Hace poco se presentaron los resultados del Global Findex 2021 del Banco Mundial, un estudio que se realiza cada cuatro años en más de 123 economías del mundo sobre el acceso, el uso y la calidad de los servicios financieros de las personas mayores de 15 años.
Este estudio, reveló que el 64,2% de la población mayor a 15 años en Ecuador tiene una cuenta en las instituciones del sistema financiero formal: bancos, cooperativas y mutualistas. Es decir, que 4 de cada 10 ecuatorianos, no tienen una cuenta en una entidad financiera, lo que les deja por fuera de las oportunidades que ser parte del sistema financiero formal trae consigo, como, por ejemplo, la posibilidad de ahorrar para ser más resilientes a los shocks económicos (pérdida de empleo, reducción de ventas, o la pandemia que acabamos de vivir).
Pero hay una muy mala noticia, y es que también encontró que solamente el 23,2% ha tenido acceso a un crédito formal, es decir, apenas dos de cada 10 personas tienen acceso a financiamiento en una entidad financiera formal, y una de las razones, como explicaremos en esta nota, es debido a la tasa de interés.
Constantemente hemos escuchado que las tasas de interés son muy altas en Ecuador y por ende, el imaginario común es que si hubiera una ley que haga que se reduzcan las tasas de interés, entonces habría más crédito.
Vamos a analizar este mito. Pero antes, entender con claridad la definición y los alcances de las tasas de interés es fundamental a la hora de tomar decisiones financieras acertadas.
Para ello es importante iniciar comentando que la principal función de un banco es la intermediación financiera, que significa captar fondos de los clientes ahorristas para prestarlos a los clientes que requieren un crédito.
Un concepto importante en este proceso de intermediación es el de las tasas de interés, que es el valor del dinero en el tiempo. Para explicarlo mejor, es importante aclarar que existen dos tipos de tasa:
El banco paga un valor a quien deposita su dinero (tasa de interés pasiva), la cual varía en función del monto y del tiempo al cual se pretender dejar el dinero en el banco.
Así mismo, el banco cobra un valor a quien recibe el dinero a través de un crédito (tasa de interés activa), que también varía en función del monto y el tiempo para el cual se obtiene el crédito.
Es importante, para realizar un buen análisis, comprender cuáles son los 4 elementos clave que componen las tasas activas:
El costo de fondeo, es decir, el costo que debe pagar la entidad financiera por conseguir dinero, sea a los ahorristas o también a otras entidades de exterior.
El costo asociado al riesgo de prestar dinero a un cliente, es decir, es el costo que debe asumir una entidad financiera para recuperar el dinero prestado a través de un crédito.
El costo operativo que asume una entidad financiera para atender a los clientes, como, por ejemplo, el pago a empleados, agencias, seguridad, infraestructura informática, monitoreo, seguimiento a sus clientes con crédito, entre otros.
El costo de los tributos y contribuciones que paga el sistema financiero en Ecuador.
Tasas de interés: Realidad del mercado
Todos estos costos que asumen las entidades financieras son más altos en Ecuador que en otros países. Por ejemplo, la tasa que se paga a los ahorristas es alta, los tributos y contribuciones son elevados y, más recientemente, se ha incrementado el costo de financiamiento del exterior.
Esto último se da porque desde 2021, luego de la recuperación económica post pandemia y dada la guerra entre Rusia y Ucrania, la inflación se ha incrementado.
Para enfrentar este problema, los bancos centrales de las economías desarrolladas han elevado la tasa de interés de política monetaria, con el objetivo de enfriar la demanda y por ende controlar la subida de precios (inflación).
Uno de esos casos es el de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), que ha elevado las tasas de interés desde marzo de 2022, alcanzando a diciembre del año anterior el rango de entre 4,25% – 4,50%, mientras que a inicios de 2022 se ubicaba en 0,25%.
Para Ecuador, el efecto de estas decisiones implica que el acceso a financiamiento internacional es más costoso, tanto para las instituciones financieras e incluso para las empresas del país, superando, en varios casos, los dos dígitos.
El encarecimiento de este financiamiento dificulta que un flujo importante de recursos nuevos arribe al país para fondear nuevos créditos.
Cabe manifestar que el financiamiento externo ha sido un importante aliado para el crecimiento del crédito. Desde el inicio de la pandemia en 2020, el sistema financiero privado trajo más de USD 1.400 millones de recursos frescos del exterior para nuevos créditos. Una parte importante de estos recursos ha sido para financiar créditos sostenibles de microcrédito y enfocados en la inclusión financiera.
Por otro lado, el costo del fondeo local también se ha incrementado. La tasa de interés pasiva referencial -a enero del 2023 del sistema financiero- alcanzó el 6,65%, más de un punto porcentual por encima del año anterior.
Si bien el encarecimiento del fondeo, tanto local como internacional, obedece a una dinámica propia de las decisiones de política monetaria internacional y la coyuntura global, para Ecuador las consecuencias de estos acontecimientos resultan incompatibles con el sistema y la estructura rígida de las tasas máximas de interés activas vigentes.
En la publicación “Más exclusión por control de tasas” (diciembre, 2021), Alberto Acosta Burneo, economista y editor de Análisis Semanal, afirma que “el estrechamiento de las condiciones financieras locales y globales se está traduciendo en tasas de interés más altas. Pero en Ecuador, los máximos legales a las tasas de interés impiden que estas se ajusten para que la oferta de crédito iguale a su demanda”.
El panorama monetario cambió. La liquidez sistémica pierde impulso y las tasas de interés internas están al alza.
Mientras que los techos locales a las tasas de interés están provocando escasez crediticia y exclusión financiera de los agentes con mayor riesgo. pic.twitter.com/MyQnIRlmKk
El artículo 130 del Código Orgánico Monetario y Financiero establece -desde 2007- que las tasas de interés de todos los segmentos y subsegmentos de crédito que ofrecen los bancos privados del país tengan techos o topes máximos.
