Inclusión financiera: ¿Cuál es el rol de las tasas de interés?

Inclusión financiera: ¿Cuál es el rol de las tasas de interés?

Los techos a las tasas de interés han generado exclusión financiera, sobre todo para personas de escasos recursos y PYMES

Por Andrea Villarreal, directora del Departamento Económico en la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ASOBANCA)

En medio de la pandemia, una respuesta fácil, popular, pero poco efectiva para fortalecer el crédito y la inclusión financiera, ha sido imponer restricciones a las tasas de interés. Esto ha traído resultados inversos que generan exclusión financiera, limitan el otorgamiento de créditos y tienen un efecto nocivo en la activación de la economía.

El Banco Mundial (2020) en su estudio Tasa de interés: Represión alrededor del mundo analiza la existencia de controles a las tasas interés basado en una encuesta realizada a 108 países. Los hallazgos muestran que el 58% de países tienen restricciones a las tasas de interés. Estas medidas se vuelven más populares en un contexto de crisis. Por ejemplo, desde la crisis financiera global de 2008, al menos 30 economías emergentes han impuesto límites a las tasas de interés o han endurecido las existentes (Ferrari et al. 2018). El estudio señala que la crisis de 2008 y la pandemia han desencadenado decisiones gubernamentales y debates relacionados a  mayores límites a las tasas de interés  y advierte que el riesgo es que, una vez que se implementan, es probable que se vuelvan permanentes.

En el caso de la pandemia, un mes después de su inicio, países como Argentina, China, Sri Lanka y Vietman impusieron restricciones en materia de tasas de interés. A este listado se suma Perú, el cual a finales de 2020, por primera vez, aprobó un mecanismo de restricción a las tasas de interés activas al colocar techos. La implementación de esta política fue parte de un amplio debate donde, pese a las advertencias de sus efectos nocivos, decantó en su aprobación por parte del Congreso peruano.

No resulta extraño que el Banco Central de Reserva de   Perú (2021) en su primer comunicado relacionado a las topes de las tasas de interés, haya alertado sobre los efectos dañinos en la inclusión financiera: “se estima que podrían quedar excluidos alrededor de la cuarta parte de créditos (21,5% en créditos de consumo y 3,2% en créditos MYPE como porcentaje del total de cartera consumo y MYPE), en su mayoría otorgados por las entidades financieras especializadas en créditos de consumo y microfinanzas…”

La justificación de quienes promueven estas medidas es que los límites a las tasas de interés ayudan a dinamizar el crédito, regulan el mercado y mejoran la inclusión financiera. Nada más alejado de la realidad. La evidencia internacional muestra que la imposición de límites a las tasas de interés ha generado efectos adversos para la inclusión financiera al restringir el acceso al crédito, sobre todo para las personas de escasos recursos y para las pequeñas y medianas empresas. Además, ahondan brechas de acceso y cobertura y desincentivan la transparencia. Este es el caso de Chile, que al tercer año de aplicación de esta medida la Superintendencia de Bancos (BCN, 2020) estimó que entre 151 000 y 227 000 clientes habrían dejado de tener acceso al crédito formal. En esta línea, Madeira (2019) encontró que la reducción en la tasa de interés máxima legal en Chile restringió el número de deudores con nuevos créditos en 9,7% a fines de 2015, lo cual equivale a unos 197 000 potenciales clientes. Para el caso de Japón, Maimbo y Henríquez (2014) citado en BCR (2021), encontraron que los controles a las tasas de interés restringen el acceso al crédito formal e incrementa los créditos informales.

Aunado a esto, el uso de límites a las tasas de interés como instrumento de política pública puede generar desigualdad y asimetrías, en la medida que excluye del sistema financiero principalmente a los clientes de las entidades financieras de menor tamaño, las cuales usualmente concentran sus esfuerzos en el microcrédito.

Tasas de interés en Ecuador

Desde 2007 Ecuador cuenta con techos a las tasas de interés activas. Estos se consideran restrictivos ya que no responden a una metodología técnica definida, son estáticos y no fluctúan conforme el ciclo económico. El Banco Central del Ecuador tiene hasta finales de agosto para presentar una metodología para la política de techos a las tasas de interés. El hecho de contar con la posibilidad de tener una metodología clara es, sin duda, un gran avance en materia de transparencia. En esta línea, es importante destacar que el Banco Mundial (2020) recomienda a los países considerar en la gestión de tasas de interés dos principios fundamentales. En primer lugar, la transparencia, para asegurar que los techos sean conocidos y comprendidos por los participantes del mercado y, por otro lado, también la flexibilidad, para asegurar que los cambios en los aspectos económicos y estructurales se transmitan a cambios en las tasas de interés.

En medio de la peor crisis que ha enfrentado la economía ecuatoriana, es normal querer que las tasas de interés bajen. La pregunta es cómo lograrlo para no causar efectos distorsionadores en los niveles de crédito, inclusión financiera o aumento de riesgos.

Esto permitirá mejorar el entorno económico, fortalecer la competitividad, atraer inversión extranjera directa, tener reglas del juego claras y caminar a estándares normativos internacionales en materia financiera. Hoy en día ya se evidencia una mejora en las expectativas económicas ligadas a un acelarado plan de vacunación, disminución del riesgo país y políticas amigables con la promoción de la competitividad y atracción de inversiones. Esto, sumado a la reactivación económica paulatina y reapertura de actividades, ha permitido que los niveles de crédito y depósitos se fortalezcan, los servicios financieros se profundicen, la demanda de crédito mejore y las tasas de interés se reduzcan por las condiciones del mercado según los últimos datos del BCE.

La discusión de las tasas de interés en Ecuador debería abordar el problema principal: la exclusión del 49% de la población mayor a 15 años de un sistema financiero formal, seguro y con reglas claras (Global Findex, 2017). Este porcentaje de la población asciende a 5,8 millones de ciudadanos que, en Ecuador, no tienen acceso al sistema financiero y, por ende, están expuestos al mercado informal, sujetos a tasas de interés que superan el 1000% anual. Además, estar excluído implica no poder utilizar productos y servicios financieros, no generar un historial crediticio para acceder al ahorro y crédito, así como no realizar transacciones mediante el uso de canales digitales. Finalmente, la población excluida utiliza dinero en efectivo, lo cual es más riesgoso y enfrenta costos de transacción elevados relacionados con tiempo, movilización, entre otros.

