EL ACCESO AL CREDITO

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EL ACCESO  AL CRÉDITO

Por: Marco Rodríguez*

 

Se viene discutiendo en el país, y en el fragor del periodo electoral, sobre la limitación del acceso al crédito de un segmento muy importante en la economía como lo son las denominadas PYMES -Pequeñas y Medianas Empresas-, y al tiempo que se atribuye el limitado acceso al crédito por parte de éstas a un factor específico como lo es una supuesta alta tasa de interés, se deja de lado en el análisis a otros factores de suma importancia como lo son las garantías y también el historial crediticio.

 

Cuando se habla de la tasa de interés, con frecuencia se olvida un concepto básico alrededor de tal indicador y es que ésta, en principio, no es sino el precio del dinero y que como todo precio no es sino un sistema de señales de un mercado específico. La tasa de interés, precio del dinero, entre otros elementos refleja el riesgo, riesgo que es importante mitigar por parte del banquero que coloca créditos, puesto que éste –y aquel es otro aspecto que se deja de lado- lo que hace es intermediar recursos, esto implica captar de sectores excedentarios para colocar en sectores deficitarios, pero con la obligación de restituir los recursos al dueño de ellos, esto es el depositante.

 

La actividad bancaria es una actividad de riesgo, como lo señala Jorge García Andrade, “/…/ del conjunto de riesgos que entraña la actividad bancaria, el que se percibe más intuitivamente es el relativo a la pérdida patrimonial para los depositantes o financiadores de la banca, ya sea como consecuencia de que la entidad bancaria no pueda recuperar la financiación por ella otorgada, o ya de que se le reclamen simultáneamente depósitos por un importe superior al que es capaz de reunir”[1], y es apenas natural que la Banca trate de encontrar el mejor escenario para la colocación de recursos o trate de contar con las mejores herramientas que le permitan mitigar estos riesgos en la colocación.

 

El sistema de tasas de interés en el Ecuador mutó, de un sistema que carecía de los mecanismos para reflejar adecuadamente los riesgos a un sistema que contando como esos mecanismos simplemente no lo hace.

 

Hasta la promulgación de la entonces llamada Ley de Regulación del Costo Máximo Efectivo del Crédito, el sistema de tasas de interés estaba constituido por una sola tasa que contaba básicamente con dos elementos, una tasa referencial –que se obtenía de la información reportada por el sistema financiero al Banco Central del Ecuador- más un recargo de hasta el cincuenta por ciento sobre esa tasa, para configurar la que se llamaba tasa máxima convencional, el exceso por sobre esa tasa configuraba el delito de usura, siendo entonces ese el límite dentro del cual la totalidad de los créditos que se otorgaban en sistema financiero debían adecuarse. En aquella época no existían tampoco, normativamente, los segmentos de crédito.

 

Posteriormente a la promulgación de la Ley antes referida, el sistema de tasas de interés pasó a estar conformado por cuatro segmentos de crédito: comercial, consumo, vivienda y microcrédito, otorgándosele al Banco Central la facultad de establecer las características de cada uno de éstos así como la creación de varios subsegmentos, señalando que cada uno de ellos deberá contar con su propia tasa de interés. Éste fue el primer atisbo de racionalidad en el reconocimiento de que la tasa debe reflejar el riesgo de acuerdo al segmento o la actividad que se financia. Otro de los avances que tuvo la ley comentada, es que mitigaba también la discrecionalidad administrativa, al establecer que el Banco Central debía calcular la llamada tasa activa efectiva máxima mediante la aplicación a la tasa referencial de dos desviaciones estándar  –medida estadística-, en concreto fijó un parámetro para el cálculo de la tasa de interés. Lamentablemente esta limitación a la discrecionalidad no fue recibida con mucho agrado y prontamente fue declarada inconstitucional[2] señalándose que hasta tanto no se legisle nuevamente sobre el sistema de tasas de interés, era el Banco Central el organismo llamado, sin limitación alguna, a reglamentar tal sistema.

 

Actualmente el Código Orgánico Monetario y Financiero, establece que es una facultad de la Junta de Política y Regulación Monetaria la determinación de las tasas de interés sin que la ley señale el mecanismo para hacerlo y tampoco la propia Junta ha pretendido de alguna manera limitar su facultad discrecional.

 

El segmento de PYMES es actualmente uno que normativamente tiene una deficiente definición así como un escaso reconocimiento de sus particularidades, lo que hace que la tasa de interés para éste -que se asemeja más a una tasa propia del segmento de las grandes empresas, más formales y por lo mismo con menor riesgo-, que ha sido determinada por la Junta antes indicada, no coadyuve a un mayor o mejor acceso al crédito.

 

Otro de los elementos importantes al analizar los por qué de una supuesta escases de crédito, es sin duda el sistema de garantías, aspecto que tiene que ver con lo que suele llamarse el derecho del acreedor. Nuestro sistema legal reconoce lo que se denominan “garantías adecuadas”, las que en palabras sencillas, por su mayor fiabilidad permiten a las instituciones aceptarlas en el entendido de que en caso de la falta de pago de un crédito pueden hacerlas efectivas sin pérdidas considerables. En este punto también hemos ido en retroceso, hace algunos años se eliminó la posibilidad legal de que el sistema financiero privado pueda constituir y aceptar una garantía autoliquidable como lo son los fideicomisos en garantía y también se destruyó el concepto del derecho general de prenda, que no es sino el principio aquel, por el cual un deudor garantiza sus obligaciones con la totalidad de su patrimonio. Hace falta discutir técnicamente los efectos de medidas como éstas en la expansión crediticia así como otros mecanismos que cumplan similares objetivos que las garantías.

 

La función constitucional primordial de la Banca (Art. 308) es la preservación de los depósitos, sin embargo no puede existir actividad bancaria sin colocación, de allí que por supuesto es un objetivo de todo Banco el otorgar créditos, pero ese otorgamiento siempre será realizado bajo parámetros que permitan asegurar la recuperación y ello se logrará entre otros aspectos, mejorando el sistema de garantías y el derecho de los acreedores, fortaleciendo -no debilitando- herramientas para el análisis de riesgo crediticio como los Burós de Crédito y debatiendo con claridad y técnicamente el nivel de tasas de interés adecuado para cada segmento de crédito.

 

*Asesor Legal Asobanca

 

[1] Fundamento y característica de la regulación bancaria. 2013. Pág. 27

[2] Resolución No. 0018-07-TC, publicada en el suplemento del Registro Oficial No. 240 de 27 de diciembre de 2007.

 

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