El problema es que los techos que tienen las tasas activas máximas no reflejan las condiciones actuales del entorno internacional y nacional, y están provocando restricción del crédito en todos los segmentos, especialmente en los segmentos del crédito productivo, empresarial, PYME y microcrédito, agravando la situación de algunos de esos segmentos que venían ya afectados con exclusión financiera desde que se establecieron los límites y techos a las tasas de interés, en 2007.
En diciembre de 2022, en el informe de la sexta y última revisión del acuerdo con Ecuador por USD 6.500 millones, suscrito en septiembre de 2020, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó al país relajar gradualmente los techos de las tasas de interés porque ayudaría en la inclusión financiera.
“La evolución de las tasas de interés debe ser monitoreada de cerca. El endurecimiento de las condiciones financieras en el mundo podría traducirse en un aumento de las tasas de interés en Ecuador y, ante la presencia de topes a las tasas de interés, dan como resultado un racionamiento del crédito, lo que perjudica la inclusión financiera”, señala el informe del FMI.
Según una estimación del FMI, en Ecuador, ante la imposibilidad de tener tasas de interés liberalizadas y reales se prevé que la concesión de créditos caiga al menos un 6% en 2023.
Efectos de poner techos a las tasas
Hay varios efectos que desencadena la decisión de fijar límites y techos a las tasas de interés:
1. Exclusión financiera: causada por menor posibilidad de colocación en segmentos que implican mayores costos por una mayor prima de riesgo, limitando la inclusión financiera.
2. Aumento en la informalidad: dado que la población de mayor riesgo quedaría fuera del acceso a crédito, estos se verán obligados a buscar fuentes de financiamiento informales (chulco).
3. Menor competencia, innovación y competitividad: existiría un desincentivo para invertir en innovación y calidad de servicios ya que el precio del dinero no reflejaría sus costos actuales en una coyuntura de crisis.
4. Afectación en la solvencia: con una menor tasa que no necesariamente reflejaría el riesgo total de la colocación de créditos, se requerirán mayores provisiones, que, dependiendo de su magnitud, podrían llegar a afectar el patrimonio.
5. Reducción de operaciones crediticias: ya que se limitaría la colocación de crédito a los solicitantes de algunos segmentos, principalmente aquellos que representan mayor riesgo (mayor costo).
Entre enero y noviembre de 2022, el sistema financiero privado colocó una cifra récord en nuevos créditos de USD 37.619 millones, lo que equivale a 2,9 millones de operaciones colocadas en 1,6 millones de clientes en todo el país.
Acosta Burneo señala que, aunque esta cifra que es positiva, si se analiza desde otro ángulo, refleja que los techos en las tasas de interés generan un impacto negativo de exclusión financiera. Mientras los montos colocados aumentaron entre enero y noviembre en un 22% anual, el número de operaciones creció en menor medida, 9%; y los clientes aumentaron en un 7% anual.
“Los montos colocados crecen, pero el número de clientes y operaciones disminuye, es decir, el crédito se concentra en menos manos”, concluyó Acosta Burneo en su publicación “Más exclusión por control de tasas”.
La restricción del crédito afecta principalmente a los sectores productivos, empresas grandes, medianas, pequeñas y micro, mismas que generan actualmente más de 3 millones de plazas de empleo y aportan con más de USD 4.000 millones anuales en el pago de tributos al Estado, según cifras del Servicio de Rentas Internas (SRI).
¿Qué pasa si se bajan las tasas de interés a través de una ley?
En la Asamblea Nacional hay una serie de proyectos de ley para reformar el Código Orgánico Monetario y Financiero. Uno de los cambios que se plantean es bajar la tasa de interés de los créditos.
Aunque suene una idea atractiva y se pueda pensar que, con la reducción de la tasa de interés, habrá más acceso al crédito. Esto no será así, y, más bien, ocurrirá todo lo contrario.
Bajar las tasas de interés por ley provocaría escasez de crédito. Las tasas son precios, y, en el caso de aprobarse una reforma para bajar precios por debajo de las condiciones de mercado, la única opción que le quedaría a la ciudadanía es el financiamiento informal o chulco. Para explicarlo se presenta el siguiente ejemplo:
Uno de los principales alimentos de los ecuatorianos es el pan. Imagínese que las autoridades deciden bajar el precio del pan a USD 1 centavo buscando que más gente pueda comer pan. Esa decisión causaría escasez de ese alimento porque ningún panadero vendería algo por debajo de lo que le cuesta producir. Lo mismo pasaría si se quiere bajar las tasas de interés por ley, habría una escasez, y los únicos ganadores serán los “chulqueros”.
Según un estudio del buró de crédito Equifax (Agosto, 2021) sobre el impacto del chulco en la economía, la tasa de interés que cobran los chulqueros en Ecuador es de 1.200% promedio anual, lo que demuestra que el problema del crédito no es la tasa de interés, si no el acceso. Es decir, la gente que no accede al crédito formal, y, que son las víctimas de haber reducido la tasa de interés vía normativa, termina obteniendo crédito a un costo altísimo con chulqueros.
Por eso, siempre será mejor que las tasas de interés activas en Ecuador reflejen las condiciones del mercado para que se pueda acompañar e impulsar un mejor desempeño económico, fomentar el empleo y consolidar la confianza en las instituciones financieras.
“La estabilidad financiera, tanto a nivel mundial como nacional, genera empleos y mejora la productividad. Da confianza a las personas para invertir y ahorrar. Los sistemas bancarios y mercados de capital sólidos permiten el flujo eficiente de fondos hacia usos más productivos, ayudan a los Gobiernos a recaudar capital de inversión, mantienen las redes de seguridad financiera y aceleran los pagos de manera segura a través de las fronteras”, dice el portal web del Banco Mundial.