Las políticas que se planteen en esta materia deben ser integrales: por un lado, promover el acceso a crédito, incluir a aquellos que por sus niveles de riesgo no pueden acceder a un sistema de tasas que impone techos y, finalmente, obedecer a parámetros técnicos que no distorsionen el mercado crediticio.

Debido a los efectos de los techos de tasas de interés, es necesario fomentar un entorno que permita que las tasas de interés se reduzcan por medio de medidas que generen más competencia en el mercado de crédito. En tal sentido, además de fortalecer el entorno económico, la estabilidad y caminar hacia estándares normativos internacionales, algunas medidas que podrían apoyar esto se pueden ver en tabla 2 en versión descargable.

En definitiva, una política integral orientada a mejorar la técnica con la que se construyen las tasas de interés debe considerar la evidencia empírica y también la experiencia que ya hemos tenido en el país con la aplicación de los límites existentes. Además de pensar en los usuarios del sistema financiero, proteger sus ahorros de potenciales riesgos y fomentar una cultura inclusiva y responsable con la población hasta hoy excluida de nuestro sistema financiero.

Referencias:

Big Money, otro caso de analfabetismo financiero

Big Money, otro caso de analfabetismo financiero

Por Marco Rodríguez, vicepresidente Ejecutivo de Asobanca

Nunca olvidé las imágenes de militares y policías que, lejos de restablecer el orden en Machala, trepaban árboles y saltaban por ventanas de un edificio con fajos de dinero para ser detenidos poco después por turbas desesperadas que trataban de recuperar para sí ese mismo dinero. Era agosto de 2005. El país entero miraba con asombro el llamado “caso del notario Cabrera”. El esquema conocido como Ponzi, que este funcionario judicial de la provincia antes mencionada usó para estafar a las personas, era antiguo, pero le resultó efectivo.

El esquema Ponzi consiste en la captación de recursos de “inversionistas” bajo la promesa de pagar altos rendimientos. Estos rendimientos inexistentes son pagados con la captación de otras inversiones. Es decir, el esquema funciona mientras más gente entregue sus recursos y ese flujo de recursos no se detenga. A la muerte del notario, el flujo de efectivo se detuvo y el esquema cayó. Se afirma que el notario llegó a captar 800 millones de dólares y tuvo aproximadamente 35.000 clientes en todo el país.

Muchos años y juicios después otro caso aparece, el de Big Money en Quevedo. Mismo sistema, misma estafa. Pero a diferencia del caso Cabrera, en que parecía tratarse de un hecho aislado, al menos la prensa no reportó otros similares. En días recientes han aparecido otros casos en Ambato y Pastaza.

Mucho se puede reflexionar sobre las razones que permiten el surgimiento de este tipo de estafas. Sin embargo, indudablemente una de ellas es la escasa educación financiera de las personas que sucumben ante estas ofertas de ganar dinero fácil. Si las personas pudieran discernir lo poco real que resulta el creer que una inversión legítima puede redituar el 90% en 8 días, quizá menos gente se involucraría en estos hechos ilícitos.

La educación financiera es uno de los componentes de un reto aún más grande: la inclusión financiera. En el Ecuador los desafíos sobre este componente son mucho mayores. De acuerdo con el Boletín Anual de estadísticas de inclusión financiera de agosto de 2018 del Banco Central del Ecuador, el 96% de los encuestados señalaron que no habían recibido charlas o material sobre educación financiera por parte de una entidad financiera o del gobierno.

La estadística antes mencionada resulta llamativa puesto que, desde el año 2013, el sistema financiero bajo control de la Superintendencia de Bancos está obligado a ejecutar programas de educación financiera, los cuales nacieron con el objetivo de “ayudar a sus clientes y público en general a conocer las características, comprender las ventajas y desventajas, así como los riesgos y el buen uso de los productos y servicios financieros, así como las cláusulas esenciales de los contratos que tenga por objeto tales productos y servicios”

Varios son los canales que actualmente usa el sistema financiero para difundir el contenido de estos programas, los cuales no están dirigidos solamente a sus clientes sino a la ciudadanía en general. Así, se usan canales digitales y físicos, talleres, capacitación en línea, plataformas y aulas virtuales, etc. No obstante, de ser acertada la estadística del Banco Central, los esfuerzos del sector privado resultan insuficientes frente a la urgente necesidad de que la población adquiera destrezas básicas que permitan que las personas puedan desarrollar capacidades financieras para analizar información y adoptar decisiones informadas, o simplemente superar el llamado analfabetismo financiero, parafraseando a Anna Lusardi.

A mi juicio, el problema no está en los mayores o menores esfuerzos del sector privado en llevar adelante el programa de educación financiera en el Ecuador: el problema es de concepto. ¿Debe ser el sector privado el único obligado a ejecutar una política pública, algunos incluso dirían una obligación estatal? Sostengo que no. El sector privado debe ser parte de la estrategia nacional, pero no el único sujeto obligado a ejecutarla.

En Estados Unidos de América la educación financiera está encabezada por la Comisión para el Alfabetismo y la Educación Financiera (FLEC, por sus siglas en inglés) y fue creada en virtud de la Ley Fair and Accurate Credit Transactions del 2003. Brasil creó el Comité Nacional de Educación Financiera (Conef), parte del gobierno y responsable de la dirección, supervisión y fomento de la estrategia de EEF de ese país. En Reino Unido, en el 2010, mediante la Ley de Servicios Financieros se creó la agencia de Educación Financiera. Colombia tiene una estrategia nacional de educación financiera liderada por el sector público, pero con participación y obligaciones específicas para el sector privado.

La evidencia y las mejores prácticas muestran que Ecuador está en el camino equivocado. Sin embargo, poco se ha hecho para corregirlo. Aún con los ingentes recursos que destina el sector privado a la temática, son pocos los avances que se tienen en la materia.

La OCDE en las Recomendaciones del Consejo sobre Alfabetización Financiera sostiene que la educación financiera debe ser impartida desde la edad más temprana posible, a través de mecanismos pedagógicos idóneos y en entornos de educación formal. Esto permite proporcionar las competencias y la formación cognitiva básicas requeridas para promover una cultura del ahorro y de la planeación, lo cual favorece la toma de decisiones económicas y financieras informadas en el futuro.

