Educación e Inclusión Financiera
Las tarjetas de crédito son importantes para la inclusión de más mujeres y jóvenes al sistema financiero porque les permite acceder a financiamiento con mayor rapidez, seguridad y facilidad, pues es una línea crediticia disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.
El financiamiento a través de tarjetas de crédito aumentó en Ecuador en 2022, debido a los consumos realizados principalmente, por parte de jóvenes menores de 25 años y por mujeres. A través de estas tarjetas, dichos segmentos poblacionales iniciaron su historial crediticio en el sistema financiero formal.
La nueva publicación de la Asobanca y Aval Buró denominada “ABC de las Tarjetas de Crédito” (marzo, 2023), señala que en 2022 se concedieron USD 18.639 millones en nuevos créditos a través de las tarjetas de crédito. Estos consumos fueron realizados por 2.037.690 tarjetahabientes (personas y empresas) a través de 90,3 millones de operaciones.
El reporte señala que las mujeres registran un mayor crecimiento en el acceso y uso de tarjetas de crédito, que los hombres. Por ejemplo, en el número de operaciones, en el aumento de plásticos activos, y en los consumos realizados.
Del total de personas (2.006.887) que usan tarjetas de crédito a 2022, el 53% (1.065.436) son hombres y el 47% son mujeres, o el equivalente a 941.451 tarjetahabientes. Sin embargo, hay mayor inclusión financiera de las mujeres, pues, ellas registran un crecimiento del 11,3% entre 2021 y 2022, mientras que los tarjetahabientes hombres solo crecen a un ritmo del 7,1%. Es decir, una diferencia de 4,2 puntos porcentuales.
Asimismo, del 100% de operaciones con tarjetas de crédito realizadas por personas, el 53% corresponden a hombres mientras que el 47%, a mujeres. Pero, el crecimiento anual de operaciones por parte de las mujeres fue de 11%, 3,5 puntos porcentuales más que los hombres (7,5%).
Y, así, las mujeres registran ratios de crecimiento anuales superiores a los hombres, como lo refleja el siguiente gráfico:
El estudio “Removiendo las barreras de la inclusión financiera de las mujeres y otros grupos poblacionales en América Latina y el Caribe”, del Programa de las Naciones Unidas Para El Desarrollo (PNUD), señala que el uso de tarjetas bancarias para el pago de las transferencias ha probado ser una medida que acarrea resultados rápidos y masivos de acceso financiero y ha contribuido a cerrar brechas, en particular de género y de nivel de ingresos.
Sin embargo, el estudio del PNUD considera que se necesitan implementar estrategias complementarias e integrales para ampliar el uso de esas tarjetas más allá de los retiros y abriendo la posibilidad de depósitos, créditos y seguros.
El acceso y uso de servicios y productos como tarjetas de crédito apuntan a ampliar el bienestar financiero de todos los ecuatorianos. El Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) define al bienestar financiero como “el estado en el cual una persona puede satisfacer plenamente sus obligaciones financieras actuales y en curso, puede sentirse segura de su futuro financiero y es capaz de tomar decisiones que le permitan disfrutar de la vida”.
Crear un entorno financiero para las mujeres
Las tarjetas de crédito es uno de los productos que apuntan a crear un entorno financiero a favor de las mujeres.
El estudio del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) denominado “Capacidades financieras de las mujeres”, señala que, para acortar las brechas de género en Ecuador, “es necesario generar un entorno financiero propicio en el que las mujeres confíen y se sientan seguras de comunicar sus necesidades, y para ello es importante potenciar la educación financiera, fortalecer las habilidades y capacidades de ellas, y crear productos financieros y no financieros con perspectiva de género que refuercen los negocios de las mujeres”.
Aquí, en Ecuador, varias entidades financieras tienen productos específicos para mujeres, dependiendo de su perfil y sus retos. Otra acción importante -hacia un entorno financiero adecuado para las mujeres- es el desarrollo de estrategias de educación financiera, por ejemplo, en la creación de campañas de capacitación y de entrenamiento para la independencia y crecimiento económico de ellas.
Y, la tarjeta de crédito es un mecanismo para lograr independencia y crecimiento económico de las mujeres, pues les permite establecer un historial crediticio positivo, lo que les ayudará a acceder a préstamos o créditos de mayores montos en el futuro, así como el resto de los productos y servicios financieros.
Estas acciones y estrategias de educación financiera buscan, además, impulsar la erradicación de la violencia económica y patrimonial que, pese a los avances, todavía viven muchas mujeres de Ecuador y el mundo.
Tarjetas de crédito: Nuevos clientes y jóvenes
La publicación ABC de las Tarjetas de Crédito señala que 55.517 clientes accedieron por primera vez al sistema formal a través de una tarjeta de crédito en 2022. Ellos realizaron 202.683 operaciones con sus tarjetas por un monto de USD 47,5 millones, es decir, con consumos realizados -en promedio de USD 234.
Del total de nuevos clientes, el 51,5% de los usuarios que acceden por primera vez son jóvenes menores a 25 años. El 37,5%, en cambio, son tarjetahabientes que tienen edades que van desde los 26 a 45 años. Finalmente, el 11% de los tarjetahabientes superan los 46 años.
Asimismo, de estos nuevos clientes que ingresan al sistema formal a través de una tarjeta de crédito, el 50,3% son mujeres, lo que evidencia que ellas y los jóvenes, en general, tienen una mayor adaptación a la hora de usar los nuevos medios de pago.