El organismo multilateral señala que la estabilidad financiera se produce, por ejemplo, con buenos indicadores de solvencia y de liquidez.
Para entender la dimensión de las cifras es necesario conocer la definición de los dos indicadores analizados.
Según la Superintendencia de Bancos, la liquidez es la capacidad de poseer dinero en efectivo o activos que se transforman fácilmente en efectivo en el corto plazo. Si hablamos de instituciones financieras, la liquidez se evalúa por la capacidad de atender en el corto plazo, por ejemplo, los requerimientos de efectivo de sus depositantes en el tiempo en que lo soliciten.
Mientras tanto, la solvencia es la capacidad de una persona natural o jurídica para hacer frente a sus obligaciones de pago a medida que éstas llegan a su vencimiento en el largo plazo. En el caso de las instituciones financieras, es la capacidad para atender sus eventualidades y obligaciones -en el corto plazo- sin que se afecte su patrimonio. La solvencia se relaciona con la situación económica de una entidad, a diferencia de la liquidez que se refiere principalmente a la capacidad para el pronto pago, explica la Superintendencia de Bancos.
Estos dos indicadores son clave en la estabilidad bancaria. Según datos de la Superintendencia de Bancos, la liquidez de la banca privada cerró en 25,2% a agosto de 2022. Mientras que la solvencia llegó a 13,6%, superando el requerimiento legal mínimo del 9%.
Las cifras de la Superintendencia de Bancos señalan que la banca privada ecuatoriana mantiene buenos indicadores de liquidez y solvencia, pese al impacto de la pandemia.
Pese a la crisis…
Durante una exposición denominada “Resiliencia del sistema financiero de América Latina durante la pandemia”, el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, afirmó que esos indicadores estuvieron altos, especialmente porque el crédito en los países del continente “se mantuvo a flote y hubo un inédito rol contracíclico, con cambios regulatorios para renegociar préstamos y programas de garantías soberanas para sectores específicos que contribuyeron con este desempeño”.
Díaz-Granados destacó que la resiliencia “ha sido notoria” y los bancos continúan con liquidez y solvencia a pesar de la crisis sanitaria que desencadenó en problemas económicos.
Los buenos indicadores de solvencia y liquidez en Ecuador consolidan la confianza de los más de 7 millones de clientes del sistema bancario para ahorrar y guardar su dinero con seguridad, y son una muestra de que el sector bancario contribuye a la reactivación productiva y económica del país, pero siempre precautelando los recursos de los depositantes.
Uno de los primeros días de diciembre de 2019, navegando en Internet, vi en el sitio web de un diario nacional la noticia. El titular anunciaba un raro y contagioso virus que alarmaba a la gente en China. Recuerdo, con una extraña claridad, que no quise leerla porque pensé “es otra noticia amarillista con titular exagerado que solo busca más clics”.
En dos años de pandemia por el virus de COVID-19, en Ecuador 827 760 personas se contagiaron y alrededor de 35 223 murieron, de acuerdo con los datos del Ministerio de Salud Pública registrados por diario Expreso en marzo de 2022. Durante la pandemia, números como estos llegaban como una avalancha: el número de casos confirmados, de ocupación de camas, de muertes, de altas médicas, de vacunados…
¿Por qué ese afán de enumerar y cuantificar? En esta pandemia, los números fueron necesarios para dimensionar los problemas y también los esfuerzos que se hicieron para solucionar los problemas, para identificar cuándo los esfuerzos fueron grandes o pequeños y para saber si los problemas crecieron o si se redujeron.
Con más personas desempleadas o con sueldos reducidos, con tantas familias gastando miles de dólares en hospitalizaciones y medicamentos para tratar de salvar a sus seres amados, uno de los problemas que trajo la emergencia sanitaria al país fue el deterioro en la cadena de pagos. Millones de personas no iban a poder cumplir con sus compromisos de pago de deudas y la banca privada ecuatoriana previó este escenario cuando apenas comenzaba la emergencia sanitaria, el 16 de marzo de 2020. Por ello, decidió ofrecer a sus clientes mecanismos de ayuda que les permitieran sortear las complejidades de este período. A estas ayudas se las conoció como alivios financieros o diferimientos extraordinarios.
Desde ese día, los bancos brindaron a sus clientes la alternativa de posponer el pago de las cuotas de sus créditos hasta por 60 días o más, dependiendo de la necesidad particular de cada uno. Es decir, las familias, personas y empresas afectadas pudieron diferir los pagos de los créditos sin recargo por mora al final del período originalmente pactado. Una vez finalizado el diferimiento solicitado, las entidades bancarias continuaron acompañando a los clientes con mecanismos de novación, refinanciamiento y reestructuración de deudas, estudiando de manera prudente cada caso y de acuerdo con la capacidad de pago de cada cliente.
Según la Asociación de Bancos Privados (Asobanca), el objetivo de esta medida fue permitir a los clientes afectados por la pandemia priorizar su liquidez durante la emergencia, sin afectar su historial crediticio ni incurrir en intereses de mora. La medida se tomó con base en análisis técnicos, para no afectar a los depositantes que, en medio de la crisis, continuaron confiando en los bancos como un lugar seguro en donde resguardar sus recursos e inversiones.
En medio de esa avalancha de números de la pandemia, la banca privada también lanzó números y cuantificó la magnitud de estos alivios. Estos datos se recopilaron en el informe “Conoce el apoyo de los bancos durante la pandemia, un recuento de los alivios financieros otorgados desde el inicio de la emergencia sanitaria”, publicado por Asobanca en marzo de 2022.