Al no ser la educación financiera una política de Estado sino una obligación de un muy específico sector de la economía, en Ecuador es muy complejo realizar un adecuado acompañamiento a los procesos de formación académica. Los Bancos son entidades de intermediación, no son centros educativos. Pueden y deben acompañar el proceso de formación, pero no cuentan con las capacidades para involucrarse en procesos eminentemente pedagógicos.

En las Estrategias Nacionales de Inclusión y Educación Financiera en América Latina y el Caribe: Retos de Implementación la OCDE/CAF (2020) recomienda que “las partes interesadas privadas pueden aportar una serie de beneficios (por ejemplo, recursos financieros y experiencia), y están bien posicionados para llegar a una audiencia amplia, al ser ellos los que tienen el contacto directo con el usuario financiero. Esto les permite aprovechar los momentos de enseñanza y combinar la educación financiera con los esfuerzos de inclusión financiera”, pero esto debe ser liderado por el sector público como parte de su política nacional.

Pero, a todo lo dicho hasta acá, ¿qué es educación financiera? Y, ¿por qué la relación de ésta y los casos de captación ilegal de dinero? En palabras de la actual Superintendente de Bancos, Mgtr. Ruth Arregui, la “educación financiera, (…) es un proceso que se define como el conjunto de acciones necesarias para que la población adquiera aptitudes, habilidades y conocimientos que le permitan comprender, administrar y planear sus finanzas personales, así como usar de manera óptima los productos y servicios que ofrece el sistema financiero y de seguridad social, para la toma de decisiones informadas que posibiliten mejorar el bienestar financiero personal, familiar y de los negocios.”

De la definición citada deriva que la educación financiera no solo supone comprender o planear sus finanzas personales, sino que detrás de ello existe un fin y este es el bienestar financiero. Ser presa de estafadores evidentemente afecta al bienestar que se busca alcanzar. Solo piense en todo el esfuerzo que a la fecha ha sido ya desperdiciado ante la pérdida de los recursos en manos de las pirámides o esquemas Ponzi.

En muchos aspectos de la vida en general se sostiene que lo mejor es la prevención. Una adecuada formación en temáticas financieras, sostenida en el tiempo, indudablemente disminuirá la cantidad de sujetos que caerán en los engaños de gente sin escrúpulos y promoverán el acceso a sistemas formales de ahorro o inversión.

Me adhiero plenamente a lo señalado por la señora Superintendente:

“(…) resulta imperioso contar con un Programa Nacional de Educación Financiera que incluya la preparación, administración y análisis de una encuesta nacional para medir los niveles actuales de capacidad financiera, la incorporación de la educación financiera personal integral en los programas escolares, y una serie de iniciativas dirigidas a los jóvenes y a los adultos. Las estadísticas en Ecuador muestran una tendencia a la desafección financiera, por lo que también se requiere desarrollar metodologías para evaluar el impacto de estos programas y con ello determinar la continuidad o mejora de los mismos.” (Inclusión Financiera y Desarrollo. Situación actual, Retos y desafíos de la banca)

De no tomarse acciones urgentes, casos como el del Notario Cabrera, Big Money, la red de delincuencia que se forma alrededor de la usura o chulco, continuarán periódicamente llenando los titulares de los medios de comunicación, las salas de fiscalías y juzgados, y dejando o regresando a la pobreza a miles de personas.

Hablemos sobre la inclusión financiera en el Ecuador: ¿Cómo están las cifras?

Hablemos sobre la inclusión financiera en el Ecuador: ¿Cómo están las cifras?

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2015), la inclusión financiera hace referencia al acceso a servicios financieros (crédito, ahorro, seguros y servicios de pago y transferencias) formales y de calidad, y su uso por parte de hogares y empresas, bajo un marco de estabilidad financiera para el sistema y los usuarios.

Al mismo tiempo, la inclusión financiera es considerada un derecho de la población en general, para acceder y relacionarse con las instituciones que conforman los sistemas financieros de los países (Carvajal, 2018). En tal sentido, según Carvajal la inclusión financiera además del acceso y uso de servicios financieros debe incluir:

  • Una regulación apropiada que fomente la inclusión financiera
  • La protección al consumidor
  • Educación financiera

Según los últimos datos disponibles al 2017 del Global Findex del Banco Mundial (BM) en Ecuador solamente el 13 % de la población mayor a 15 años tuvo acceso a ahorro productivo. Y con respecto a crédito, el nivel de cobertura llega únicamente al 17 % de esta población. Lo cual nos ubica por debajo del indicador global de América Latina y el Caribe, que según la misma fuente señala que apenas el 14% de población accede a ahorro y 21% a crédito.

Frente a esta realidad, desde el año 2020 diversas instituciones financieras privadas del país forman parte de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, esta iniciativa es liderada por el Banco Central del Ecuador (BCE) y el BM (RFD, 2020), e incluye objetivos y metas planteadas hasta el 2023. Estas están relacionadas con: acceso e infraestructura de pagos, oferta de productos y servicios financieros digitales y financiamiento a PYMES e infraestructura de crédito.

Dentro de los componentes de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, el BCE publicó el boletín de estadística de inclusión financiera; el cual reporta datos trimestrales y su cobertura de información incluye a bancos, cooperativas, mutualistas y la banca pública. (BCE, 2021)[1].

Así mismo, el cálculo de las variables de inclusión financiera incluye el número de clientes con relación a la población adulta, alcance nacional, provincial, cantonal y parroquial, e información por sexo y edad.

Las variables que presenta el boletín se desagregan en personas naturales o jurídicas, muestra el número de personas con algún producto financiero (cuentas de ahorro, cuentas corrientes, depósitos a plazo, cuenta básica, crédito, tarjetas de débito y tarjetas de crédito). Así mismo, el número de personas que solicitaron algún tipo de crédito.

Según información al tercer trimestre de 2020 presentada por el BCE, las cuentas de ahorro presentaron un crecimiento anual de 26% (4.967 cuentas adicionales) con relación al mismo periodo del 2019, lo que implica que en este periodo existieron 24.123 cuentas por cada 10.000 habitantes.

