos.

En las Estrategias Nacionales de Inclusión y Educación Financiera en América Latina y el Caribe: Retos de Implementación la OCDE/CAF (2020) recomienda que “las partes interesadas privadas pueden aportar una serie de beneficios (por ejemplo, recursos financieros y experiencia), y están bien posicionados para llegar a una audiencia amplia, al ser ellos los que tienen el contacto directo con el usuario financiero. Esto les permite aprovechar los momentos de enseñanza y combinar la educación financiera con los esfuerzos de inclusión financiera”, pero esto debe ser liderado por el sector público como parte de su política nacional.

Pero, a todo lo dicho hasta acá, ¿qué es educación financiera? Y, ¿por qué la relación de ésta y los casos de captación ilegal de dinero? En palabras de la actual Superintendente de Bancos, Mgtr. Ruth Arregui, la “educación financiera, (…) es un proceso que se define como el conjunto de acciones necesarias para que la población adquiera aptitudes, habilidades y conocimientos que le permitan comprender, administrar y planear sus finanzas personales, así como usar de manera óptima los productos y servicios que ofrece el sistema financiero y de seguridad social, para la toma de decisiones informadas que posibiliten mejorar el bienestar financiero personal, familiar y de los negocios.”

De la definición citada deriva que la educación financiera no solo supone comprender o planear sus finanzas personales, sino que detrás de ello existe un fin y este es el bienestar financiero. Ser presa de estafadores evidentemente afecta al bienestar que se busca alcanzar. Solo piense en todo el esfuerzo que a la fecha ha sido ya desperdiciado ante la pérdida de los recursos en manos de las pirámides o esquemas Ponzi.

En muchos aspectos de la vida en general se sostiene que lo mejor es la prevención. Una adecuada formación en temáticas financieras, sostenida en el tiempo, indudablemente disminuirá la cantidad de sujetos que caerán en los engaños de gente sin escrúpulos y promoverán el acceso a sistemas formales de ahorro o inversión.

Me adhiero plenamente a lo señalado por la señora Superintendente:

“(…) resulta imperioso contar con un Programa Nacional de Educación Financiera que incluya la preparación, administración y análisis de una encuesta nacional para medir los niveles actuales de capacidad financiera, la incorporación de la educación financiera personal integral en los programas escolares, y una serie de iniciativas dirigidas a los jóvenes y a los adultos. Las estadísticas en Ecuador muestran una tendencia a la desafección financiera, por lo que también se requiere desarrollar metodologías para evaluar el impacto de estos programas y con ello determinar la continuidad o mejora de los mismos.” (Inclusión Financiera y Desarrollo. Situación actual, Retos y desafíos de la banca)

De no tomarse acciones urgentes, casos como el del Notario Cabrera, Big Money, la red de delincuencia que se forma alrededor de la usura o chulco, continuarán periódicamente llenando los titulares de los medios de comunicación, las salas de fiscalías y juzgados, y dejando o regresando a la pobreza a miles de personas.

Cinco datos que demuestran que poner controles a las tasas genera menos acceso al microcrédito

Cinco datos que demuestran que poner controles a las tasas genera menos acceso al microcrédito

En los últimos 13 años, las tasas de interés para los créditos en el Ecuador se han visto influenciadas por diferentes modificaciones normativas y controles o techos máximos. Esto significa que las tasas de interés no han podido evolucionar conforme al comportamiento de la oferta y demanda de crédito y a la situación económica del país, como debería ser, en teoría.

La Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD) se encargó de analizar cuáles han sido los efectos del control a las tasas de interés en su más reciente estudio: Tasas de interés activas en el mercado crediticio ecuatoriano.

El informe concluye que las normativas actuales para la fijación de las tasas de interés activas efectivas máximas no han cumplido con su objetivo, que era incluir a más personas al sistema de crédito formal en el país en segmentos como el microcrédito.

Al contrario, la data analizada por RFD muestra que aunque el monto de crédito ha crecido en el microcrédito, las operaciones han disminuido; es decir, se han entregado más recursos, pero en menos manos.

“El desenvolvimiento del mercado de microcrédito y consumo ha demostrado que cada vez se entrega mayores montos de crédito y menos operaciones, lo que implica menos personas atendidas y por ende menos inclusión financiera”, sostiene la investigación.

Agosto es un mes clave para discutir sobre la metodología de tasas de interés, pues está previsto que hasta el lunes 30 se conozca cuál será la nueva metodología propuesta por el Banco Central del Ecuador.

Este estudio de RFD es un insumo de suma importancia para aportar datos al debate. Estos son los hallazgos principales del estudio:

  1. A medida que las tasas de interés de mercado se han ido reduciendo en el microcrédito, el número de operaciones cae de manera continua. En ninguno de los períodos previos a la pandemia se alcanza los niveles del 2008.
  2. Se evidencia cada vez un menor número de operaciones de montos bajos; es decir, en el subsegmento de crédito minorista (menos de USD 1.000) y un mayor número de operaciones de montos altos; es decir, en los subsegmentos de microcrédito de acumulación simple y ampliada (mayores a USD 1.000).
  3. A pesar de la caída en el número de operaciones, las entidades han incrementado el volumen desembolsado de su cartera, principalmente por el aumento de la participación de los subsegmentos que otorgan los mayores montos por operación, como son acumulación ampliada y simple, dejando de lado al subsegmento minorista, el cual casi tiende a desaparecer, con la consecuente afectación a los segmentos más bajos de la población que son los que buscan los créditos más pequeños.
  4. El monto promedio de microcrédito casi se ha cuadruplicado desde 2008. En ese año el crédito minorista tenía un monto promedio de USD 300 mientras que hoy supera los USD 1.000.  Lo señalado ratifica que la disminución de tasa de interés sin una metodología técnica atrás tiene efectos importantes en la profundización financiera y en este caso se evidencia una afectación a los segmentos más bajos de la población.
  5. El incremento de montos promedio de crédito ha hecho que los plazos promedios de pago también se extiendan, para que los beneficiarios puedan cumplir con sus obligaciones a tiempo. Los microcréditos de acumulación ampliada pasaron de un promedio de 30 meses en 2015 a un promedio de 53 meses.

