Big Money, otro caso de analfabetismo financiero

Por Marco Rodríguez, vicepresidente Ejecutivo de Asobanca

Nunca olvidé las imágenes de militares y policías que, lejos de restablecer el orden en Machala, trepaban árboles y saltaban por ventanas de un edificio con fajos de dinero para ser detenidos poco después por turbas desesperadas que trataban de recuperar para sí ese mismo dinero. Era agosto de 2005. El país entero miraba con asombro el llamado “caso del notario Cabrera”. El esquema conocido como Ponzi, que este funcionario judicial de la provincia antes mencionada usó para estafar a las personas, era antiguo, pero le resultó efectivo.

El esquema Ponzi consiste en la captación de recursos de “inversionistas” bajo la promesa de pagar altos rendimientos. Estos rendimientos inexistentes son pagados con la captación de otras inversiones. Es decir, el esquema funciona mientras más gente entregue sus recursos y ese flujo de recursos no se detenga. A la muerte del notario, el flujo de efectivo se detuvo y el esquema cayó. Se afirma que el notario llegó a captar 800 millones de dólares y tuvo aproximadamente 35.000 clientes en todo el país.

Muchos años y juicios después otro caso aparece, el de Big Money en Quevedo. Mismo sistema, misma estafa. Pero a diferencia del caso Cabrera, en que parecía tratarse de un hecho aislado, al menos la prensa no reportó otros similares. En días recientes han aparecido otros casos en Ambato y Pastaza.

Mucho se puede reflexionar sobre las razones que permiten el surgimiento de este tipo de estafas. Sin embargo, indudablemente una de ellas es la escasa educación financiera de las personas que sucumben ante estas ofertas de ganar dinero fácil. Si las personas pudieran discernir lo poco real que resulta el creer que una inversión legítima puede redituar el 90% en 8 días, quizá menos gente se involucraría en estos hechos ilícitos.

La educación financiera es uno de los componentes de un reto aún más grande: la inclusión financiera. En el Ecuador los desafíos sobre este componente son mucho mayores. De acuerdo con el Boletín Anual de estadísticas de inclusión financiera de agosto de 2018 del Banco Central del Ecuador, el 96% de los encuestados señalaron que no habían recibido charlas o material sobre educación financiera por parte de una entidad financiera o del gobierno.

La estadística antes mencionada resulta llamativa puesto que, desde el año 2013, el sistema financiero bajo control de la Superintendencia de Bancos está obligado a ejecutar programas de educación financiera, los cuales nacieron con el objetivo de “ayudar a sus clientes y público en general a conocer las características, comprender las ventajas y desventajas, así como los riesgos y el buen uso de los productos y servicios financieros, así como las cláusulas esenciales de los contratos que tenga por objeto tales productos y servicios”

Varios son los canales que actualmente usa el sistema financiero para difundir el contenido de estos programas, los cuales no están dirigidos solamente a sus clientes sino a la ciudadanía en general. Así, se usan canales digitales y físicos, talleres, capacitación en línea, plataformas y aulas virtuales, etc. No obstante, de ser acertada la estadística del Banco Central, los esfuerzos del sector privado resultan insuficientes frente a la urgente necesidad de que la población adquiera destrezas básicas que permitan que las personas puedan desarrollar capacidades financieras para analizar información y adoptar decisiones informadas, o simplemente superar el llamado analfabetismo financiero, parafraseando a Anna Lusardi.

A mi juicio, el problema no está en los mayores o menores esfuerzos del sector privado en llevar adelante el programa de educación financiera en el Ecuador: el problema es de concepto. ¿Debe ser el sector privado el único obligado a ejecutar una política pública, algunos incluso dirían una obligación estatal? Sostengo que no. El sector privado debe ser parte de la estrategia nacional, pero no el único sujeto obligado a ejecutarla.

En Estados Unidos de América la educación financiera está encabezada por la Comisión para el Alfabetismo y la Educación Financiera (FLEC, por sus siglas en inglés) y fue creada en virtud de la Ley Fair and Accurate Credit Transactions del 2003. Brasil creó el Comité Nacional de Educación Financiera (Conef), parte del gobierno y responsable de la dirección, supervisión y fomento de la estrategia de EEF de ese país. En Reino Unido, en el 2010, mediante la Ley de Servicios Financieros se creó la agencia de Educación Financiera. Colombia tiene una estrategia nacional de educación financiera liderada por el sector público, pero con participación y obligaciones específicas para el sector privado.