De acuerdo con este informe, en la época más compleja de la emergencia sanitaria —entre marzo y junio de 2020—, los bancos privados otorgaron alivios financieros que totalizaron 10 000 millones de dólares (10% del PIB ecuatoriano); es decir, el 36% de la cartera total de crédito de los bancos. ¿Esto es mucho? En efecto, es uno de los montos de alivios financieros más altos otorgados en la región.
Los bancos privados del Ecuador fueron de los que más alivios otorgaron a sus clientes en la época más dura de la pandemia. De acuerdo con datos de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), la banca privada de Ecuador fue la tercera de la región que otorgó más alivios financieros a sus clientes, solo detrás de Colombia y Panamá.
En América Latina, durante 2020, los gobiernos con una posición fiscal estable y con moneda propia implementaron medidas de alivio para sus habitantes y también para apoyar al sistema financiero, por ejemplo, reducción de encaje y requerimientos de liquidez, entre otras. Ecuador, en cambio, al no poseer una moneda propia y con un déficit fiscal que ya venía deteriorándose desde antes de la pandemia, tuvo un limitado espacio para políticas financieras de contención ante esta emergencia por parte del gobierno de ese momento. De ahí que los alivios financieros se apalancaron únicamente en la banca privada.
Sin embargo, es posible que estos porcentajes sean difíciles de dimensionar. Por ello, también resulta importante responder a la pregunta: ¿cuántas personas recibieron un alivio financiero de los bancos privados? De acuerdo con datos de Asobanca, los alivios financieros llegaron a 2,3 millones de operaciones de crédito. Esto significa que, en la pandemia, alrededor de 2 millones de personas y negocios en Ecuador tuvieron la facilidad de dejar de pagar sus cuotas durante dos meses. Este es un número similar al de la población de Quito o Guayaquil.
Quizás en medio de la avalancha de números que trajo la pandemia estas cifras sean difíciles de recordar, pero para aquel padre de familia que perdió su empleo en esa época, dejar de preocuparse por la cuota de la tarjeta durante dos meses, seguramente fue un gran alivio. Y para esa profesora a la que le redujeron el sueldo, tener un período de dos meses para dejar de pagar por ese tiempo las cuotas de su préstamo y usar ese dinero para comprar medicamentos, fue una importante ayuda. Así como estas, dos millones de historias, dos millones de alivio.
¿En dónde se concentraron los alivios financieros?
Resulta también interesante conocer en dónde se concentraron más estas ayudas. Con las medidas de restricción y confinamiento implementadas durante los meses más duros de la pandemia de COVID-19, todos los sectores económicos se vieron afectados; de ahí que la banca otorgó medidas de alivio financiero a negocios de todas las áreas económicas.
Los datos muestran que las actividades que recibieron más alivios financieros de la banca fueron:
Fuente: Asobanca
En tanto, si se analiza por provincia, los datos muestran que en las 24 provincias del país, los alivios financieros representaron más del 50 % de la cartera de crédito. Las provincias que recibieron más alivios financieros con relación a su cartera de crédito fueron:
Fuente: Asobanca
La pandemia de COVID-19 ha sido uno de los episodios más duros y dolorosos que ha atravesado el país y, ciertamente, la economía sufrió el shock más fuerte del que se tenga registro. En medio de todos los problemas derivados de esta compleja situación de crisis sanitaria, es importante destacar que el país no tuvo que atravesar una crisis financiera. Por el contrario, la banca privada se mantuvo sólida, como un puntal de estabilidad y confianza para sus más de 7 millones de clientes; y, tal como muestran las cifras, emprendió un masivo plan de ayudas para apoyar a los ecuatorianos en medio de esta emergencia.
Luego de casi 3 meses de conflicto, la disrupción que la crisis entre Rusia y Ucrania, además de las sanciones internacionales impuestas por Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea, Canadá, Japón, Australia y otros países a Rusia, ha causado olas en distintos sectores de la economía mundial y paralizado las cadenas internacionales de diversos productos. Esto abona aún más a la ya lenta recuperación económica mundial y bajas perspectivas de crecimiento económico.
Aunque el estallido del conflicto ruso ha sido reciente, las tensiones entre Rusia y Ucrania se remontan a la historia de estas dos naciones. Ucrania formó parte de la Unión Soviética y después de su disolución obtuvo su independencia en 1991. Sin embargo, siguió manteniendo durante muchos años una fuerte influencia rusa. Además de esto, la lucha geopolítica entre Rusia y los miembros de la alianza política y militar de la OTAN, la ha dejado en constante controversia por el control político de esta nación.
Existen un sin número de contrastes por los intereses políticos y económicos de este conflicto. Por un lado, desde Rusia se invoca a la protección de sus conciudadanos y una defensa de sus fronteras históricas con Europa. Por otro lado, la libertad de un país reconocido internacionalmente, la violación de su soberanía y su autodeterminación, así como la destrucción total del derecho internacional sientan un precedente para otras intervenciones militares y son causa de preocupación para la seguridad de otras naciones.
La importancia de este conflicto para las naciones—además de las implicaciones políticas—yace en las consecuencias económicas que esta crisis internacional tiene sobre las cadenas de valor mundial, especialmente del sector energético, y los efectos de las sanciones hacia Rusia en un mundo completamente interconectado.
Las principales afectaciones en materia económica llegan por el canal del comercio internacional, con interrupciones tanto en exportaciones como en importaciones, así como flujos de pagos y transacciones en suspenso con Rusia y países afectados. Además, los precios de materias primas como trigo, fertilizantes, entre otros, donde el mercado ruso tiene activa participación, se han disparado. En el sector energético hay un alza generalizada de los precios del petróleo y gas, lo cual ahonda las olas inflacionarias que atraviesan las economías tras la pandemia.
