Los bonos sociales, una barca para sortear la tormenta que provocó el COVID-19 en la economía

Los bonos sociales, una barca para sortear la tormenta que provocó el COVID-19 en la economía

El 2020 fue un año tormentoso para casi todas las economías del mundo. La pandemia, la poco o nada planeadas reacciones de los Gobiernos, las UCI saturadas y las medidas de confinamiento que mermaron el consumo, entre otros problemas, pusieron nerviosos a los mercados financieros y a los inversionistas.

Evolución de la emisión de bonos temáticos

Fuente:Sustainable Bonds Insights 2021

Pero en medio de ese coctel de preocupaciones, hubo un participante bursátil que soportó la tormenta, se mantuvo a flote y se hizo más fuerte: el bono social.

El mercado mundial de deuda sostenible, que agrupa bonos verdes, bonos sociales y bonos sustentables (conocidos también como bonos temáticos), creció un 29% en 2020; esto es, una cifra récord de casi 700.000 millones, informó la agencia especializada Bloomberg. Este incremento fue impulsado principalmente por una mayor emisión de bonos sociales.

Aunque los bonos sociales todavía son menores en monto si se comparan con los bonos verdes que se emiten en los mercados, los sociales fueron los instrumentos más atractivos y los que más crecieron en el 2020, debido a que la pandemia de COVID-19 generó una mayor demanda de financiamiento para proyectos de ayuda social y para financiar gasto orientado a la atención a sectores vulnerables alrededor del mundo.

De acuerdo con el portal del BID Invest, los bonos temáticos son instrumentos bursátiles muy similares a sus parientes más comunes: son instrumentos de deuda tradicional, de perfil crediticio similar, pero los recursos se usan para proyectos que cumplan con alguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

Los bonos verdes se utilizan para objetivos ambientales, los bonos sociales se dedican a proyectos destinados a mejorar el bienestar social, y los bonos de sostenibilidad combinan objetivos sociales y ambientales, explica el portal del BID Invest.

En el 2021 el panorama sigue siendo positivo y genera buenas expectativas para estos instrumentos, auguran los expertos.

Según Matt Kuchtyak, vicepresidente asistente de bonos verdes y sostenibles en Moody’s Investors Service, se espera que solo la emisión de bonos sociales alcance un nuevo récord en 2021 con respecto a 2020. El año pasado, las emisiones fueron de alrededor de USD 141.000 millones.

Moody’s proyecta que alrededor de USD 150.000 millones de bonos sociales se podrían emitir en 2021. Si se toma en cuenta que en 2019 -antes de la pandemia- la emisión de bonos sociales llegó solo USD 17.000 millones, esto significaría que los bonos sociales podrían crecer ocho veces este año.

“Gracias a estos bonos diversas industrias y sectores podrían emprender proyectos concretos con el fin de mitigar los problemas sociales relacionados con el coronavirus y lograr resultados sociales positivos, especialmente para las poblaciones destinatarias pertinentes, que en este caso pueden incluir también a los miembros de la población general afectados por la crisis”, explica Alberto Vilariño, especialista en Responsabilidad Social Corporativa, en el portal Compromiso Empresarial.

¿Pero quienes aprovecharon más este instrumento? La lupa se posa en Europa, específicamente, en Francia. Según el reporte Sustainable Bonds Insights 2021, en el país galo se registró la mayor emisión de bonos sociales en 2020. Además, fue el segundo país, luego de EE.UU., con la mayor emisión de bonos verdes.

Bloomberg destaca que los mayores emisores de bonos sociales el año pasado en Europa aprovecharon estos instrumentos para proyectos destinados a proporcionar fondos para programas de apoyo al empleo. Por ejemplo, el organismo francés de gestión del seguro de desempleo, Unédic Asseo, recaudó 4.000 millones de euros en mayo pasado para financiar su respuesta al Covid-19, fue el bono social más grande de la historia, señala el reporte.

¿Y América Latina? Según el último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), las economías de América Latina cayeron 7% en el 2020 y su recuperación será leve en el 2021, con un crecimiento de 4,6%. En el caso de Ecuador, será la economía con el crecimiento más bajo (2,5%), solo detrás de Venezuela. Es claro que la región necesitará financiamiento en buenas condiciones para amortiguar los efectos de la pandemia en el ámbito social.