Considerando que el 2020 fue el año con mayor contracción en la economía, debido a la emergencia sanitaria, el aumento no solo de las cuentas de ahorro, sino al mismo tiempo y en mayor proporción el incremento de las cuentas activas evidencia que los usuarios del sistema financiero confían y utilizan los servicios de las instituciones financieras.

Las cuentas de ahorro activas incrementaron anualmente al tercer trimestre del 2020 en un 27% (3.284 cuentas adicionales), lo cual muestra que el trabajo técnico y comprometido de las instituciones financieras en conjunto con la creación de un marco regulatorio que promueva la inclusión financiera permitirá que esta tendencia de ahorro se mantenga. Lo cual genera beneficios en la población como: mejor administración de la volatilidad de los flujos de efectivo y mejorar la resistencia a los shocks en salud (BID,2015).

Por otro lado, según las cifras del BCE el porcentaje de acceso a crédito en el sistema financiero nacional con relación a la población adulta, desde el segundo trimestre del 2019 al tercer trimestre del 2020 ha crecido en promedio en 0,3 p.p.

Lo cual refleja el compromiso de las instituciones financieras por potenciar y dar soporte al sistema productivo del país. Además, al tercer trimestre del 2020, a pesar de que aún existía restricciones a la movilidad, a la producción y al consumo, el porcentaje de población adulta con acceso a crédito fue del 28%, recuperando niveles similares a los de finales de 2019.

Esta recuperación del crédito representa un potencial para incrementar el ingreso y consumo de las poblaciones más vulnerables, ya que desde el sistema bancario nacional en los últimos años más del 60% de la cartera bruta ha sido destinada a crédito para la producción, lo cual permite que los hogares y las empresas incrementen sus inversiones en activos y diversifiquen sus fuentes de ingresos (BID, 2015).

A pesar de estos importantes avances de inclusión financiera, con relación a los indicadores de acceso a cuentas de ahorro y crédito, aún existen retos importantes para generar un entorno social en el que la inclusión financiera se convierta un derecho al que se puedan acceder todos los ciudadanos. Entre los puntos importantes de inclusión financiera en los que se debe seguir trabajando, está el empoderamiento de las mujeres dentro del acceso al crédito.

Según las cifras del BCE, al tercer trimestre del 2020 el porcentaje de acceso de mujeres con relación a la población adulta aumentó en 0,5 p.p. con relación al mismo periodo de 2019. Lo cual es un incremento menor a la variación nacional, que en el mismo periodo fue de 0,9 p.p.

Si bien existen avances importantes en temas de inclusión financiera, fortalecer el acceso de servicios financieros para mujeres es uno de los principales temas de trabajo que permitirá a los hogares invertir en activos para empezar un negocio o hacerlo crecer, así como mejorar la administración del consumo en el tiempo y la gestión de riesgos (BID, 2015).

Por otra parte, según el BID (2015) otros servicios financieros como los cajeros automáticos (ATMs) y los corresponsales no bancarios (CNBs) también están ligados al desarrollo de sistemas de pago que generan otros beneficios dentro de la inclusión financiera, como por ejemplo menores costos físicos de transporte y movilización, además que son canales que acercan los servicios al usuario.

En estos servicios financieros, la banca privada ha estado totalmente activa, apoyando al sistema productivo del país. Tal es el caso que, al cierre del 2020, los ATMs incrementaron en 2% con relación al 2019 y los CNBs en 23% en el mismo periodo. Esta tendencia se mantiene, y a abril de 2021 tanto los ATMs como los CNBs tienen una variación anual positiva del 3% y 27%, respectivamente.

En conclusión, los servicios financieros son una herramienta generada por el sistema financiero que promueven la inclusión financiera en el país. Estos servicios del sistema financiero, permite que la población mantenga medios de subsistencia, adquiera activos, gestione riesgos relacionados con la salud, la pérdida de empleo, la muerte u otros shocks que desestabilizan el consumo de los hogares.

Referencias

  • BCE. (2021). Acerca de: estadísticas de inclusión financiera. Obtenido de Boletín N° 13.
  • BID. (2015). Inclusión financiera en América Latina y el Caribe: Coyuntura actual y desafíos para los próximos años.
  • Carvajal, E. (2018). La inclusión financiera en el Ecuador: según el Global Findex y más allá del Global Findex.
  • PNUD. (2019). Removiendo las barreras de la inclusión financiera de las mujeres y otros grupos poblacionales en América Latina y el Caribe.
  • RFD. (2020). Avances inclusión financiera 2020.

Artículo elaborado el 11 de junio del 2021.

Dilemas fiscales y el financiamiento post-pandemia

Dilemas fiscales y el financiamiento post-pandemia

Por: Andrea Villarreal Ojeda

Directora del Departamento Económico – Asobanca

América Latina fue la región más golpeada del mundo por la pandemia del COVID-19. La radiografía final del 2020 revela una contracción económica de -7%, más del doble de la contracción promedio alrededor del mundo, pero la crisis pudo ser peor sin los masivos estímulos fiscales que bordean alrededor de 4,6% del PIB regional (FMI; CEPAL, 2021).

Ahora, la región enfrenta la necesidad de financiar la recuperación económica, para lo cual se ha puesto sobre la mesa la necesidad de alcanzar consensos sociales y enrumbar una transformación integral a través de cambios fiscales y programas eficaces. Es una crisis sin precedentes.

El cierre de empresas, sobre todo pequeñas y medianas, llevó a la tasa de desempleo en 2020 al 10,7% que significa 2,6 puntos porcentuales más que en 2019 (CEPAL, 2020b), mientras que el nivel del PIB per cápita regional terminó en el mismo nivel de 2010, lo que pone a la región frente a una nueva década perdida en materia económica y social. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2021), América Latina podría enfrentar tres escenarios de desempeño económico en 2021 y los próximos años (Gráfico 1).

 

El escenario base augura un crecimiento este año de 4,4% y 2,6% en los siguientes dos años, bajo el supuesto que los programas de vacunación avanzarán según lo planeado, que las economías se mantendrán abiertas, y que el mundo se recuperará de forma sostenida. El escenario pesimista considera menor crecimiento de la economía global por potenciales efectos financieros y retrasos en la vacunación, lo que causaría una desaceleración del crecimiento regional alcanzando tan solo 0,8% este año y tendrá una caída del -1,1% en 2022.