Marco Rodríguez, Presidente Ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca), dijo “las tarjetas de crédito son productos de rápido y fácil acceso, pues permiten acceder a crédito para realizar compras que pueden pagarse posteriormente.”
El presidente de Asobanca señaló que, para ampliar el acceso al uso de tarjetas de crédito, el país requiere mejorar las políticas públicas para que se facilite el acceso a financiamiento. Entre esas políticas que distorsionan el sistema financiero en Ecuador están los techos a las tasas de interés, que impiden que estas se ajusten al riesgo de cada cliente, y más recientemente a las condiciones del mercado mundial, ocasionando que menos personas accedan a créditos.
La normativa local de techos a tasas de interés, choca con la actual coyuntura internacional, que ha elevado los costos de financiamiento para bancos y empresas ecuatorianas. Por eso, ambas situaciones son incompatibles, lo cual se vuelve una amenaza para el ritmo de crecimiento del crédito y la inclusión financiera.
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Educación e Inclusión Financiera
Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los microcréditos constituyen la parte vital de los sistemas financieros de América Latina y el Caribe. En los últimos años hubo una expansión de la entrega de microcrédito, lo que demuestra la capacidad que tiene este segmento para “contribuir significativamente” al desarrollo.
En Ecuador, el microcrédito fue uno de los tipos de crédito en la banca privada con mayor crecimiento en los últimos años.
A diciembre de 2022, la banca privada entregó una cifra récord en nuevos créditos, al otorgar USD 29.924 millones, lo que significa un incremento anual del 17%. Esto representa un crecimiento de USD 4.373 millones más que 2021.
De ese total, el microcrédito tuvo un incremento anual del 15%, al llegar a los USD 2.436 millones.
Según la Junta de Política y Regulación Financiera, este es el crédito destinado a los emprendimientos y microempresas que registran ventas inferiores a USD 100.000 por año. Es un segmento clave para la economía, pues generó el 25,47% del empleo en 2021, según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Por ese aporte, el Banco Mundial señala que los emprendedores y las pequeñas empresas impulsan el crecimiento económico de los países y crean empleos, pues tienen el potencial de transformar las comunidades; mientras que las PYMES desempeñan un rol importante al abordar los desarrollo, especialmente los atados a la sostenibilidad y la prestación de servicios.
Tan importantes son los emprendedores y microempresarios que la mayoría de las empresas que se crean en el país son, precisamente, microempresas. De acuerdo con el INEC, en 2021 en Ecuador existían 849.831 empresas, de las cuales, el 94% eran microempresas, 4% empresas pequeñas y el 1% empresas medianas. En otras palabras, el 99% de las empresas del país son micro, pequeñas y medianas.
Un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2022) señala que para impulsar el microcrédito se requiere de políticas, una pieza clave para posicionar a este segmento.
Por eso, resulta imprescindible para los bancos privados reconocer y apoyar el rol fundamental de este segmento en la reactivación económica. Y, una forma de hacerlo es a través de la canalización de más financiamiento para las microempresas.
El microcrédito no es la única opción para reducir la pobreza, pero es, probablemente, uno de los mecanismos más utilizados para superar las limitaciones económicas.
Microcrédito: Cifras positivas pero pudieron ser mejores
Los nuevos créditos entregados a los microempresarios presentan cifras récord, pero irónicamente pudieron tener un valor mucho más alto.
Eso significa que, aunque existe un crecimiento en el volumen de nuevos microcréditos, hay una desaceleración en el crecimiento del número de operaciones de microcrédito. En 2022, el número de nuevas operaciones de microcrédito otorgadas por la banca privada fue de 775.998, un crecimiento de 27% (164.492 operaciones más) respecto al mismo periodo de 2021, cuando las nuevas operaciones crecieron un 75% en comparación con 2020.
Esto ocurrió debido a los techos a las tasas de interés en Ecuador, cuyo impacto ahora está empeorando por el contexto internacional.
Desde el 2007, el Gobierno Nacional impuso techos a las tasas de interés máximas que los bancos privados pueden cobrar por prestar dinero a los clientes del sistema financiero. Eso ha provocado un impacto en la entrega de microcréditos.
El impacto negativo ocurre porque los techos que tienen las tasas activas máximas en Ecuador además de no reflejar las condiciones actuales de la economía, tampoco permiten una asignación adecuada en función del riesgo, afectando con exclusión financiera a todos los segmentos, especialmente en el microcrédito.
Y ahora, el contexto internacional está poniendo más presión en esta restricción del crédito. Las políticas que se pusieron en marcha para promover la recuperación de la economía tras el impacto de la pandemia del coronavirus y el impacto de la guerra entre Ucrania y Rusia ocasionó el incremento de la inflación.
Como contraparte, los bancos centrales de las economías desarrolladas han incrementado -de manera periódica- la tasa de interés de política monetaria de sus países, con la intención de frenar la demanda (consumo) y, por ende, enfriar la subida de precios (inflación).
Por ejemplo, el Banco Central de Estados Unidos, más conocida como la Reserva Federal (FED), incrementó la tasa de interés, al pasar de 0,25% en marzo de 2022 a un rango de entre 4,50% y 4,75% a inicios de febrero de 2023, un nivel registrado por última vez en 2007.