Para el caso ecuatoriano, el contexto económico internacional ha tenido resultados ambivalentes en el corto plazo y podrían influir en la perspectiva económica de este año. A nivel comercial, las exportaciones e importaciones se han ralentizado, principalmente aquellas relacionadas al mercado euroasiático[1]. En 2021, este mercado representó el 6,6% (USD 1.190 millones) del total de exportaciones no petroleras de Ecuador. Solamente, en el caso de Rusia, las exportaciones a ese país sumaron USD 1.000 millones, siendo el tercer país de destino de las exportaciones no petroleras el año pasado.
A nivel de productos, las exportaciones hacia Rusia se concentraron en banano (70%); camarón (14%); y flores (10%). Por lo cual, estos sectores serían los más afectados ante la escalada del conflicto internacional. De acuerdo con Fedexport, los sectores bananero y floricultor han calculado pérdidas por USD 85 millones en lo que va del año. Asimismo, la industria camaronera ha evidenciado pérdidas por USD 10 millones, debido al cierre de puertos y limitaciones en su cadena de suministro.
Por su parte, las importaciones de fertilizantes y abonos también se han visto afectadas por la coyuntura actual. Solamente en 2021, el 38,2% del total de importaciones de estos productos provino de Rusia. En este sentido, el sector agrícola podría atravesar una potencial contracción en su producción agregada debido a las limitaciones existentes para obtener insumos básicos para su desempeño.
Gráfico 1.- Top 5 de exportaciones a Rusia, 2021
En porcentaje
Fuente: Banco Central del Ecuador (2022)
Sin embargo, los resultados del conflicto también traerían mayores ingresos a la economía nacional. Dentro de este contexto, las sanciones comerciales han afectado a las exportaciones rusas de petróleo. En 2021 Rusia produjo 9,7 millones de barriles diarios de crudo, resultado que lo situó como el segundo mayor productor del mundo. Hoy, las sanciones han provocado una fuerte contracción de la oferta de petróleo, por lo cual, su precio se ha elevado por encima de los USD 100. Esto tiene repercusiones positivas en los ingresos del Estado ecuatoriano. De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas, el país percibe cerca de USD 144,2 millones adicionales por cada USD 1 en que se incrementa el precio del crudo por encima del precio señalado en la Proforma General del Estado (USD 59,2).
Cabe señalar que el alza en los precios del petróleo también contribuye a las olas inflacionarias del país y el mundo. Si se considera el caso de Estados Unidos, la inflación anual a marzo de 2022 alcanzó el 8,5%, resultado que se ubica como la mayor subida de precios de los últimos 40 años. Para el mismo periodo, a nivel de América Latina, las economías con las tasas de inflación más altas fueron: Brasil (11,7%), Colombia (8,5%), México (7,5%) y Perú (6,8%). Este contexto internacional condiciona la reactivación económica post pandemia, la cual se ha ralentizado mucho más debido al conflicto.
Gráfico 2.- Evolución mensual de la inflación regional, 2019 – 2022
En porcentaje
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (2022)
Para el caso ecuatoriano, las presiones inflacionarias no resultan tan alarmantes, si se compara con el promedio regional inflacionario. A marzo 2022, la inflación se ubicó en el 2,64%, resultado mayor en 1,8 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2021. No obstante, los efectos del incremento del precio del petróleo se pueden ver reflejados a nivel de productos, donde los combustibles presentan una variación de su precio del 36,7%.
Aspectos financieros y transaccionales
Las sanciones financieras a Rusia han consistido en restringir gran parte de las transacciones que llevan a cabo los bancos más grandes del país con el resto del mundo. Por ejemplo, se ha implementado la prohibición de transaccionar dólares estadounidenses entre las instituciones financieras del exterior y los bancos rusos sancionados. Este aspecto, ha repercutido en una devaluación del 60% del rublo frente al dólar. Asimismo, estas sanciones han conseguido congelar cerca de USD 315.000 millones de las reservas del Banco Central de Rusia, lo que representa un 50% de su total. El principal objetivo es cortar el financiamiento a Rusia para que la invasión a Ucrania no continúe.
La magnitud de las repercusiones de las sanciones en el resto del mundo y, particularmente, para Ecuador son inciertas. Entre las sanciones que más efectos han tenido en el mundo financiero global se destaca aquella impulsada por la Unión Europa, la cual consistió en la expulsión de los siete bancos más grandes de Rusia del sistema internacional SWIFT. Esta acción, limita la capacidad de comunicación financiera (transacciones, desembolsos, etc.) entre cualquier institución bancaria del mundo y los bancos sancionados, resultado que aísla a una gran parte del sistema financiero ruso del mundo.
Para Ecuador, los principales efectos de estas sanciones se han visto reflejadas en las cadenas de pago de las exportaciones e importaciones nacionales. Por ejemplo, al 14 de marzo el sector florícola registra un retraso en los pagos de sus exportaciones por cerca de USD 36 millones; asimismo, el sector bananero ha reportado pérdidas y retrasos por USD 30,8 millones provenientes del mercado euroasiático (AEBE, 2022). De esta manera, la interconexión mundial de los países presupone un riesgo para aquellas entidades que mantengan una relación financiera con Rusia.
Al término de este artículo, el conflicto bélico parece recrudecer y no se vislumbra un pronto cese al fuego. Las sanciones hacia Rusia han venido aumentando en los últimos días y existe un riesgo latente de que Rusia corte el suministro de gas a Europa, lo que aumentaría los efectos dominó sobre la economía mundial. La incertidumbre generada por el conflicto aún podría ahondar en el impacto de los precios energéticos y la volatilidad financiera ante un posible impago de deuda de Rusia es una posibilidad que dejaría muchas piezas sueltas en la economía mundial.