Y eso ya se ha debatido desde hace meses. En enero pasado, durante el Foro de Davos, altos representantes de organismos internacionales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), alertaron que la pandemia de coronavirus ha elevado como nunca las desigualdades en América Latina e instaron a aprovechar los recursos para fortalecer la región y no sumar otra «década perdida», reportó la agencia EFE.

En ese foro, Alejandro Werner, representante del FMI para el hemisferio occidental, dijo que la región latinoamericana va a necesitar invertir de manera importante en infraestructura verde y en fortalecer la red de seguridad social y la educación. Esta es una oportunidad para que más empresas y gobiernos miren hacia los bonos sociales y verdes en la región.

En Ecuador, Banco Pichincha fue pionero en la emisión de un bono verde por USD 150 en 2019. Y más tarde, el Gobierno ecuatoriano también incursionó en la emisión del primer bono social soberano en enero de 2020, antes de la pandemia, para la construcción de vivienda, con una garantía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

María Netto, especialista principal de la división de Conectividad, Mercados y Finanzas (CMF) del BID, señala en el reporte Sustainable Bonds Insights 2021, que hay tres desafíos prioritarios que debe enfrentar la región para navegar de mejor manera en esta ‘barca’ que son los bonos temáticos.

El primero es aumentar la transparencia de la información y desarrollar y armonizar las taxonomías o clasificaciones de estos instrumentos.

Un segundo desafío es promover el buen funcionamiento de los propios mercados financieros y ayudar a los emisores a adoptar formas transparentes de presentar la información relevante.

Una tercera tarea es ayudar a los actores del mercado a comprender la creciente importancia de las calificaciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés). “Hemos experimentado algunas ocasiones en las que los emisores no eran plenamente conscientes de la importancia de las calificaciones ESG reales y precisas. Hemos tenido que convencer a los clientes de que es beneficioso estar atentos a estas revisiones y asegurarnos de que la información disponible para las agencias de calificación ESG sea completa y esté actualizada”, cuenta Netto.

En la región, los países que están más adelante en el uso de estos instrumentos son el gigante Brasil y Chile.

Una mirada a las tasas de interés activas en Ecuador, Perú, Panamá y Colombia

Una mirada a las tasas de interés activas en Ecuador, Perú, Panamá y Colombia

El confinamiento y las medidas de restricción tras el COVID-19 han sido factores detonantes de la crisis económica mundial más fuerte desde la Gran Depresión. Los gobiernos, instituciones y organismos internacionales han desplegado un gran número de políticas y propuestas como alternativas para paliar la crisis, que van desde estímulos fiscales, monetarios, sociales y alivios del sector financiero.

En materia financiera, el sector bancario demostró estabilidad durante la crisis sanitaria, producto del manejo técnico y responsable previo y durante la pandemia (FELABAN, 2021). Pese a esta fortaleza, una de las propuestas más comunes es la reducción o restricción a las tasas de interés del sistema bancario (Calice, Díaz y Masetti, 2020). Las economías como Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, entre otras, alrededor del mundo han estado sujetas a este tipo de formulaciones a raíz de la pandemia.

En este contexto, se han implementado nuevos controles en las tasas de interés que podrían volverse medidas permanentes (Calice, Díaz y Masetti, 2020). Sin embargo, la evidencia demuestra que las represiones financieras conllevan a la reducción de créditos otorgados a los pequeños empresarios, aumento de prestamistas informales, peligro de la transparencia y estabilidad financiera (Alper et al., 2019).

Esta situación no es distinta en Latinoamérica, donde las discusiones sobre techos a las tasas de interés han sido motivo de amplio debate. En Panamá, las leyes permiten que los bancos fijen libremente el valor de las tasas de interés. Por otro lado, en Ecuador existen tasas máximas, las cuales funcionan como un techo para los diferentes segmentos crediticios. Estas se fijan por una normativa que no especifica una metodología para su cálculo. En el caso de Colombia, existe la tasa de usura, definida por el Banco de la República como “el valor máximo de los intereses remuneratorio o moratorio que pueden cobrar los organismos a los agentes económicos”.