Por otro lado, en el escenario positivo se espera un crecimiento de 5,2% en 2021 y 3,9% para el próximo año con la perspectiva de una vacunación acelerada, sin nuevas olas de contagio ni cierres productivos. Dado que muchas economías de la región han regresado a restringir la libre circulación de manera total o parcial y no cuentan con planes de vacunación ágiles, lo probable es que algunos países se encuentren frente a desafíos para alcanzar un adecuado desempeño económico, lo que significaría una realidad más alineada al escenario pesimista. Según CEPAL (2021), la recuperación para la región no se alcanzará antes de 2023 en la mayor parte de países.

En cualquiera de los escenarios planteados, la región tiene un reto adicional: financiar la recuperación. Para ello resulta imperativo que los gobiernos promuevan políticas estructurales que apoyen el crecimiento económico inclusivo y sostenible. Y para esto, los organismos internacionales coinciden en que la política fiscal desempeñará un papel preponderante para asegurar una reconstrucción regional que aborde las vulnerabilidades sociales que ya existían y se exacerbaron con la pandemia. Sin embargo, el impacto fiscal post-Covid supondrá un reto para los siguientes años.

Impacto fiscal (sin empresas y empleo no hay ingresos)

Según el último reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), el cierre masivo de empresas, los confinamientos y el aumento del desempleo provocaron que los ingresos tributarios totales de América Latina y el Caribe (ALC) cayeran un 11,2% en 2020 con respecto al 2019.

La reducción se evidencia principalmente en impuestos al consumo (-13,7%), impuestos a la renta (-9,9%) y el impuesto al valor agregado (-9,2%). La pandemia desmoronó los esfuerzos tributarios realizados por los países en las últimas décadas. Pese a los bajos niveles de recaudación tributaria, entre 1990 y 2019, la proporción entre la recaudación tributaria y el PIB se incrementó en 7 puntos porcentuales, pasando de 15,7% a 22,9%.

Los principales impulsores del aumento fueron los impuestos sobre el valor agregado y los impuestos sobre la renta, que aumentaron en 3,8 y 3 puntos porcentuales, respectivamente (OECD et al. 2021). En promedio, los países de América del Sur registraron el mayor crecimiento entre 1990 y 2019, con un aumento de 9,2 puntos porcentuales.

Ecuador, por ejemplo, pasó de 11,6% del PIB a 20,1% entre 1990 y 2019, lo cual demuestra un notable avance en materia tributaria. Y al cierre de 2020, según el Servicio de Rentas Internas, esta proporción se ubicó en 12% por la severidad de la pandemia deteriorando la posición fiscal para los siguientes años.

Reformas en la mira (Hacer más eficiente al estado y concentrarse en las ventajas)

Los primeros intentos de poner sobre la mesa reformas fiscales no han sido exitosos. Las propuestas en esta área representan un gran reto en materia de gobernabilidad ya que la emergencia sanitaria ha profundizado las brechas sociales.

Colombia es un ejemplo de un intento de reforma tributaria sin éxito que causó un fuerte descontento social y caos en el país y terminó en el retiro de la propuesta desde el Ejecutivo. Organismos como el FMI señalan que existe una oportunidad de ampliar el diálogo político y social en torno a las reformas necesarias, para lo cual se necesita impulsar un amplio frente social y productivo.

Las propuestas de organismos multilaterales apuntan a reformas transformativas que saquen adelante iniciativas para que las finanzas públicas y los sistemas tributarios de la región sean más progresivos. Según el FMI (2021b), los cambios deberían enfocarse en recortar exenciones tributarias, así como disminuir evasión y elusión fiscal. Desde la óptica de este organismo, esta podría ser una oportunidad única para plantear acuerdos fiscales y abordar los problemas estructurales de larga data. Para ello plantea principalmente cuatro recomendaciones (Gráfico 3).

La primera de las propuestas, referente a una mayor progresividad de las finanzas públicas, ayudaría a reducir la desigualdad y generaría espacio fiscal para políticas favorables a grupos vulnerables y al crecimiento económico. El FMI (2021b) recomienda buscar el incremento de la progresividad de los impuestos sobre la renta de las personas físicas, centrándose en un recorte de las exenciones tributarias y buscar mayor eficiencia en la recaudación.

En el caso de Ecuador esto estaría contemplado dentro del plan de gobierno del presidente electo y buscaría no solo mejorar la progresividad y eficiencia del sistema tributario sino nutrir más su base al atraer capitales internacionales.

El segundo cambio que sugiere el FMI es combatir la elusión y evasión fiscal que acarrea la región. Esto se enfoca en revisar los actuales impuestos, sus contribuyentes y reenfocar los gastos tributarios hacia aquellos donde su impacto y efectividad esté debidamente evaluada.

En un tercer punto, el organismo recomienda apostar por la diversificación económica que permita generar nuevas oportunidades y afianzarse en las ventajas comparativas de la región. Esta diversificación funcionaría de la mano con políticas que preparen a los trabajadores en los empleos del futuro, así como educación de calidad y accesible, acompañado de infraestructura y conectividad. Según el BID (2021), esto hará una diferencia importante en la recuperación económica y tendrá un efecto fiscal adecuado.

Finalmente, la propuesta de focalizar programas sociales se vuelve imperativa ante un contexto donde los indicadores sociales se han visto afectados y hay mayor número de personas en necesidad de recibir ayudas. Esta focalización será crucial y aunado a esto se deberá fijar una temporalidad a los programas para asegurar su sostenibilidad en el tiempo.

Además, medir el efecto que tienen sobre los objetivos que se persiguen será vital para generar ahorros fiscales y al mismo tiempo asegurar que las balas de plata sean efectivas y se enfoquen verdaderamente en obtener resultados.

América Latina se enfrenta a un reto enorme en los próximos años. Aunque el camino no será fácil, la crisis actual puede ser una oportunidad de alcanzar consensos que permitan solucionar los problemas estructurales que arrastra. Esto es un requisito fundamental para poner en marcha reformas transformativas y políticas que ubiquen a la región en un camino de recuperación social y económico sostenible.

En el caso de Ecuador, el reciente cambio de gobierno es una oportunidad de llegar a consensos y aplicar cambios que reduzcan las desigualdades, pero también nos impulsen económicamente mediante el fomento productivo y la competitividad. Estos factores aportarán a dinamizar el empleo y serán impulsores para una recuperación más ágil y que se mantenga en el largo plazo.