[1] Los países que forman parte son: Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Kazajistán, Armenia y Kirguistán.
Referencias:
AEBE. (12 de Abril de 2022). Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador. Obtenido de Expreso: https://www.expreso.ec/actualidad/economia/cierre-rusia-acumula-30-8-millones-perdidas-banano-125414.html
CORDEX. (23 de Marzo de 2022). Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador. Obtenido de El Universo: https://www.eluniverso.com/noticias/economia/mas-de-28-millones-es-el-impacto-en-la-industria-bananera-y-camaronera-nacional-tras-un-mes-del-conflicto-ruso-ucraniano-nota/#:~:text=El%20camar%C3%B3n%2C%20mientras%20tanto%2C%20dej%C3%B3,que%20se%20declar%C3
Fedexpor. (31 de marzo de 2022). Federación Ecuatoriana de Exportadores. Obtenido de El Universo: https://www.eluniverso.com/noticias/economia/con-85-millones-en-perdidas-en-sextor-exportador-por-conflicto-de-rusia-y-ucrania-la-mirada-comercial-esta-en-china-y-corea-del-sur-nota/
Especialista en Gestión de Contenidos en la Asociación de Bancos Privados del Ecuador
Casi dos años han transcurrido desde que en Ecuador se declaró la emergencia sanitaria por COVID-19, cuando todos nos encerramos. Hoy nos resultan lejanos esos días en que las noticias de cadáveres en las calles y las morgues copadas nos destrozaban y erizaban la piel. Sí, parecen lejanos, pero difíciles de olvidar. En ese escenario vivimos durante semanas, meses, y el virus aún no nos deja en paz.
Con la pandemia algunos nos dimos cuenta de que éramos privilegiados: podíamos trabajar desde casa, podíamos comprar comida usando el celular, incluso pagar cuentas solo con un par de clics desde la banca virtual. Si por alguna razón necesitábamos efectivo, podíamos caminar solo un poco hasta la tienda del barrio y hacer un retiro de un corresponsal no bancario (CNB).
Tanto los terminales POS —Point of Sale por sus siglas en inglés— (puntos digitales o físicos para cobros con tarjetas) como los CNB fueron dos jugadores fundamentales en el complejo contexto que nos planteó el virus. Estos mecanismos que ya nos facilitaban la vida antes de la pandemia fueron sumamente valiosos para los ecuatorianos en medio del confinamiento, pues contribuyeron a reducir la exposición al virus y riesgo de contagio. Ahora, cuando nuevas variantes siguen causando incertidumbre, estos mecanismos siguen siendo indispensables.
La pandemia también nos recordó, de la manera más clara y cruda, por qué es clave que exista más inclusión financiera en el país. ¿Es un privilegio la inclusión financiera en pleno 2020? Sí, porque lastimosamente hubo una parte de la población que tuvo —y todavía tiene— que exponerse más al virus, seguir pagando todo con efectivo, saliendo a buscar una agencia bancaria usando transporte público o seguir trasladándose largas distancias para cobrar en efectivo su sueldo.
Según el índice Global Findex, en el país cinco de cada diez ecuatorianos todavía no están dentro del sistema financiero formal; es decir que aquello que a unos nos resulta tan normal como tener una cuenta de ahorros y usarla desde el celular, para otros ecuatorianos es toda una novedad.
La falta de acceso a los servicios financieros del sector formal refuerza las condiciones de vulnerabilidad de la población de menores ingresos, señala el informe de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) presentado en 2020 por el Banco Central del Ecuador (BCE). Al menos tres grandes problemas se alimentan en torno a la exclusión financiera.
Uno es la falta de ahorro. Quienes están fuera del sector financiero formal son menos propensos al ahorro y, por ende, son más vulnerables ante crisis económicas y ante shocks y eventos inesperados. La poca cultura de ahorro es una traba para la recuperación y el crecimiento económico de las familias en Ecuador y América Latina. En 2020, el Banco de Desarrollo de América Latina CAF realizó una encuesta a ciudadanos de Colombia, Brasil, Perú y Ecuador y al consultarles sobre el ahorro, seis de cada diez encuestados dijeron que no ahorran y quienes lo hacen ahorran principalmente de manera informal guardando efectivo en su casa, debajo del colchón o en alcancías (61 % en promedio), con la excepción de Brasil, país en el que el 72 % de la población que ahorra lo hace a través de cuentas de ahorro.
Un segundo problema que genera la exclusión financiera es la usura. Las personas que no tienen acceso a préstamos en el sistema formal no pueden crear un historial en los burós de crédito y suelen verse obligados a pedir dinero a usureros. En el caso de Ecuador las víctimas pueden terminar pagando tasas de interés de 1230 % anual en promedio (Estudio Equifax, 2021).
Un tercer problema es que quienes no están en el sistema financiero formal están lejos de acceder a instrumentos financieros de inversión que les permitan multiplicar sus ingresos; muchas veces, por la falta de educación financiera, esta población cae en estafas de falsos inversionistas como sucedió con los casos Big Money y notario Cabrera.
La Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) identifica a las mujeres, los migrantes, los trabajadores y negocios informales como los grupos que requieren más esfuerzos para lograr su inclusión financiera, así como las empresas y emprendimientos del sector de las micro, pequeñas y medianas empresas.
La ENIF también establece metas para lograr el gran objetivo de una mayor inclusión financiera. Dos de estas metas apuntan a los jugadores clave que tanto ayudaron a los ecuatorianos durante la pandemia: los CNB y los pagos digitales.
Para el 2024, una de las metas de la ENIF es que no existan parroquias en el país sin corresponsales no bancarios y, en cuanto a los pagos digitales, otra meta es que la proporción de adultos que hicieron pagos digitales, que hoy corresponde a un 22 %, se incremente en 2024 y alcance al 60 % de la población.