Esta tasa corresponde a 1.5 veces el interés bancario corriente de determinados segmentos de crédito. En Perú, existe un sistema de tasas de libre competencia. No obstante, a causa de la pandemia, está en debate un proyecto de ley para colocar techos a las tasas de interés. Capera, Murcia y Estrada (2011) demostraron en su estudio que los límites restrictivos a las tasas de interés tienen un efecto negativo en la profundización financiera en los países de Latinoamérica.

Por ello, con el propósito de examinar la influencia de estas medidas en la oferta de dinero del mercado, se analizarán en el aspecto técnico los componentes de las tasas de interés de cuatro países de la región: Ecuador, Perú, Panamá y Colombia. Al analizar las tasas de interés activas1 efectivas de los cuatro países registradas en diciembre de 2020 para los segmentos de crédito de consumo, vivienda y comercial corporativo, llama la atención que las tasas de interés no son comparables por las diferencias metodológicas de cada país. Por ejemplo, en el crédito de vivienda, Ecuador posee tres segmentos, mientras que en Colombia las tasas de vivienda variarán entre cuatro subcuentas ponderadas en pesos. Por otro lado, en Panamá y Perú existe un solo segmento hipotecario. En el segmento comercial, Perú y Colombia presentan tasas relativamente más bajas, lo cual, de acuerdo con el Banco Central de Colombia se debe en gran parte a la política monetaria expansiva que han implementado (Asobancaria, 2020).

Esto no es posible en economías dolarizadas como Panamá y Ecuador. Si bien, ambos países tienen el dólar como su moneda oficial, las tasas del segmento comercial en Panamá son inferiores en dos puntos porcentuales a la de Ecuador, ya que este primer país tiene amplia profundización financiera, aplica normativa internacional, niveles de riesgo país cuatro veces inferiores a Ecuador y solo cinco segmentos de crédito frente a los 22 de Ecuador.

Componentes de la tasa de interés activa

La tasa de interés activa tiende a variar dependiendo a las condiciones de plazos, perfil del cliente y el segmento crediticio. No obstante, existen más determinantes a considerar para su establecimiento. En particular, las tasas de interés deben estar compuestas principalmente por costos y riesgos, donde los costos incorporan todos los elementos de la intermediación financiera.

A continuación, se detallan los componentes de la tasa de interés activa:

Prima de riesgo. Es el valor de rentabilidad adicional que percibe el emisor al aceptar el riesgo (Pinal, 2015). Es decir, una forma de compensar el riesgo al que se expone la institución financiera al prestar los recursos captados de los depositantes. Según Rosermberg, González y Narain (2009), el mayor riesgo y los préstamos incobrables por morosidad se encuentran en América Latina y el Caribe. Esto significa que, en la región, las instituciones financieras deben ser muy técnicas al otorgar un préstamo.

Costos generales. Se dividen en administrativos, de asesoría y procesamiento de crédito, comunicación y divulgación, y nuevos productos (Asobanca, 2019). Rosenberg, González y Narain (2009), y Cotler y Almazan (2013) afirman que, en promedio, representan el 60% del total de los costos de las microfinancieras. Señalan que los préstamos más pequeños tienen costos más elevados; no obstante, existen otros factores que los afectan, como: tamaño del préstamo, antigüedad, escala, ubicación, densidad de clientela y tipo de préstamo.

Impuestos. Demirguc-Kunt y Huizinga citados en (Ferrari, Masetti & Ren, 2018) los dividen en explícitos e implícitos. Afirman que las tasas de interés se ven influenciadas por los impuestos de la jurisdicción del banco -explícito- y por los impuestos relacionados al gravamen que solicita el Banco Central – implícitos-. En la misma línea, Calice, Díaz y Masetti (2020), al descomponer las tasas de interés, sugieren que poseen un piso natural creado por los requisitos de reserva legal y los impuestos relacionados.