Referencias:

1. Banco Interamericano de Desarrollo – BID. (2021). Oportunidades para un mayor crecimiento sostenible tras la pandemia. Documento coordinado por Eduardo Cavallo y Andrew Powell.

2.Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL. (2021). Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe. (LC/PUB.2021/5-P), Santiago.

3.Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL. (2020b). Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe. (LC/PUB.2020/17-P/Rev.1, Santiago.

4.Fondo Monetario Internacional – FMI. (2021). World Economic Outlook: Managing Divergent Recoveries. Washington, DC, April.

5.Fondo Monetario Internacional – FMI. (2021b). ¿Qué viene después del superciclo de las materias primas y la pandemia?. Por Antoinette Sayeh, Alejandro Werner, Ravi Balakrishnan and Frederik Toscani. Disponible en: https://blog-dialogoafondo. imf.org/?p=15547 6.OECD et al. (2021). Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2021. OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/96ce5287-en-es

Los bonos sociales, una barca para sortear la tormenta que provocó el COVID-19 en la economía

Los bonos sociales, una barca para sortear la tormenta que provocó el COVID-19 en la economía

El 2020 fue un año tormentoso para casi todas las economías del mundo. La pandemia, la poco o nada planeadas reacciones de los Gobiernos, las UCI saturadas y las medidas de confinamiento que mermaron el consumo, entre otros problemas, pusieron nerviosos a los mercados financieros y a los inversionistas.

Evolución de la emisión de bonos temáticos

Fuente:Sustainable Bonds Insights 2021

Pero en medio de ese coctel de preocupaciones, hubo un participante bursátil que soportó la tormenta, se mantuvo a flote y se hizo más fuerte: el bono social.

El mercado mundial de deuda sostenible, que agrupa bonos verdes, bonos sociales y bonos sustentables (conocidos también como bonos temáticos), creció un 29% en 2020; esto es, una cifra récord de casi 700.000 millones, informó la agencia especializada Bloomberg. Este incremento fue impulsado principalmente por una mayor emisión de bonos sociales.

Aunque los bonos sociales todavía son menores en monto si se comparan con los bonos verdes que se emiten en los mercados, los sociales fueron los instrumentos más atractivos y los que más crecieron en el 2020, debido a que la pandemia de COVID-19 generó una mayor demanda de financiamiento para proyectos de ayuda social y para financiar gasto orientado a la atención a sectores vulnerables alrededor del mundo.

De acuerdo con el portal del BID Invest, los bonos temáticos son instrumentos bursátiles muy similares a sus parientes más comunes: son instrumentos de deuda tradicional, de perfil crediticio similar, pero los recursos se usan para proyectos que cumplan con alguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

Los bonos verdes se utilizan para objetivos ambientales, los bonos sociales se dedican a proyectos destinados a mejorar el bienestar social, y los bonos de sostenibilidad combinan objetivos sociales y ambientales, explica el portal del BID Invest.

En el 2021 el panorama sigue siendo positivo y genera buenas expectativas para estos instrumentos, auguran los expertos.

Según Matt Kuchtyak, vicepresidente asistente de bonos verdes y sostenibles en Moody’s Investors Service, se espera que solo la emisión de bonos sociales alcance un nuevo récord en 2021 con respecto a 2020. El año pasado, las emisiones fueron de alrededor de USD 141.000 millones.

Moody’s proyecta que alrededor de USD 150.000 millones de bonos sociales se podrían emitir en 2021. Si se toma en cuenta que en 2019 -antes de la pandemia- la emisión de bonos sociales llegó solo USD 17.000 millones, esto significaría que los bonos sociales podrían crecer ocho veces este año.

“Gracias a estos bonos diversas industrias y sectores podrían emprender proyectos concretos con el fin de mitigar los problemas sociales relacionados con el coronavirus y lograr resultados sociales positivos, especialmente para las poblaciones destinatarias pertinentes, que en este caso pueden incluir también a los miembros de la población general afectados por la crisis”, explica Alberto Vilariño, especialista en Responsabilidad Social Corporativa, en el portal Compromiso Empresarial.

¿Pero quienes aprovecharon más este instrumento? La lupa se posa en Europa, específicamente, en Francia. Según el reporte Sustainable Bonds Insights 2021, en el país galo se registró la mayor emisión de bonos sociales en 2020. Además, fue el segundo país, luego de EE.UU., con la mayor emisión de bonos verdes.

Bloomberg destaca que los mayores emisores de bonos sociales el año pasado en Europa aprovecharon estos instrumentos para proyectos destinados a proporcionar fondos para programas de apoyo al empleo. Por ejemplo, el organismo francés de gestión del seguro de desempleo, Unédic Asseo, recaudó 4.000 millones de euros en mayo pasado para financiar su respuesta al Covid-19, fue el bono social más grande de la historia, señala el reporte.

¿Y América Latina? Según el último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), las economías de América Latina cayeron 7% en el 2020 y su recuperación será leve en el 2021, con un crecimiento de 4,6%. En el caso de Ecuador, será la economía con el crecimiento más bajo (2,5%), solo detrás de Venezuela. Es claro que la región necesitará financiamiento en buenas condiciones para amortiguar los efectos de la pandemia en el ámbito social.

Y eso ya se ha debatido desde hace meses. En enero pasado, durante el Foro de Davos, altos representantes de organismos internacionales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), alertaron que la pandemia de coronavirus ha elevado como nunca las desigualdades en América Latina e instaron a aprovechar los recursos para fortalecer la región y no sumar otra «década perdida», reportó la agencia EFE.

En ese foro, Alejandro Werner, representante del FMI para el hemisferio occidental, dijo que la región latinoamericana va a necesitar invertir de manera importante en infraestructura verde y en fortalecer la red de seguridad social y la educación. Esta es una oportunidad para que más empresas y gobiernos miren hacia los bonos sociales y verdes en la región.

En Ecuador, Banco Pichincha fue pionero en la emisión de un bono verde por USD 150 en 2019. Y más tarde, el Gobierno ecuatoriano también incursionó en la emisión del primer bono social soberano en enero de 2020, antes de la pandemia, para la construcción de vivienda, con una garantía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

María Netto, especialista principal de la división de Conectividad, Mercados y Finanzas (CMF) del BID, señala en el reporte Sustainable Bonds Insights 2021, que hay tres desafíos prioritarios que debe enfrentar la región para navegar de mejor manera en esta ‘barca’ que son los bonos temáticos.