Para alcanzar estas y el resto de metas de la ENIF es necesario el compromiso de los sectores público y privado, un marco regulatorio favorable para expandir la inclusión financiera y la infraestructura del sistema financiero y conectividad, señala el documento.
¿Han hecho los bancos privados su parte? Las cifras muestran que sí, aunque aún existen retos.
Los corresponsales son los que más crecen
En 2012, hace una década, la publicación Inclusión Financiera, aproximaciones teóricas y prácticas, elaborada por el BCE, mencionaba a los CNB como uno de los principales mecanismos nacientes en Latinoamérica con potencial para acercar a la población de menos recursos y de áreas rurales a los servicios financieros, abaratando los costos de despliegue que significan las agencias bancarias tradicionales.
En Ecuador, los CNB comenzaron a implementarse desde la banca privada en 2008 y actualmente el país es el cuarto de la región con más Corresponsales No Bancarios por cada 100 000 habitantes. De acuerdo con las estadísticas de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), Ecuador tiene 200 CNB por cada 100 000 habitantes.
El crecimiento de este mecanismo ha sido exponencial. Hoy los corresponsales son casi el 80 % de los puntos de atención de la banca privada. Incluso, algunos bancos ofrecen la opción de abrir cuentas de ahorro desde estos corresponsales, ubicados en tiendas, bazares, farmacias, ferreterías y otros pequeños comercios, dando origen a un camino más ágil hacia la inclusión de más personas al sector financiero.
En 2015, el país tenía 26 852 CNB y para 2021 se registraron 30 626. Actualmente, el número de CNB es casi 9 veces mayor al número de puntos de atención de la Economía Popular y Solidaria, que cuenta con 3634 puntos.
POS, un mecanismo con latente potencial
2020 fue un año de incremento histórico para las compras en línea y el uso de la banca virtual en el país. Una encuesta realizada por la Cámara de Comercio Electrónico señala que el 16 % de los encuestados realizaba compras en línea de manera habitual una vez al mes antes de la pandemia, pero luego de ella el número escaló al 40 %. En noviembre, la Cámara estimaba que al final de 2021 las compras online crecieran un 20 % frente a 2020. Y de acuerdo con los datos recopilados por la Asociación de Bancos Privados (Asobanca), las transacciones en canales virtuales de la banca crecieron 32 % en 2020.
Medicamentos, comida, ropa, tecnología y otros bienes, en medio de las restricciones de movilidad… Tener todo esto al alcance de un par de clics fue posible gracias a aquellos negocios que habían invertido tiempo y recursos en sus plataformas de compra en línea y a la tecnología desplegada por la banca, como los botones de POS (Point of Sale) virtuales para pagar con tarjetas de crédito y débito en la web. Pero además de los botones POS virtuales, también han sido clave aquellos negocios con terminales de POS físicos, es decir, aquellas máquinas que “leen” la tarjeta y procesan los pagos.
Debido a que en Ecuador todavía existe una brecha de acceso a tecnología y penetración de internet de casi un 30 % de la población, la posibilidad de pagar en los comercios de manera física, con tarjetas de débito y crédito, también resulta importante para ayudar a reducir la manipulación de billetes y monedas en el contexto de pandemia.
De acuerdo con datos de la Superintendencia de Bancos, cuando comenzó la emergencia sanitaria, en marzo de 2020, en el país se registraban 101 760 POS (incluyendo los digitales) y para diciembre de 2021 el número escaló a 115 116.
La tendencia de crecimiento en el uso de estos medios de pago en el país demuestra que los usuarios del sistema financiero reconocen que son mecanismos más rápidos y seguros para hacer sus transacciones. Esta tendencia de uso podría ser aún mayor en el país si no existiera normativa que desincentiva a los establecimientos comerciales a implementar esos sistemas de cobro. Por ejemplo, la Resolución NAC-DGERCGC15-00000284 del Servicio de Rentas Internas (SRI), que establece que las entidades financieras actúen como sujetos de retención del IVA en las compras que se realizan con tarjetas de crédito y débito. Esta medida provoca problemas de flujo de caja a los negocios, especialmente a los más pequeños, puesto que, cuando cobran con tarjeta, dejan de tener disponible en caja el dinero que se retiene por concepto del impuesto, desde el momento en que se realiza la compra hasta cuando el establecimiento debe realizar la declaración y liquidación del IVA.
Con la incertidumbre que continúa planteando el 2022 en torno a la pandemia, queda claro que estos dos seguirán siendo jugadores protagonistas en el proceso de generar más inclusión financiera.
Pero ningún juego se gana si no participa todo el equipo. Algunos de los desafíos todavía pendientes en este juego son, por ejemplo, eliminar las trabas que desincentivan a los microempresarios para la contratación de mecanismos como los POS y otras trabas de tramitología o excesiva regulación que hacen más complicado ofrecer servicios acorde a lo que pide el cliente; generar un entorno que permita crear más productos financieros digitales o análogos, creados a la medida de aquellos que aún están excluidos; lograr que la educación financiera alcance cada vez a más ecuatorianos, a través de un trabajo conjunto y técnico coordinado entre todos los actores del ecosistema; incrementar la cobertura de internet y acceso a telefonía celular, junto con educación en el tema digital y de ciberseguridad; y crear incentivos para reducir el uso del efectivo que está tan arraigado en los ecuatorianos.