Costo de fondeo. Se refiere al costo para la institución financiera de conseguir los recursos que se van a convertir en créditos. En países con política monetaria, estos recursos provienen de préstamos del Banco Central, financiamiento externo y depósitos captados. En cambio, las economías dolarizadas se limitan a obtener su fondeo de financiamiento externo y de los depósitos captados sujetos a que la entidad financiera pague una tasa de interés pasiva considerada dentro del costo de fondeo.

Ganancia. En la tasa de interés activa, hace referencia a los rendimientos productivos que percibe la institución financiera por el préstamo realizado y la intermediación financiera (Levy, 2012).

Análisis comparativo de las tasas de interés de Ecuador, Perú, Colombia y Panamá

Los componentes de las tasas de interés deben ser considerados dentro de un sistema que integre a todos los elementos de forma técnica y refleje sus cambios en el tiempo. A continuación, se explora las principales diferencias del costo de fondeo y entorno en Ecuador, Panamá, Colombia y Perú. Del 2016 al 2020 los países -exceptuando Ecuador- han logrado mantener un riesgo país controlado. Un riesgo país bajo y estable supone una mayor probabilidad de cumplimiento de las obligaciones financieras de un país. Además, influye en la posibilidad de que se adquiera financiamiento externo en condiciones más convenientes desde el país y sus agentes económicos. En el caso de Ecuador, el riesgo país es el más elevado de los cuatro países analizados y el tercero en América Latina después de Venezuela y Argentina. Su alta dependencia del sector petrolero, inestabilidad política y social, su historial en cuanto a defaults de deuda, entre otros factores influyen en el alto riesgo país.

Otro factor determinante en el costo de fondeo es la tasa pasiva, definida como aquella tasa que pagan los intermediarios financieros a los clientes por los depósitos a plazo realizados (Banco Central de Ecuador, 2007). Esta tasa constituye un elemento esencial ya que está vinculada directamente a la tasa activa, es decir una mayor tasa pasiva significa un mayor costo de fondeo que se verá reflejada en la tasa activa. Ecuador se caracteriza por ser uno de los países con las tasas de captación más altas de la región.

Al cierre de 2020, la tasa de depósitos a plazo3 promedio referencial fue de 5,9%, mientras que Perú registró una tasa de 0,08% y Panamá 3,55%, siendo esta última, una economía dolarizada. Un tercer factor que influye en las tasas de interés es el entorno determinado por la normativa, el nivel de apertura y competitividad de cada país. Esto se puede analizar a través del indicador de profundización financiera, que mide la relación del nivel de depósitos y créditos respecto al PIB y hace referencia al grado de desarrollo y penetración de los servicios financieros en una región (BCE, 2015).

Economías que implementan políticas de apertura comercial y competitividad tienden a presentar mayores niveles de profundización. Por ejemplo, a septiembre 2020, Panamá registró un nivel de crédito sobre el producto interno bruto de 109%, Colombia 50% y Perú 47%. Mientras que Ecuador se ubicó entre los tres países con menor profundización de la región alcanzando el 28% (FELABAN, 2020). Además, en materia financiera la normativa ecuatoriana se encuentra rezagada en la implementación de las normas de Basilea III -que son los estándares internacionales más altos-, mientras los otros países en análisis ya aplican dichas normas. Así mismo, Ecuador es el único de los cuatro países que aplica techos a las tasas de interés, lo cual genera distorsiones como el fomento de la exclusión financiera e informalidad (Alper et al., 2019; Capera, Murcia y Estrada, 2011).

Las tasas de interés activas se ven afectadas por los diferentes factores que inciden en su composición y por el entorno de cada país. Los países libres de techos en las tasas de interés pueden incluir los distintos niveles de riesgo de acuerdo con el perfil del cliente y segmento de crédito, lo que significa que ofrecerán tasas altas a clientes con mayor riesgo y sin historial crediticio ofreciendo así una alternativa formal para bancarizarse, mientras clientes de bajo riesgo pueden acceder a una menor tasa de acuerdo con su perfil. En este sentido, la Superintendencia de Banca de Perú (2020) advierte que, las tasas más altas de consumo en países sin techo corresponden a las tasas de las tarjetas de crédito, porque incorporan parámetros de riesgo de acuerdo con cada cliente para ofrecer facilidades de pago formales y promover la inclusión financiera.