El primero es aumentar la transparencia de la información y desarrollar y armonizar las taxonomías o clasificaciones de estos instrumentos.

Un segundo desafío es promover el buen funcionamiento de los propios mercados financieros y ayudar a los emisores a adoptar formas transparentes de presentar la información relevante.

Una tercera tarea es ayudar a los actores del mercado a comprender la creciente importancia de las calificaciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés). “Hemos experimentado algunas ocasiones en las que los emisores no eran plenamente conscientes de la importancia de las calificaciones ESG reales y precisas. Hemos tenido que convencer a los clientes de que es beneficioso estar atentos a estas revisiones y asegurarnos de que la información disponible para las agencias de calificación ESG sea completa y esté actualizada”, cuenta Netto.

En la región, los países que están más adelante en el uso de estos instrumentos son el gigante Brasil y Chile.

Una mirada a las tasas de interés activas en Ecuador, Perú, Panamá y Colombia

Una mirada a las tasas de interés activas en Ecuador, Perú, Panamá y Colombia

El confinamiento y las medidas de restricción tras el COVID-19 han sido factores detonantes de la crisis económica mundial más fuerte desde la Gran Depresión. Los gobiernos, instituciones y organismos internacionales han desplegado un gran número de políticas y propuestas como alternativas para paliar la crisis, que van desde estímulos fiscales, monetarios, sociales y alivios del sector financiero.

En materia financiera, el sector bancario demostró estabilidad durante la crisis sanitaria, producto del manejo técnico y responsable previo y durante la pandemia (FELABAN, 2021). Pese a esta fortaleza, una de las propuestas más comunes es la reducción o restricción a las tasas de interés del sistema bancario (Calice, Díaz y Masetti, 2020). Las economías como Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, entre otras, alrededor del mundo han estado sujetas a este tipo de formulaciones a raíz de la pandemia.

En este contexto, se han implementado nuevos controles en las tasas de interés que podrían volverse medidas permanentes (Calice, Díaz y Masetti, 2020). Sin embargo, la evidencia demuestra que las represiones financieras conllevan a la reducción de créditos otorgados a los pequeños empresarios, aumento de prestamistas informales, peligro de la transparencia y estabilidad financiera (Alper et al., 2019).

Esta situación no es distinta en Latinoamérica, donde las discusiones sobre techos a las tasas de interés han sido motivo de amplio debate. En Panamá, las leyes permiten que los bancos fijen libremente el valor de las tasas de interés. Por otro lado, en Ecuador existen tasas máximas, las cuales funcionan como un techo para los diferentes segmentos crediticios. Estas se fijan por una normativa que no especifica una metodología para su cálculo. En el caso de Colombia, existe la tasa de usura, definida por el Banco de la República como “el valor máximo de los intereses remuneratorio o moratorio que pueden cobrar los organismos a los agentes económicos”.

Esta tasa corresponde a 1.5 veces el interés bancario corriente de determinados segmentos de crédito. En Perú, existe un sistema de tasas de libre competencia. No obstante, a causa de la pandemia, está en debate un proyecto de ley para colocar techos a las tasas de interés. Capera, Murcia y Estrada (2011) demostraron en su estudio que los límites restrictivos a las tasas de interés tienen un efecto negativo en la profundización financiera en los países de Latinoamérica.

Por ello, con el propósito de examinar la influencia de estas medidas en la oferta de dinero del mercado, se analizarán en el aspecto técnico los componentes de las tasas de interés de cuatro países de la región: Ecuador, Perú, Panamá y Colombia. Al analizar las tasas de interés activas1 efectivas de los cuatro países registradas en diciembre de 2020 para los segmentos de crédito de consumo, vivienda y comercial corporativo, llama la atención que las tasas de interés no son comparables por las diferencias metodológicas de cada país. Por ejemplo, en el crédito de vivienda, Ecuador posee tres segmentos, mientras que en Colombia las tasas de vivienda variarán entre cuatro subcuentas ponderadas en pesos. Por otro lado, en Panamá y Perú existe un solo segmento hipotecario. En el segmento comercial, Perú y Colombia presentan tasas relativamente más bajas, lo cual, de acuerdo con el Banco Central de Colombia se debe en gran parte a la política monetaria expansiva que han implementado (Asobancaria, 2020).

Esto no es posible en economías dolarizadas como Panamá y Ecuador. Si bien, ambos países tienen el dólar como su moneda oficial, las tasas del segmento comercial en Panamá son inferiores en dos puntos porcentuales a la de Ecuador, ya que este primer país tiene amplia profundización financiera, aplica normativa internacional, niveles de riesgo país cuatro veces inferiores a Ecuador y solo cinco segmentos de crédito frente a los 22 de Ecuador.

Componentes de la tasa de interés activa

La tasa de interés activa tiende a variar dependiendo a las condiciones de plazos, perfil del cliente y el segmento crediticio. No obstante, existen más determinantes a considerar para su establecimiento. En particular, las tasas de interés deben estar compuestas principalmente por costos y riesgos, donde los costos incorporan todos los elementos de la intermediación financiera.

A continuación, se detallan los componentes de la tasa de interés activa:

Prima de riesgo. Es el valor de rentabilidad adicional que percibe el emisor al aceptar el riesgo (Pinal, 2015). Es decir, una forma de compensar el riesgo al que se expone la institución financiera al prestar los recursos captados de los depositantes. Según Rosermberg, González y Narain (2009), el mayor riesgo y los préstamos incobrables por morosidad se encuentran en América Latina y el Caribe. Esto significa que, en la región, las instituciones financieras deben ser muy técnicas al otorgar un préstamo.

Costos generales. Se dividen en administrativos, de asesoría y procesamiento de crédito, comunicación y divulgación, y nuevos productos (Asobanca, 2019). Rosenberg, González y Narain (2009), y Cotler y Almazan (2013) afirman que, en promedio, representan el 60% del total de los costos de las microfinancieras. Señalan que los préstamos más pequeños tienen costos más elevados; no obstante, existen otros factores que los afectan, como: tamaño del préstamo, antigüedad, escala, ubicación, densidad de clientela y tipo de préstamo.