Los pequeños y medianos emprendimientos representan más de la mitad de los puestos de trabajo formales en el mundo (Banco Mundial, 2016), por ende, su papel cada vez es más importante a la hora de brindar oportunidades para el desarrollo socioeconómico. De acuerdo con el Banco Mundial, en 2020 en Ecuador existían alrededor de 900.000 empresas, de las cuales, el 90% eran microempresas, 7% empresas pequeñas y el 2% empresas medianas. En otras palabras, el 99% de las empresas del país son micro, pequeñas y medianas y generarían alrededor del 60% del empleo total. Para la reactivación económica, resulta imprescindible reconocer y apoyar el rol fundamental de este segmento. Una forma de hacerlo es a través de canalizar más financiamiento para la microempresa.
De acuerdo con la Superintendencia de Bancos, al cierre de 2021, el volumen de crédito[1] otorgado por la banca privada del país alcanzó los USD 27.804,5 millones, es decir, se entregaron USD 5.029,7 millones adicionales con respecto al año 2020 (crecimiento anual del 22,1%). Además, al comparar con diciembre de 2019, el volumen de crédito creció 4,5% (USD 1.191,2 millones adicionales), por lo que ya supera los niveles prepandemia. De este comportamiento destaca el microcrédito que fue el segmento que registró el mayor crecimiento en 2021, alcanzando USD 2.271,3 millones (lo que significó una tasa de crecimiento anual del 69,6%).
Del total del volumen de crédito colocado en 2021, el proveniente de la banca privada representó el 73,8% (USD 27.805,5 millones) de la colocación del sistema financiero nacional. Mientras las cooperativas alcanzaron los USD 8.229,7 millones, representando el 18,9% del volumen de crédito nacional; y las instituciones financieras públicas (USD 1.161,5 millones) y las mutualistas (USD 493,5 millones) conformaron el 3,1% y el 1,3%, respectivamente (Gráfico 1).
Cabe señalar que el volumen de crédito está compuesto por cinco segmentos[1]:
Crédito productivo: colocaciones dirigidas al financiamiento de actividades productivas y comerciales, cuyas ventas se encuentran entre USD 100.000 hasta USD 5 millones;
Crédito de consumo: préstamos otorgados para la adquisición de bienes, servicios o gastos no relacionados a actividades productivas;
Crédito educativo: operaciones de crédito otorgadas para formación y capacitación profesional o técnica;
Microcrédito: financiamiento a actividades de producción y/o comercialización en pequeña escala. Microcrédito minorista: ventas inferiores a USD 5.000; microcrédito de acumulación simple: ventas desde USD 5.000 hasta USD 20.000; microcrédito acumulación ampliada: ventas desde USD 20.000 sin superar los USD 100.000;
Crédito vivienda: dirigido para la adquisición o construcción de inmuebles, así como de terrenos destinados a la construcción de vivienda propia.
Para finales de 2021, de los USD 27.804,5 millones entregados por la banca privada del país, USD 19.371,2 millones fueron destinados al crédito productivo; USD 5.354,8 millones al consumo; USD 2.271,3 millones al microcrédito; USD 778,5 millones a vivienda y USD 28,8 millones al crédito educativo (Gráfico 2).
La Tabla 1 muestra que el microcrédito es el que ha tenido una mayor tasa de crecimiento anual en 2021. Con respecto a diciembre de 2020, existió un crecimiento del 69,6%, mientras que, si se realiza una comparación con 2019, el crecimiento fue del 21,0%. Esto es un reflejo del continuo apoyo y acompañamiento de la banca privada a los negocios más pequeños del país, lo cual está ligado a una mayor dinamización de la economía ecuatoriana.
Al realizar un análisis geográfico destaca que la colocación de microcrédito en 2021 llegó a las 24 provincias del país, demostrando financiamiento extendido a nivel nacional. La colocación de microcrédito se concentra en Pichincha, con USD 724 millones; Guayas, con USD 366 millones y Manabí, con USD 231 millones, representando el 58% del total del monto de colocación de microcrédito en el país.
Por otro lado, es importante mencionar que las provincias de Esmeraldas y Napo tuvieron los mayores crecimientos anuales, en donde el monto de microcréditos varió en 85% y 61%, respectivamente.
Destino del microcrédito
El 85% del financiamiento de microcrédito se destinó a los sectores de las actividades de los hogares (29%), actividades de servicios administrativos (26%), el comercio (20%) y los sectores agrícolas (10%), evidenciando los esfuerzos de la banca privada en el financiamiento de actividades productivas. De estos sectores, por ejemplo, destacan el comercio y las actividades agrícolas con un crecimiento del 54% y 52% respectivamente con relación al año 2020. Al año 2021 en el sector comercio se colocaron USD 447 millones, es decir, USD 158 millones más que en 2020, mientras que en las actividades agrícolas se colocaron USD 223 millones con un incremento de USD 77 millones respecto al 2020. En la búsqueda de una recuperación económica sostenida, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas debe ser una prioridad en las economías ya que representan el motor de crecimiento económico y la creación de empleos. Desde la banca privada, los créditos entregados hacia microempresarios ya superan los niveles prepandemia, crecen al 70% anual y del total de estos créditos, el 52% se entregan a mujeres emprendedoras, lo cual trae una serie de externalidades positivas para las familias, negocios y la sociedad. Fomentar la dinamización de la economía a través del crédito enfocado en sectores productivos es consolidar el desarrollo económico, el empleo y la competitividad, elevando el bienestar general.
Gráficos y tablas:
[1] La información considera operaciones de crédito nuevas y novadas, publicadas por la Superintendencia de Bancos. Esta información incluye datos proporcionados en el reporte de volumen de crédito del BCE respecto a tarjetas de crédito, debido a que la Superintendencia de Bancos no reporta este rubro.
[2] Fuente: Banco Central del Ecuador
Referencias bibliográficas:
Banco Central del Ecuador
Superintendencia de Bancos
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria
Banco Mundial (2016). https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2016/06/20/entrepreneurs-and-small-businesses-spur-economic-growth-and-create-jobs