En el análisis realizado, se observa como la literatura advierte del efecto nocivo de los techos a las tasas de interés y las principales diferencias entre los países analizados. Los componentes en las tasas de interés activas deben ser el elemento técnico crucial dentro de los análisis en torno a este tema. Para una disminución de las tasas de interés, se requiere mejorar el entorno que fomente una mayor apertura y normas que impulsen la competitividad, en lugar de establecer una fijación de techos de las tasas de interés de forma arbitraria.

Notas:

1. El Banco Central del Ecuador (2007) define a la tasa de interés activa como el “precio del dinero que reciben los intermediarios financieros de los demandantes por los préstamos otorgados en cada uno de los segmentos” 2. Está en función del riesgo del solicitante del crédito (persona natural o jurídica), segmento de crédito y entorno. 3. Las tasas pasivas constituyen una referencia, no son estrictamente comparables por los diversos plazos y metodologías de cálculo de cada país. Fuente: Banco Central de Ecuador (2020)

Referencias:

Fondo Monetario Internacinal. Do Interest Rate Controls Work? Asobanca. (2019). Informe técnico: tasa de interés Asobancaria. (2020). El desafío de recuperar el empleo. Banca & Economía Capera, L., Murcia, A. y Estrada, D. (2011) Efectos de los límites a las tasas de interés sobre la profundización financiera. Banco de la República.

La salud del sistema financiero, clave para la recuperación

La salud del sistema financiero, clave para la recuperación

El camino de la recuperación incluye la certeza de que, para volver a la normalidad, se requiere una amplia disponibilidad de vacunas. Pero además de esto, existe otro elemento históricamente fundamental: la salud del sistema financiero.

En América Latina, los gobiernos con una posición fiscal estable pudieron brindar alivios a sus habitantes y también apoyar al sistema financiero a través de la reducción de encaje y requerimientos de liquidez, de la tasa de interés de política monetaria (lo cual no es posible en economías dolarizadas), compra de valores por parte del Banco Central, creación de programas de garantía para otorgar créditos en condiciones preferenciales con subsidio, entre otras medidas. Sin embargo, en Ecuador el déficit fiscal ya venía deteriorándose, lo cual limitó el espacio para políticas financieras de contención ante la pandemia por parte del gobierno. Los alivios financieros se apalancaron 100% en la salud de los bancos y estos respondieron adecuadamente.

Los alivios financieros otorgados por la banca privada ecuatoriana fueron de 10 000 millones de dólares, es decir, el 36% de la cartera de crédito total, lo cual ubica a Ecuador entre los países con alivios financieros más altos de la región, por encima de Perú, Chile, Brasil, México, entre otros (ver Gráfico 1 en versión descargable). En cuanto a la confianza, al inicio de la pandemia los depositantes se refugiaron en sus ahorros lo cual provocó una disminución mensual de 935 millones de dólares en depósitos. La banca respondió ágilmente a estos requerimientos y en los meses posteriores fortaleció sus indicadores de liquidez y solvencia que cerraron el 2020 en 34% y 14% respectivamente, permitiendo a las familias certidumbre en tiempos de incertidumbre.

A lo largo de la historia, las crisis globales han involucrado generalmente al sector financiero como parte de ellas o como su principal desencadenante. Y esto es porque sin una herramienta multiplicadora tan potente como la banca, la locomotora se para. Esta vez es diferente. Los sistemas financieros del mundo han sido sometidos a una de las pruebas más potentes, una pandemia ante la cual los bancos tuvieron que garantizar atención ininterrumpida, una migración inmediata y segura a canales digitales, además de brindar apoyos financieros históricos a sus clientes a través de reprogramaciones de pagos, diferimientos y alivios para que, durante el confinamiento, los hogares y empresas pudieran priorizar su liquidez.