Impuestos. Demirguc-Kunt y Huizinga citados en (Ferrari, Masetti & Ren, 2018) los dividen en explícitos e implícitos. Afirman que las tasas de interés se ven influenciadas por los impuestos de la jurisdicción del banco -explícito- y por los impuestos relacionados al gravamen que solicita el Banco Central – implícitos-. En la misma línea, Calice, Díaz y Masetti (2020), al descomponer las tasas de interés, sugieren que poseen un piso natural creado por los requisitos de reserva legal y los impuestos relacionados.

Costo de fondeo. Se refiere al costo para la institución financiera de conseguir los recursos que se van a convertir en créditos. En países con política monetaria, estos recursos provienen de préstamos del Banco Central, financiamiento externo y depósitos captados. En cambio, las economías dolarizadas se limitan a obtener su fondeo de financiamiento externo y de los depósitos captados sujetos a que la entidad financiera pague una tasa de interés pasiva considerada dentro del costo de fondeo.

Ganancia. En la tasa de interés activa, hace referencia a los rendimientos productivos que percibe la institución financiera por el préstamo realizado y la intermediación financiera (Levy, 2012).

Análisis comparativo de las tasas de interés de Ecuador, Perú, Colombia y Panamá

Los componentes de las tasas de interés deben ser considerados dentro de un sistema que integre a todos los elementos de forma técnica y refleje sus cambios en el tiempo. A continuación, se explora las principales diferencias del costo de fondeo y entorno en Ecuador, Panamá, Colombia y Perú. Del 2016 al 2020 los países -exceptuando Ecuador- han logrado mantener un riesgo país controlado. Un riesgo país bajo y estable supone una mayor probabilidad de cumplimiento de las obligaciones financieras de un país. Además, influye en la posibilidad de que se adquiera financiamiento externo en condiciones más convenientes desde el país y sus agentes económicos. En el caso de Ecuador, el riesgo país es el más elevado de los cuatro países analizados y el tercero en América Latina después de Venezuela y Argentina. Su alta dependencia del sector petrolero, inestabilidad política y social, su historial en cuanto a defaults de deuda, entre otros factores influyen en el alto riesgo país.

Otro factor determinante en el costo de fondeo es la tasa pasiva, definida como aquella tasa que pagan los intermediarios financieros a los clientes por los depósitos a plazo realizados (Banco Central de Ecuador, 2007). Esta tasa constituye un elemento esencial ya que está vinculada directamente a la tasa activa, es decir una mayor tasa pasiva significa un mayor costo de fondeo que se verá reflejada en la tasa activa. Ecuador se caracteriza por ser uno de los países con las tasas de captación más altas de la región.

Al cierre de 2020, la tasa de depósitos a plazo3 promedio referencial fue de 5,9%, mientras que Perú registró una tasa de 0,08% y Panamá 3,55%, siendo esta última, una economía dolarizada. Un tercer factor que influye en las tasas de interés es el entorno determinado por la normativa, el nivel de apertura y competitividad de cada país. Esto se puede analizar a través del indicador de profundización financiera, que mide la relación del nivel de depósitos y créditos respecto al PIB y hace referencia al grado de desarrollo y penetración de los servicios financieros en una región (BCE, 2015).

Economías que implementan políticas de apertura comercial y competitividad tienden a presentar mayores niveles de profundización. Por ejemplo, a septiembre 2020, Panamá registró un nivel de crédito sobre el producto interno bruto de 109%, Colombia 50% y Perú 47%. Mientras que Ecuador se ubicó entre los tres países con menor profundización de la región alcanzando el 28% (FELABAN, 2020). Además, en materia financiera la normativa ecuatoriana se encuentra rezagada en la implementación de las normas de Basilea III -que son los estándares internacionales más altos-, mientras los otros países en análisis ya aplican dichas normas. Así mismo, Ecuador es el único de los cuatro países que aplica techos a las tasas de interés, lo cual genera distorsiones como el fomento de la exclusión financiera e informalidad (Alper et al., 2019; Capera, Murcia y Estrada, 2011).

Las tasas de interés activas se ven afectadas por los diferentes factores que inciden en su composición y por el entorno de cada país. Los países libres de techos en las tasas de interés pueden incluir los distintos niveles de riesgo de acuerdo con el perfil del cliente y segmento de crédito, lo que significa que ofrecerán tasas altas a clientes con mayor riesgo y sin historial crediticio ofreciendo así una alternativa formal para bancarizarse, mientras clientes de bajo riesgo pueden acceder a una menor tasa de acuerdo con su perfil. En este sentido, la Superintendencia de Banca de Perú (2020) advierte que, las tasas más altas de consumo en países sin techo corresponden a las tasas de las tarjetas de crédito, porque incorporan parámetros de riesgo de acuerdo con cada cliente para ofrecer facilidades de pago formales y promover la inclusión financiera.

En el análisis realizado, se observa como la literatura advierte del efecto nocivo de los techos a las tasas de interés y las principales diferencias entre los países analizados. Los componentes en las tasas de interés activas deben ser el elemento técnico crucial dentro de los análisis en torno a este tema. Para una disminución de las tasas de interés, se requiere mejorar el entorno que fomente una mayor apertura y normas que impulsen la competitividad, en lugar de establecer una fijación de techos de las tasas de interés de forma arbitraria.

Notas:

1. El Banco Central del Ecuador (2007) define a la tasa de interés activa como el “precio del dinero que reciben los intermediarios financieros de los demandantes por los préstamos otorgados en cada uno de los segmentos” 2. Está en función del riesgo del solicitante del crédito (persona natural o jurídica), segmento de crédito y entorno. 3. Las tasas pasivas constituyen una referencia, no son estrictamente comparables por los diversos plazos y metodologías de cálculo de cada país. Fuente: Banco Central de Ecuador (2020)

Referencias:

Fondo Monetario Internacinal. Do Interest Rate Controls Work? Asobanca. (2019). Informe técnico: tasa de interés Asobancaria. (2020). El desafío de recuperar el empleo. Banca & Economía Capera, L., Murcia, A. y Estrada, D. (2011) Efectos de los límites a las tasas de interés sobre la profundización financiera. Banco de la República.