El incremento de las tasas de interés por parte de los bancos centrales provoca que el acceso a financiamiento internacional sea más costoso para las instituciones financieras y empresas de Ecuador, superando, en varios casos, los dos dígitos.
Que el financiamiento internacional sea más caro para el país provoca que se deteriore el flujo normal de recursos nuevos que arriben al país para colocarlos en nuevos créditos.
El financiamiento externo es uno de los aliados importantes para el crecimiento del crédito, entre ellos el microcrédito. Entre 2020 y 2022, el sistema financiero privado trajo más de USD 1.400 millones de recursos frescos del exterior, los cuales fueron colocados en nuevos créditos para empresas y familias.
El encarecimiento del financiamiento no solo viene del lado internacional, el costo del fondeo local también se ha incrementado. La tasa de interés pasiva referencial, es decir lo que pagan los bancos a sus clientes para dejar su dinero en las instituciones financieras, alcanzó el 6,65% a enero de 2023, más de un punto porcentual por encima del año anterior.
Tanto el encarecimiento del fondeo tanto local como internacional dependen de las decisiones de política monetaria internacional y de la coyuntura global. Para Ecuador, las consecuencias resultan incompatibles debido al sistema y la estructura de techos en las tasas máximas de interés activas vigentes.
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Educación e Inclusión Financiera
Lamentablemente, en el país hay gente que está necesitando financiamiento, pero que no está accediendo al crédito en el sistema financiero formal. Esta dura realidad fue reflejada en el informe Global Findex del Banco Mundial, en la que se establece que, a 2021, solo dos de cada 10 personas accedían a financiamiento formal en el sistema financiero ecuatoriano.
Mientras que las ocho personas restantes, posiblemente, están cayendo en el chulco para financiarse, pagando tasas de interés de 1.200% anual en promedio, según un estudio de Equifax (2021).
Algunas veces escuchamos a políticos o dirigentes que aseguran que lo que hay que hacer es aprobar una ley para obligar a los bancos a bajar las tasas de interés, y que, con esta medida, la gente podrá acceder a créditos más baratos y de esa forma cumplir sus proyectos.
Este tipo de propuestas de reducir por ley las tasas para que más personas accedan a financiamiento, en realidad lo reduce. Aunque el espíritu y la intención detrás de fijar límites, e incluso de reducir las tasas de interés, es ayudar a dinamizar el crédito, lo que sucede en la práctica es todo lo contrario.
Si se obliga a los bancos a bajar las tasas de interés por ley, los bancos podrían prestar dinero únicamente a las personas o empresas cuyo riesgo permite cubrir los costos que impliquen las operaciones crediticias. Por otro lado, los sujetos de crédito, que por su riesgo están sobre el techo de la tasa de interés, quedarían expuestos al financiamiento informal.
Mientras que, a las personas que no tienen historial crediticio o que tienen problemas para cumplir sus obligaciones, el acceso a financiamiento será restringido.
Pero ¿cómo funciona una tasa de interés? La tasa de interés es un precio y los precios no deben ser controlados por ley. Para explicar el impacto negativo que tendría el reducir las tasas de interés para aumentar la oferta de crédito, es necesario poner dos ejemplos sencillos:
Imagínese si un Gobierno plantea reducir el hambre a través de la reducción -por ley- del precio del pan, a 1 centavo de dólar; o que, por ley, se decide reducir el precio de la camioneta 4×4 a USD 5.000, cuando en el mercado, probablemente el valor promedia los USD 20.000.
¿Qué pasaría si estas dos opciones irrisorias llegarían a cumplirse? Esto causaría escasez de panes y de camionetas 4×4.
En el caso del pan, el 1 centavo de dólar no le alcanzaría al panadero a cubrir los costos de producción de ese alimento, como el costo de la harina, de la mantequilla, del aceite, de los huevos, de la leche; el pago del arriendo del local, de los servicios básicos; así como el pago a los trabajadores, entre otros. Es decir, el panadero perdería cada vez que venda una unidad de pan.
En el caso de la camioneta 4×4 sucedería algo parecido. Al vendedor no le alcanzarían los 5.000 dólares para importar la camioneta 4×4 de la empresa automotriz del extranjero, en donde cuesta más de USD 20.000. Los USD 5.000 tampoco le alcanzarían para que el dueño de la concesionaria en Ecuador pague a sus trabajadores y el mantenimiento del lugar. Eso significaría que el vendedor de las camionetas 4×4 tampoco podría cubrir sus costos.
Exactamente lo mismo sucedería con la tasa de interés que cobra un banco por prestar dinero -de los depositantes- a través de un crédito.
Entonces, al igual que en otros productos, no es conveniente para la economía bajar -por ley- las tasas de interés, porque provocaría escasez de crédito, restringiendo su acceso, sobre todo, a quienes más lo necesitan.
Exclusión financiera
De hecho esto ya pasó en el país. El estudio especial de Análisis Semanal denominado “El mecanismo más buscado” (diciembre, 2021) reveló que los techos a las tasas de interés causaron exclusión financiera, teniendo un efecto contrario al esperado con la fijación y reducción de tasas. Es así como, desde 2007, el número de operaciones de crédito de la banca privada se redujo a pesar de que el monto promedio subió. Eso significa que esta política pública fomentó mayores montos de crédito en menos manos.