En conclusión, el informe de RFD advierte que, si no se establece una metodología adecuada para la fijación de la tasa de interés, de manera que se incentive a la oferta de crédito en diferentes segmentos de la población, podría generarse una grave afectación a la inclusión financiera, haciendo que los segmentos más vulnerables de la población recurran a créditos informales que perjudican gravemente su bienestar financiero e incluso su integridad.

Revise el informe completo aquí: http://rfd.org.ec/docs/comunicacion/EstudiosTecnicos/Tasas-de-Interes-Activas-en-El-Mercado-Ecuatoriano.pdf

Cinco señales de que eres apto para recibir un crédito

Cinco señales de que eres apto para recibir un crédito

Las experiencias de las personas en torno al crédito pueden resultar muy distintas. Por un lado, están las personas que han encontrado en el crédito un instrumento útil para alcanzar metas que cambiaron sus vidas.

El año pasado tuve la oportunidad de entrevistar a una madre de familia de dos pequeños, que con orgullo me contó que logró ampliar su pequeño restaurante en el sur de Quito; compró un horno e insumos que hicieron más sencillo el trabajo y le permiten atender mejor a sus clientes. Lo hizo con ayuda de un crédito de la banca privada.

Varios recuerdos importantes de mi vida están ligados también a un crédito.  Mi intercambio para aprender inglés en Canadá. Mis papás decorando la casa que por fin pudieron comprar luego de haber pagado arriendos durante 20 años. Mi primer auto.

Pero del otro lado están también aquellos que no pueden o no han podido acceder a un crédito formal. En este punto, entonces, surge la pregunta: ¿por qué unos sí reciben créditos y otros no?

Los expertos en educación financiera coinciden en que existen al menos cinco aspectos que suelen influir en el otorgamiento de créditos. Conocer estas variables resulta indispensable para que corrijamos o mejoremos aquellas cosas que están en nuestra cancha. Por una amable coincidencia del idioma español estos cinco aspectos comienzan con la letra “C” y, por ello, los especialistas suelen referirse a estos como: Las cinco “C” del crédito.

Carácter

El carácter de pago es la credibilidad que ha construido una persona en lo referente al pago de sus compromisos y obligaciones de crédito. Esta variable, en términos sencillos se refiere a qué tan bueno o malo es un sujeto para honrar sus deudas; el carácter se puede ver a través del historial crediticio de una persona.

Es cierto que un cliente puede tener recursos para pagar un crédito, pero si no tiene disposición o carácter para hacerlo, incurrirá en mora, por lo tanto, no será visto como un buen sujeto de crédito.

Recuerde que esta variable está en la cancha del cliente. Pagar a tiempo una deuda es la mejor forma de mostrar un buen carácter de pago.

Capacidad

Un prestamista necesita saber si la persona que recibe el crédito tiene posibilidades de pagar su compromiso, de ahí que resulta importante evaluar su capacidad de pago.

Una de las prioridades de los bancos es cuidar el dinero de sus depositantes, por ello, no pueden arriesgar esos recursos prestando dinero que quizás nunca podrán recuperar, esto afectaría a los depositantes.

No existe un monto de dinero específico que se requiera tener como ingreso para acceder a un préstamo, lo que se debe tener en cuenta más bien es la capacidad de pago de cada uno. ¿Qué es la capacidad de pago? Es la cantidad máxima de los ingresos que una persona puede destinar al pago de deudas.

Para saber su capacidad de pago debe conocer cuáles son sus ingresos y cuáles son sus gastos, no olvide incluir las cuotas de deudas ya adquiridas.

Reste a los ingresos sus gastos y las cuotas de las deudas que debe pagar. Ese es su ingreso neto. Los especialistas recomiendan que no se destine más del 40% de los ingresos a pagar deudas.

Colateral

También suele ser llamado “garantía” o “aval” y se refiere a los activos (por ejemplo, un bien inmueble, maquinaria, inventarios) con los que cuente el cliente para asegurar o garantizar el pago del préstamo en el caso de que, por alguna razón, no pudiera pagar el monto.  

La intención del ente que otorga un crédito no es quedarse con los bienes del cliente, pues esto genera más gastos a los bancos y engorrosos trámites legales. Lo ideal es recuperar el crédito con los pagos a tiempo recibidos por el cliente. Además, así usted puede construir un buen historial.

Recuerde que no todos los créditos exigen un colateral, este requisito suele depender del monto que solicite la persona o empresa y del tipo de crédito. También hay créditos en los que más que un colateral, se solicita que una persona participe como garante de la deuda.

Capital

Los ingresos, como el salario mensual del cliente, suelen ser la fuente principal de pago de un crédito, no obstante, los entes también pueden tomar en cuenta otros factores, como el capital; es decir, los ahorros, inversiones y otros activos con los que cuente el posible deudor para hacer frente a su compromiso.

Condiciones

Se refiere a las condiciones generales que puedan afectar el pago del monto prestado. En este punto están temas como el destino que se le dará a los fondos recibidos del banco, el plazo de pago, e incluso, las condiciones económicas que atraviesa el país en donde vive el deudor. ¿El país atraviesa una grave recesión económica, la economía está estancada o más bien está en una etapa de crecimiento? Eso influye en importantes aspectos como la inflación, la tasa de empleo, entre otros.