La confianza es un elemento clave en la principal función del banco, la intermediación financiera, y en un año de crisis se puso a prueba y se ratificó a través del aumento de los depósitos que, al cierre de 2020, se ubicaron en 37 525 millones de dólares (11,4% más que al cierre de 2019). Además, del total de estos, el 36% corresponden a captaciones a plazo. Por el lado del crédito, en un año tan complejo fue indispensable apoyar la recuperación apostando por el sector productivo. Desde la banca, esta apuesta se fortaleció en 2020 al colocar alrededor de 23 500 millones de dólares en nuevos créditos, de los cuales el 73% se destinó a los sectores productivos.

En el camino hacia la reactivación, una de las formas de precautelar la salud del sistema financiero es tratar de inmunizarlo ante la crisis. Fortalecerlo como herramienta para la recuperación. Las entidades bancarias han sufrido los embates de la pandemia y en 2021 seguirán afrontando sus secuelas. La dificultad por recuperar créditos conlleva la necesidad de reconocer nuevas pérdidas lo cual requiere nuevas provisiones. A diciembre de 2020, el gasto de provisiones de la banca creció anualmente en 68%. Más provisiones en un ambiente de incertidumbre son una clara señal de entidades financieras técnicas y responsables, pero también reducen la rentabilidad.

A nivel regional, los sistemas bancarios tuvieron una disminución considerable de sus niveles de rentabilidad sobre el patrimonio. A junio de 2020, la caída anual promedio de la rentabilidad fue de 5,1 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2019. En Ecuador, este indicador se ubicó entre los tres puestos más bajos de la región, seguido por Costa Rica y Venezuela. Al cierre de 2020, este indicador decreció a 4,8% (ver Gráfico 2 en versión descargable).

Finalmente, volver a la normalidad en algunas economías contará con un elemento adicional: la incertidumbre electoral, como en los casos de Perú, Ecuador, Chile, Honduras y Nicaragua, que tendrán elecciones presidenciales en 2021, donde la competencia política podría derivar en el surgimiento de líderes que atenten contra las bases fundamentales de los sistemas financieros saludables y una política monetaria técnica. Un estudio reciente del Banco Mundial advierte que políticas de represión financieras como imposiciones a las tasas de interés podrían surgir a raíz de la pandemia y convertirse en permanentes (Calice, Díaz y Masetti, 2020). Este tipo de medidas podría desembocar en distorsiones ampliamente estudiadas en la literatura como son la exclusión financiera, menor colocación, aumento de informalidad, entre otros.

Lo cierto es que la reactivación requiere que el manejo, regulación y supervisión de entidades financieras se mantenga en el espectro técnico y apegada a estándares internacionales. Y, aunque la demagogia no se mantendrá alejada de los viejos soliloquios contra la banca, ante cualquier escenario político y partido en el poder, proteger al sistema financiero debería ser una decisión sine qua non para el camino hacia la recuperación.

Referencias:

CEPAL. (2020). Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe. NU. CEPAL Diciembre 2020. 9789211220568.LC/PUB.2020/17-P 162 p.

Pietro Calice, Federico Diaz Kalan, and Oliver Masetti. 2020. “Interest Rate Repression Around the World” EFI Insight-Finance. Washington, DC: World Bank.

*Artículo publicado en Revista Perspectivas

Dolarización: 21 años de aceptación y respaldo

Dolarización: 21 años de aceptación y respaldo

En las últimas tres décadas, Ecuador ha sido proclive a shocks tanto externos como internos, que han afectado a su desempeño económico. En particular, seis años antes de la dolarización el país vivió hitos que marcaron el entorno social y macroeconómico del país, tales como: la Guerra del Cenepa que culminó con la Firma de la Paz entre Ecuador y Perú (1998); además, se firmaron dos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el primero en 1994 Stand By cumplido parcialmente con un monto desembolsado de 99 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG1) y el segundo en el año 2000 por un monto de 270 millones de DEG.

Por otro lado, este periodo estuvo también acompañado por el Fenómeno del Niño y la caída del precio del petróleo que pasó de USD 15 a USD 9, así como cambios presidenciales que hicieron complejo el manejo institucional del país. Hechos a los cuales se sumó la crisis financiera de gran impacto en la economía ecuatoriana (Gráfico 1).