De forma específica, en el periodo 2007 a 2019, la reducción en el número de operaciones es consistente en todos los segmentos. Por ejemplo, en microcrédito las operaciones cayeron 0,1% en promedio anual, mientras que el monto promedio de las operaciones subió 7,2%.
La restricción en el acceso al crédito provocaría que las personas con un mayor riesgo, es decir, que tienen más dificultades para pagar sus obligaciones, o que no tienen historial crediticio, no puedan acceder a financiamiento. Por ejemplo, los emprendedores, que buscan -por primera vez- financiamiento para emprender en un negocio, no podrían acceder a crédito debido a una escasez de recursos. Y, la única opción que tendrían -para buscar recursos- sería por medio del chulco.
Mientras tanto, los que sí accederían a financiamiento formal en las instituciones financieras serían las personas que gozan de un buen historial crediticio y que tienen una mejor capacidad de pago.
Pero las personas que no acceden a un crédito en las instituciones financieras no piensan dos veces para tomar un crédito con el chulco, asumiendo riesgos de seguridad y físicos muy elevados.
Entonces, el problema en Ecuador no es la tasa de interés, sino el acceso al crédito. Por eso, cualquier cambio legal debe apuntar a facilitar el acceso a financiamiento formal a las personas que actualmente no gozan de un crédito y la idea de reducir por ley la tasa de interés, no es el adecuado.
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Educación e Inclusión Financiera, Finanzas Sostenibles
El rol de intermediación financiera de la banca es clave para la canalización de liquidez a empresas y personas.
Es a través de ese rol que se convierte en un actor fundamental para promover el desarrollo sostenible de los sectores productivos y de consumo del país. Con una visión estratégica y bien orientada, los bancos privados caminan con pasos firmes para incidir en las diferentes industrias del país promoviendo a través del otorgamiento de créditos que sus clientes implementen aspectos ambientales, sociales y de gobernanza en sus proyectos (ASG, por sus siglas en inglés).
Con estos parámetros, la banca apoya a través de productos crediticios a proyectos de construcción sostenible; a los emprendimientos de las mujeres; al reciclaje y gestión de residuos; a impulsar la producción más limpia; al desarrollo de proyectos de agricultura, acuacultura y manufactura sostenible; a la adquisición de vehículos híbridos y eléctricos, a la compra de equipos de alta eficiencia energética y de generación alternativa de electricidad, entre otros.
El trabajo de los bancos -por mejorar el bienestar financiero de sus clientes y de la sociedad, y a su vez de construir un ecosistema de sostenibilidad en el país- tiene muchos años, tiempo en el que han desarrollado e implementado iniciativas y estándares internacionales de sostenibilidad, generando estrategias y acciones que impacten de forma positiva en la sociedad.
Uno de los hitos más importantes ocurrió en 2016, cuando los bancos firmaron el Protocolo de Finanzas Sostenibles de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca), que concretó una estrategia de finanzas sostenibles para el sector.
El protocolo es una iniciativa estratégica que ha promovido que los bancos privados gestionen una agenda coordinada y estratégica de avances y profundización en la temática. Entre las acciones adoptadas, está la implementación, desde 2017, del Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS) que permite identificar y mitigar el impacto ambiental y social cuando se otorgan créditos productivos en sectores específicos.
El recorrido del sector bancario por las finanzas sostenibles no queda allí. En diciembre de 2019, nueve bancos ecuatorianos -y por primera vez todos juntos en bloque- se adhirieron a los Principios de Banca Responsable, impulsado por la Iniciativa Financiera del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI, por sus siglas en inglés).
Con esta singular adhesión, Ecuador fue el país con la mayor cantidad de bancos privados adheridos a este acuerdo en ese momento. La idea de los Principios de Banca Responsable es que además de que los bancos alineen sus negocios al Acuerdo de París, a los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) y a otros marcos internacionales, también gestionen diversos ámbitos con una visión de sostenibilidad integral.
Estos son los seis principios de Banca Responsable:
- Alineamiento: satisfacer las necesidades de los clientes y la sociedad.
- Impacto y fijación de objetivos: los bancos deben identificar, evaluar y reducir el impacto que sus actividades tienen sobre las personas y el medio ambiente para crear economías más verdes.
- Clientes y usuarios: trabajar con los clientes para fomentar prácticas sostenibles y acompañarlos hacia modelos más responsables con el clima y el medio ambiente.
- Partes interesadas: cuando los bancos se asocian con sus pares, inversionistas, clientes, colaboradores, proveedores, reguladores y otros grupos de interés externos pueden incrementar el cambio a una escala superior.
- Gobernanza y cultura: es importante el apoyo de la entidad bancaria para que el colaborador integre la sostenibilidad en su trabajo y decisiones.
- Transparencia y responsabilidad: los bancos deben revisar periódicamente los principios con transparencia y responsabilidad.
María Eugenia Sosa, coordinadora regional UNEP FI, señala que el primer paso para cumplir con los Principios de Banca Responsable es que las entidades financieras analicen sus portafolios para identificar a los sectores que están financiando y sus impactos en su objetivo de alcanzar una economía con cero emisiones de carbono. Esta es una tarea que la banca de Ecuador ya inició.
En esa misma perspectiva de impulsar una banca sostenible, durante 2021 y 2022, dos bancos ecuatorianos se sumaron a la Alianza Bancaria para Emisiones Netas Cero (NZBA, por sus siglas en inglés), que tiene como meta que las emisiones de carbono derivadas de los portafolios de crédito e inversiones de las instituciones financieras alcancen las emisiones netas cero para 2050, es decir en 28 años.