La evidencia y las mejores prácticas muestran que Ecuador está en el camino equivocado. Sin embargo, poco se ha hecho para corregirlo. Aún con los ingentes recursos que destina el sector privado a la temática, son pocos los avances que se tienen en la materia.

La OCDE en las Recomendaciones del Consejo sobre Alfabetización Financiera sostiene que la educación financiera debe ser impartida desde la edad más temprana posible, a través de mecanismos pedagógicos idóneos y en entornos de educación formal. Esto permite proporcionar las competencias y la formación cognitiva básicas requeridas para promover una cultura del ahorro y de la planeación, lo cual favorece la toma de decisiones económicas y financieras informadas en el futuro.

Al no ser la educación financiera una política de Estado sino una obligación de un muy específico sector de la economía, en Ecuador es muy complejo realizar un adecuado acompañamiento a los procesos de formación académica. Los Bancos son entidades de intermediación, no son centros educativos. Pueden y deben acompañar el proceso de formación, pero no cuentan con las capacidades para involucrarse en procesos eminentemente pedagógicos.

En las Estrategias Nacionales de Inclusión y Educación Financiera en América Latina y el Caribe: Retos de Implementación la OCDE/CAF (2020) recomienda que “las partes interesadas privadas pueden aportar una serie de beneficios (por ejemplo, recursos financieros y experiencia), y están bien posicionados para llegar a una audiencia amplia, al ser ellos los que tienen el contacto directo con el usuario financiero. Esto les permite aprovechar los momentos de enseñanza y combinar la educación financiera con los esfuerzos de inclusión financiera”, pero esto debe ser liderado por el sector público como parte de su política nacional.

Pero, a todo lo dicho hasta acá, ¿qué es educación financiera? Y, ¿por qué la relación de ésta y los casos de captación ilegal de dinero? En palabras de la actual Superintendente de Bancos, Mgtr. Ruth Arregui, la “educación financiera, (…) es un proceso que se define como el conjunto de acciones necesarias para que la población adquiera aptitudes, habilidades y conocimientos que le permitan comprender, administrar y planear sus finanzas personales, así como usar de manera óptima los productos y servicios que ofrece el sistema financiero y de seguridad social, para la toma de decisiones informadas que posibiliten mejorar el bienestar financiero personal, familiar y de los negocios.”

De la definición citada deriva que la educación financiera no solo supone comprender o planear sus finanzas personales, sino que detrás de ello existe un fin y este es el bienestar financiero. Ser presa de estafadores evidentemente afecta al bienestar que se busca alcanzar. Solo piense en todo el esfuerzo que a la fecha ha sido ya desperdiciado ante la pérdida de los recursos en manos de las pirámides o esquemas Ponzi.

En muchos aspectos de la vida en general se sostiene que lo mejor es la prevención. Una adecuada formación en temáticas financieras, sostenida en el tiempo, indudablemente disminuirá la cantidad de sujetos que caerán en los engaños de gente sin escrúpulos y promoverán el acceso a sistemas formales de ahorro o inversión.

Me adhiero plenamente a lo señalado por la señora Superintendente:

“(…) resulta imperioso contar con un Programa Nacional de Educación Financiera que incluya la preparación, administración y análisis de una encuesta nacional para medir los niveles actuales de capacidad financiera, la incorporación de la educación financiera personal integral en los programas escolares, y una serie de iniciativas dirigidas a los jóvenes y a los adultos. Las estadísticas en Ecuador muestran una tendencia a la desafección financiera, por lo que también se requiere desarrollar metodologías para evaluar el impacto de estos programas y con ello determinar la continuidad o mejora de los mismos.” (Inclusión Financiera y Desarrollo. Situación actual, Retos y desafíos de la banca)

De no tomarse acciones urgentes, casos como el del Notario Cabrera, Big Money, la red de delincuencia que se forma alrededor de la usura o chulco, continuarán periódicamente llenando los titulares de los medios de comunicación, las salas de fiscalías y juzgados, y dejando o regresando a la pobreza a miles de personas.

Categorías: Análisis Económico y Legal

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