Tras la mayor crisis económica que vivió Ecuador en 1999, el entonces presidente de la República Jamil Mahuad tomó una de las medidas monetarias más radicales en la historia del país: el 9 de enero de 2000, Ecuador adoptó la dolarización y 21 años después el 88,7%2 de los ecuatorianos la respaldan. Pero ¿qué hay detrás de su popularidad?

Tras la dolarización, Ecuador vivió un proceso de adaptación y cambios políticos, sociales, económicos e institucionales. Durante este periodo se emitió la nueva Constitución de 2008, el mundo se enfrentó a la crisis financiera global de 2008 y entre el año 2010 y 2014 el precio del petróleo superó los USD 100. En 2015, el país entró en recesión económica, misma que fue acompañada por el terremoto de abril de 2016.

Así pues, a inicios de 2017, el déficit fiscal para el sector público no financiero fue de USD 6.734 millones, insostenible en el mediano plazo. Y más adelante, en 2019 luego de 16 años nuevamente se firmó un acuerdo con el FMI con el objetivo de ayudar a las autoridades a estabilizar la economía y proteger la vida y los medios de subsistencia de los ecuatorianos.

Finalmente, en el año 2020, el país y el mundo se enfrentaron la pandemia del COVID-19 que representa la crisis sanitaria y económica con mayor impacto social registrada en los últimos 100 años. La desaceleración económica causada por la pandemia y el aumento de las necesidades en gasto público principalmente en salud, han puesto a prueba la estabilidad fiscal del país.

Tras 21 años, el dólar goza de una gran aceptación y le ha permitido a Ecuador terminar con la hiperinflación que sufría el país de 91% en el año 2000, imponer una fuerte disciplina al gobierno al no permitir devaluación de la moneda, estabilidad económica, inversión con menor riesgo cambiario, la imposibilidad de imprimir moneda lo cual promueve la confianza en una moneda fuerte. A continuación, se detallan los principales elementos de cambio en el país tras la adopción de la dolarización.

Política Fiscal: 
Los países tienen dos grandes herramientas de política macroeconómica: la política fiscal y política monetaria. Cuando son mal empleadas exacerban el ciclo económico, pero cuando son bien utilizadas suavizan el ciclo económico. Ecuador al adoptar la dolarización no puede aplicar medidas de política monetaria. La herramienta con la que cuenta el país es la política fiscal la cual abarca las decisiones del gobierno sobre el presupuesto general del Estado, impuestos, gastos, inversión pública, subsidios, entre otros.

Crecimiento económico:

De acuerdo con información del Banco Central del Ecuador (2020) en su portal “Micrositio: 20 años de Dolarización”, el crecimiento promedio real del PIB para el periodo 1994- 2020 fue de 2,7%. Esto se explica por los factores externos e internos antes mencionados. A finales de los años 90, el país experimentó la mayor crisis económica en la predolarización y la reducción del PIB en el año 1999 fue de 4,7%. El BCE señala que existió una caída en la inversión, consumo de los hogares y consumo del gobierno de 25,2%, 12,2% y 2,9%, respectivamente.

Entre 2000 y 2007, la economía ecuatoriana transcurrió por un periodo de ajuste hacia el nuevo esquema monetario, acompañado de inestabilidad política3. Sin embargo, durante estos siete años, el crecimiento promedio del PIB fue de 4,4%, explicado por un mayor dinamismo en la exportación petrolera y la entrada en operación del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP).

En 2008 el PIB aumentó en 6,4% y pese a la crisis global que afectó al Ecuador en una disminución en sus exportaciones, el crecimiento económico en 2009 fue de 0,6%. Por otro lado, en el periodo 2011 -2014, el país experimentó un segundo auge petrolero cuyo precio promedio fue alrededor de USD 97. En 2015, Ecuador enfrento una crisis económica y en 2016 el crecimiento de la economía ecuatoriana fue de -1,2%.

En 2020, por la pandemia del COVID -19 la estimación del BCE es que la economía ecuatoriana decrezca en 8,9%, la mayor caída en la historia. (Gráfico 2).

Inflación:

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en 1999 la inflación anual fue de 60,8%, mientras en el año 2000 pese a la dolarización y al impedimento de emitir moneda la inflación anual fue de 91% debido principalmente a la especulación. En diciembre de 2000, el costo de la canasta básica fue de USD 252,9 mientras que el ingreso familiar mensual4 promedio fue de USD 163,6, es decir una restricción de USD 89,4 para acceder a la canasta básica.