Analizar el portafolio de inversiones para impulsar créditos es uno de los primeros retos que tienen los bancos que se sumaron a la NZBA, alianza auspiciada por la UNEP FI, que a octubre de 2022 está conformada por más de 491 instituciones financieras mundiales, entre ellas bancos ecuatorianos.
Para lograr este objetivo los bancos deben facilitar financiamiento a sus clientes para que desarrollen proyectos de energía renovable, de eficiencia energética e inversiones agrícolas climáticamente inteligentes, entre otras, para lograr que los negocios transiten a modelos de bajo carbono.
Luego de cinco años de la firma de este Protocolo, los bancos miembros de la Asobanca suscribieron un acta para renovar su compromiso con las finanzas sostenibles, en noviembre de 2021.
Financiamiento internacional
Producto del trabajo en términos de sostenibilidad bajo estándares internacionales y por su manejo técnico que ha derivado en estabilidad, solvencia, solidez y confianza de entidades internacionales, los bancos privados han recibido USD 1.150 millones en financiamiento de los organismos multilaterales entre 2020 y octubre de 2022. Los recursos son destinados, por ejemplo, a iniciativas de finanzas sostenibles, enfocadas al financiamiento social, es decir, para género, micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres; y también para el financiamiento verde.
Los recursos provienen principalmente del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), BID Invest, la Corporación Financiera Internacional (IFC), Bancos Holandés de Desarrollo (FMO), FIN DEV de Canadá y Grupo Aliado S.A.
Además, estos esfuerzos para impulsar las finanzas sostenibles han impulsado que varios bancos ecuatorianos emitan cinco bonos temáticos por USD 360 millones para financiamientos verdes y financiamiento social:
- 2019: Primera emisión de bono verde por USD 150 millones.
- 2020: Primera emisión de bono social por USD 20 millones
- 2022: Emisión de tres nuevos bonos; un bono sostenible por USD 50 millones, un bono de género por USD 100 millones y la primera emisión privada en la región de un bono azul por USD 40 millones.
La emisión de bonos temáticos es suscrita o comprada por inversionistas nacionales o internacionales. En el caso de los emitidos en el país, han sido suscritos por instituciones financieras de desarrollo (DFI por sus siglas en inglés). Posteriormente, el dinero obtenido por la venta de estos bonos ha sido y será utilizado por los bancos ecuatorianos para otorgar créditos verdes y sociales, en función del que haya sido su compromiso al emitirlos.
Tanto el financiamiento de los organismos multilaterales, además de los recursos obtenidos por la emisión de bonos temáticos, así como las estrategias de los bancos privados por la creación de nuevos productos ha permitido que la cartera de financiamiento sostenible (social + verde) alcance los USD 1.902 millones en 2021, lo que representa un crecimiento de 66,3% (USD 758 millones) con respecto a 2020. El financiamiento sostenible se compone de 83,6% de financiamiento social y 16,4% de financiamiento verde.
La cartera de productos crediticios verdes, es decir, dirigidos a financiar proyectos que abordan el cuidado ambiental y el cambio climático, es quizás el enfoque más visible de las finanzas sostenibles en el Ecuador.
Asobanca levantó un registro de los montos colocados bajo esta etiqueta conocida como “créditos verdes”.
De acuerdo con los últimos datos recopilados por Asobanca, en 2019 los bancos privados colocaron en créditos verdes un total de USD 202 millones, luego en 2020 la cifra ascendió a USD 200 millones y en 2021 el monto de créditos verdes llegó a USD 312 millones y se destinó, sobre todo, al segmento productivo. En 2021, de los USD 312 millones de cartera de crédito verde, USD 239 millones (77%) fueron al segmento productivo; USD 31 millones (10%) al consumo y USD 42 millones (13%) al segmento vivienda.
El financiamiento verde no es nuevo. Desde 2012 ya se comenzaron a registrar productos crediticios dirigidos a proyectos con enfoque ambiental en la banca privada, es importante mencionar que incluso antes de ese año las entidades ya financiaban iniciativas amigables con el medio ambiente, pero, por lo novedoso del mercado en aquella época, esos recursos no se registraban bajo la etiqueta de “crédito verde” aunque en esencia, lo eran.
Y, respecto al financiamiento social, en 2019 los bancos privados colocaron USD 309 millones, luego en el año 2020 la cifra creció hasta USD 944 millones y en el año 2021, alcanzó USD 1.590 millones. Los proyectos que se financian en esta categoría son principalmente aquellos enfocados en microcrédito con enfoque en género, madres cabezas de hogar, emprendedoras que mantienen a su familia, entre otros proyectos.
La mayoría del financiamiento social se destina al microcrédito. Según la Asobanca, de los USD 1.590 millones de cartera de crédito social en 2021, USD 839 millones (53%) se destinaron al microcrédito, USD 464 millones (29%) al sector productivo y USD 287 millones (18%) al consumo.
Los proyectos más recientes
La agenda de trabajo a favor de las finanzas sostenibles continúa en este año 2022: el proyecto más reciente de los bancos ecuatorianos ha sido financiado por FMO y BID Invest y contempla tres componentes:
- El desarrollo de 22 guías sectoriales, herramientas que establecen lineamientos para otorgar financiamiento, identificando y mitigando riesgos ambientales y sociales en los sectores productivos de Ecuador.
- La creación de un portal web para medir el desempeño de los bancos en finanzas sostenibles, con el objetivo de tener un benchmark nacional e internacional que genere información y nuevas oportunidades para el sector.
- La realización de un estudio de mercado que analice el desarrollo de las finanzas sostenibles en Ecuador y que se convierta en una referencia para profundizar las actividades en este ámbito a largo plazo.
Las 22 guías sectoriales que incorpora este nuevo proyecto se suman a 12 guías que se habían ya desarrollado en 2021. Con estas 34 guías, el Ecuador sería el país con el mayor número de guías sectoriales de la región, lo que permitirá a los bancos seguir aportando en la concesión de créditos con un enfoque ambiental y social.
Estas guías sectoriales son instrumentos que complementan el SARAS, en la identificación y mitigación de riesgos enfocados en un sector productivo específico.
¿Por qué es importante el financiamiento sostenible?
La Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) alerta que el financiamiento de proyectos con malas prácticas ambientales y sociales es una amenaza para el sector financiero porque los bancos podrían verse expuestos a riesgos de crédito, jurídicos, de reputación e imagen.
Para evitar estos riesgos, la publicación “SARAS: Una oportunidad para instituciones financieras”, la AFD y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) recomiendan la implementación del SARAS porque permitirá a las entidades bancarias diseñar un sistema de gestión de riesgos adaptado a sus procesos.
Según la AFD, este sistema permite a la institución financiera mejorar la calidad general de la cartera de préstamos y fomentar procedimientos eficaces para cumplir con la normativa local y los estándares internacionales. Además, de acceder a nuevas fuentes de financiamiento.
En definitiva, el financiamiento sostenible ha ido ganando terreno porque es clave para cambiar el modelo de desarrollo de la sociedad y los bancos privados tienen el compromiso de seguir trabajando en una agenda de finanzas sostenibles.
Por Wilmer Torres Peña
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Educación e Inclusión Financiera
La pandemia de la COVID-19 provocó, entre otras cosas, un retroceso de 10 años en los niveles de participación laboral de las mujeres en América Latina, de 12 años en la pobreza y de 20 años en la pobreza extrema (CEPAL, 2022), sin embargo, no todo fue negativo.
En otro ámbito, la pandemia se convirtió en el catalizador de una mayor inclusión financiera porque impulsó las transacciones digitales y la expansión de los servicios financieros formales a nivel global. Y, Ecuador no fue la excepción.
La inclusión financiera hace referencia al acceso a servicios financieros formales, como el crédito, el ahorro, los seguros y los servicios de pago y transferencias formales, y su uso por parte de hogares y empresas, bajo el marco de estabilidad financiera para el sistema y los usuarios, señala el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, por sus siglas en inglés) señala que la inclusión financiera está atada, además, a la calidad de los productos y servicios. Para la OECD, el proceso de promoción de un acceso asequible, oportuno y adecuado a una amplia gama de servicios y productos financieros regulados y la ampliación de su uso hacia todos los segmentos de la sociedad mediante la aplicación de enfoques innovadores hechos a la medida, incluyendo actividades de sensibilización y educación financiera con el objetivo de promover tanto el bienestar financiero como la inclusión económica y social.
Los bancos privados del país trabajan desde hace varios años en estrategias y acciones para que exista una mayor inclusión financiera en Ecuador. Se han aliado con organismos multilaterales, entidades del sector público y la academia, han invertido en la expansión acelerada de los corresponsales no bancarios -CNB-, en sólidas y seguras plataformas y aplicaciones digitales, y además en desplegar importantes campañas y acciones de educación financiera.
Todos estos esfuerzos sobre inclusión financiera en el país se han visto reflejados en el último reporte del Global Findex 2021. Este informe, elaborado por Banco Mundial (BM), recoge información de 123 economías mundiales, entre ellas la ecuatoriana, sobre el acceso, el uso y la calidad de los servicios financieros de las personas mayores de 15 años.
Según el reporte del Banco Mundial con corte al 2021, el 64,2% de la población mayor a 15 años en Ecuador tiene una cuenta en las instituciones del sistema financiero formal: banco, cooperativa o mutualista. Este resultado representa un crecimiento de 13,3 puntos porcentuales desde la última medición en 2017, lo que convierte a Ecuador en el séptimo país con mayor porcentaje de población con una cuenta bancaria en América Latina y el Caribe. Aunque todavía está por debajo del promedio de América Latina, el incremento también obedece a los esfuerzos de los bancos privados en la ampliación, digitalización y creación de nuevos productos y servicios financieros que sean adecuados a la realidad de distintos segmentos de clientes.
Mientras que el 36% de la población del país todavía está excluida de una cuenta bancaria. Este indicador demuestra la necesidad de construir una estrategia nacional de inclusión y de educación financiera.
Los mayores beneficiados
Pero ¿quiénes son los que más se benefician de la inclusión financiera? según Global Findex 2021, son los segmentos poblacionales más vulnerables de Ecuador. Para ese año, el 59% de las personas mayores a 15 años que pertenecen al 40% más pobre de la población reportaron poseer una cuenta formal. En 2017, ese indicador alcanzaba el 33,4%.
“Una cuenta bancaria formal contribuye al acceso de servicios financieros complementarios que mitigan la pobreza y la desigualdad”, señala el libro Inclusión Financiera y Estabilidad: Cuestiones de política actuales (Alfred Hannig y Stefan Jansen, 2010).