Mientras la economía transcurría hacia el nuevo esquema monetario en 2003, la inflación anual llegó a nivel de un dígito y desde entonces se ha mantenido. Entre el año 2017 y 2020, la economía ecuatoriana ha permanecido con estancamiento en precios (1,9% en promedio). En 2010, los precios se incrementaron de manera generalizada en 3,3% (inflación anual). Al comparar los costos de las canastas básica y el ingreso familiar mensual, éstas pasaron de USD 709 a USD 711 y de USD 700 a USD 747 entre 2017 y 2020. Lo que se traduce en un excedente de USD 35 en promedio para acceder a la canasta básica.

Por el contrario, en el periodo de enero a diciembre 2020 se registran niveles bajos de inflación e incluso deflacionarios. La inflación anual en 2020 cerró en -0,9% debido a que la pandemia ha causado una fuerte restricción al consumo, paralización productiva, caía en las importaciones, entre otras. Lo cual evidencia una realidad completamente distinta a la que se observaba en 1999.

 

Sistema Financiero

De acuerdo con De la Torre (2012), el origen de la crisis financiera de 1999 está en la modernización de la regulación bancaria con la Ley de Instituciones del Sistema financiero (1994) que fracasó en la implementación de una regulación y supervisión consolidada de los conglomerados financieros. Esta ley generó problemas relacionados a la banca offshore y fondos de inversión y la proliferación de intermediarios financieros con bajos niveles de capitalización y, por ende, propensos a la toma excesiva de riesgos.

Por otro lado, en Ecuador existió la dolarización financiera en 1999 cuando el 47% de los depósitos estaban en dólares y el 67% de los créditos también en moneda extranjera (Gráfico 3).

A partir del año 2000, Ecuador esta dolarizado y tras 21 años, el sector financiero ha demostrado que aprendió de las lecciones del pasado mediante un manejo conservador y prudencial que le ha permitido ser un pilar fundamental de la dolarización y del desarrollo productivo. La banca privada pasó de tener 40 entidades bancarias en 2000 (de las cuales 12 entraron en saneamiento, 3 en vigilancia preventiva y 2 en reestructuración). Al 2020, son 24 bancos que se han constituido a lo largo de estos 20 años mediante fusiones, cambio de cooperativas a bancos, sociedades financieras a bancos y los que han permanecido desde antes de la crisis. Desde la dolarización, la banca privada ha enfrentado tres crisis económicas incluidas la pandemia actual, manteniendo un manejo técnico, su solidez, solvencia e indicadores adecuados de liquidez (Tabla 1).

Además, goza de la confianza de sus depositantes que se demuestra en el comportamiento de los depósitos en 2020 que pese al COVID-19 que crecieron en 11,4% anual y representan 37% del PIB. Adicionalmente los depósitos de ahorro, plazo y monetarios en diciembre 2020 crecen en 16,4%, 13,2% y 10,0% respectivamente; mientras que entre 1999 y 2000 decrecieron en -5%, -11% y -17% debido a la especulación, y falta de confianza en la moneda y en el sistema.

La dolarización trajo al país estabilidad económica y preservó el poder adquisitivo. Hoy por hoy, no solo se sostiene de un sistema financiero sólido, remesas, exportaciones, petróleo y commodities, sino que, al igual que la banca privada, su gran pilar es la confianza. Confianza que se evidencia en mercados internacionales, el sector real, sistema financiero y 21 años de respaldo y aceptación de los ecuatorianos. Salir de ella, sería un escenario complejo.

Notas:
1. Derechos especiales de giros, un activo de reserva internacional, se puede intercambiar por monedas de libre uso.
2. Fuente Diario el Comercio
3. 5 Presidentes en 7 años
4. No incluye los fondos de reserva mensualizados
Referencias:
De la Torre, A. (2012). “El largo vía crucis de la gran crisis ecuatoriana” Banco Central del Ecuador (BCE). (2020). Micrositio: 20 años de Dolarización.