Mientras que el boletín del Banco Mundial denominado “La COVID-19 impulsó la adopción de los servicios financieros digitales” señala que el incremento en el acceso a una cuenta bancaria crea nuevas oportunidades económicas, reduce la brecha de género y “genera resiliencia de los hogares para gestionar mejor las crisis financieras”.
Pese a estos avances, el informe de Global Findex 2021 alerta sobre retos de inclusión financiera: solamente el 15% de las mujeres en Ecuador tiene acceso a un crédito en el sistema financiero formal, esto representa un crecimiento de apenas 4 puntos porcentuales comparado con 2017 (11%). Mientras la participación de los hombres creció en 9 puntos porcentuales entre 2017 (23%) y 2021 (32%).
Más crédito
Tener una cuenta bancaria permite acceder a crédito formal. Precisamente, es uno de los requisitos que solicitan los bancos antes de entregar financiamiento. El país ha registrado un constante crecimiento en la entrega de créditos.
A septiembre de 2022, la cartera de crédito de la banca privada cerró en USD 37.639 millones, un 17,3% más (USD 5.545 millones más) que el mismo mes de 2021, según datos de la Superintendencia de Bancos.
Aunque existe un crecimiento sostenido en este indicador, hasta 2021, solo dos de cada 10 personas mayores de 15 años accedieron a un crédito formal en una institución financiera, según el Global Findex.
Que más personas accedan a un crédito formal es uno de los desafíos para combatir el financiamiento informal (chulco), el cual cobra una tasa de interés de 1.200% promedio anual, como lo muestra un estudio de Equifax (agosto, 2021). Por eso, un mayor acceso impulsa la economía del país a partir de los encadenamientos productivos que genera el financiamiento formal.
La inclusión financiera también es importante porque las personas que tienen una cuenta bancaria pueden acceder a otros servicios financieros, como el ahorro y los pagos.
Según la Superintendencia de Bancos, a septiembre de 2022, los depósitos de ahorros de la banca privada aumentaron un 6% respecto al mismo mes de 2021, al pasar de USD 10.446 millones a USD 11.072 millones. Eso refleja que los clientes han encontrado en los bancos un refugio seguro para sus ahorros, debido a su solidez, confianza y seguridad que les brinda.
Acceso a una tarjeta, otra forma de inclusión
El acceso a una tarjeta de crédito y débito es otra forma de inclusión financiera. Los datos del Global Findex señalan que la población ecuatoriana que reportó tener una tarjeta de crédito pasó de un 28% a 38% entre 2017 y 2021, mientras que, en ese mismo periodo, el acceso a una tarjeta de débito pasó del 9% al 15%.
Pero, por los bajos niveles de educación financiera, solo cuatro de cada 10 ecuatorianos con tarjeta de crédito realizan el pago mínimo de su estado de cuenta mensual, lo que podría ocasionar la acumulación de la deuda con el consiguiente riesgo de estabilidad en la situación económica familiar.
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Transformación digital, un aspecto clave de la inclusión financiera
Uno de los mecanismos que tienen los bancos ecuatorianos para ampliar la inclusión financiera es trabajar en una mayor digitalización de los servicios bancarios.
En el país hay mayor acceso a Internet y a dispositivos móviles inteligentes. Según el reporte “2022 Global Overview” de We are Social y Hootsuite, el número de personas con Internet en Ecuador se incrementó 65% entre 2012 y 2022, al pasar de 4,8 a 13,6 millones. Además, al 2022 existen 15,9 millones de celulares en el país.
Este crecimiento vertiginoso ha permitido que más personas accedan a servicios digitales en la banca, que han sido reforzados con importantes inversiones en innovaciones tecnológicas con el objetivo de ampliar las soluciones digitales.
Adicionalmente, los bancos realizan un gran trabajo en ampliar su cobertura a través Corresponsales no Bancarios (CNBs) a nivel nacional. De esta forma los usuarios pueden usar servicios financieros en las tiendas, farmacias, micro mercados o pequeños comercios en ubicaciones remotas en donde no existen agencias bancarias.
El trabajo en mejores servicios financieros fue reflejado en el estudio “El avance de la banca digital en Ecuador” (Asobanca, julio 2022), que determinó que la mayor cantidad de transacciones bancarias en 2021 ocurrió por medios digitales.
Del total de los 695 millones de transacciones en 2021, el 41,1%, o 285 millones, fueron por canales digitales (móvil e internet), seguido por el 37,1% por físicos (ventanilla y corresponsales no bancarios – CNB) y el 21,8% por canales remotos (cajeros), según el estudio.
Es así como, uno de los desafíos es fomentar, a nivel de todo el sistema financiero nacional, la implementación de tecnologías seguras, ágiles y eficientes que permitan responder de forma inmediata a los cambios del mercado, tal y como lo hicieron los bancos. Esto permitirá ampliar la inclusión, el acceso, uso y la calidad de los productos financieros.
Pese a los avances señalados anteriormente, todavía existen desafíos para seguir incrementando la inclusión financiera. Al respecto, se requiere el involucramiento articulado y sostenido de varios actores, como gobierno, sistema financiero público y privado, organizaciones de la sociedad civil, entre otros, con la finalidad de construir una estrategia nacional de educación financiera.
Una estrategia de educación financiera permitiría a la población aprender a manejar de mejor manera sus recursos y tomar decisiones financieras que les ayuden a alcanzar una mejor calidad de vida.
Por Wilmer Torres Peña
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Educación e Inclusión Financiera
Desde el 2012 no existe como tal una «central de riesgo». Lo que existen son entidades que se conocen como Burós de Crédito, que recopilan los comportamientos de las personas que acceden a préstamos y créditos en instituciones financieras, en casas comerciales y en telecomunicaciones. Es decir, no hay un listado llamado ‘Central de Riesgo’ en el que se incluya solo a la gente que no pagó una deuda para ya no darle un crédito.
Marco Rodríguez, presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca) señala que, a diferencia de la centra de riesgos, los burós permiten que haya información actualizada del historial crediticio de los clientes del sistema financiero.
“Ahora ya no solo tienen la foto de una persona, sino la película completa. Con ello podemos saber si una persona, que, quizás hoy aparece como mal pagador porque sufrió una enfermedad, siempre tuvo un buen historial crediticio”.
Marco Rodríguez.
Con la información del historial crediticio de un cliente (comportamiento de pago), los servicios financieros que prestan los buros permiten que las entidades -que otorgan créditos- puedan conocer a la persona con la cual evalúan realizar negocios.
La calificación del comportamiento de pago de un cliente se conoce como “scores” y como señala la Asobanca, este indicador viene a ser como la libreta de calificaciones que una persona obtenía en el colegio o la universidad: si estudiábamos teníamos una buena nota, pero sino lo hacíamos, la calificación era baja.
Según Aval Buro, el score de crédito es un puntaje entre 0 y 999 puntos que mide la probabilidad de que un cliente pague a tiempo su crédito. Cuando pagan oportunamente las deudas, el score será cercano a 999 puntos, mientras que, si no se pagan puntualmente, el score se deteriorará y bajará.
El estudio “Radiografía del crédito en Ecuador” (Asobanca y Aval Buró, julio de 2022) señala que tener un buen score es importante para acceder a un crédito porque abre las puertas a oportunidades de financiamiento con mejores condiciones.
La publicación de Asobanca y Aval Buró concluye que los ecuatorianos tienen un buen carácter de pago, debido a una reducción considerable de los pagos incumplidos: Las operaciones crediticias con pagos incumplidas cayeron de 6,40% (6.044) en junio de 2020 a 2,81% en junio de 2022 (4.083).
Si se analiza solo por empresas, la publicación señala que, pese al impacto de la pandemia del coronavirus en la economía, las empresas con las mejores calificaciones crediticias se encuentran en Tungurahua, Imbabura y Cotopaxi. En esas provincias el préstamo está destinado a los sectores de comercio, al agrícola y a la manufactura.
Registros en burós de crédito, positivo para clientes
Es positivo que los burós de crédito registren información del historial crediticio de los clientes -dice el titular de la Asobanca- porque permite a los bancos, a las cooperativas, a las casas comerciales y a las empresas que brindan servicios o créditos, considerar a una persona como un candidato a recibir un financiamiento.
“Pero, qué pasa si no existiera información del historial crediticio: sería difícil tomar una decisión (crédito). Pregunto: ¿Prestarías tu dinero a una persona que no conoces?; es muy seguro que no, pero si tienes información, estarías más motivada a prestar dinero”, explica Rodríguez.
Lo mismo pasa con una institución financiera, que, con base a información crediticia de los burós, otorga un crédito a una persona.
En ese sentido, Asobanca hace varias recomendaciones a la ciudadanía para que cuiden su historial crediticio. Entre esas medidas están:
- Pagar a tiempo las deudas.
- Ponerse al día en las obligaciones vencidas.
- Mantener solo una operación crediticia.
- No sobreendeudarse más allá de las posibilidades de ingresos.
Propuestas para eliminar “la central de riesgos”
Eliminar el historial crediticio y borrar las calificaciones o scores son parte de varios proyectos legales que se analizan en la Asamblea Nacional.
Pero, eliminar el historial crediticio y borrar las calificaciones perjudicará a los clientes que quieren acceder a un préstamo o crédito, pues las entidades financieras y casas comerciales no contarían con información del perfil de ese cliente, lo que produciría menor colocación de crédito.
Más bien, Asobanca propone el fortalecimiento de los burós crediticios, que permitan contribuir a dibujar mejor el perfil de un cliente, que, en la actualidad, no se está tomando en cuenta para el otorgamiento de un crédito. Por ejemplo, fortalecer el perfil de un cliente con el historial en el pago de sus servicios básicos, de arriendo y de pensiones educativas.
Hay gente que tiene carácter de pago, pero entre pagar la pensión del colegio y el crédito, puede que prefiera pagar el colegio. En ese escenario, el cliente muestra responsabilidad y carácter de pago ante una dificultad puntual.
Asobanca plantea, además, que se implemente un sistema de ponderación en el que la calificación buena (score) se mantenga registrada durante más tiempo y se le dé más peso en la ponderación de riesgo; y, por otro lado, a la mala calificación se le otorgue menos peso y menos tiempo de duración.
Actualmente, la ponderación entre los dos tipos de calificación, tanto la mala como la buena es igual, dura seis años para cada una. En otros países, como en Perú, la buena calificación permanece 10 años y la mala dos.
Por Wilmer Torres Peña.
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